Escrito por: Gustavo Irías
22/10/2022
Las confrontaciones interpartidarias se intensifican a medida que se aproxima la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), una situación que no es casual. La elección de las máximas autoridades de este poder del Estado definirá, en buena medida, el carácter de la transición política en Honduras, en los términos siguientes: avanzaremos hacia la reconstrucción y transformación del Estado de derecho o será una continuación de la situación actual, sin cambios significativos. El hartazgo ciudadano, que otorgó un amplio triunfo en la boleta presidencial a Xiomara Castro Sarmiento, dejó expresada la aspiración de la mayoría ciudadana por reformas y/o cambios sustanciales. No obstante, la intensidad de las reformas estará determinada por la correlación de las fuerzas políticas a favor o en contra de los cambios, especialmente en el Congreso Nacional.
En los días recientes, la ruptura de la alianza entre LIBRE y el Partido Salvador de Honduras (PSH) marca el inicio de una nueva reconfiguración de fuerzas en el Congreso Nacional. El quiebre del acuerdo de estos dos partidos políticos indica las limitadas coincidencias programáticas y, de hecho, la falta de una agenda única de cambios políticos y sociales. Esta alianza fue esencial para derrocar el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández, conocido popularmente como “JOH”, pues sin la más amplia unidad política de la oposición esta tarea hubiese sido imposible. Sin embargo, era difícil concebirla como una fórmula para hacer gobierno por sus significativas diferencias programáticas. Pero tampoco hay que simplificar el análisis; en esen cia, es una ruptura entre Salvador Nasralla y el partido Libertad y Refundación (LIBRE), y probablemente seguirán existiendo coincidencias entre las bancadas parlamentarias en temas de relevancia para el país. Para el caso, posterior a la ruptura de la alianza se constituyó el Frente Parlamentario en Apoyo a la CICIH integrado principalmente por congresistas de LIBRE y del Partido Salvador de Honduras (PSH).
En todo caso, la temprana ruptura de la alianza que conquistó el gobierno el 28 de noviembre del 2021, nos muestra el difícil proceso de transición política al que este abocado el país. Lo complicado de este proceso no es posible explicarlo sin recurrir, una vez más, a la valoración del significado de los resultados electorales de noviembre pasado. En esencia, esos resultados pueden resumirse así: un respaldo mayoritario a Xiomara Castro Sarmiento como candidata única de la oposición política y social en contra de JOH, combinado con la pervivencia del bipartidismo histórico, manifestado en los resultados del Congreso Nacional (66 diputados -51.5%-, de un total de 128) y en los gobiernos locales (232 alcaldías -77.8%-, de un total de 298).
Ver informe del CESPAD de los resultados electorales del 2021
En términos de correlación de fuerzas, la situación de LIBRE en el Congreso Nacional es muy desventajosa si partimos de la actual conformación numérica (LIBRE 50, Partido Nacional 44, Partido Liberal 22, PSH 10 y otros partidos 2). En lo inmediato, la ruptura de la alianza entre LIBRE y PSH tiene como implicación la imposibilidad de LIBRE de alcanzar mayoría simple por sí solo; las dificultades del partido de gobierno para conformar mayorías simples y, aún más complicado, las mayorías calificadas en el legislativo plantean límites y bloqueos a la agenda de reformas del Programa del Bicentenario. Para tener el panorama político completo, a esta situación hay que agregar la crisis interna que atraviesan los diferentes partidos políticos:
- El Partido Nacional, con aparente homogeneidad interna, está fuertemente golpeado en su legitimidad por el involucramiento de sus principales líderes en la corrupción y narcoactividad.
- El Partido Liberal, fraccionado en por los menos dos corrientes internas, afectado por la humillante derrota electoral reciente, y sin que se observen mayores signos en la renovación del liderazgo nacional, que recupere la credibilidad en su base social.
- LIBRE, también dividido internamente, debido a que, por lo menos, entre 15-20 diputados/as son considerados disidentes que, sin romper formalmente con este partido, periódicamente están abriendo pequeñas crisis para renegociar cuotas de participación y poder.
- El PSH, igualmente con sectores disidentes que cuestionan el liderazgo de Salvador Nasralla, en este momento se ubica en torno a la reestructuración interna del partido para adecuarlo a lo que establece la nueva Ley Electoral.
En este complicado panorama político, probablemente la ventaja de LIBRE es que tiene el control del Poder Ejecutivo y que a pesar de las diferencias internas propias y con el PSH, ha tenido la capacidad de pactar acuerdos de mayoría simple para aprobar ciertas leyes, algunas, incluso con el apoyo de congresistas del Partido Liberal. No obstante, en las últimas semanas, la construcción de mayorías simples se ha mantenido bloqueada y la aprobación de leyes se ha paralizado en el Congreso Nacional.
El escenario político descripto anteriormente es el telón de fondo en la elección de la nueva CSJ, cuya selección es una atribución constitucional del Congreso Nacional por mayoría calificada. Es decir, con la aprobación de 86 votos del pleno. En este panorama, ¿cómo llegar a conformar una mayoría calificada y cumplir el mandato constitucional? He allí la gran encrucijada del Congreso Nacional en el momento actual.
¿Qué es lo que se juega y cuál es el significado de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ)?
La elección de la CSJ estará regida por una Ley Especial para el funcionamiento de la Junta Nominadora (JN) (Decreto 74-2022), emitida por el poder legislativo. La expectativa de la mayoría de la ciudadanía, en este contexto de transición política, es que esta JN seleccione los y las candidatas a magistrados/as con las mejores calificaciones para administrar e impartir justicia en forma imparcial e independiente.
