Escrito por: Gustavo Irías
Con la juramentación de la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 14 de septiembre, este proceso ha ingresado a una nueva fase en los esfuerzos del nuevo gobierno y de la sociedad en general por recuperar el Estado democrático de derecho. La gran expectativa de la ciudadanía continúa siendo la de disponer de un máximo tribunal de justicia decente, independiente, con la voluntad y capacidad de administrar la justicia que alcance a las élites políticas y económicas, hasta ahora protegidas en una sistemática y generalizada impunidad.
Este proceso en su conjunto, está orientado por una nueva norma jurídica: Decreto Legislativo 74-2022 (Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia). A pesar de la larga incertidumbre que generó su tardía aprobación, esta Ley Especial fue elaborada en base a los estándares internacionales para la elección de altos autoridades, registrados en los diferentes informes anuales del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados tales como “elección en base al mérito y las capacidades, transparencia y publicidad, participación ciudadana, igualdad y no discriminación” (CESPAD/ASFC/DPLF). Los aportes al contenido de esta normativa por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Secretaría de Transparencia, fueron esenciales.
Esta nueva normativa, se implementa en un contexto político que esta signado por la transición del viejo régimen autoritario a los esfuerzos por reconstruir y transformar la democracia hondureña. Por ello mismo, una característica central de este contexto es el proceso de reconfiguración de las fuerzas políticas, en el marco del cual se está operando un debilitamiento de los contingentes de apoyo al viejo régimen. Esta situación se ha observado en la elección de los representantes a la Junta Nominadora, en la cual el abrumador respaldo obtenido en el pasado por el Partido Nacional ha dado paso a una configuración de fuerzas más plural. Un hecho significativo en el nuevo agrupamiento de fuerzas, ha sido el triunfo en la asamblea de la sociedad civil de su sector más progresista, agrupado en la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
La Junta Nominadora para la selección de los y las candidatas a magistrados parte con una alta legitimidad de origen. Esta Junta está integrada por representantes de la CSJ, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), las Centrales Obreras, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), del claustro de profesores de derecho de las universidades y de las organizaciones de la sociedad civil. En cuatro de los siete sectores que constituyen la Junta se realizaron asambleas generales, siendo calificadas todas ellas como democráticas, sin acusaciones de fraude y sin impugnaciones. Sin embargo, inevitablemente permeadas por la pugna política por el reagrupamiento de fuerzas que experimenta el país.
La Ley Especial regulará las siguientes fases del proceso de elección y en relación a experiencias anteriores ofrece importantes herramientas para la transparencia y participación ciudadana de las que se había carecido. Tales como, la obligación de la Junta Nominadora a la máxima publicidad de su organización interna, de los acuerdos adoptados, del proceso de selección de los y las autodenominados, al grado del compromiso de disponer de un portal de transparencia donde estará disponible toda esta documentación y de un oficial de información (seleccionado dentro de los miembros integrantes de la Junta). Asimismo, un aspecto relevante de la nueva normativa es el compromiso de integrar el pleno de la Corte en base a equidad de género (por lo menos 7 mujeres, de un máximo de 15 miembros). No menos importante, es el espacio que la ley ofrece para la presentación de tachas y denuncias que la ciudadanía puede presentar sobre las inhabilidades de los y las candidatas, las cuales las Junta Nominadora tiene la obligación de resolver.
La situación descrita abre oportunidades para la veeduría e incidencia de las organizaciones ciudadanas en el conjunto del proceso o por lo menos en sus fases más importantes. Sin embargo, esto obliga a la construcción de una agenda mínima, mayor articulación organizativa y al fortalecimiento de las voces de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales tanto en los niveles nacionales, como en los ámbitos regionales. Otro nivel de articulación interesante sería el de la veeduría ciudadana nacional con la observación de misiones de expertos internacionales.
Ante estos procesos de elección de altos funcionarios, desde hace varios años, ha existido la expectativa en las organizaciones de la sociedad civil hondureña que para que estos procesos sean legítimos debe asegurarse dejar por fuera a los liderazgos partidarios. Es más estas aspiraciones han sido incluso incorporadas en algunas marcos jurídicos, para el caso, la anterior Ley Electoral prohibía que sus magistrados representaran a los partidos políticos, sin embargo, su máximo organismo estaba integrado por reconocidos dirigentes del bipartidismo tradicional. Esta aspiración legítima no ha tenido en cuenta la cultura política como un factor clave que moldea este tipo de decisiones de la institucionalidad pública hondureña. Y la cultura política hondureña, continúa siendo una cultura de negociaciones de cuotas de poder.
En tal sentido, en la coyuntura de la elección de una nueva CSJ la gran esperanza de mejora democrática y transparente es que la Junta Nominadora desempeñe el rol que se le ha otorgado en la Ley Especial, que nomine a las mujeres y hombres con la mayor idoneidad y atributos éticos y morales, permitiendo que el país avance a la conformación de un máximo tribunal de justicia decente, con la voluntad política de administrar la justicia en forma independiente. Una veeduría ciudadana efectiva nacional e internacional, puede contribuir significativamente en este propósito.
Finalmente, el gran desafío del sistema político es que en el marco de la polarización actual, sea capaz de avanzar en la construcción de acuerdos responsables tendientes a reconstruir el Estado democrático de derecho, estableciendo los balances y complementariedad de poderes, asimismo, comprometiéndose con una reforma profunda del sistema de justicia.
