El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó “El perfil deseado de la CICIH, una mirada desde la Sociedad Civil”, un documento que plantea una serie de recomendaciones al gobierno de Honduras, sobre la base del análisis del perfil que debe tener el mecanismo internacional anticorrupción, tomando en cuenta el contexto del país.
Inicialmente, el documento hace un esbozo de la lucha contra la corrupción en la región, a partir de la experiencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). De ambas experiencias, el texto plantea las lecciones aprendidas que deben tomarse en cuenta en el marco de la demanda ciudadana por la instalación de Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El documento esboza los avances y en especial los obstáculos que persisten dentro del Poder Legislativo y Ejecutivo para avanzar en el establecimiento de la Misión Internacional. Asimismo, las condiciones necesarias para la instalación de la CICIH, tomando como antecedente las condiciones jurídico-políticas previo a la instalación de la MACCIH en el 2016, la respuesta de la élite gobernante al trabajo de esa Misión, y las condiciones actuales en el país.
En el documento de análisis, el CESPAD identifica y analiza tres condiciones importantes que deben concretarse para que la instalación de la CICIH sea una realidad: el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento, la derogación de la normativa denominada “pactos de impunidad”, y la voluntad política del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
Al ahondar en el análisis, el centro de pensamiento plantea un perfil sobre cómo debe ser el mandato de la CICIH, sus objetivos, líneas de acción para el fortalecimiento del sistema de justicia nacional, sus funciones y facultades.
Sin embargo, para el centro de pensamiento un aspecto de trascendencia es el rol de la sociedad civil en la CICIH. Por eso es importante que el convenio final contemple un mecanismo de participación activa de la sociedad civil, partiendo de la premisa de que su instalación es el resultado de las exigencias ciudadanas y de la indignación colectiva.
“Garantizar un espacio de convergencia entre la institucionalidad hondureña anticorrupción, la Comisión Internacional y la sociedad civil organizada es vital para lograr un desmontaje integral del sistema, porque facilita la impunidad a las redes de corrupción y el crimen organizado”, dice el CESPAD, ente que plantea varios aspectos que deben cumplirse para garantizar a la ciudadanía un espacio en el convenio que se firme.
No menos importante, el CESPAD increpa que en el país debe entrar en vigencia una CICIH con enfoque de derechos humanos y que se haga una correcta definición de su salida del país, que garantice la protección para las y los operadores de justicia y personal nacional involucrado durante su vigencia y fin del mandato del Mecanismo
El documento finaliza con las siguientes conclusiones. Por su importancia, se citan a continuación:
- La CICIH es una demanda ciudadana y, por ende, la sociedad civil debe ser parte del proceso de instalación, a través de mecanismos de participación a lo largo de la vigencia del trabajo. Es urgente que el Gobierno reconozca en la ciudadanía un aliado y garantice espacios de interlocución para la entrega de propuestas, el acceso a la información, veedurías ciudadanas y el reconocimiento de las víctimas.
- La CICIH debe ser un mecanismo imparcial, independiente y autónomo para que se pueda garantizar la persecución penal en contra de las redes de corrupción. Es vital que la Comisión cuente con las facultades y funciones que le permitan la libertad de actuación y administración.
- El principal objetivo de la CICIH debe estar orientado en la persecución penal de las redes de corrupción. Es importante que, en el convenio, las líneas de acción estén delimitadas para evitar que el esfuerzo se disperse en otras acciones que, a largo plazo, abran el paso para cuestionamiento de la efectividad del Mecanismo.
- Es vital que la CICIH tenga la facultad de querellante adhesivo o acusador privado para que pueda participar activamente en los procesos penales. Asimismo, es importante destacar que esta figura ya se encuentra contemplada en la normativa nacional por lo que no es necesario una reforma constitucional.
- La CICIH, en su combate a la corrupción, debe mantener un enfoque de derechos humanos, que reconozca a las víctimas directas y que asegure los principios básicos de justicia, reparación y no repetición. Asimismo, se deben aplicar medidas de restitución que beneficien a las comunidades y sectores afectados por los delitos conexos a la corrupción.
- Se debe avanzar en la delimitación de un plan de salida de la CICIH, que incorpore las condiciones básicas de un sistema de justicia independiente y garantice la protección del personal nacional, así como la ciudadanía involucrada en la lucha contra la corrupción.
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