Escrito por: René Estrada
El 15 de diciembre de 2022, hace más de cinco meses, se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como primer paso hacia la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Pero el documento plantea un proceso de instalación por fases y una serie de acciones que el Estado de Honduras no ha cumplido, si aspira a firmar el convenio final.
El Memorándum establece un proceso de instalación de la CICIH en al menos dos fases, la primera se centrará en que el Gobierno [de Honduras] asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, autónomo e imparcial. Además, indica la llegada de un equipo de expertos que evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento.
Asimismo, en la primera fase se establecen una serie de reformas a la normativa legal, entre ellas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; la abrogación del Decreto 116-2019, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de colaboración eficaz, entre otros.
En esa lógica, la responsabilidad del cumplimiento recae, en su mayoría, en el Congreso Nacional, sin eximir al Poder Ejecutivo, ente que debe avanzar en la negociación del convenio final para la llegada de la CICIH.
¿Cómo llegamos al Memorándum de Entendimiento?
La demanda ciudadana por la instalación de un mecanismo internacional que haga frente a la macrocorrupción en Honduras se remonta al año 2015, con el Movimiento de los Indignados, más conocido como Marchas de las Antorchas. Sin embargo, pese a las múltiples movilizaciones a nivel nacional, la llegada de una CICIH a Honduras no fue posible debido a que, el gobierno presidido por Juan Orlando Hernández apostó por una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a través de un convenio firmado con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Pese a que la ciudadanía exigía una CICIH, la MACCIH marcó un precedente en la lucha contra la corrupción en Honduras y se le reconocen, al menos, tres grandes logros: la investigación y develación de trece casos de macrocorrupción en los cuales resultaron implicados altos funcionarios, congresistas, familiares de expresidentes y dirigentes de partidos políticos, entre otros; el establecimiento del sistema judicial anticorrupción, con juzgados y fiscalías especializadas y, la identificación de los mecanismos de operación de las redes criminales de corrupción en el país.
Como respuesta a los logros de la MACCIH y en una acción de defensa, el expresidente Hernández decidió no renovar el convenio con el mecanismo internacional, obstaculizando la lucha contra la corrupción en Honduras. Ante esto, la ciudadanía retomó las exigencias por la instalación de una CICIH, las que fueron canalizadas por la presidenta Xiomara Castro y se convirtieron en un pilar importante de sus promesas de campaña electoral.
En sus primeros meses, el gobierno de Castro procedió a hacer la solicitud a la ONU para la creación de un Mecanismo Internacional Anticorrupción y tras meses de negociaciones, en julio de 2022, se conoció el primer borrador del Memorándum propuesto por Naciones Unidas. Pero fue hasta diciembre de ese año que se logró la firma del documento, trazado como una ruta hacia la instalación de la CICIH; sin embargo, hasta la fecha, no hay avances sustanciales para cumplir con lo establecido en el documento.
Reformas, aprobaciones, abrogaciones y evaluaciones
El Memorándum de Entendimiento deja claro, en el numeral 3, que el Gobierno de Honduras debe demostrar voluntad política para fortalecer el sistema de justicia e independizarlo, para que la CICIH cuente con autonomía e imparcialidad. También hace hincapié en la abrogación de decretos que limitan la acción penal en contra de las redes de corrupción, solicita la aprobación de nuevas figuras legales y menciona la evaluación de instituciones claves en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La derogación de los pactos de impunidad
Referente a la derogación de leyes, el Memorándum se centra en la normativa que entorpece el accionar investigativo y acusativo del Ministerio Público, denominadas popularmente como “pactos de impunidad”. En específico, se menciona la abrogación del decreto 116-2019, Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos Para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, y de los relativos al marco normativo que regula los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Decreto 57-2020 y Decreto 93-2021, entre otros.
Ambas condicionantes son responsabilidad del Poder Legislativo, sin embargo, el proceso de derogación de estas leyes no es tan sencillo como parece. Con base en lo afirmado por la abogada y congresista Fátima Mena, presidenta de la Comisión Ordinaria Anticorrupción del Congreso Nacional, la correlación de fuerzas en el interior del Poder Legislativo puede presentarse como un limitante al cumplimiento del Memorándum, debido a que, para la derogación del decreto 116-2019 se necesita de una mayoría calificada, es decir, ochenta y seis votos que solo se alcanzan con el apoyo del Partido Nacional, ente que aprobó esta ley en legislaturas pasadas.
Conseguir los votos para la derogación del Decreto 116-2019 tiene que ser una prioridad para el Gobierno de Honduras. El informe “Los pactos de Impunidad para proteger la corrupción en Honduras” del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), explica que: esta ley tiene por objeto establecer las normas relativas a la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos que se asignan para proyectos de orden social, comunitarios y programas sociales. Sin embargo, estas normas para la supuesta rendición de cuentas limitan las facultades de investigación del Ministerio Público para deducir la responsabilidad penal, ya que se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a realizar una “auditoría e investigación especial” en el plazo de tres años.
Y, de encontrar responsabilidad administrativa en la ejecución de los fondos, el TSC aplicará una multa del 2% –más los intereses– sobre el perjuicio económico causado al Estado, estos deberán pagarse en el plazo de cuatro años. Efectuado el pago, el TSC emitirá la Constancia de Solvencia o Finiquito que exime de cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza civil, penal o administrativa en relación a las asignaciones presupuestarias o auditadas por dicho Tribunal.
Por estas razones, las premisas de independencia, autonomía e imparcialidad que establece el Memorándum de Entendimiento para la CICIH se verán entorpecidas. Sin embargo, en cuanto al cumplimiento de la derogación de los decretos 57-2020, interpretación a la Ley de Lavado de Activos, y el decreto 93-2021, interpretación al Código Penal, Mena asevera que ya cuentan con los sesenta y cinco votos necesarios para abrogarlos y que solo es cuestión de voluntad política del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para someterlos a votación.
Aprobar la figura de colaboración eficaz
Entre la normativa que el Memorándum de Entendimiento plantea para su aprobación e incorporación en el marco legal de Honduras, se encuentra la Ley de Colaboración Eficaz, que fue solicitada por la MACCIH en dos ocasiones (2016 y 2019), como una necesidad urgente.
La figura de colaboración eficaz tiene como objetivo obtener la cooperación de testigos en los procesos penales en contra de las redes de corrupción para obtener información “desde adentro” de las organizaciones criminales, potenciando las capacidades del Ministerio Público.
El proyecto de ley fue reintroducido en febrero de 2022 en el Congreso Nacional y se encuentra a la espera del tercer y último debate para su aprobación. Asimismo, la congresista Mena, asegura que ya se cuentan con los sesenta y cinco votos necesarios para su aprobación, por lo que, una vez más, es cuestión de voluntad política por parte del presidente Redondo.
Evaluación al Ministerio Público
El Memorándum de Entendimiento, en el numeral 6, inciso C, establece que en la primera fase se buscará determinar las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el sistema judicial, haciendo alusión a posibles reformas a la institución, especialmente a las fiscalías especializadas en la investigación y procesamiento de la corrupción.
Si bien, el Memorándum apunta a una evaluación para futuras sugerencias de reformas, se sabe que el Congreso Nacional aprobará una nueva Ley del Ministerio Público, como lo establece el Acuerdo para asegurar a los habitantes de la República de Honduras, la integración de la Corte Suprema de Justicia que dirigirá el Poder Judicial, en su potestad constitucional de impartir justicia para el periodo 2023-2030, más conocido como Pacto Multipartidario para la elección de la CSJ, que fue firmado por los jefes de bancada del Partido Libre, Nacional y Liberal, levantando preocupaciones entre la ciudadanía por el posible alcance de estas nuevas reformas.
