Por Claudia Mendoza, periodista del CESPAD
- Introducción
Durante los últimos tres años, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), ha estado realizando una diversidad de documentos de análisis, investigaciones académicas, escritos periodísticos, entre otros, que han evidenciado y puesto en el “tapete de la discusión”, la forma en cómo han operado (porque siguen vigentes) y han saqueado el dinero de erario hondureño, las redes de corrupción en Honduras. El trabajo ha estado sustentado en algunos de los casos de corrupción, de entre no menos de 12, que dejó instalados ante el sistema de justicia hondureña, la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad (MACCIH), durante su vigencia, entre el año 2016 y el 2019.
El trabajo que desarrolló la extinta Misión, aparte de visibilizar la corrupción con nombres y apellidos, evidenció que no es un problema aislado, sino que se trata de un entramado en el que confluyen una diversidad de actores que han ido perfeccionando sus mecanismos para saquear, a ultranza, el dinero del Estado de Honduras.
Más en específico, los casos que documentó y llevó ante los tribunales de justicia la MACCIH, como el caso Pandora, Corrupción sobre Ruedas, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Narcopolítica y la Caja Chica de la Dama, entre otros, dejan de forma muy clara, precisa y contundente que las redes de corrupción se han integrado por personajes del mundo político, del engranaje gubernamental y de la empresa privada: diputados, funcionarios de secretarías de Estado y direcciones clave; ex funcionarios, empresarios y personas particulares.
En el marco de los logros con el trabajo realizado por la MACCIH, es importante retomar definiciones relevantes como las propuestas, por ejemplo, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera el impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente, para el goce y ejercicio de los derechos humanos. Es decir, desde la perspectiva de derechos humanos, la corrupción es un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado, y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y afecta el acceso a los derechos humanos[1].
Pero, más allá de conceptualizar o identificar las afectaciones que deja a su paso la corrupción y esas redes criminales, este documento pretende poner en perspectiva los elementos clave, pistas y aportes que dejaron las investigaciones de la MACCIH para comprender y, en el mejor de los casos, de cara a la nueva administración de gobierno, analizar qué hacer para revertir el uso y práctica de esas redes nefastas, en un contexto gobernado por la corrupción y sus secuelas deleznables como la pobreza, pobreza extrema, desigualdad e inequidad social.
Como bien es sabido, las redes de corrupción han establecido un marco jurídico e institucional para evitar su acceso a la justicia, tanto reformando como aprobando nuevas leyes. Una de las prioridades del nuevo gobierno es precisamente la lucha contra la corrupción, sin embargo, esto pasa por la correlación de fuerzas que se tenga en el Congreso Nacional y, por ello mismo, por el talento y capacidad de la coalición triunfante de ampliar sus políticas de alianzas que les permitan desmontar los pactos de impunidad impuestos por la élite del régimen político derrotado en las urnas.
2. Los casos emblemáticos con redes de corrupción
El CESPAD ha sistematizado la información de los casos más emblemáticos y de impacto, documentados e investigados por la MACCIH, debido a que son aportes fundamentales que permiten analizar el andamiaje sobre el cual se han sostenido las redes de corrupción para dirigir operaciones dentro del sistema político, en especial desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
A continuación, de forma breve, retomaremos los elementos principales que ponen en perspectiva algunos de esos casos de alto impacto.
La Caja de Pandora
Este es el caso número cuatro que presentó públicamente el binomio MACCIH-UFECIC, del Ministerio Público. Se dio a conocer el 13 de junio del 2018; inicialmente implicaba a 38 personas, de entre las que destacaban tres categorías: funcionarios públicos, diputados y empresarios y ciudadanos particulares a quienes se les acusó de, al menos, cinco delitos: abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo con la (entonces) UFECIC, ahora UFERCO, mediante este caso de corrupción se desviaron 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG). Para la erogación de ese dinero se utilizó como excusa el financiamiento y ejecución de proyectos de capacitación a jóvenes rurales, proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas para madres jóvenes, en varias comunidades de al menos 8 departamentos de Honduras, pero que terminaron en los bolsillos de políticos, funcionarios públicos, personas particulares, y, además, sirvieron para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández en el año 2013[2].
