Escrito por Kevin Isidro
En Honduras, el ejercicio legislativo ha adquirido características que trascienden las funciones constitucionales asignadas al Congreso Nacional, transformándose para ciertos actores políticos en un auténtico estilo de vida. La ausencia de límites al proceso de reelección parlamentaria que ha permitido carreras de hasta diez periodos consecutivos, junto a la existencia de mecanismos que promueven el acceso a fondos públicos para que los congresistas ejecuten “ayudas sociales”, ha consolidado una cultura legislativa orientada más a la concentración del poder que al ejercicio genuino de la representación democrática.
En este contexto, se refuerzan dinámicas que sustituyen la promoción de derechos ciudadanos por favores discrecionales, se normalizan relaciones políticas de tipo transaccional, y se obstaculiza la renovación programática, consolidando una asamblea legislativa excluyente. También promueve que las y los diputados muten de ser representantes deliberativos, a convertirse en gestores de asistencias en campaña permanente.
Este modelo ha permitido a las y los diputados cooptar la representación departamental durante períodos que promedian entre 12 y 16 años, aprovechando todas las ventajas que implica formar parte del Congreso Nacional acaparando a su favor fondos públicos para crear sus clientelas de apoyo y bloqueando la competencia electoral igualitaria con otras fuerzas carentes de esos privilegios
Este análisis problematiza cómo la reelección ilimitada, combinada con el acceso a fondos públicos como el Fondo Departamental o el Fondo de Administración Solidaria, ha afectado la calidad democrática, al perpetuar una relación clientelar de los diputados con la ciudadanía, socavando con ello el principio de representación auténtica que constituye la base del Congreso.
La carrera parlamentaria, una carrera sin límites.
La reelección parlamentaria en Honduras se encuentra regulada en términos amplios por la Constitución de la República, que no establece límite alguno al número de períodos que una persona puede ejercer como diputada. Esta ausencia, replicada en la Ley Electoral, permite que el cargo legislativo pueda renovarse indefinidamente siempre que el diputado cuente con respaldo electoral y la maquinaria partidaria o empresarial que lo respalde. Así, la diputación se convierte en una posición susceptible de ser ocupada de forma continua durante décadas, sin ningún mecanismo constitucional o normativo que promueva la alternancia parlamentaria o ponga freno a carreras legislativas indefinidas.
Casos como el de Rodolfo Irías Navas, con 48 años de carrera legislativa, evidencian la consecuencia más visible de este diseño institucional: la diputación vitalicia de facto.
Sin embargo, Irías Navas no es el único caso de permanencia prolongada. Otros parlamentarios del Partido Nacional, como Milton Jesús Puerto Oseguera y Óscar Ramón Nájera. En el Partido Liberal destaca Martha Concepción Figueroa, quien ocupa su curul desde 1990 y habrá consolidado, al cierre de este período, 36 años de carrera parlamentaria; José Alfredo Saavedra, con casi 20 años de servicio, también participó y resultó electo en las primarias para disputar un nuevo período legislativo.
Según registros del Consejo Nacional Electoral y reportajes de seguimiento legislativo, alrededor de 93 de los 128 diputados propietarios actuales participaron en las elecciones primarias de 2025, buscando extender su mandato, lo que equivale a cerca de un 73 % del hemiciclo[1]. Este porcentaje refleja que, para la mayoría de los parlamentarios, la diputación representa más que una función pública temporal: se convierte en un proyecto de vida de largo plazo, sostenido por condiciones estructurales que dificultan la competencia equitativa.
Si se observa la composición global, cerca del 58 % del Congreso está integrado por legisladores reelectos, mientras un 42 % corresponde a representantes electos por primera vez en 2022. Esta relación de seis de cada diez evidencia la resiliencia de las élites parlamentarias, incluso después de episodios de alta conflictividad política o demandas ciudadanas de cambio. De hecho, salvo contadas excepciones como la de Rodolfo Irías Navas quien no se inscribió para un nuevo período, la mayoría de los parlamentarios con mayor antigüedad participaron en el proceso electoral interno del 9 de marzo.
Estos trayectos prolongados no representan casos aislados, sino que expresan un patrón institucional que perpetúa estructuras de poder robustas, reforzadas por una base electoral o clientelar fija y difícil de desafiar en cada elección.
El Fondo de Administración solidaria, un nuevo caso de corrupción con un viejo esquema
El artículo 205, numeral 37, de la Constitución de la República de 1982 establece con claridad que corresponde al Congreso Nacional “establecer, mediante ley, los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social”. Este mandato no es nuevo: se inspira en disposiciones similares recogidas ya en los textos constitucionales de 1957 y replicadas en la Constitución de 1965. Sin embargo, en ninguno de estos marcos se establece la discrecionalidad en el uso de los recursos; al contrario, todos mandatan expresamente la creación de una ley que regule y delimite el otorgamiento de estos fondos.
En la práctica nunca se aprobó esta normativa específica. Esto dejó un vacío que permitió que figuras equivalentes al “Fondo Departamental” operaran durante años de forma discrecional, sin reglas claras de asignación ni mecanismos de fiscalización sólidos. Este vacío normativo ha terminado por cimentar una cultura política donde la entrega de recursos a criterio de los congresistas se percibe como práctica legítima.
En 2022, el Congreso Nacional derogó formalmente el Fondo Departamental tras fuertes presiones ciudadanas y reiteradas denuncias de corrupción. Sin embargo, la esencia de este mecanismo sobrevivió bajo la nueva denominación: “Fondo de Administración Solidaria”, establecido en el Artículo 349 dentro de las disposiciones del Presupuesto General de ingresos y egresos de la República que la actual administración viene aprobando desde el 2022.
De esta forma, se mantuvo intacta la posibilidad de que los parlamentarios continuaran gestionando recursos públicos para proyectos locales, becas y ayudas directas, reproduciendo en la práctica los mismos incentivos clientelares que caracterizaron al Fondo Departamental original. No se eliminó el problema de fondo: la desnaturalización y perversión de la función legislativa, convertida en plataforma de gestión asistencialista y control político en lugar de un verdadero ejercicio de representación, deliberación y fiscalización democrática.
Durante los años 2023 y 2024, este nuevo esquema permitió a más diputados y diputadas gestionar recursos cercanos a los 255 millones de lempiras, dentro de un presupuesto total anual de aproximadamente 950 millones. Legisladores como Hugo Noé Pino, Rasel Tomé, Isis Cuéllar y José Obed López gestionaron en conjunto más de 65 millones de lempiras, reforzando su presencia territorial de cara al proceso electoral interno de marzo de 2025. Una situación especialmente preocupante si se considera que los tres primeros nombres mencionados ocupan, nada menos, que la primera, segunda y tercera vicepresidencias del Congreso Nacional, respectivamente, y que además están postulando nuevamente a la reelección.
Esto evidencia una concentración de poder político que, sumada al acceso privilegiado a recursos públicos, alimenta lógicas clientelares y distorsiona la competencia electoral en perjuicio de la democracia. Así lo confirma la propia declaración del presidente del Congreso Nacional en conferencia de prensa del 1 de julio de 2025, al señalar que “un total de 220 congresistas de todos los partidos políticos han podido realizar ayudas sociales a través de las subvenciones desde el año 2022: 96 de 100 diputados de Libre, 70 de 88 del Partido Nacional, 39 de 44 del Partido Liberal, 11 de 20 del Partido Salvador de Honduras, y 2 de 2 de Democracia Cristiana y del Partido Anticorrupción”.
Este dato oficial muestra la magnitud y la transversalidad de la práctica clientelar en el Congreso hondureño, confirmando que el manejo de estos fondos no ha respondido a un criterio técnico de asignación de recursos, sino a una estrategia política sistemática que atraviesa todas las bancadas y refuerza la permanencia de las élites parlamentarias.
Sobre los procesos de investigación y el manejo de la crisis política
Con la difusión de un video que documenta una llamada entre el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, y la diputada por Copán, Isis Cuéllar, se evidenció que los recursos del Fondo de Administración Solidaria fueron manejados de forma abiertamente discrecional. Ante este hecho, la presidenta de la República ordenó en un plazo de 72 horas a la Secretaría de Transparencia la elaboración de un informe sobre los hechos, el cual se presentó señalando “inconsistencias relevantes” en la gestión de estos fondos. Posteriormente, en un Consejo de Ministros, se aceptó la renuncia del ministro Cardona, pero esto no cerró el debate sobre las responsabilidades institucionales más amplias.
La exministra de Derechos Humanos, Dra. Ana Pineda, advirtió de forma clara que “la mirada de los entes encargados de la investigación y de la persecución penal, así como de los entes contralores, no solo debe estar dirigida a SEDESOL. No es el único responsable del manejo de fondos. Se debe dirigir la investigación al FISH, a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Gobernación y Justicia, a Educrédito, a Condepor y a Fosodeh”.
Pineda también subrayó un punto crítico sobre la arquitectura de control: “En las disposiciones que habilitaron este fondo se estableció que cada una de estas instituciones debía tener una gerencia administrativa para el manejo de estos fondos. Esa gerencia administrativa no existió”. Esto revela la ausencia de estructuras mínimas de control interno para manejar recursos de alta sensibilidad política y social.