Este acuerdo ha despertado la preocupación de diversos sectores sociales, debido a que podría apuntar a incorporar un segundo Fiscal General Adjunto, que podría entenderse como una acción más de repartición partidaria que, según Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD, “se consideraría un retroceso por buscar reformar la institución en base a los intereses partidarios”.
Cabe destacar que, de acuerdo con la Constitución de la República, antes del 1 de septiembre del presente año, tienen que estar electas las nuevas autoridades del Ministerio Público (Fiscal General y Fiscal General Adjunto), a través de un proceso que es regulado únicamente por la Ley del MP, por lo que, de manera optimista, Irías considera que una reforma puede apostar a un proceso de elección más transparente, en el que primen los criterios de meritocracia.
Para los entendidos en el tema, si la reforma garantiza una elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, con base en criterios como la idoneidad y la independencia, y el fortalecimiento de las capacidades de las fiscalías especializadas en la lucha contra la corrupción, sin duda será un avance importante en la creación de las condiciones básicas para la instalación de la CICIH. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce la intención de los congresistas con esta nueva ley.
La reforma constitucional para la instalación de la CICIH, ¿sí o no?
En noviembre de 2022, un mes antes de la firma del Memorándum de Entendimiento, la congresista Xiomara Zelaya, hija de la presidenta Castro, presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 232 de la Constitución de la República con el objetivo de proveer de más capacidades a la CICIH.
Pese a que esta reforma no es necesaria para la instalación de la Comisión Internacional, en el acuerdo multipartidario para la elección de la CSJ, los jefes de bancadas de los partidos Libre, Liberal y Nacional se comprometieron a “discutir” el decreto, incluyendo las recomendaciones de las bancadas.
Aunque este proyecto de ley busca fortalecer las capacidades del Ministerio Público, podría, más bien, convertirse en un obstáculo para la instalación de la CICIH, pues las reformas constitucionales deben ser ratificadas en una segunda legislatura previo a su entrada en vigencia. Es decir, de aprobarse la iniciativa presentada por Zelaya en el presente año, se deberá votar otra vez después del 25 de enero del 2024, cuando entre en vigencia la siguiente legislatura.
Por otro lado, por el procedimiento establecido en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, esta reforma se aprueba por mayoría calificada y se debe ratificar de la misma forma. Pero, considerando la actual correlación de fuerzas dentro del Poder Legislativo, no se puede garantizar el apoyo de las distintas bancadas en ambas elecciones.
Un proceso sombrío
Hasta el momento, el proceso de instalación de la CICIH ha estado marcado por una fuerte opacidad, debido a la falta de información y participación ciudadana en el proceso. Desde febrero del 2022, cuando la presidenta Castro presentó la solicitud a Naciones Unidas, es poco lo que se sabe de las negociaciones y avances en esta materia.
Asimismo, desde la firma del Memorándum de Entendimiento, se conoce lo mínimo respecto a las acciones que está tomando el Poder Ejecutivo para cumplirlo, en especial respecto al equipo técnico de evaluación que llegará al país.
Tomando en cuenta que, en el Índice de Percepción de Corrupción del año 2022, Honduras mantuvo la posición 157 de 180, colocándose entre los países más corruptos del mundo, la falta de avances considerables para cumplir con el Memorándum de Entendimiento es preocupante.
La ciudadanía espera que el Gobierno de Castro debe centrarse en las rutas más viables para la instalación de la CICIH, priorizando la derogación de los pactos de impunidad, la aprobación de la figura de colaboración eficaz y velar por reformas integrales que garanticen la independencia de los sistemas de justicia en el país. A su vez, la presidenta debe mantener una posición firme respecto a los alcances del Mecanismo Internacional y garantizar que tenga las facultades necesarias para hacerle frente a las redes de macrocorrupción que por tanto tiempo han operado en impunidad.
Las organizaciones de lucha contra la corrupción exhortan a que el Gobierno reconsidere sus estrategias de opacidad e incorpore las demandas ciudadanas en el cumplimiento del Memorándum y en la negociación del convenio final.