La sustracción de ese dinero se hizo a través de dos fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, dos estructuras que fueron creadas para fungir como plataformas para la concreción de ese robo millonario, que aconteció entre los años 2012 y 2013
Corrupción sobre Ruedas
Este es el caso número 13 que investigó el binomio MACCIH-UFECIC, al que decidió denominar “Corrupción sobre ruedas[3]”. Este caso ha sido simbólico y muy representativo porque se vincula a una red de funcionarios de Casa Presidencial, durante la administración del gobierno de Juan Orlando Hernández, en actos de corrupción.
De forma específica, este caso logró evidenciar la forma en cómo operó una red que estaba dirigida por Hilda Hernández Alvarado, la extinta hermana de Juan Hernández Alvarado, perteneciente al Partido Nacional.
Este caso, de acuerdo con la investigación, se deriva del Caso Pandora. A través de esta investigación, se confirmó el drenaje de por lo menos 11.4 millones de lempiras de los recursos del Estado, tal como lo comprobaron los medios de prueba y la colaboración de testigos protegidos que sustentaron un informe preliminar de auditoría forense.
Entre otras estructuras, en este caso se vincula a Casa Presidencial, al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Programa de Asignación Familiar (PRAF), y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Como estructura alterna, para canalizar los fondos desviados del llamado Bono 10 mil, se utilizó una empresa de fachada (Servicios e Inversiones AID), creada por personajes desde Casa Presidencial.
El dinero que se robaron, mediante ese mecanismo, fue sustraído entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014. Una de las cantidades en cuestión, entre otros montos gastado, son 11.4 millones lempiras, que fueron retirados mediante 104 débitos.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público[4], estos fondos fueron empleados para el financiamiento de la campaña política del 2013, arrendamiento de vehículos blindados utilizados por personajes del partido de gobierno en la campaña política, pago de publicidad y propaganda política, gastos de hospedajes a los asistentes de una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo del 2014 e incluso para el pago de tarjetas de créditos personales.
La Caja Chica de la Dama
La “Caja Chica de la Dama” fue el segundo caso judicializado por el equipo integrado MACCIH-UFECIC, que involucra a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, junto a dos cercanos colaboradores. Bonilla es la esposa de Porfirio Lobo Sosa, quien fue presidente de Honduras entre los años 2010 y 2014.
Este es el caso que devela, por primera vez en la historia del país, el involucramiento de una ex primera dama en el robo de fondos públicos desde un despacho que ha pasado inadvertido en Honduras, pero que ha sido receptor de cuantiosos recursos financieros manejados en la absoluta discrecionalidad y con ausencia plena de mecanismos de publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
A Bonilla de Lobo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la denunció por la compra irregular de zapatos y uniformes escolares para niños y niñas de bajos recursos, cuyo monto de inversión fue de unos 20 millones de lempiras, administrados fraudulentamente. A Bonilla también se le acusó de recibir dinero de la embajada de China-Taiwán en Honduras y de asociaciones y personas particulares. Durante ese período se sustrajeron 16,8 millones de lempiras mediante la emisión de unos 70 cheques[5].
Fraude sobre el Gualcarque
Este caso, que fue presentado ante el sistema de justicia el 4 de marzo del 2019, muestra una fuerte evidencia probatoria sobre cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fuese beneficiada con la concesión del Proyecto Agua Zarca, en medio de una serie de irregularidades como las advertencias desde diversos informes técnicos y las flagrantes violaciones a la legalidad en su aprobación.
Este caso tuvo su origen en las más de 40 denuncias que fueron presentadas por la lideresa indígena Lenca y ambientalista, Bertha Cáceres, entre ellas algunas con las cuales se acusa a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), de haber recibido contratos favorables para suministrar energía eléctrica, en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Cabe destacarse que pese a las reiteradas denuncias que hizo Cáceres ante el Ministerio Público, en su momento, el sistema judicial hondureño las desestimó, una acción que colocó en alto riesgo su vida hasta que, finalmente, la lideresa indígena fue asesinada el 3 de marzo del 2016.
