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Escrito por Lucía Vijil
La masacre de 20 personas ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, el pasado 21 de mayo de 2026[1], obliga a volver sobre una pregunta de fondo: ¿bajo qué códigos debemos analizar este tipo de violencia? La respuesta no puede reducirse a una lectura episódica ni a un enfoque exclusivamente policial, porque lo ocurrido se inscribe en una trayectoria histórica de conflictividad agraria, disputas por el control del territorio, militarización, criminalización del campesinado e impunidad persistente.
En ese sentido, este análisis pretende a través de un marco interpretativo ordenar los hechos sin separarlos de su contexto. La masacre en Rigores no solo profundiza la crisis de seguridad en la margen izquierda del Aguán, sino que reactiva una disputa más profunda por el significado político del territorio, la legitimidad de los sujetos campesinos y el tipo de respuesta estatal que se considera aceptable frente a la violencia.
Trayectoria histórica del conflicto agrario
La conflictividad agraria del Bajo Aguán debe situarse dentro de procesos más amplios de concentración de la tierra, reestructuración de las economías rurales y disputa por el control territorial[2]. La literatura sobre acaparamiento de tierras ha mostrado que estos conflictos no surgen únicamente de desacuerdos sobre la propiedad, sino de ciclos históricos en los cuales la acumulación económica por grupos empresariales y agroindustriales desplazan a poblaciones campesinas o subordinan sus formas de vida a lógicas empresariales y de control territorial[3].
En el caso del Aguán, esa dinámica asumió una forma particularmente aguda y ha sido nombrada por autores como la capital de la contrarreforma agraria[4]. En esta región, la cuestión agraria se superpuso progresivamente con la expansión agroindustrial, la militarización, la impunidad en el asesinato de campesinos y campesinas, y la incapacidad estatal para resolver de fondo las disputas sobre tierra y la permanencia. De este modo, la violencia no debe entenderse como un añadido externo al conflicto, sino como una de las formas mediante las cuales el orden territorial se produce, se disputa y se impone[5].
Desde esta perspectiva, la noción de violencia estructural resulta especialmente útil. Permite comprender que los homicidios, desapariciones, amenazas, desplazamientos y desalojos violentos no son eventos excepcionales, sino expresiones concentradas de una estructura agraria desigual, sostenida por instituciones débiles, investigaciones deficientes y márgenes persistentes de impunidad. La violencia, entonces, siguiendo a autores como Galtung, no es un accidente, sino un mecanismo reiterado de regulación territorial y de disciplinamiento social[6].
La historia organizativa del Bajo Aguán confirma esta lectura. El Movimiento Campesino de Rigores (integrado por las cooperativas 23 de mayo, San José, Liberación, Unidos Somos Todos, Nueva Visión, Nuevo Despertar) surgió en el 2001, en una coyuntura marcada por denuncias de ataques armados, presencia de compañías privadas de seguridad y una fuerte presión contra asentamientos y cooperativas campesinas. En ese contexto, la desaparición de Francisco Pascual López en 2011 se convirtió en un caso emblemático de las formas que asume la violencia en la región: un campesino desaparecido tras un ataque atribuido a la seguridad privada, una escena del crimen mal procesado, pruebas omitidas y una investigación estatal incapaz de ofrecer verdad y justicia[7]. La importancia de este antecedente no reside solo en su gravedad, sino en que sintetiza un patrón histórico de violencia selectiva, impunidad y desprotección que no fue desactivado por el paso del tiempo[8].
Más de una década después, Plataforma Agraria – articulación del sector campesino en Honduras- retoma e insiste en muchas de esas denuncias a otra escala organizativa y bajo una nueva coyuntura política. Sus posicionamientos en los últimos años[9] han dado cuenta de disparos contra familias campesinas, desplazamientos forzados, grupos armados operando en los predios trabajados por los campesinos y campesinas o en terrenos colindantes[10], desalojos violentos y asesinatos de dirigentes agrarios. Lo relevante es que esta nueva fase no canceló el problema agrario original, sino que lo compleja al superponer viejas desigualdades agrarias con nuevas tramas de violencia organizada[11].
En ese sentido, lo que se confronta en el territorio no es sólo la posesión material de determinados predios, sino la capacidad de definir quién puede habitar, producir, organizarse y ser reconocido como sujeto legítimo dentro del orden agrario y político regional[12].