Asimismo, la exministra cuestionó la falta de informes de gestión: “Todas estas instituciones tenían que presentar un informe mensual, trimestral y anual, incluyendo un informe a la presidenta, al Tribunal Superior de Cuentas, a la Secretaría de Finanzas y a la Dirección de Inversión, y esos informes no existen. Nos encontramos frente a una grave omisión de estas instituciones; por eso la mirada no debe dirigirse solo al exministro Cardona”.
Pineda dijo que “el llamado de la presidenta fue oportuno, pero impreciso”. “A quien debió hacerle el llamado de forma contundente fue al Ministerio Público, para que actúe de forma independiente, objetiva e imparcial”.
El oficialismo ha argumentado que la corrupción es un mal estructural que se generalizó en el Estado hondureño, no exclusivo de la presente administración. Además, destaca como un logro la reacción inmediata de la presidenta ante la crisis, al ordenar investigaciones y aceptar la renuncia del ministro involucrado en el video. Sin embargo, estas acciones hasta el momento resultan más cercanas a un ejercicio performático que a una voluntad real de que este caso no quede como muchos otros, en la impunidad.
El impacto en la calidad de nuestra democracia
Analizar los intentos de la permanencia casi vitalicia de numerosos diputados hondureños exige ir más allá de los datos cuantitativos y examinar sus efectos estructurales sobre la calidad democrática. Desde una perspectiva politológica, conviene descomponer este fenómeno en al menos tres dimensiones: democrática, política e institucional. Esto permite comprender cómo el acceso discrecional a recursos públicos, la ausencia de límites a la reelección y el débil control de la gestión parlamentaria refuerzan prácticas de poder, normalizan la impunidad y distorsionan la representación ciudadana.
Dimensión democrática
La utilización de fondos públicos para proyectos sociales con fines electorales, sin controles reales ni límites a la reelección, vulnera directamente el principio de representatividad democrática. Este acceso privilegiado a recursos estatales facilita que los mismos diputados mantengan su posición indefinidamente, fortaleciendo redes clientelares y asegurando votos, lo que termina erosionando la equidad en la competencia electoral.
Tal como advierte Robert Dahl (1989), la democracia exige no sólo elecciones competitivas, sino condiciones mínimas de equidad que garanticen la renovación de las élites representativas. Cuando los diputados combinan la gestión de recursos públicos con la reelección indefinida, generan una “competencia desigual” que favorece a quienes ya controlan el aparato estatal.
La concentración de recursos en los mismos actores limita la capacidad del Congreso para adaptarse a nuevas demandas sociales, transformando la representación en un intercambio clientelar antes que en un mandato democrático auténtico.
Dimensión política
Desde el ángulo político, el uso de recursos públicos sin restricciones y en ausencia de alternancia refuerza caudillismos, consolida redes de dependencia y bloquea liderazgos emergentes. Pippa Norris (2004) advierte que la falta de alternancia propicia “actores dominantes” capaces de capturar recursos estatales para blindar su poder, reduciendo la rendición de cuentas efectiva.
Esto refleja con claridad que en Honduras los diputados con múltiples períodos consecutivos logran combinar el control territorial con la gestión de fondos asistenciales, distorsionando la competencia electoral y neutralizando voces alternativas. Según Latinobarómetro (2023), el 62 % de la población centroamericana percibe que los partidos priorizan la lealtad de sus cuadros tradicionales, en lugar de promover nuevos liderazgos. La evidencia hondureña confirma esta percepción: estructuras partidarias cerradas, sumadas a la discrecionalidad en el uso de recursos, consolidan un poder parlamentario difícil de disputar.
Dimensión institucional
A nivel institucional, la combinación de acceso discrecional a fondos públicos con la posibilidad de reelección indefinida debilita la función de control y fiscalización que debería caracterizar al Congreso. Diputados con cuatro, cinco o más períodos consecutivos —y con presupuestos clientelares a su disposición— adquieren un margen de influencia informal que condiciona las agendas legislativas, restringe los procesos de investigación, y favorece pactos de protección mutua con otros actores del poder.
En sistemas sin restricciones claras para la reelección, es frecuente que se desarrollen acuerdos informales entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para proteger intereses mutuos, erosionando los contrapesos democráticos. En el caso hondureño, la historia reciente ha evidenciado que la asignación de fondos públicos con fines proselitistas no solo ha desvirtuado la labor parlamentaria, sino que además ha sembrado condiciones para la impunidad, debilitando la transparencia y la deliberación en asuntos cruciales como presupuestos y fiscalización de la corrupción.
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[1] Santos, N. (2025, 5 de marzo). ¿Quiénes son los 93 diputados que buscan la reelección en las primarias 2025? El Heraldo Plus. Recuperado de https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/diputados-buscan-reeleccion-elecciones-primarias-2025-LJ24691569