Escrito por: René Estrada
“Es el primer acuerdo regional en América Latina y el Caribe sobre cuestiones medioambientales y es el primer tratado del mundo que contiene disposiciones vinculantes para la protección de los derechos de las defensoras y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos”, dijo el Embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura, al referirse al Acuerdo de Escazú en el foro: “Honduras por Escazú, avanzando hacia la justicia ambiental”.
Pero, ¿qué es el Acuerdo de Escazú y que tiene que ver con la justicia ambiental?
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Política y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, se adoptó en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Este es el primer Acuerdo Regional que garantiza la implementación plena y efectiva del derecho de Acceso a la Información Ambiental, propicia la participación pública en el proceso de toma de decisiones (de las comunidades) y favorece el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.
Para países como Honduras, en donde defender los bienes comunes de la naturaleza y el territorio ha dejado como consecuencia la persecución, criminalización, judicialización y muerte, el acuerdo Escazú contiene una serie de herramientas para la protección de la vida de las y los defensores del medioambiente.
Honduras, uno de los países más peligrosos para la defensa de los bienes comunes
Nadie desconoce que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores y defensoras de los derechos medioambientales. Por eso, dice Segura, “la necesidad de garantizar un entorno seguro para que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su acción en un entorno tolerante de justicia y respeto, así como, prevenir cualquier violación de sus derechos es crucial”.
Según el informe de Global Witness “Última línea de defensa (2021)”, en el 2020 se registraron en Honduras 17 asesinatos a defensores y defensoras de los bienes comunes, convirtiéndose en el quinto país más peligroso del mundo para realizar defensoría del medioambiente.
Isabel Albaladejo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), participó en el foro y afirmó que esta organización registró entre el 1 de enero y agosto del 2021, un total de 72 ataques a personas defensoras de los derechos humanos, que van desde hostigamientos y amenazas hasta el asesinato. De estos, el 75% fueron contra defensores y defensoras de los bienes comunes y el territorio.
Albaladejo añadió que: “los y las defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio que defienden justamente la causa común y la vida en el planeta, paradójicamente, son los más afectados, sobre todo en los últimos años en el país con la profundización del modelo económico extractivo que, lejos de apuntar al desarrollo del país ha generado mayores niveles de desigualdad y pobreza, con un costo en términos de impacto social y medioambiental incalculable”.
Protección para las y los defensores
El Acuerdo de Escazú representa un mecanismo de protección para las y los defensores quienes, además de ser víctimas de violencia y hostigamiento, se exponen a procesos judiciales que los criminalizan.
La OACNUDH agregó en el foro que en el 2021 se registraron persecuciones penales, presuntamente infundadas, en contra de 88 defensores y defensoras medioambientales y en contra de 36 en lo que va de este año.
Quienes defienden el territorio esperan que el Acuerdo de Escazú sea más que un documento protocolario, ya que por las nocivas condiciones en las que realizan su defensoría, exigen que este Acuerdo presente un avance hacia un nuevo marco normativo legal encaminado a la protección de sus vidas.
Por su parte, Julio César Paz, líder de la Tribu Tolupana Las Vegas de Tepemechín, considera que el Acuerdo puede ser “una herramienta para dirimir los conflictos ambientales, apuntarle a la justicia ambiental y a la protección de las defensoras y defensores que han sido criminalizados, asesinados y marginalizados indiscriminadamente”.
Igualmente, Cristopher Castillo, Coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), considera que el Acuerdo de Escazú podría significar “un peldaño más para construir una normativa nacional en torno a la protección de los territorios y el ambiente, pero también de protección para quienes defienden la tierra”.
Sin embargo, a pesar de que Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para defender los bienes comunes, Castillo asegura que es de esperarse que “quienes están acostumbrados a todo el marco de impunidad y de libres acciones agresivas quieran desconocer la acción del Acuerdo de Escazú”.
Una nueva voluntad
Frente a las exigencias por la pronta adhesión del Acuerdo de Escazú en Honduras, Gerardo Torres, viceministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, aseguró que el proceso para la adhesión de este Acuerdo va avanzando y que ya ha empezado la socialización con las diferentes instituciones del país.
Asimismo, reconoció que el país tiene una tradición muy fuerte de lucha por la justicia ambiental, pero también tiene una tradición nefasta de los sectores de poder que consideran los recursos naturales como “algo para extraer y a las comunidades como algo que estorba para saquear”, por eso reafirmó su compromiso con la causa.
Aunque hasta la fecha las autoridades evidencian “voluntad política”, Torres aseguró que hay resistencia a la adhesión del Acuerdo dentro de las instituciones y que se debe trabajar de manera coordinada y estratégica para conseguir avances en materia de justicia ambiental.
Por parte de la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), el secretario Lucky Medina, recalcó que “lo importante no está en la adhesión si no, en la implementación del Acuerdo. Firmarlo es sencillo, pero queremos asegurar condiciones y no queremos hacerlo de manera forzada.”
Escazú, ¡ahora!
Por el contexto de atropello a los derechos humanos y ambientales en el cual se encuentra Honduras, la adhesión al Acuerdo de Escazú es urgente. Sin embargo, el camino será largo ya que, el modelo económico extractivista que impera en el país no será fácil de desmontar.
A pesar de ello, La Red Hondureña por Escazú, integrada por el ERIC-SJ, FOSDEH, CESPAD, Sustenta Honduras, la Tribu Tolupán Tepemechín, FIAN Honduras, el Movimiento Laudato SI, Coalición Ambientalista de Copán, COPA, ARCAH, MILPAH, Plataforma Internacional Contra la Impunidad, FES Honduras, IDAMHO, ASONOG, ARCAH, C-Libre, la Tribu Tolupana MinaHonda, Mis Gestos Dejan Huella y la CONAMINH, son organizaciones que están comprometidas con la promoción y desarrollo de acciones de socialización e incidencia que conlleven a la adhesión e implementación del Acuerdo en este país centroamericano.
