Escrito por: Lucía Vijil Saybe
Entre enero y agosto del 2022, en Honduras se registraron al menos 44 agresiones en contra de 78 personas defensoras del medioambiente. Pero las agresiones son parte de muchas situaciones más, que sobrellevan las personas que defienden el territorio y los recursos naturales en las comunidades del interior del país. Por eso, es urgente que en las agendas nacionales y regionales que tienen como objetivo alcanzar el derecho de acceso a la justicia ambiental, la apuesta política sea la adhesión al Acuerdo de Escazú.
La Red Hondureña por Escazú (RHE), está conformada por más de 20 organizaciones territoriales de derechos humanos y de sociedad civil que se han aglutinado para informar e incidir por la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe[1], conocido como Acuerdo de Escazú.
Para comprender la importancia de la firma y ejecución de un acuerdo de esta naturaleza, es importante conocer la simbiosis entre la caracterización de la conflictividad socioambiental en Honduras y el acuerdo Escazú.
Ataques a defensores medioambientales que no cesan
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), registró entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022, al menos 96 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando un total de 151 personas víctimas de incidentes, de las cuales 120 son defensoras y 31 periodistas.
Debido a los datos de ataques contra personas defensoras, Honduras continúa ocupando uno de los primeros lugares de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y medio ambiente. Solo en el 2022, se registran al menos 44 agresiones en contra de 78 personas defensoras en esta importante temática. De esas 78 personas defensoras medioambientales, al menos 51 son personas indígenas y 9 afro hondureñas[1].
Otro dato no menos preocupante, es que entre el 1 de abril del 2021 y marzo del 2022, las recuperaciones de tierra en la zona de Valle del Aguán se acrecentaron, en reclamo por el acceso al derecho a la tierra. De acuerdo con información del CESPAD, se han involucrado un aproximado de 2,766 personas que representan 628 familias completas (niños, niñas, jóvenes y adultos), afectándose un total de 3,137 hectáreas de tierra en condiciones precarias y en condiciones de indefensión.
Las minas y los territorios en riesgos
En el rubro minero, de acuerdo con el informe “Territorios en Riesgo”[2], el área total destinada para la extracción minera en Honduras podría aumentar en un 330%, pasando de 131, 515 hectáreas (ha) a una explotación potencial de 565 128 ha. Este dato incluye las concesiones de minería solicitadas y en exploración hasta el 2020. Es decir, este rubro abarcaría el 5% del territorio nacional.
En ese informe también se expone que en 200 municipios (70% del total en el país) hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica. Las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía eléctrica sobre 81 municipios. Mientras otros 25 municipios, en la costa Caribe, podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos.
El escenario anterior indica que, con la cooptación de las instituciones públicas por las redes de corrupción extractiva, y la élite económica apostando por sus intereses, al igual que el perfeccionamiento de los efectos derrame del extractivismo[3], se continúa reforzando el papel de una economía primaria exportadora con expectativas reducidas para la transformación del modelo extractivo.
Los retos políticos y estratégicos
Los elementos expuestos anteriormente se pueden traducir en retos políticos y estratégicos para el gobierno de Honduras relacionados con:
- asegurar un entorno seguro para la defensa de los derechos de los y las defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
- reducir la impunidad en relación con la persecución y el asesinato de defensores y defensoras.
- fortalecer las acciones investigativas en relación con la corrupción extractiva (en todo el proceso de concesionamiento y enclave extractivo) y
- promover la reducción de la conflictividad socioambiental, a través de marcos normativos derivados de los debates nacionales y regionales sobre el enfoque de la justicia ambiental.
¿Qué tiene que ver el Acuerdo de Escazú con la conflictividad expuesta anteriormente?
Este instrumento internacional, promovido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de acuerdo con su texto íntegro, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Sus pilares son: a) garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, b) propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y c) favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales. Asimismo, la flexibilidad del acuerdo, permite la armonización de la normativa nacional para asegurar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo.
