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El clima de inseguridad, generado por la violencia y criminalidad, instalado desde hace dos décadas en Honduras (intensificado a partir del golpe de Estado de
2009), ha hecho que el gobierno de Xiomara Castro redireccione sus estrategias.
En el ámbito de la seguridad, Castro ha privilegiado las estrategias mano dura y
súper mano dura, que aplica el presidente Nayib Bukele en El Salvador, mediante las que ha logrado reducir drásticamente las tasas de homicidios. Debido a la
popularidad de las medidas, no solo el gobierno de Honduras simpatiza con ese
modelo, diversos mandatarios y funcionarios latinoamericanos han ofrecido en
las campañas políticas las estrategias de seguridad bukelianas. En Honduras,
funcionarios de la más alta jerarquía de las instituciones de Seguridad y Defensa
valoran la experiencia como exitosa y replicable en el país.
Bajo el efecto Bukele, fue aprobado un estado de excepción que entró en vigor
desde el 6 de diciembre de 2022, mediante decreto ejecutivo PCM 20-2022. Sin
embargo, luego de ser prorrogado en varias ocasiones, en Consejo de Seguridad
y Defensa (CNDS-14 de junio del 2024), el gobierno de Castro anunció el Plan
Solución Radical Contra El Crimen, que contempla medidas como la creación
de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne y una megacárcel entre
los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. Además, contempla declarar a
los mareros y pandilleros como terroristas (previo a hacer las reformas jurídicas
pertinentes para que se permitan los juicios colectivos) e intervenir los barrios
controlados por estas estructuras criminales, a través de una mayor intervención
militar y policial.
Con ese escenario, el punto de reflexión y análisis del presente documento es si
en un contexto de alta fragilidad democrática y polarización social, con una grave
problemática generada por la violencia y criminalidad que además de compleja
es diversa, y una estructura policial que no concita la confianza ciudadana, ¿se
puede apostar al modelo de seguridad de Bukele y a la