Varios funcionarios públicos, en particular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), fueron acusados de unos 16 delitos para beneficiar a la empresa DESA. Entre los delitos destacan: fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos. Una sistematización que hizo el CESPAD sobre este caso, documenta las formas, mecanismos e instrumentos que utilizaron las redes de corrupción para favorecer a DESA, entre el año 2010 y el 2019[6].
Narcopolítica
Este fue el caso número 12 que presentó el equipo integrado por la UFECIC-MACCIH, el 24 de mayo del 2019. Narcopolítica evidenció cómo el lavado de dinero del narcotráfico se filtró en 21 contratos que la entonces Secretaría de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), otorgó a la empresa Inmobiliaria Rivera Maradiaga, Sociedad Anónima de Capital Variable (INRIMAR S.A. de C.V.), propiedad del grupo delictivo Los Cachiros, por unos 69 millones de lempiras.
De acuerdo con la investigación de la MACCIH, 15 contratos correspondían a proyectos u obras de pavimentación de calles en la ciudad de Tocoa, por un monto de 25.3 millones de lempiras, y 6 proyectos de emergencia para la reconstrucción de calles y vados en el departamento de Olancho, por un monto de más de 43 millones de lempiras.
Los juicios contra narcotraficantes hondureños en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en los EE.UU., han develado el financiamiento de los narcos a las campañas electorales de políticos de alto nivel, como el presidente y expresidentes. También se menciona a militares y policías de alto rango y que han ocupado puestos relevantes en la cúpula militar y policial.
En la última década ha salido a la luz pública el involucramiento de políticos en negocios ilícitos, relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Narcopolítica devela, precisamente, la penetración del narcotráfico a gran escala, al punto de calificarse al país como narcoestado o, cuando menos, un narcogobierno[7].
3. Entendiendo las redes de corrupción en Honduras: los aportes de los casos de corrupción de la MACCIH
Hasta antes del funcionamiento de la MACCIH, en el 2016, y de las investigaciones realizadas durante la administración de gobierno de Juan Orlando Hernández, las organizaciones delictivas, denominadas “redes de corrupción”, no habían sido tan amplia y específicamente documentadas en Honduras.
De allí la importancia de retomar algunos aspectos importantes que evidencian cómo funcionan y, en particular, como se cita en la introducción, analizar qué hacer para revertir el uso y práctica de esas redes, para fortalecer la vida democrática y transparencia del país.
I. El uso de puestos claves dentro de la estructura gubernamental
Hay algunos casos de corrupción que investigó la MACCIH, en especial casos como Pandora, Arca Abierta y Narcopolítica, Caja Chica de la Dama y Fraude sobre el Gualcarque, que tienen algunos denominadores comunes en relación con el uso de las instituciones del Estado, oficinas y direcciones que fueron utilizadas como medio de sustracción del dinero público.
1) Casa Presidencial y el Congreso Nacional
En principio, y como dos grandes instituciones estatales, se citan Casa Presidencial y el Congreso Nacional, las que se constituyen en las dos dependencias centrales, articuladoras de las redes de corrupción, y que han utilizado su poder para estructurar los mecanismos para facilitar y blindar las acciones criminales.
Al hacer un análisis de la operacionalización de esas redes, el escenario perfila un círculo perverso, con un importante uso y manipulación de instituciones de segundo y tercer nivel que sirvieron de eslabón en esas cadenas de corrupción.
A) Instituciones de segundo y tercer nivel, piezas fundamentales en la corrupción
La Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC).
Esta dependencia está anclada en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, dependiente de la Secretaría General. Desde su surgimiento, mediante Acuerdo Ejecutivo 770-A-2003, que contiene la normativa que la regula, a la URSAC se le estableció que, entre otras cosas, “estará a cargo de un director y tendrá como finalidad crear un registro de las asociaciones civiles cuya concesión o cancelación de personalidad jurídica corresponda al presidente de la República por sí o por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización”[8].