La elección de una nueva CSJ es un punto crítico en la actual transición, ya que se trata de desmontar un poder judicial que estuvo totalmente subordinado a los intereses del régimen anterior y de las redes de corrupción. En clave de democracia y transparencia, se trata de construir un nuevo modelo judicial independiente, idóneo profesionalmente y con integridad ética y moral. Es por ello, que esta elección debería marcar el inicio en la reconstrucción y transformación de la democracia y el Estado de derecho en el país.
El párrafo anterior hace referencia al mejor escenario, aunque en términos de “real política” esta será una decisión del Congreso Nacional, que es uno de los poderes del Estado con mayor desconfianza en la ciudadanía y con una situación política interna especialmente compleja, al grado que podría dar lugar a una crisis institucional.
Desde diferentes sectores sociales, un aspecto que intentó colocarse en la Ley Especial de la JN fue la despartidización del proceso, vieja aspiración de algunas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, esto no será posible en términos de inhabilidades; pero si la JN cumple con la ley emitida, es de esperarse una lista de candidaturas a magistrados y magistradas con las capacidades y voluntades para marcar un punto de inflexión en el funcionamiento del poder judicial.
Por supuesto, los intereses que se juegan en esta elección son enormes. Históricamente este poder del Estado ha respondido exclusivamente a los intereses de las élites económicas y políticas, no obstante, la deformación experimentada en los últimos 12 años fue enorme, al grado que se colocó al desnudo la existencia de una justicia que respondía únicamente a los intereses de la élite dominante y que la blindaba de la acción penal por sus delitos de gran corrupción. Asimismo, porque se concentraba en criminalizar y judicializar al liderazgo agrario, ambientalista, indígena y afro descendiente, considerados como los principales enemigos de un modelo dominante extractivista que ha permitido la concentración de inmensas fortunas en una minoría y la extendida pobreza y exclusión para la mayoría.
Por demás, en toda sociedad divida en clases, el poder judicial, en última instancia, siempre responderá a los intereses dominantes, así que la aspiración en esta transición política es, por lo menos, disponer de un poder judicial que se oriente por los estándares internacionales de independencia judicial, debido proceso y respeto de los derechos humanos.
Debido a lo expuesto anteriormente, en el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia se tensan las principales fuerzas políticas que apuntarán a facilitar o bloquear las opciones que más se ajusten a los intereses representados. Para el caso, un punto crítico colocado en el centro del debate actual por el Partido Nacional y el Liberal es la legalidad o ilegalidad en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional (CN) que más que resolver un aparente problema de gobernabilidad, se encamina a empantanar el complejo proceso de transición política que podría llevar al país a una peligrosa inestabilidad. El origen de la crisis en la elección de la Junta Directiva, respondió a la intención del viejo régimen de fracturar la alianza opositora que aún no tomaba posesión formal, y esta situación colocó al Estado hondureño en los linderos de una crisis institucional. En transiciones complejas como la hondureña, este tipo de situaciones tienen una salida legal o política. En nuestro caso la salida fue política al integrarse todas las bancadas bajo la directiva de Luis Redondo e insertarse en la normalidad legislativa: presentado mociones, elaborando dictámenes, aprobando Leyes, ratificando otras, etc.
Después de 9 meses de gobierno, que desde el poder se acepte la ilegalidad de la actual directiva, implicaría anular todo lo actuado por la presente administración, por lo menos en materia legislativa, empujando al país a una crisis institucional y de inseguridad jurídica de consecuencias impredecibles.
¿Tiene salida la actual encrucijada política?
De cara a la elección de la CSJ, con la actual fragmentación de fuerzas y de polarización política, la única salida es el diálogo y negociación entre todos los partidos políticos con presencia en el legislativo, que permita pactar cuotas de representación en el máximo tribunal de justicia, asegurando la construcción interpartidaria de una mayoría calificada, evitando el estallido de una nueva crisis institucional.
Sin embargo, la gran interrogante que esto plantea es cómo en estas circunstancias se podría garantizar que la elección de una CSJ represente un cambio y/o avances sustantivos respecto al actual poder judicial fallido.
En este contexto, tres puntos serían cruciales para avanzar hacia ese cambio necesario:
- El primero, que la Junta Nominadora cumpla fielmente con la Ley Especial y que seleccione de manera transparente y con base en el mérito, idoneidad y honradez, la nómina de candidatos y candidatos a magistrados/as.
- El segundo, que el Congreso Nacional respete los resultados de la Junta Nominadora y que, con base en las candidaturas propuestas se elijan los integrantes del máximo tribunal de justicia.
- Y, el tercero, que en el pleno del legislativo se elijan las candidaturas que hayan alcanzado los mayores puntajes en la valoración de la Junta Nominadora.
Finalmente, más allá de la elección de la CSJ, si LIBRE (hecho gobierno) aspira a realizar y/o avanzar en las ambiciosas reformas planteadas en el Programa del Bicentenario, necesariamente deberá avanzar hacia la construcción en el legislativo, de una mayoría simple interpartidaria con una agenda pactada, es decir, dialogada, discutida y consensuada entre diferentes fuerzas políticas. Lo anterior debe complementarse con la efectiva apertura del espacio cívico-democrático para asegurar el diálogo y construcción de acuerdos con el movimiento social y sociedad civil. Por ese camino, será posible ir sentado las bases firmes de reconstrucción y transformación de la limitada y excluyente democracia hondureña.