Desde una lectura crítica, los derechos de acceso deberían ser garantizados por cualquier Estado sustentado en instituciones sólidas y en el ideal de una democracia. Sin embargo, la región Latinoamericana y Honduras, en específico, requieren de la adopción de medidas más vinculantes para la armonización regional de apuesta por la reducción de las conflictividades. Es en este punto que el Acuerdo de Escazú se posiciona en relación con:
- un punto inicial para el debate sobre la justicia ambiental y repensar las formas en las que podríamos estar dispuestos, como Estado, a transformar las dinámicas y relaciones con los bienes comunes de la naturaleza.
- ajustes en el marco normativo nacional que regula todo el tema de información, participación ciudadana y justicia (construido desde una visión conservadora y desde una lógica concesionaria), que requerirán del debate nacional y participación ciudadana y
- garantías de exigibilidad internacional sobre el derecho humano a un medio ambiente sano[4] para asegurar la reparación efectiva.
En la actualidad, hay señalamientos al Acuerdo Escazú porque no refleja, explícitamente, a los pueblos indígenas y afro, y las acciones que puedan beneficiarles. En ese sentido, es un reto que la construcción de las herramientas nacionales surja de una lectura contextual de todas las poblaciones, pensando en los impactos diferenciados de la conflictividad socioambiental, incluyendo la niñez y mujeres.
Es importante tener presente que al igual que otros instrumentos internacionales firmados por el Estado de Honduras, la implementación de Escazú dependerá de la voluntad política y el trabajo colectivo de los actores involucrados, así como de la participación ciudadana. Además, la reducción de la conflictividad socioambiental no solamente requiere de disposición política sino de un esfuerzo por la transformación del modelo de pensamiento y una apuesta por un nuevo modelo económico y de desarrollo.
¿Qué avances existen con el proceso de adhesión del Estado de Honduras a Escazú?
A través de la Cancillería de la República de Honduras[5] se ha retomado el Acuerdo de Escazú (el gobierno de Juan Hernández había detenido sus consultas), mediante consultas a las instituciones públicas y otros sectores involucrados. En ese sentido, es importante continuar con el trabajo de socialización del Acuerdo y que los sectores organizados y no organizados se preparen para una posible fase de implementación.
La justicia ambiental no puede esperar más tiempo.
[1] OACNUDH, la Unión Europea y la Red Hondureña por Escazú sostienen diálogo regional hacia la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú. 2022. Disponible: https://oacnudh.hn/oacnudh-la-union-europea-y-la-red-hondurena-por-escazu-sostienen-dialogo-regional-hacia-la-adhesion-del-estado-de-honduras-al-acuerdo-de-escazu%ef%bf%bc/
[2] FOSDEH, UNAH, OXFAM. Territorios en Riesgo III: Minería, hidrocarburos, y generación de energía eléctrica en Honduras. UNAH, FOSDEH, OXFAM: Tegucigalpa, 2021.
[3] Vijil, Lucía. Efectos derrame de los extractivismos en tiempos de pandemia: marco que agudiza la crisis territorial en Honduras. 2021. Disponible en: http://v1.cespad.org.hn/2021/02/18/analisis-efectos-derrame-de-los-extractivismos-en-tiempos-de-pandemia-marco-que-agudiza-la-crisis-territorial-en-honduras/
[4] Resolución 76/300 de la Asamblea de Naciones Unidas. Vea: https://www.cepal.org/es/notas/asamblea-general-naciones-unidas-reconoce-derecho-humano-un-medio-ambiente-sano-linea-acuerdo
[5] Declaraciones del Vicecanciller de la República de Honduras, Gerardo Torres en el Foro Internacional: “Honduras por Escazú, avanzando hacia la justicia ambiental”. Disponible en: https://www.facebook.com/escazuhonduras/videos/1447486189053353
[1] Descargue acuerdo completo aquí: https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/regional-agreement-access-information-public-participation-and-justice/texto-acuerdo-regional