La batalla por el relato en zonas de violencia
En territorios marcados por la violencia, y particularmente tras una masacre como la ocurrida en la zona de Rigores, la disputa por el relato se convierte en una dimensión central del conflicto. Nombrar un hecho como “conflicto agrario”, “violencia criminal”, “invasión” o “enfrentamiento entre grupos delictivos” no constituye una simple diferencia terminológica; cada una de estas narrativas organiza los límites del análisis, distribuye responsabilidades, define quién aparece como víctima legítima y anticipa el tipo de respuesta institucional que se implementará.
Apenas conocidas las noticias sobre los asesinatos, comenzó una batalla por fijar la interpretación e hipótesis de los hechos. Los primeros pronunciamientos oficiales por parte de la Policía Nacional asignada a Trujillo intentaron desplazar el hecho fuera del registro del conflicto agrario, reubicándolo dentro de la lógica del enfrentamiento criminal[13]. El discurso empresarial reforzó esta misma línea al colocar la noción de invasión en el centro del debate y al traducir la violencia en un problema de inseguridad para la inversión, el empleo y la propiedad privada[14].
Con esas declaraciones, pareciera que la única forma reconocible de legitimidad es la establecida en términos de propiedad formal y privada, mientras las trayectorias campesinas de organización, reforma agraria, asentamiento y recuperación quedan despojadas de su densidad histórica y política. Asimismo, las comunidades asentadas en las fincas son presentadas de forma generalizada como criminales y promotoras de violencia y caos, anulando cualquier distinción entre los grupos campesinos y las bandas criminales.
Desde Plataforma Agraria se cuestionó tempranamente el tono de las declaraciones oficiales y se denunció el riesgo de que las comunidades fueran convertidas en culpables colectivos, incluso antes de iniciarse una investigación seria[15]. No será la primera vez que un episodio violento se utiliza para reafirmar la idea de que las recuperaciones de tierra son focos naturales de criminalidad. En contraste, el pronunciamiento posterior de la Compañía de Jesús (Jesuitas en Honduras)[16], logró resituar el hecho en el terreno de la conflictividad agraria, la militarización, la violencia organizada y la existencia de estructuras armadas ilegales.
Por otro lado, causaron sorpresa las declaraciones del ministro de seguridad, Gerson Velásquez[17], al afirmar que la masacre respondería a un ajuste de cuentas y a una ejecución entre estructuras criminales organizadas, descartando que el trágico hecho esté vinculado directamente con los históricos conflictos agrarios de la zona. Estas declaraciones colocan en el centro un elemento estructural en el Bajo Aguán: la presión criminal que opera sobre un conflicto agrario preexistente y, de manera directa, sobre los campesinos y campesinas que trabajan la tierra.
Algunas claves interpretativas
La masacre de Rigores debe entenderse como una coyuntura crítica porque condensa varias dimensiones del conflicto agrario del Valle del Aguán y obliga al Gobierno a decidir bajó qué clave interpretará la violencia en adelante. Asimismo, plantea una pregunta ineludible: ¿cómo se buscará una salida a las distintas manifestaciones del conflicto? Por un lado, el hecho confirma la persistencia de una conflictividad territorial no resuelta, donde las disputas por la tierra siguen produciendo escenarios letales para los sectores campesinos. Por otro, muestra que esta conflictividad ya no puede ser pensada sin considerar la presencia de estructuras armadas ilegales, redes criminales y de narcotráfico que atraviesan el territorio y se insertan en las disputas agrarias.
Esta doble dimensión nos obliga a evitar reducir el conflicto a: i) subsumir todo el problema bajo la categoría de crimen organizado, borrando con ellos la memoria agraria del conflicto y la historicidad de las demandas campesinas, y ii) hablar de la lucha por la tierra como si el territorio no estuviera hoy atravesado por economías ilegales, poderes armados y entramados de coerción que intensifican la vulnerabilidad comunitaria. La coyuntura abierta tras el 21 de mayo de 2026 obliga, precisamente, a sostener ambas dimensiones al mismo tiempo para analizar cómo se articulan entre sí, cómo el Estado ha omitido su rol durante años, cómo la Policía Nacional ha sido cómplice del hostigamiento a los grupos campesinos, cómo las redes de crimen han permanecido intactas y cómo se garantiza efectiva justicia.
Las demandas ciudadanas e institucionales emanadas tras la masacre no se han limitado a exigir castigo para los autores materiales, sino que abren la discusión sobre las condiciones estructurales que hacen posible la repetición de la violencia. El problema deja entonces de ser solo quién disparó y pasa a incluir quién permitió, toleró o administró un orden territorial donde hechos de esta magnitud puedan ocurrir.
