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Escrito por Aimée Cárcamo
En Honduras, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tienen una función muy clara: resolver impugnaciones, apelaciones y controversias propias de los procesos electorales, además de emitir sentencias en firme[1]. Con el foco puesto en las deficiencias del sistema de justicia electoral, una comisión especial del Congreso Nacional (CN) realizó audiencias públicas el 5 y 6 de mayo para elegir a un magistrado propietario y dos suplentes en el TJE.
Este proceso surgió luego de que, el 16 de abril, el Pleno del CN destituyera a Mario Morazán (magistrado propietario), Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta (magistrados suplentes) mediante un juicio político. A los exfuncionarios se les acusó de atentar contra la democracia al intentar boicotear los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2025.
Durante las jornadas, fue puesta en la balanza la garantía constitucional del amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la tardanza de la Sala Constitucional para emitir las resoluciones. Asimismo, se discutieron los plazos legales que otorga la ley del TJE para responder a las apelaciones y las medidas para evitar la paralización de las sesiones, tal como ocurrió durante el proceso electoral de 2025.
Entre sus propuestas para fortalecer al máximo tribunal, los candidatos plantearon reformas constitucionales, la creación de un reglamento, el reforzamiento de áreas clave del TJE y simplificación de procesos; sin embargo, varios postulantes coincidieron en que el Congreso Nacional tiene un rol clave: elegir magistrados basados en criterios técnicos, éticos y de meritocracia, y no a intereses políticos como ha sido la costumbre.
Para elegir a los sucesores de Morazán, Mejía Estapé y Gutiérrez Peralta, la comisión evaluó a 29 postulantes (11 mujeres y 18 hombres) en la segunda etapa del proceso de selección, tras pasar un primer filtro de evaluación. Los siguientes fueron los temas que se discutieron en las audiencias.
Debate sobre la acción de amparo
Uno de los temas más debatidos durante las audiencias fue la acción de amparo, la única instancia capaz de revertir una decisión del TJE, que constitucionalmente es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y cuyas sentencias son definitivas.
La Constitución, la Ley sobre Justicia Constitucional y los convenios internacionales suscritos por Honduras garantizan el amparo a todo ciudadano que busque la reivindicación de un derecho constitucional vulnerado. Sin embargo, la comisión planteó su preocupación por la tardanza de la Sala Constitucional para emitir las resoluciones, un proceso que puede demorar varios años. Incluso, se mencionaron casos de candidatos que recibieron un fallo favorable cuando su periodo de elección estaba por finalizar. “Justicia tardía, no es justicia”, fue la frase que más se repitió y que evidenció criterios divididos.
En las audiencias, algunos postulantes abogaron por mantener este derecho fundamental incólume, otros apoyaron una reforma constitucional para obviar el amparo o limitarlo a la materia electoral. En este escenario, insistieron en la necesidad de fortalecer institucionalmente al TJE si se pretende consolidarse como el último intérprete o decisor de la justicia electoral. Para lograrlo, se plantearon diversas rutas legales e institucionales: crear un departamento jurídico dentro del TJE para resolver apelaciones, establecer un tribunal especializado en asuntos electorales y aplicar un proceso estrictamente sumarial.
También se plantearon reformas a la Ley sobre Justicia Constitucional (por adición al artículo 46) y la Ley Orgánica Procesal del TJE, sin tocar la Constitución, para establecer los procesos electorales como una causa de inadmisibilidad del amparo.
Otros candidatos, que se pronunciaron a favor de la independencia de todos los órganos involucrados, sugirieron acercamientos y mesas de trabajo con la Sala de lo Constitucional para que priorice los casos electorales, al tratarse de un asunto de democracia, alternancia en el poder y seguridad nacional. El problema de los atrasos, señalaron, no es del sistema electoral, sino de la alta mora judicial y del compromiso de los magistrados de la Sala Constitucional, por eso recomendaron nombrar a más personal.
Otras propuestas señalaron la necesidad de reformar la Ley sobre Justicia Constitucional, para dar prioridad y pronta resolución a los amparos electorales en época de comicios, y reformar la Ley Electoral para sancionar a los funcionarios que incumplan los plazos que la ley establece.
Finalmente, se concluyó que para evitar que los candidatos recurran a un amparo, las sentencias del TJE deben estar sólidamente fundamentadas en la ley y la Constitución. Además de gozar de una legitimidad ciudadana que aún se debe trabajar.
Funcionamiento del TJE y quórum
¿Cómo prevenir la parálisis institucional en el TJE como ocurrió en el proceso electoral reciente? Esta fue otra de las grandes interrogantes de las audiencias.
Si bien la Ley Orgánica y Procesal Electoral del TJE prohíbe a los magistrados abstenerse de votar en el Pleno y negarse a firmar actas, acuerdos, decretos, resoluciones y sentencias que emita este tribunal, varios candidatos señalaron que la falta de consecuencias debilita la norma. Por ello, recomendaron incluir sanciones en esa ley y en la Ley Electoral de Honduras. Además, sugirieron regular las ausencias justificadas y los casos válidos de abstención para diferenciarlos de los bloqueos deliberados. Las posturas más radicales propusieron inhabilitar de por vida al magistrado que incumpla su deber constitucional de votar.
