Escrito por: Gustavo Peña
A finales de septiembre y principios de octubre del 2022, en plena época de lluvias en la traumatizada región del Valle de Sula, empezaron a desfilar políticos de Tegucigalpa. “Con instrucciones de la presidenta nos reunimos con empresarios de la zona norte, para impulsar el plan de rescate y manejo de la Cuenca del Valle de Sula. Vamos con 3 represas, el ordenamiento y la reconstrucción de 116 puntos, actualmente ya trabajamos en 68”, escribió textualmente en su cuenta de Twitter Héctor Zelaya, hijo primogénito de Xiomara Castro, quien ocupa el cargo creado ad-hoc de Secretario Privado de la presidencia de Honduras.
De forma coincidente, el 2 de octubre, cuando la amenaza por inundaciones era mayor, Erick Tejada, titular de la Secretaría de Energía, se refería a los siguientes pasos que se adoptarán para la construcción de tres centrales hidroeléctricas, edificaciones que se han postergado por 30 años: “La instrucción de la Presidencia Xiomara Castro es hacer las 3 represas, El Tablón para prevenir inundación del río Chamelecón, y Los Llanitos y Jicatuyo para contener al Ulúa. La Junta Directiva de la ENEE ya aprobó los términos de referencia para la actualización de estudios”, dijo el funcionario a los medios de comunicación.
El bienestar del Valle de Sula y su resiliencia a inundaciones, ante la premura de la amenaza de nuevas inundaciones, parecía convertirse, de nuevo, en un tema de prioridad nacional. Sin embargo, lo que ha existido a lo largo de más de 30 años ha sido, quizá, el ejemplo más grande de corrupción y el costo de un centralismo estatal e ineficiencia administrativa sin precedentes.
Así es el Valle de Sula para Honduras
El Valle de Sula cuenta con un área de 2,234 kilómetros cuadrados, lo que corresponde a cerca del 2% del territorio hondureño. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, de acuerdo con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano -CIDEU-, “alrededor del 55% del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB), se genera en el Valle de Sula, representando cerca del 40% de las exportaciones hondureñas. En esta región reside, aproximadamente, un 25 % de la población nacional, constituyéndose en la fuerza de trabajo más numerosa tanto en sus centros urbanos como rurales. En la Zona Metropolitana del Valle de Sula se encuentra instalada más del 80% de la industria manufacturera y textil de Honduras[1]”.
Por esta razón, la vulnerabilidad ambiental del valle es un asunto de interés nacional.
A través de 302 kilómetros acumulados entre el caudal del Ulúa y el Chamelecón, se drenan las aguas acumuladas en poco más del 25% del territorio nacional. Es decir, unos 26,000 km2.
“La cuarta parte de toda la hidrografía del país drena hacia el Valle de Sula, lo que es un dato hidrográfico importante que explica la riqueza y vulnerabilidad del valle,” explica el ingeniero Juan José Alvarado, quien hasta mediados de este año trabajó más de 30 años en campo, en los distintos organismos que, bajo un nombre u otro han llevado la tutela de la protección del Valle, ante desastres.
Sin embargo, las obras de prevención y mitigación de catástrofes en el Valle de Sula son quizá el ejemplo nacional más descarado y costoso de centralización estatal e ineptitud operativa, permeada por la corrupción, y en franca oposición al interés nacional.
“Las consecuencias del mal hacer es la desprotección de la población y sus bienes en el Valle. Es un ciclo completo entre poner en riesgo la inversión y seguridad alimentaria y la vida, y la disminución del PIB”. Alvarado se refiere al hecho que, si bien en 1998 las inundaciones provocadas por el huracán Mitch afectaron al 25% del Valle de Sula, hace apenas dos inviernos, con los huracanes Eta y Iota, la afectación fue sobre el 75% de las tierras del Valle.
“Las depresiones Tropicales Eta y Iota, durante el periodo del 1 al 5 de noviembre y del 17 al 20 de noviembre del año 2020, respectivamente, generaron precipitaciones entre 850 y 1,200 mm de lluvia acumulados. Estas precipitaciones generaron caudales por arriba de los 4,700 metros cuadrados por segundo, que es lo registrado por el evento del Huracán Mitch a la altura de la Estación Telemétrica El Tablón en la cuenca del río Chamelecón…”, expresó la Comisión para el Control de inundaciones del Valle de Sula, pocos días después del desastre, en un llamado a contratación para reparar los daños más eminentes causados por los huracanes[2]”.
“Esas fueron las cuotas de inundación que nos arrojaron los mapas satelitales comprobados por la NASA. Tres veces mayor del huracán Mitch en 1998, a Eta y Iota en el 2020. Ese fue el nuevo récord de los caudales del Ulúa y el Chamelecón”, explica Alvarado, quien señala a la centralización histórica desde el gobierno en Tegucigalpa, como el principal factor responsable por la torpe gestión, pues ha sido el garante de la corrupción, la ineptitud y la negligencia.
“Las malas decisiones políticas han afectado el desarrollo y protección de la vida en el Valle. Al final, siendo una institución gubernamental la que ha dictado las pautas, no lo está haciendo porque la centralización allá en Tegucigalpa tiene la última palabra y no lo hace. Si la institución tuviera autonomía, su propio capital, y las decisiones se tomarán aquí en el Valle, no tendría que andar pidiendo permiso a los políticos en Tegucigalpa para hacer las cosas”, acota.
