Escrito por: Rubén Escobar
De acuerdo con el “Perfil del magistrado”, elaborado por la Junta Nominadora en octubre del 2022, existen una serie de características y requisitos deseables en los futuros magistrados. Algunos son medibles previo a la elección, otros solo serán notorios durante el desempeño del cargo. Pero, ¿qué tanto se acercan al perfil idóneo, los actuales postulantes?
La sociedad hondureña espera que la selección final de candidatos y candidatas a ocupar las 15 magistraturas de la nueva Corte, esté apegada a criterios que resalten la idoneidad técnica, moral y ética.
Para el caso, la Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras), es muy clara y en su Informe Parcial intitulado “Proceso de Elección de Magistrados y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: Etapa Inicial de la Selección por la Junta Nominadora”, realizado a partir de la veeduría que realiza la Misión al proceso y de la visita que realizaron al país entre el 14 y 18 de noviembre del 2022, considera que la selección de candidatos debe tomar en consideración los requisitos delineados en el perfil de magistrados elaborado por la Junta Nominadora.
La MIO-H destaca que esos requisitos incluyen, además de la competencia académica, profesional y laboral, la ética e integridad moral, la independencia e imparcialidad, un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, en particular un demostrado respeto al principio de igualdad y no discriminación y a la equidad de género.
A consideración de la MIO-Honduras, aun y cuando no constituyen un obstáculo legal para la postulación de un candidato la existencia de denuncias, investigaciones o procesos judiciales sobre corrupción, vinculación con el crimen organizado o violencia sexual y de género de cualquier naturaleza, estos aspectos deberían ser considerados en la evaluación a cargo de la Junta Nominadora, al momento de calificarse la integridad, la ética profesional e idoneidad de los y las postulantes.
Diversos sectores consideran que los profesionales del derecho que ocupen las más altas magistraturas judiciales, deben contar con una trayectoria de probidad, como un elemento a ponderarse entre las y los postulantes que superen las distintas etapas eliminatorias.
De igual forma, para la organización Human Rights Watch, los magistrados deben ser electos “en función de sus méritos y no de afinidades políticas, a través de un proceso transparente”.
Transformar el sistema judicial
Para el sociólogo e historiador Rolando Sierra, los magistrados deben ser competentes, conocedores del derecho, de las leyes de Honduras, autónomos de los partidos políticos y de los grupos de poder; con valores como transparencia, equidad y que busquen la verdad.
Solo funcionarios con esas características podrán promover las reformas que la justicia de Honduras necesita. Pero esto pasa por hacer una evaluación profunda de todos los operadores del Poder Judicial para conocer si actúan conforme a las leyes. De igual forma, para hacer los cambios que derriben las redes de corrupción e impunidad, indicó Sierra, quien es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Honduras).
Los magistrados electos deberían seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el sentido de crear un “verdadero Consejo Nacional de la Judicatura”, dedicado a evaluar el desempeño de todos los agentes del sistema; pero también establecer un tribunal constitucional independiente de la Corte Suprema de Justicia, recomendó.
Mientras, el analista y exdiplomático Efraín Díaz Arrivillaga, expresó que la característica más destacable de los magistrados en los países donde estuvo como delegado de Honduras (Alemania, Austria, Suiza), es la independencia, un aspecto que implica tomar decisiones sin influencia de políticos, del Poder Ejecutivo, ni de grupos de poder económico.
Díaz Arrivillaga explicó que más allá de llenar requisitos en un perfil idóneo, para lograr la independencia del Poder Judicial en Honduras, se necesita de la voluntad individual de los magistrados para tomar decisiones sin influencias externas, solo apegadas a la Constitución y a las leyes.
“Y eso está muy ligado al tema de los valores y de la ética personal y pública”, indicó el también excandidato presidencial por la Democracia Cristiana.
Una persona con gran capacidad profesional debe tener como complementos la honestidad, la idoneidad y la ética, de lo contrario “no es el perfil que deseamos” los hondureños, sostuvo.
La medición
Desde mediados del mes septiembre del 2022, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), ha estado realizando una Veeduría Social al Proceso de Selección de Aspirantes a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que desarrolla la Junta Nominadora.
Con el apoyo de cinco jóvenes que han monitoreado de cerca el trabajo de la Junta Nominadora, se ha logrado establecer una base de datos que recopila las características más importantes de los candidatos. El propósito es revisar si estas personas se acercan al perfil idóneo de un Magistrado.
Algunos de los aspectos evaluados, que arrojan resultados de interés, es el que se enfoca en la “formación académica”, y que establece que se requiere por ley, como mínimo, que el postulante sea abogado con el exequátur de notario.
Como formación complementaria resulta “deseable” que tengan una especialidad, una maestría o un doctorado en cualquiera de las áreas de Derecho.
Sobre una base de 101 aspirantes que fueron los que avanzaron luego del proceso de investigación, se encontró que 62 alcanzaron el grado de maestría en diferentes áreas del Derecho.
De este total, 10 tienen al menos dos maestrías, 19 ostentan el grado de doctor, mientras que 15 están certificados en distintas especialidades. Dentro de ese número hay 6 que tienen dos o más especialidades.
