Escrito por: Gustavo Irias
La realización este 7 de septiembre del Foro Internacional “Honduras por Escazú: avanzando hacia la justicia ambiental”, auspiciado por la Red Hondureña por Escazú, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, y la Unión Europea es, sin duda, el evento más relevante de esta semana. En especial, porque facilitó un espacio de diálogo entre la Red Hondureña, funcionarios nacionales e internacionales en clave de derechos humanos y justicia ambiental.
En la última década, los diferentes informes de organismos internacionales y nacionales registran la alta infracción de los derechos humanos a los y las defensoras del ambiente, incluido su derecho a la vida, y las exigencias y recomendaciones al Estado hondureño por la aplicación de medidas de protección y castigo para los perpetradores, así como la emisión de políticas públicas para asegurar la no repetición de estos hechos.
Tan grave ha sido esta situación, que en el 2017 Honduras fue calificada como “el lugar más peligroso para los activistas del medio ambiente”. En su informe de ese año Global Witness aseveró que “No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras (…) desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”[1].
Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ante este grave contexto, en su informe anual sobre Honduras del 2019 instó al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones “en relación a las actividades extractivas de explotación o desarrollo”, las cuales deberían girar “en torno a seis ejes centrales: (i) el deber de adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) el deber de prevenir las violaciones de derechos humanos, (iii) la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales, (iv) el deber de garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, (v) el deber de prevenir actividades ilegales y formas de violencia, y (vi) el deber de garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación adecuada de las violaciones de derechos humanos en estos contextos”[2].
¿Qué es el Acuerdo de Escazú y sus implicaciones en la defensa del ambiente en Honduras?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado por un conjunto de países latinoamericanos en la localidad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018 y entró en vigencia el 22 de abril de 2021.
El objetivo de este instrumento jurídico regional es registrado en el Articulo #1 del Acuerdo, el cual apunta a “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. En la realidad hondureña, la adhesión a este Acuerdo tendrá importantes implicaciones a favor de las y los defensores del ambiente, la tierra y el territorio estigmatizados, criminalizados y asesinados en el transcurso de los 12 años de regimen autoritario.
Su adopción efectiva podría tener impactos significativos en reducir y/o gestionar democráticamente la actual conflictividad agraria y socioambiental, esto por lo siguiente:
- Permitiría el acceso a la información pública ambiental, particularmente en aspectos que en el presente se mantiente bloqueados, para el caso, informes de evaluación del impacto ambiental, licencias y permisos ambientales expedidos por la autoridad pública, igualmente, información sobre residuos contaminantes y otros aspectos.
- Habilitaría la participación del público en la toma de decisiones ambientales que afectan sus vidas, que incluye las “revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”. Esta participación incluiría tanto a pueblos originarios, como a comunidades agrarias y cualquier segmento poblacional afectado o que eventualmente pueda ser afectado su entorno natural por los llamados proyectos de desarrollo.
- Reconocería el acceso a la justicia en asuntos ambientales, no solamente lo referido a las universales garantías del debido proceso, sino que también el ajuste del marco jurídico nacional que asegure las impugnaciones judiciales y administrativas por cualquier “decisión, acción u omisión relacionada” con la negación al acceso a la información ambiental, los bloqueos a la participación ciudadana en la toma de decisiones, y, la adopción de decisiones adversas al medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado, el 4 de marzo de 2018, por 16 paises de un total de 33 pertenecientes a América Latina y el Caribe. Sin embargo, a esta fecha apenas lo han ratificado 14 países[3]. Los más recientes han sido Chile (13 de junio, 2022), y, Colombia (26 de julio, 2022). En ambos casos, coincide con el cambio del signo político de gobierno.
El gobierno de Xiomara Castro y el Acuerdo de Escazú
Aunque este Acuerdo no aparece en el programa de gobierno de LIBRE, ni fue parte de las promesas del discurso de toma de posesión ni del discurso de los primeros 100 días de la presidenta Xiomara Castro, en el actual gobierno se ha avanzado en torno al Acuerdo de Escazú de manera sustancial, si se compara con el gobierno anterior. Hasta ahora, en el proceso de consulta al interior de las instituciones estatales involucradas (Secretaria del Ambiente, Derechos Humanos, Planificación Estrategica, Relaciones Exteriores, entre varias). Pero quien ha colocado este tema en la agenda no ha sido la institucionalidad estatal, sino que la Red Hondureña por Escazú, coalición de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, quienes desde el gobierno de Juan Orlando Hernández han demandado la adhesión de Honduras a este Acuerdo regional.
Esto puede explicar los diferentes compartimientos políticos en este tema de los tres gobiernos progresistas electos recientemente, por su orden, Honduras, Chile y Colombia.
En Honduras ha sido necesario el trabajo de influencia e incidencia de la sociedad civil para que el Acuerdo sea incluido en la agenda pública. Además, no puede desconocerse la presencia de sectores conservadores en la administración pública y la fuerte cuota de poder que aún mantienen las elites extractivistas en la economía y política hondureña, por supuesto, opuestas a que Honduras sea Estado Parte de Escazú acontumbradas a imponer sus intereses por medios anti-democráticos, por la fuerza y la violencia. Aún no terminan de procesar que el Acuerdo de Escazú es una herramienta para la gestión democrática y civilizada de la conflicividad socio ambiental.
En tal sentido, no resulta extraña la declaración del Vice Canciller, Gerardo Torres, en el Foro Internacional del 7 de septiembre, al reconocer que «Hay resistencia al Acuerdo de Escazú, no se los voy a negar, y tenemos que ver cómo avanzamos de manera coordinada para lograr esa justicia ambiental». Los sectores progresistas del gobierno necesitan el apoyo de la sociedad civil y de los movimientos sociales para avanzar hacia la adhesión a este importante acuerdo, pero la Red Hondureña no podrá debilitar su trabajo de influencia y presión. Es un pulso de fuerzas entre los sectores que propugnan por la justicia ambiental y los sectores que apuestan por mantener el actual “orden de cosas”.
Si el camino hacia la firma del Acuerdo está siendo difícil, mucho más compleja será la fase de su implementación, en la cual se necesitaran ajustes y reformas al marco normativo. El Acuerdo Regional en su artículo 4, numeral 3, establece que “cada Parte adoptará todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del presente Acuerdo”.
A pesar de las vacilaciones de una parte del gobierno y de la oposición de la elite extractivista, el actual contexto político es propicio para avanzar y ser optimista que es posible construir nuevas reglas del juego más democráticas e incluyentes en la gestión de la grave problemática ambiental.
[1]file:///C:/Users/CESPADHN/Downloads/Informe_de_Global_Witness_sobre_asesinatos_en_Honduras_EMBARGADO.pdf
[2] http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras2019.pdf
[3] https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos