Escrito por Rubén Escobar.
Desde que se realizó la audiencia inicial en el proceso contra Nasry Asfura y siete personas más, sus correligionarios y personas afines a su partido han denunciado que el exalcalde del Distrito Central y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, enfrentará un doble juzgamiento y que su caso tiene implicaciones de persecución política. Estos y otros aspectos del contexto hondureño mantienen en “el ojo del huracán” a Asfura, quien enfrenta un proceso judicial relacionado con supuestos actos de corrupción.
Pero, en medio de ese escenario, poco se ha hablado del trasfondo de las acusaciones: el desvío de 28.5 millones de lempiras para el financiamiento de la campaña política de Nasry Asfura Zablah, conocido popularmente como “papi a la orden”; el pago de periodistas, de activistas políticos, de tarjetas de crédito, así como de individuos y empresas que prestaron servicios profesionales al exalcalde de Tegucigalpa, según el expediente investigativo del Ministerio Público.
Primero, hablemos del “doble juzgamiento”
La historia del caso de Asfura comenzó el 26 de octubre de 2020 cuando el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra el entonces alcalde capitalino Nasry Asfura (2014-2022), como un requisito previo para presentar un requerimiento fiscal que abarcaría también a la exregidora Nilvia Castillo y a la directora del Despacho Municipal, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela. Sin embargo, el 26 de mayo de 2021 y el 26 de diciembre de 2022, las Salas de lo Penal y Constitucional, respectivamente, emitieron resoluciones que favorecieron a Asfura y bloquearon las acciones de la Fiscalía.
Adicionalmente, el Poder Judicial ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la realización de una auditoría sobre las actividades financieras de la alcaldía en el periodo investigado por el Ministerio Público (2017-2018). Esta acción se hizo con base en el decreto 116-2019, una de las normativas que parte de los denominados pactos de impunidad, aprobados durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva. Esta acción representó una nueva barrera para proteger a Asfura y su entorno.
Pese al bloqueo judicial, las investigaciones siguieron su curso y Asfura, quien perdió las elecciones presidenciales en noviembre de 2021, terminó su periodo en la alcaldía en enero de 2022. Pero el 10 de octubre de 2024 el Ministerio Público presentó el requerimiento, ahora sin el escudo del antejuicio.
El ahora precandidato presidencial salió al pasó diciendo que “me van a juzgar dos veces por lo mismo, pero no tengo temor, estoy tranquilo”. A esto se sumaron las voces de partidarios políticos, como el diputado y abogado Antonio Rivera Callejas, quien aseguró que “Ya Papi había sido juzgado en dos oportunidades anteriores por los mismos hechos”.
Sin embargo, el abogado Alex Navas, quien fue jefe de la Unidad de Reformas y Políticas Anticorrupción y luego de la División de Seguridad Pública de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), explica que, en consonancia con las teorías del Derecho, para que haya un doble juzgamiento se debe pasar por las distintas etapas procesales y que el juzgador emita un pronunciamiento de sobreseimiento o culpabilidad. En segundo lugar, las circunstancias legales deben ser las mismas, en cuanto a criterios, pruebas periciales, documentales y testificales. Pero ninguna de estas condiciones se cumple en el caso de Asfura.
Lo que hubo fue un antejuicio, un procedimiento en el cual el Ministerio Público y la defensa exponen sus argumentos para decidir si el funcionario debe ser juzgado o no, “y en este caso la Corte Suprema dijo que no”. Con esa determinación se procedió a archivar la causa, pero en ningún momento se le otorgó sobreseimiento, enfatiza Navas.
Es decir, la Corte Suprema se pronunció sobre la forma, pero no sobre el fondo del asunto, pues en ningún momento se analizó la responsabilidad de los encausados en los delitos imputados.
Confianza en una auditoría fraudulenta
El abogado defensor de Asfura, Dagoberto Aspra, ha dicho públicamente que confía en que luego de la audiencia inicial, el juez sobreseerá a los ocho imputados basándose en la auditoría del TSC, ordenada por el Poder Judicial y publicada en noviembre de 2023.
Pese a que ese documento señala decenas de irregularidades administrativas respecto a la conducta de los funcionarios imputados, al final solo plantea “responsabilidad administrativa” y daños al patrimonio municipal por casi 115,000 lempiras que ya fueron subsanados por los responsables.
Sin embargo, la auditoría en cuestión deja muchas dudas si se considera que en abril de 2024 el Ministerio Público acusó a cinco funcionarios del TSC por influir sobre los auditores, para favorecer a las personas investigadas. Los procesados son los exmagistrados José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez. También Douglas Javier Murillo Barahona, exjefe de auditorías; Santiago Antonio Reyes Paz, exsecretario general, y Karen Yadira Martínez, exdirectora legal, acusados por los delitos de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios. Con excepción de Pineda Varela, que se encuentra prófugo, los otros funcionarios recibieron auto de formal procesamiento porque el juez encontró indicios de responsabilidad.
Las investigaciones del MP apuntan a que estos exfuncionarios presionaron a los peritos del TSC para que destruyeran información y modificaran los resultados de la auditoría a la gestión de Asfura, por eso, al final, algunos se negaron a firmarla. Una de las personas acusadas aseguró que un alto funcionario municipal le hizo varias llamadas pidiendo su colaboración, pero ahora que está en problemas judiciales lo abandonó a su suerte.
Sobre la expectativa de que la auditoría sea pieza clave para la defensa de Asfura, el abogado Navas explicó que la Constitución de la República únicamente concede al TSC facultades para determinar si existe el delito de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, no tiene potestad para pronunciarse por los delitos que pesan sobre los acusados: lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.
Esquema de desvío de fondos
Desde el 2011 los fondos de la alcaldía se administran a través de un fideicomiso en Banco Ficohsa. Para sustraer dinero de manera expedita se crearon tres figuras administrativas: el fondo rotatorio, el fondo rotatorio especial y el reembolso, una especie de “cajas chicas”, con fondos millonarios, para situaciones de “emergencia” y compra de bienes necesarios para el funcionamiento de las dependencias municipales. Estas eran operadas bajo dirección de Asfura y del entonces tesorero Mario Roberto Zerón.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el alcalde Asfura Zablah recibió 23 cheques por un total de 17 millones 450 mil 023 lempiras, durante el periodo investigado (2017-2018); la ingeniera Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela, directora del Despacho Municipal, recibió cinco cheques y administró 8 millones 604 mil 119 lempiras. Mientras, la exregidora y ahora parlamentaria centroamericana Nilvia Ethel Castillo Cruz, recibió cuatro cheques por un monto total de 2 millones 504 mil 920 lempiras para totalizar 28.5 millones.
El titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, explicó que para probar los delitos tienen en su poder los 32 cheques emitidos a favor de 78 beneficiarios; las declaraciones de 99 testigos, algunos del círculo cercano de Asfura Zablah; dos testigos con declaración de prueba anticipada; informes de auditoría forense realizados por peritos de la Uferco; dictámenes de Laboratorio de Documentología de Medicina Forense, que confirman que 24 personas no firmaron los documentos de respaldo de las liquidaciones, “en consecuencia, son falsas”, dijo el fiscal.
Uso de empleados para blanqueo de dinero
En el proceso de “blanqueo”, los recursos fueron depositados en varias cuentas personales de Asfura Zablah, Castillo Cruz y Borjas Valenzuela, para luego redistribuirse. La mayor parte, 21.5 millones de lempiras, se canalizaron hacia las empresas propiedad de Asfura, especialmente Decoesa (Desarrollo de Construcciones y Equipo S.A.), Cosemsa (Compañía Constructora y Servicios Múltiples S.A.), INVASA (Inversiones Varias S.A.) y CESA (Cementos S.A.). Una vez mezclados en sus cuentas eran utilizados para política, pago de periodistas, tarjetas de crédito, activistas y gastos personales, según la Fiscalía.
Sin embargo, las grandes sumas de dinero no se enviaban directamente a las cuentas de las empresas, como correspondería a un procedimiento usual, sino que se emitían cheques a nombre de empleados de responsabilidades menores, como recepcionistas, conserjes, motoristas o albañiles que prestaban sus servicios a Cosemsa. Estos los cambiaban en efectivo y se lo entregaban al asistente contable, Roger Ariel Amador Ramírez, quien disponía el destino final, según consta en la investigación.
Por ejemplo, el motorista Alex Josué Gálvez Rodríguez, cobró varios cheques y realizó al menos 30 transacciones financieras con fondos provenientes de los tres funcionarios municipales, por un monto de 2 millones 548 mil 621 lempiras. La recepcionista Yadira Ckrissell Bustillo Guzmán recibió cheques por 2 millones 514 mil 461 lempiras. Entre las transacciones que la Fiscalía le registró están un depósito por 850 mil 000 lempiras a la empresa Decoesa y el pago de 188 mil 002 lempiras a una tarjeta de crédito de Asfura Zablah. Esta última transacción, con un cheque proveniente de una cuenta de la regidora Castillo Cruz.
El motorista Ricardo José Sánchez recibió cheques a su nombre por montos de hasta 1 millón 948 mil 367 lempiras, mientras que el conserje Wilfredo Aguilar López cobró cheques por 250 mil. Una vez en efectivo, pagaba tarjetas de crédito de Asfura y el resto lo entregaba al contador Amador Ramírez.
La conserje Corina Martínez Elvir, por su parte, recibió cheques de las cuentas de Asfura y de Castillo Cruz por un monto de 550 mil lempiras. Adicionalmente, tenía a su nombre una tarjeta de crédito pero que en realidad se usaba para hacer compras de Cosemsa. Esta tarjeta se pagó con fondos municipales por un valor de 42 mil 434 lempiras.
El motorista Óscar Wilfredo Tejada Ramírez recibió ocho cheques por un total de 728 mil 400 lempiras, mientras que la recepcionista Diana Melissa Martínez manejó 7 cheques por un valor de 782 mil 370 lempiras. A su vez, Marcio David Andrade Zelaya, quien es jefe de cuadrilla de albañiles en Decoesa, recibió cheques por 289 mil lempiras.
El albañil Carlos Salvador Osorio Cardona cobró cinco cheques por un valor de 383 mil 154 lempiras. El señor Óscar Armando Lira Guillén, quien labora desde el año 2007 como jefe de Mantenimiento en Decoesa, cobró 1 millón 072 mil 333 lempiras.
Se debe aclarar que, al analizar las cuentas y bienes de estas personas, la Uferco no encontró ninguna mejoría en su patrimonio, por lo que sus acciones solo correspondían a recibir instrucciones del contador Amador Ramírez, a quien entregaban el dinero.
Liquidaciones fraudulentas
De acuerdo con las investigaciones, las liquidaciones fueron realizadas por Roger Ariel Amador Ramírez y Wilmer Gerardo Rodríguez López, empleados de Contabilidad de COSEMSA, quienes trabajaron en crear la documentación para justificar los gastos.
Según declaraciones de los imputados, la mayor parte de los recursos fueron canalizados hacia “ayudas” para los capitalinos. Sin embargo, el departamento de documentología encontró 42 recibos falsificados, ya sea porque los supuestos beneficiarios no reconocieron haber recibido el dinero o porque los montos descritos no correspondían con lo percibido.
Merece una mención especial la liquidación de la exgerente de la Funeraria del Pueblo y exregidora Castillo Cruz, quien recibió más de 2.5 millones de lempiras, quien para justificar el gasto presentó una sola factura por 2 millones 155 mil lempiras por la compra de ataúdes durante cuatro años (2014-2017).
Sin embargo, el MP rastreó los fondos a través de dos cuentas de la funcionaria y determinó que de ellas salieron 21 cheques, de los cuales 20 fueron cobrados en apenas tres días, del 27 al 29 de diciembre de 2017. Con ellos se pagaron las tarjetas de crédito de Alexandra, Monique, y Sthephanie Asfura Del Cid, y se hicieron pagos a la empresa GEO Construcciones S.A. de C.V., para la construcción del estacionamiento de la residencia del señor Johny Roberto Kaffaty Segebre, socio de las empresas de Asfura.
Otros gastos realizados con fondos municipales fueron: transferencias a Estados Unidos, por 1.8 millones de lempiras a las hijas de Asfura Zablah; 637 mil 567 lempiras pagados a subcontratistas de Decoesa por la construcción de los muros del Liceo Franco Hondureño, y el pago de varias tarjetas de crédito de Asfura, de Oscar Rolando Uriarte Romero, Corina Martínez Elvir e Isaelí Antonio Torres, por un monto de 356 mil 296 lempiras.
La audiencia inicial que se realizará en el mes de noviembre representa un momento decisivo, considerando los precedentes recientes porque los jueces y magistrados han favorecido en esta etapa, a acusados de corrupción mediante la desestimación de delitos graves como el lavado de activos.
El presente caso tiene múltiples interrogantes sin resolver, relacionadas con la emisión irregular de cheques a nombre de empleados de las empresas de Asfura; el uso cuestionable del fondo rotatorio (destinado a emergencias) para otorgar «ayudas»; la existencia de 42 documentos con inconsistencias en transferencias supuestamente destinadas a capitalinos, y el insólito descubrimiento de pagos desde una cuenta bancaria de la exregidora Nilvia Ethel Castillo Cruz para cubrir tarjetas de crédito del alcalde y de sus hijas.
La resolución judicial, cualquiera que sea, difícilmente podrá acallar este tipo de dudas que emergen, precisamente, del proceso.