La docencia
Sierra indicó que en muchos países del mundo los magistrados judiciales son estudiosos y tratadistas, que han publicado varios libros sobre temas del Derecho. Enfatizó que en Honduras “la mayoría de candidatos y candidatas no tienen ese perfil. Históricamente han sido muy pocos los magistrados que son profesores universitarios o que tienen publicaciones en el campo jurídico”.
Precisamente en el perfil idóneo establecido por la Junta Nominadora, en el ámbito de “contribución al desarrollo del Derecho”, se expone como una condición deseable que un aspirante tenga experiencia como docente.
En esta área al menos 63, de 101 aspirantes, de acuerdo con la veeduría del Cespad, dijeron impartir o haber impartido clases en las distintas universidades de Honduras, especialmente la Autónoma, seguidas de la Universidad Tecnológica de Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana y otras en menor medida.
La gran mayoría de aspirantes da clases a nivel de licenciatura, mientras que 19 imparten en el grado de maestrías y dos para futuros doctores en Derecho.
En el mismo ámbito de “contribución al desarrollo del Derecho” se considera deseable haber contribuido “a la cultura jurídica y social, con publicaciones de libros, folletos, artículos y ensayos en revistas científicas nacionales e internacionales”.
En este apartado hay 48 aspirantes que han realizado publicaciones, en su mayoría artículos en periódicos o revistas especializadas en Derecho y, en menor medida, algunos que han publicado libros.
Dentro de las “competencias cognitivas” se demanda, entre otras cosas, que tengan una sólida cultura general. En este campo, una de las consultas que se les hizo fue la relacionada con el conocimiento en idiomas. De los 101 evaluados, diez reconocieron que solo hablan español, mientras que 26 aseguran hablar “bien” el inglés y 42 lo hablan “regular”. Además, 36 aseguran que lo leen, 31 que lo escriben y 33 que lo traducen “bien”.
En el tema de la experiencia profesional se demanda que haya ejercido el Derecho al menos durante diez años o que haya sido “titular de un órgano jurisdiccional durante cinco años”. Es decir, que se haya desempeñado como funcionario en los tribunales de la República.
En ese sentido, la gran mayoría han tenido experiencia en distintas dependencias del Poder Judicial y solo 36 no se han desempeñado en este poder del Estado. Sin embargo, la gran mayoría de esos 36 ha laborado en distintas dependencias del gobierno y muy pocos se han dedicado exclusivamente al ejercicio privado del derecho.
Responsabilidad histórica
A pocas horas para que la Junta Nominadora presente su lista de al menos 45 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el número de postulantes se ha reducido a 82 profesionales del derecho, de entre los que se seleccionará a los 15 que ocuparán las más altas magistraturas del país.
El analista Díaz Arrivillaga aboga para que en el Legislativo haya acuerdos multipartidarios y que los partidos políticos, especialmente de oposición, no adopten posiciones cerradas.
Consultado sobre la posibilidad de que el Partido Nacional bloquee la elección de una nueva Corte para que la actual prolongue su administración, refirió que “sería un enorme error político y habría un gran daño a la institucionalidad del país. Creo que no estamos ya para eso, no podemos seguir anclados en el pasado, tenemos que ver hacia el futuro”.
De su lado, Sierra reconoció que hasta ahora la Junta Nominadora ha realizado un buen trabajo y que entre esos 82 postulantes hay al menos veinte que se ajustan al perfil del cargo. Sin embargo, recordó que los nominadores solo son un filtro y que la decisión final está en manos de los diputados.
“Es ahí donde la ciudadanía debe exigir que se haga una elección de entre los mejores candidatos”.
A su vez, Sierra recomendó que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil promuevan reuniones con los diputados en los departamentos para exigir que se haga la mejor escogencia, no en base a intereses partidarios o de grupos de poder, sino en los conocimientos y la ética de los abogados.
“En un país caracterizado por la corrupción y los altos niveles de impunidad, es una responsabilidad histórica de los diputados hacer la mejor elección para que Honduras pueda tener un Poder Judicial verdaderamente transparente, que luche contra la corrupción y la impunidad. Ese es uno de los principales desafíos y demandas ciudadanas”, acotó.
Sin embargo, reconoció que en el Legislativo “la batalla va a ser difícil. Son muchas las negociaciones de grupos de poder, de partidos que quieren mantener el poder”. Para elegir a cada magistrado se requieren 86 votos y en vista de que ninguna bancada los tiene es necesario lograr consensos.
Sierra urgió al presidente del Congreso, Luis Redondo, a dialogar abiertamente con todos los diputados bajo el convencimiento de que un cambio es necesario para fortalecer a la Corte Suprema de Justicia y con ello el Estado de derecho.
La sociedad hondureña aspira que, al finalizar el proceso, en el Congreso Nacional se evite que la Corte Suprema de Justicia se vea cooptada o infiltrada por actores vinculados con el crimen organizado y apegados a los esquemas de corrupción estructural que ha provocado muchos daños a la endeble democracia de Honduras.