Escrito por: Gustavo Irías
21/01/2023
Las últimas semanas han sido trágicas para el movimiento social del Bajo Aguán debido al asesinato de cuatro activistas sociales: Aly Domínguez y Jairo Bonilla, pertenecientes al Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Guapinol- San Pedro; Mauricio Esquivel (miembro de la cooperativa Tranvío) y Omar Cruz Tomé (presidente de la Cooperativa Los Laureles y con medidas cautelares de protección), ambos integrantes de la Plataforma Agraria, y Sandy Martínez (suegro de Cruz Tomé).
La característica común de estos crímenes es que fueron ejecutados por hombres vestidos de civil, con el clásico método de los grupos paramilitares (armas de fuego, encapuchados y a plena luz pública) que han operado en la total impunidad en esa zona del país, durante los últimos 13 años. En los primeros días de enero, la Plataforma Agraria y el Bufete de Estudios para la Dignidad denunció públicamente la implementación de un plan que incluía acciones de amenazas, hostigamiento y asesinatos selectivos en contra del liderazgo de las Cooperativas en posesión de las tierras de la reforma agraria en disputa, responsabilizando de estas acciones a la Corporación Dinant, una empresa hondureña fundada en 1960 por el fallecido empresario Miguel Facussé, con el apoyo de la banca privada y de la Corporación Nacional de Inversiones.
En la gestión del pasado régimen político autoritario, existen evidencias de que los guardias privados al servicio de empresas agro-exportadoras participaban en acciones conjuntas con la Policía y las Fuerzas Armadas, en las acciones de desalojos y represión del movimiento agrario. Igualmente, los guardias privados participaban en acciones directas como la masacre del Tumbador, un caso que le costó la vida a 5 campesinos (Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Misión a Honduras -18 al 22 de febrero de 2013-). Adicionalmente, durante el régimen autoritario, se hizo uso indebido del derecho penal para judicializar al liderazgo social. Por estas razones, sería extremadamente grave que en el actual gobierno de transición política se replicará este esquema criminal.
¿A qué se debe y cuáles son las causas del largo y violento conflicto en el Bajo Aguán?
Esta situación se desarrolla en dos ámbitos: el primero, debido al conflicto por la posesión de las tierras de la reforma agraria en las zonas de Tocoa y Trujillo, una disputa de la Plataforma Agraria con las grandes empresas agroexportadoras de la palma africana. El segundo, por la defensa del derecho al agua de las comunidades de San Pedro y Guapinol, enfrentadas a la empresa minera Los Pinares.
Despojo y apropiación fraudulenta
En el primer ámbito, la causa principal de este sangriento conflicto tiene como fondo el despojo y la apropiación fraudulenta de las tierras de la reforma agraria (en los años noventa) por la élite regional, integrada por agroexportadores, ganaderos y la Standard Fruit Company, con la complicidad de funcionarios nacionales y locales. Estas acciones acontecieron pese a que no existía ni existe en la actualidad, en la normativa nacional, ninguna disposición que les permita a estos actores poderosos la apropiación de estas tierras, destinadas a la reforma agraria. Ni siquiera la contra reformista Ley de Modernización Agrícola les habilita para la apropiación legal de esas tierras.
En sentido contrario, a partir del 2009 se articuló un movimiento social campesino (hoy aglutinado en la Plataforma Agraria) por la recuperación de las tierras que sostienen les pertenecen legal y legítimamente. Por su origen este conflicto tiene más de 40 años, pero su conflictividad más aguda es de hace 13 años.
Defensa del derecho al agua
En el segundo ámbito, las comunidades de Guapinol y San Pedro se han organizado en el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa para defender su derecho al agua de la contaminación de la minera Los Pinares. Este conflicto ha sido generado debido a la utilización, por la poderosa familia Facussé-Pérez, del poder legislativo (reduciendo maliciosamente los límites geográficos del Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras”, decreto legislativo 252-2013), del poder judicial (para criminalizar y judicializar a su liderazgo), del ejército y la policía para reprimir la organización comunitaria. En este contexto, ha sido emblemático el caso de los defensores ambientales de Guapinol, prisioneros de conciencia por más de 2 años por el simple delito de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y protesta social.