Para garantizar la continuidad de Pleno conforme al artículo 5 de la Ley Procesal Electoral, se propuso un sistema de quórum de emergencia instituido por mayoría y reformas antibloqueo: integrar el quórum con un magistrado propietario y dos suplentes mediante una reforma de adición, permitiendo resolver por mayoría (dos votos). Los postulantes señalaron que no tiene sentido elegir dos suplentes si sólo uno integrará el Pleno, por lo que sugirieron interpretar o reformar el artículo 35 de la ley del TJE.
Otra medida propuesta fue la de incluir la figura del “magistrado integrante”, para evitar más parálisis del TJE, y diseñar planes de contingencia para prevenir crisis políticas.
Por el contrario, algunos candidatos sostuvieron que no se requieren reformas, sino simplemente cumplir el artículo 37 de la ley de organización y procedimiento de justicia electoral, que establece la creación de un reglamento para indicar la forma en que deben celebrarse las sesiones de los plenos. Según estos postulantes, de haber existido el reglamento, se habrían evitado los retrasos que motivaron el juicio político.
Mora judicial y cronogramas electorales
Las audiencias identificaron un problema estructural grave: la falta de coordinación entre el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el del TJE. Los tiempos actuales, especialmente en elecciones generales, son muy ajustados y presionan la resolución de recursos.
El ejemplo más emblemático fue el caso de Guanaja, donde el CNE entregó credenciales a un candidato a alcalde y posteriormente, mediante un comunicado, ordenó realizar elecciones especiales en cumplimiento de una sentencia del TJE. Al respecto, se recordó que la ley ya permite suspender un acto electoral mediante medidas cautelares de urgencia y caución. El problema es que la ley no define con claridad los criterios para fijar la fianza, por lo que sería necesario reglamentar o reformar este aspecto.
Como soluciones de fondo se propusieron: una reforma constitucional para ampliar el intervalo entre la declaratoria oficial de resultados electorales y la toma de posesión. Garantizar el inicio oportuno del cronograma electoral, y dotar al TJE de presupuesto suficiente para contratar personal calificado. También, instar al CNE a resolver con celeridad las nulidades administrativas y revisiones, para que el TJE continúe los procesos jurisdiccionales. La falta de tiempo impide al TJE evacuar todos los medios de prueba necesarios para emitir una sentencia fundamentada en derecho.
Modernización institucional del TJE
Aunque es una institución relativamente joven, los candidatos coincidieron en la urgencia de modernizar el TJE mediante la digitalización de expedientes, audiencias y capacitaciones virtuales (que reducen gastos en viajes) y el uso de tecnología e inteligencia artificial para agilizar los procesos.
Para acercar la justicia electoral a la ciudadanía, se propuso simplificar el recurso de apelación mediante formatos accesibles y diseñar una matriz de evaluación de pruebas que elimine la discrecionalidad. Del mismo modo, se sugirió que el TJE replique el modelo de la Unidad de Política Limpia, desplazándose al interior del país con ministros de fe o receptores para atender a ciudadanos de bajos recursos que no pueden viajar a Tegucigalpa.
Otras propuestas tecnológicas incluyeron: automatizar el seguimiento de solicitudes para que los ciudadanos conozcan el avance de sus trámites en tiempo real; implementar auditorías internas, fijar términos estrictos para asegurar un accionar expedito y crear una inspectoría de tribunales que resuelva conflictos de interés y vele por la ética jurisdiccional. Por último, se propuso una reforma para que, sin perjuicio de cualquier error cometido en relación con la nomenclatura, un escrito sea admitido por el tribunal.
Transparencia y confianza pública
Para contrarrestar la desconfianza, varios candidatos recomendaron al TJE suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la veeduría y la participación ciudadana. Además, debido a que gran parte de la población desconoce las funciones e importancia del tribunal, se propuso aprovechar los periodos no electorales para educar a la ciudadanía sobre su papel, la importancia de elegir funcionarios idóneos y la protección del voto. Asimismo, se planteó que la comunicación institucional debe fortalecerse, garantizando que las resoluciones se emitan apegadas a ley y que los recuentos jurisdiccionales a nivel nacional se realicen de forma pública.
Carrera electoral y profesionalización
Uno de los planteamientos propuestos fue el fortalecimiento a largo plazo del TJE. Esto pasa por impulsar la carrera judicial electoral y robustecer áreas clave como el control jurisdiccional, la función jurisprudencial y la capacidad instalada. Los candidatos criticaron que, actualmente, cuando un funcionario renuncia o es despedido, la plaza suele asignarse por cuotas políticas y no por idoneidad.
Por ello, instaron a la comisión especial a nombrar magistrados capaces que, a su vez, seleccionarán al personal técnico bajo criterios estrictamente profesionales y de experiencia. Aunque se reconoció que los partidos políticos siempre buscarán representantes en estos organismos, los postulantes afirmaron que es posible cambiar la dinámica actual si se blindan las competencias del personal y se desarrolla un proceso de validación, certificación y gestión de calidad dentro del TJE. Esto permitirá mayor veeduría y transparencia.