Las investigaciones de la MACCIH han evidenciado que, para justificar la salida de dinero desde diversas dependencias estatales, ha sido necesaria la conformación de estructuras como oenegés o fundaciones. De hecho, diversos medios de comunicación y organizaciones de lucha contra la corrupción han documentado que, al menos, unas 53 organizaciones sin fines de lucro han recibido en los últimos años, “más de 70 millones de dólares en la última década, que se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes”[9].
Secretaría de Finanzas y la Banca Nacional
Estas dos estructuras son importantes en el engranaje de la corrupción. En principio, la Secretaría de Finanzas es la entidad a través de la que se han autorizado y erogado las millonarias cantidades de dinero que se desviaron en todos los casos de corrupción documentados por el binomio MACCIH-UFECIC, ahora UFERCO.
Ese dinero ha ido a dar, precisamente, a diversas Bancos del Sistema Financiero hondureño, el que, de acuerdo con entendidos en el tema, ha tenido un importante papel en la cadena de corrupción, ya sea por acción u omisión. La extinta Misión documentó al menos 12 casos de corrupción y todos, sin excepción, como cita un análisis del CESPAD, tienen un denominador común: “Bancos que han sido receptores de millones y millones de lempiras que han sido saqueados del erario y que pertenecen a un sistema financiero[10] que en el país ha guardado un silencio que para muchos ha sido cómplice de la corrupción pública”.
B) Otras instituciones usadas discrecionalmente
Aunque el uso de las instituciones del Estado, como eslabón en la cadena de corrupción, es probable que dependa (en gran parte) de las personas que se colocan para dirigirlas, basado en la cercanía con las altas esferas de las redes, incluyendo al presidente del país, también hay una fuerte correlación con el tipo de proyectos que se diseñaron para servir como mampara para la sustracción de dinero.
En ese sentido, los casos documentados por la Misión, dan cuenta de una conexión con:
- El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).
- Programa de Asignación Familiar (PRAF).
- Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)[11]
- Proyectos puntuales creados desde Casa de Gobierno, como el proyecto “la cachureca”, que se utilizó para lavar dinero.
- La extinta Secretaría de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI)
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
- Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
- El despacho de la primera dama
- La Secretaría de Comunicación
Las dependencias estatales y su uso para el robo de dinero del Estado, pueden cambiar tomando en cuenta, como se cita atrás, el tipo de proyectos que utilicen las redes de corrupción como justificación para la sustracción de fondos. Se entendería, entonces, que, ante la eventual conformación de otras redes de corrupción, el uso de las oficinas estatales estará sujeto a la forma en la cual las redes definan operar internamente. Por lo pronto, entre otras más, desde las dos últimas administraciones de gobierno, estas son algunas dependencias que se utilizaron para canalizar el dinero objeto de robo.
C) Decretos Ejecutivos de Emergencia
La emisión de decretos de emergencia desde la Presidencia de la República, mediante Consejo de Ministros, fue otro mecanismo importante en la administración del gobierno Hernández, para la aprobación de presupuestos y ampliaciones presupuestarias para la ejecución de contratos y negocios ilícitos como mecanismos para lavar dinero.
En casos concretos como el de Narcopolítica, que sirvió para financiar campañas políticas, el gobierno central, en Consejo de Ministros, emitió este tipo de decretos para hacer más expedita la forma de robar dinero.
D) Proyectos sociales inexistentes para de grupos vulnerables
Cuando se revisa de forma detenida la documentación y el argumento que se utilizó para la salida de dinero, algunos casos de corrupción también tienen como denominador común la manipulación de la pobreza y de grupos vulnerables para sustraer fondos públicos. Citamos, para efectos ilustrativos, lo siguiente:
- Proyectos de capacitación a jóvenes rurales.
- Proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas para madres jóvenes.
- Proyectos para niños pobres (donación de zapatos/caso primera dama).