Al contexto anterior se suman las tensiones generadas por la presencia del narcotráfico y sus acciones de violencia y terror, que han generado la expulsión de comunidades enteras de sus tierras.
En resumen, la conflictividad en el Bajo Aguán está cruzada por relaciones de poder, en la cual la élite tradicional ha pretendido imponer sus intereses en una mezcla de violencia directa (con sus propios cuerpos privados de seguridad) y el uso de los diferentes aparatos del Estado: legislativo, judicial y ejecutivo; la policía y el ejército.
Las esperanzas del movimiento social en el nuevo gobierno
Una vez finalizado el régimen de la narco-dictadura, el saldo en derechos humanos era grave: más de 130 asesinatos, en su gran mayoría en la impunidad; 123 líderes agrarios con medidas cautelares (de protección) emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -CIDH- (Resolución 11/2014 y No 50-14); 843 líderes y lideresas sociales acusadas de usurpación (base de datos del CESPAD), sólo para mencionar algunos datos.
En este contexto, la firma el 22 de febrero del “Convenio entre el gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas integradas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de las tierras de las tierras en el Bajo Aguán”, generó amplias expectativas en el movimiento social por una salida pacífica del conflicto. Sin embargo, a casi un año de la firma del convenio no se ha avanzado en resolver los asuntos sustantivos: la determinación de la propiedad de las tierras en conflicto y la deuda de impunidad.
En tal sentido, es muy preocupante que hoy en día no se haya constituido la Comisión Tripartita que estaría integrada por la Secretaría de la Presidencia, el Comité de las Víctimas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar las violaciones de los derechos humanos, sus causas y mecanismos de reparación.
En estas circunstancias, a 11 meses de la firma del convenio, se han profundizado las contradicciones entre los actores enfrentados, ingresándose a la antesala de una nueva escalada de sangre y violencia que aún es posible detener. Entre tanto, el acuerdo/convenio firmado en febrero del 2022 continúa siendo la mejor opción desde el Estado, para dar fin a la grave conflictividad agraria en esta zona, utilizando métodos pacíficos y democráticos.
Por su parte, para los pobladores de las comunidades de Guapinol y San Pedro, el anuncio del 28 de febrero del 2022 sobre la declaratoria gubernamental como un país libre de “minería a cielo abierto”, creó la expectativa de la solución a la causa del conflicto con la minera Los Pinares.
En efecto, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas emitió un comunicado en el que establecía que se “Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista por ser lesivos contra el Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como derechos humanos”. No obstante, este comunicado no tenía ningún alcance de ley y no tuvo los efectos esperados por las comunidades de Guapinol y San Pedro.
Ante esta situación, desde mayo del 2022, en el marco del nuevo gobierno, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha estado demandando la cancelación de las dos concesiones de explotación de hierro a cielo abierto (una en operación y la otra en espera de la licencia ambiental), ambas pertenecientes a la empresa Los Pinares. Representantes del Comité, el 1 de diciembre del 2022, se apersonaron en las oficinas principales del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), sin posibilidad de un diálogo inclusivo y, por ello mismo, sin que fueran consideradas sus demandas por esta institución estatal.
Ambos casos involucran a sectores poderosos de la élite dominante, los que, incluso, tienen presencia en espacios de toma de decisión del actual gobierno (para el caso, el diario digital ContraCorriente ha puesto en evidencia los vínculos del bufete jurídico del actual Ministro de Gobernación con sectores de esta élite). Pero para el gobierno de la Refundación, el actual conflicto en el Bajo Aguán representa un particular desafío político, en el cual pondrá a prueba su voluntad de modificar aspectos sustantivos del actual modelo de dominación (la tradicional estructura agraria y el manejo sustentable de los asuntos ambientales) y su apuesta por la equidad e inclusión para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
La ineficacia estatal en la protección de los derechos humanos en el Bajo Aguán
En la actual coyuntura, la ineficacia estatal en la protección de los derechos humanos en el Bajo Aguán ha sido reconocida por la Secretaría de Derechos Humanos (Comunicado No 2-2023) al aceptar que las medidas implementadas en esa zona “no han resultado suficientes” para proteger la vida de los defensores de la tierra y el ambiente, en especial en lo que corresponde a la Dirección General del Sistema de Protección y a la Secretaría de Seguridad.