La coyuntura también es una oportunidad para revisar críticamente la respuesta estatal. Si la Policía Nacional asignada en la zona insiste en el discurso de “la invasión” y la criminalidad, la reacción más probable será la profundización de estrategias de militarización, persecución y control territorial. Si, por el contrario, se reconoce (como lo hacen los sectores sociales y sociedad civil) que la masacre se inscribe en una conflictividad agraria atravesada por la impunidad y la violencia organizada, la respuesta debería orientarse hacia investigación independiente, la protección comunitaria, el control de la seguridad privada, el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales y la apertura de mecanismos efectivos de resolución agraria.
Aquí cobra sentido la idea de una gestión democrática del conflicto, una propuesta en la que ha insistido sólidamente el CESPAD. Se afirma, entonces, que en un contexto donde los sectores campesinos han sido históricamente situados en el eslabón más vulnerable de la estructura agraria y del régimen de violencia, una respuesta democrática solo puede ser legítima si busca proteger su vida, reconocer sus demandas, garantizar su participación y desmontar todas las formas de criminalización que los convierten, de manera casi automática, en sospechosos colectivos.
En ese marco, la gestión democrática implica considerar las siguientes líneas de acción:
- Primero: una investigación seria, autónoma y profunda de la masacre, capaz de establecer responsabilidades tanto materiales como
- Segundo: el desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales – bandas criminales – y de las redes de protección que les permiten operar.
- Tercero: la revisión crítica del papel de la seguridad privada y de las formas de militarización territorial que agravan el conflicto en lugar de resolverlo.
- Cuarto: la creación de mecanismos de negociación agraria con garantías de cumplimiento y la participación efectiva de las organizaciones campesinas.
- Quinto: una política integral de protección y reparación para las comunidades que viven bajo amenaza constante.
La masacre de Rigores no constituye un episodio marginal ni un simple estallido de violencia local aislado, como si fuera un fenómeno reciente. Se trata de un acontecimiento que concentra, proyecta y continúa visibilizando la urgente necesidad de respuestas estatales integrales frente a la conflictividad agraria.
[1] Más información: https://www.infobae.com/honduras/2026/05/22/honduras-confirma-20-muertos-tras-masacre-en-trujillo-colon-entre-victimas-hay-mujeres-y-menores/
[2] CESPAD. Conflicto agrario en el Aguán: causas estructurales, características de la disputa social y nuevo enfoque para una salida democrática. Septiembre, 2023. Disponible en: https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2023/11/Conflicto-Agrario-en-el-Aguan-WEB-1_compressed.pdf
[3] Borras Jr., S. M., & Franco, J. C. (2013). Cycles of land grabbing in Central America: An argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras. Third World Quarterly, 34(9), 1697–1722.
[4] Macías, M. 2010. La capital de la contrarreforma agraria: el Bajo Aguán
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2016). Violencia, desigualdad e impunidad en Honduras. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/honduras/honduras.html
[6] Galtung, J. (1969). Violencia, paz e investigación para la paz. Journal of Peace Research, 6 (3), 167–191.
[7] Más información: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2022/HNAD_1881-14_ES.PDF
[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2016). Violencia, desigualdad e impunidad en Honduras. Organización de los Estados Americanos.
[9] Más información en registro de página Facebook de Plataforma Agraria: https://www.facebook.com/PlataformaAgrariaHn
[10] Por ejemplo, la banda criminal de Quebrada de Arena “Los Cachos” acechando a cooperativas campesinas como el Chile y Tranvío o bien, para este caso de Rigores, la banda criminal “Los Harold” acechando a la Empresa Gregorio Chávez y al Movimiento Campesino de Rigores.
[11] Reuters. (sf). Cómo una sangrienta disputa territorial en Honduras está impulsando la migración hacia Estados Unidos https://www.reuters.com/investigates/special-report/honduras-migration-land/
[12] Borras Jr., S. M., & Franco, J. C. (2013). Cycles of land grabbing in Central America: An argument for history and a case study in the Bajo Aguán, Honduras. Third World Quarterly, 34(9), 1697–1722.
[13] Más información: https://www.facebook.com/share/v/17KYPaeTH4/
[14] Declaraciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): https://www.facebook.com/share/p/1BkkAAShdw/
[15] Más información: https://www.facebook.com/share/p/14kWaXMHTtn/
[16] Más información: https://x.com/jesuitascam/status/2057925316673183949?s=20
[17] Más información: https://www.instagram.com/reel/DYn0XGnBFGd/