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El 25 de mayo de 2026, el Congreso Nacional de Honduras sometió a primer debate el proyecto de la “Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras”[1]. Esta iniciativa, impulsada por el diputado Erick José Alvarado Alvarado, cuenta con el dictamen favorable de la Comisión Especial de Seguridad y Prevención Ciudadana.
La lectura íntegra del dictamen y de los artículos aprobados en este primer debate confirma las alertas previas del CESPAD: esta propuesta constituye un nuevo marco de protección extraordinaria para los intereses agroindustriales. El proyecto les otorga privilegios administrativos, blindaje territorial y mecanismos de intervención coercitiva del Estado frente a los conflictos agrarios y protestas sociales[2].
Entre los aspectos más preocupantes del proyecto destacan: a) Declaración de la agroindustria como actividad de “interés y prioridad nacional”, con aplicación preferente sobre otras normas administrativas, b) Declaratoria de “inafectabilidad” de tierras destinadas a actividades agroindustriales, incluso frente a procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública, c) Prohibición explícita de ocupaciones, tomas o reivindicaciones campesinas, aún cuando respondan a conflictos históricos de acceso a la tierra y, d) Posibilidad de otorgar permisos y licencias mediante el silencio administrativo positivo, lo que debilita severamente los controles ambientales y los mecanismos de fiscalización pública.
El avance de esta ley ocurre, además, en un contexto de profunda preocupación por la violencia en el Bajo Aguán, donde comunidades campesinas continúan enfrentando asesinatos, amenazas, desplazamientos y altos niveles de vulnerabilidad[3]. Lejos de contribuir a resolver la conflictividad agraria estructural, esta iniciativa profundiza la lógica de securitización y criminalización del campesinado y de las organizaciones territoriales, particularmente en regiones como Valle del Aguán, donde persisten graves patrones de violencia, impunidad y concentración de tierras.
En ese sentido, demandamos:
- La suspensión inmediata de la discusión y aprobación de esta iniciativa de ley, debido a sus graves implicaciones para los derechos humanos, el acceso a la tierra, la protesta social y la seguridad de las comunidades campesinas.
- La apertura de un diálogo nacional, transparente y participativo sobre la conflictividad agraria, que incorpore de forma efectiva a organizaciones campesinas, pueblos indígenas, comunidades rurales, academia, organizaciones de derechos humanos y sectores sociales históricamente afectados.
- El respeto y garantía de los derechos humanos en el contexto de los conflictos agrarios, asegurando especialmente la libre asociación, la defensa del territorio, la protesta social y el acceso a mecanismos democráticos de reivindicación.
- El cese de la criminalización contra las organizaciones campesinas y defensoras y defensores del territorio, evitando el uso del sistema penal y de cuerpos de seguridad para responder a conflictos sociales vinculados a la tierra.
- La revisión de privilegios extraordinarios otorgados al a sector agroindustrial en detrimento del interés público, especialmente aquellos que vulneran los controles ambientales, las competencias municipales y la supervisión del Estado.
- La adopción de soluciones democráticas y no militarizadas para la conflictividad agraria, priorizando el diálogo, la mediación y la justicia territorial por encima de enfoques represivos.
- El acompañamiento y vigilancia por parte de organismos internacionales y la comunidad internacional, ante el inminente riesgo de profundización de la violencia y el deterioro de las garantías democráticas en Honduras.
Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo del 2026
[1] Disponible en sesión: https://www.youtube.com/live/uEUJfSIy3hY?si=suipgagyYQuxDjhY
[2] CESPAD. Alerta Agraria | Presentan en el Congreso Nacional ley que blindará la agroindustria y criminaliza el conflicto agrario en Honduras. Disponible: https://cespad.org.hn/?s=alerta&e_search_props=cbf2948-16
[3] CESPAD. Análisis Semanal | La masacre de Rigores: violencia, tierra e impunidad en el Bajo Aguán. Más información: https://cespad.org.hn/analisis-semanal-la-masacre-de-rigores-violencia-tierra-e-impunidad-en-el-bajo-aguan/