El Sistema de Protección de defensores y defensoras ha padecido de una crisis institucional en este nuevo gobierno, que aún no se resuelve. Sin embargo, este ha sido un mecanismo permanentemente ineficiente e insensible a las necesidades de las organizaciones sociales del Bajo Aguán.
En un estudio que realizó el CESPAD (2019) sobre el rol del Mecanismo de Protección en las comunidades de Guapinol y San Pedro, el liderazgo comunitario recomendaba la incorporación de medidas de protección alternativas a las policiales porque han sido poco efectivas.
De manera más específica en el documento se urgía a:
- Realizar acciones afirmativas dirigidas a afrontar los procesos de criminalización que sufren las personas defensoras de los bienes comunes, tales como el reconocimiento público del Mecanismo y de otras autoridades estatales a la labor de la defensa de los derechos humanos.
- Garantizar un espacio de interlocución entre el Mecanismo de Protección y las personas peticionarias y beneficiarias de las medidas de protección que, a su vez, permita la participación de las personas defensoras de Guapinol y San Pedro en el diseño de sus propias estrategias de protección.
- Asegurar la presencia del Mecanismo en las comunidades de Guapinol y San Pedro para el monitoreo y seguimiento del conflicto. Esto pasa por considerar alianzas estratégicas con las distintas organizaciones de derechos humanos que realizan trabajos de acompañamiento, defensa y promoción de los derechos humanos. Este sería un punto de partida para lograr un trabajo de protección más eficiente y eficaz en beneficio de las y los defensores del medio ambiente.
- Atender de manera diferenciada a las defensoras de los bienes comunes, quienes son víctimas de diversos tipos de violencia que se registran en la zona, tales como violencia intrafamiliar y acoso sexual, producto de su labor de defensoría. Para el caso, las mujeres en Guapinol y San Pedro no cuentan con protocolos de atención diferenciados.
En el régimen de la narco dictadura, el liderazgo comunitario de Guapinol y San Pedro no fue atendido ni escuchado por la Secretaría de Derechos Humanos. A la luz de la actual escalada de violencia, se espera que el actual gobierno considere esas voces y estas recomendaciones, extendiéndolas a las zonas de conflictividad agraria del Bajo Aguán.
Desmontar el modelo de violencia irracional, erradicando las causas estructurales del conflicto
Pero, en definitiva, la única manera de desarticular la estrategia de violencia y de graves infracciones a los derechos humanos es resolviendo las causas del conflicto agrario, las que radican en la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la impunidad en que han operado los actores estatales y no estatales por la protección de los intereses empresariales. La voluntad política y capacidad del gobierno actual es clave para gestionar una solución definitiva pacífica y democrática, teniendo como base el convenio de febrero del 2022.
Por otro lado, resolver la conflictividad en Guapinol y San Pedro solo será posible mediante la derogación de las concesiones, las que han violentado preceptos básicos de la Ley de Minería y el Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Adicionalmente, en este contexto, debe tomarse en cuenta el cabildo abierto del 29 de noviembre del 2019 declaró a Tocoa como un municipio libre de minería.
Finalmente, la actual crisis en el Bajo Aguán coloca al gobierno en la disyuntiva de continuar protegiendo los tradicionales intereses extractivos o dar los primeros pasos hacia reformas sustantivas, tales como la reforma agraria integral con enfoque de género y la protección sustentable del ambiente, asegurando los derechos de las comunidades agrarias, indígenas y afro descendientes.