- Recursos para el cuidado del medio ambiente (caso Planeta verde).
Es decir, la pobreza es y sigue siendo, en la mayoría de casos documentados, la excusa perfecta para la estructuración de proyectos sociales que sirvieron de panacea para el robo millonario de dinero público.
A manera de recomendaciones
Las instituciones estatales de mayor preeminencia, como Casa de Gobierno, dentro del Poder Ejecutivo, y el Congreso Nacional, dentro del Poder Legislativo, han sido una especie de “cabecillas” de las redes criminales que han sustraído millonarias cantidades de dinero del erario hondureño. Los casos indican que desde estos dos espacios se han planificado las redes y se ha definido el tipo de proyectos y las oficinas de segundo y tercer nivel que fungirían como conductos de la corrupción.
En ese sentido, se recomienda lo siguiente:
Para Casa Presidencial
- Es importante que se creen mecanismos, con compromisos internos desde Casa de Gobierno, acuerpadas por las organizaciones contraloras para vigilar el manejo del dinero que se eroga, a través de las dependencias y proyectos del gobierno central que (con base en la experiencia de los casos develados por la MACCIH), han sido canales o conductos para la sustracción del dinero hacia los integrantes las redes de corrupción que operan adentro y afuera.
- Conformar la Comisión Internacional contra la Corrupción, como mecanismos de apoyo en la creación de un efectivo sistema anti-corrupción, en la investigación de los delitos de corrupción y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales.
Para el Congreso Nacional
- Con el Congreso Nacional, la situación se torna más difícil habida cuenta el dinero que se le entrega a las y los diputados para proyectos sociales, está autorizado legalmente, mediante fondos como el Departamental, entre otros, que han servido para la erogación de miles de millones de lempiras durante décadas.
- Con base en lo anterior, en el nuevo gobierno es imperioso una agenda inmediata en la lucha contra la corrupción, con los puntos que siguen:
- Derogar el Decreto 116-2019 que creó el fondo de desarrollo departamental, debido a su carácter inconstitucional, particularmente porque el mandato de los diputados y diputadas no es ejecutar proyectos sino crear, derogar leyes e interpretar la Constitución de la República.
- Mediante un nuevo reglamento interno, el nuevo Congreso Nacional deberá prohibir la ejecución de fondos públicos, en cualquier modalidad, por los congresistas, debido a que es una de las principales fuentes en que opera la corrupción política y la compra de votos, distorsionando la esencia de la democracia.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
[2] http://cespad.org.hn/Documento-Pandora%20-0-1-2020.pdf
[3] http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2021/09/Corrupcion-sobre-ruedas-IMPRESION-Final.pdf
[4] https://www.mp.hn/publicaciones/confirman-auto-de-formal-procesamiento-contra-siete-implicados-en-el-caso-corrupcion-sobre-ruedas/
[5] http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2020/01/Documento-CAJA-CHICA-WEB.pdf
[6] http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2021/05/Gualcarque-WEB.pdf
[7] https://cespad.org.hn/2020/10/08/narco-politica-el-caso-que-pone-en-evidencia-el-financiamiento-del-narcotrafico-a-las-campanas-politicas-en-honduras/
[8] https://www.sgjd.gob.hn/quienes-somos/dependencias/subsecretaria-de-justicia/17-direccion-de-regulacion-registro-y-seguimiento-de-asociaciones-civiles
[9] https://www.univision.com/noticias/america-latina/exclusiva-la-caja-de-pandora-de-la-corrupcion-en-honduras
[10] https://cespad.org.hn/2021/11/18/el-silencio-del-sistema-bancario-sobre-el-dinero-que-los-corruptos-depositan-en-los-bancos-del-pais/
[11] Esta Secretaría, que fue creación exclusiva de la administración de gobierno de Juan Orlando Hernández, fue clave porque a través de ella se canalizaron muchos fondos para diversos y variados proyectos sociales que, de acuerdo con denuncias, sirvieron para sustraer dinero público para financiar campañas políticas.