Esto es grave porque, como lo alecciona un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), acerca del último gran desastre ambiental sobre Honduras y especialmente el Valle de Sula, es vital dotar a la zona más dañada para que retome su papel de desarrollo sostenible: “los sectores productivos, especialmente los del comercio, la industria y la agricultura, fueron los más afectados. El otro sector que registró daños importantes fue el de la vivienda”.
“Desde el punto de vista humano esto tiene claras implicaciones, ya que se ven afectados los sectores de actividad que sirven de sustento a las personas, así como el lugar en el que habitan. La zona norte del país fue la más afectada, en especial el Valle de Sula. Por ello, toda la estrategia posterior a los desastres debe tener ese rostro humano y esa dimensión territorial en el centro, de manera que sea el instrumento para que la zona que más daño ha sufrido retome su camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[3]”.
32 años de tendencia a un centralismo que se incrementa en la actualidad
El control estatal del Valle de Sula inició en agosto de 1990, cuando las compañías bananeras (que tenían concesionado su manejo hidrológico) devolvieron esta facultad al gobierno central, pese a que nunca había efectuado esa tarea. Así, en el mes de agosto de 1990, la administración del expresidente hondureño Rafael Leonardo Callejas creó la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula.
Desde sus inicios, su objetivo fue la planificación y ejecución de obras de mitigación para el control de inundaciones en las cuencas de los ríos Chamelecón y Ulúa. Pero en el 2010, enmarcado dentro la Ley de Plan de Nación y Visión de País, se reestructura la institución y nace (bajo decreto N°PCM-017-2010) la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula CCIVS; se establece como un programa de actividades permanente que demanda obras de mantenimiento, reemplazo y ampliación de estructuras actuales.
“La Tela Railroad Company manejó por 100 años este Valle, con el afán de hacer producir el agro, con menor tecnología de la que existe ahora. ¿Cómo es posible que, en este siglo, con tanta tecnología, no se puedan hacer los controles para hacer más seguro y productivo el Valle? Por los intereses mezquinos de ciertos grupos de empresas y por la corrupción del gobierno que no aprueba proyectos si no va tras la tajada o la mordida. Si el proyecto no honra capital de algún tipo al político, no hay interés para que apruebe en el congreso o en la secretará de finanzas,” explica Alvarado.
De acuerdo con el CCIVS, entre el año 2010 y el año 2020 (la década que precedió a Eta y Iota) la inversión total de canalizaciones, estructuras de gavión, alcantarillas, bordos y represas del Valle de Sula, la inversión total sumó 1,100 millones de lempiras. Es decir, unos 110 millones de lempiras, o algo más de 4 millones de dólares al año, para proteger al área que produce el 55% de los 35,000 millones de dólares que suma el PIB nacional.
Por otro lado, en este periodo quedaron sin completar los programas a mediano plazo que garantizarían un mejor desempeño del área urbana y rural del Valle ante huracanes e inundaciones. Eso es, el desazolve de los ríos, a un costo de 123,500,000 dólares (123 millones y medio); la construcción de la represa de usos múltiples, entre ellos generación eléctrica de la represa El Tablón, a un costo de 217,000,000 dólares (doscientos diecisiete millones); la construcción de las represas de Llanitos y Jicatuyo, a un costo de 1,200,000,000.00 dólares (un billón doscientos millones), y las obras prioritarias en el margen oriental del Valle, que corresponde al departamento de Yoro, a un costo de 200,000,000.00 (doscientos millones), para un gran total de 1,740,500,000.00 (un billón setecientos cuarenta millones y medio de dólares).
“Es un círculo de corrupción. Lamentablemente así funciona nuestro país. Y los buenos técnicos que han estado por años, los están echando de la ENEE, la Secretaría de Ambiente, y muchas otras instancias. Distintos gobiernos los han respetado por años porque son técnicos, pero este gobierno viene con una sed de poder y mando, y está sustituyendo técnicos por gente ignorante que no tiene ni la formación académica básica, no digamos la experiencia y expertise necesarios”, sentencia este ingeniero, antiguo director de planificación, que fue separado de su cargo a mediados de este año.
Cambios de gobierno que matan la planificación
“La visión original era que, así como las compañías bananeras, en esos 100 años de concesión, tuvieron la autoridad en el Valle de Sula para manejar los caudales, así lo tendrían autoridades en el Valle. El centralismo del poder es perjudicial. Si se tuviera más autonomía, como fue concebida la comisión en los 1990, a estas alturas la Comisión del Valle de Sula sería ya un Ministerio categoría A, y podría manejar proyectos de gran envergadura de miles de millones de lempiras”, agrega el entrevistado, quien considera que, además, se tendría acceso a fondos directos de la cooperación internacional y se dictarían pautas sobre las alcaldías, porque este ente estaría por encima de la Ley de Municipalidades.
Con los cambios de gobierno se va dejando atrás el plan original de la Comisión y se va centralizando el poder y el presupuesto en Tegucigalpa.
“Mataron la comisión porque tras Eta y Iota salieron los grupos económicos y crearon un decreto donde se cerraba la Comisión del Valle de Sula y se creaba un instituto que en teoría iba a tener más autoridad. En principio se miraba buena la idea, retomar el concepto de autoridad local. Pero nunca se cumplió con el procedimiento”, puntualizó el entrevistado.
[1] https://www.cideu.org/miembro/zona-metropolitana-valle-del-sula/#:~:text=Alrededor%20del%2055%25%20del%20Producto,sus%20centros%20urbanos%20como%20rurales.
[2] http://h1.honducompras.gob.hn/Docs/Lic759CD-002-2020%20CCIVS-ETA-IOTA202-PliegooTerminosdeReferencia.pdf
[3] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46853/3/S2100044_es.pdf