Por Xiomara Orellana
Los magistrados y magistradas son el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial de Honduras. Su jerarquía se ubica sobre las Cortes de Apelaciones, las Salas, los Tribunales de Sentencia, los Juzgados, entre otros. Están a la cabeza de una estructura de peso y poder que puede o no corromper la impartición de la justicia. De allí la necesidad de responder ¿cuál es la importancia de la correcta selección de las y los magistrados hondureños?
Los magistrados y su poder dentro del Poder Judicial
En teoría, en términos de independencia, los magistrados no pueden girarles órdenes a las otras unidades jurisdiccionales porque deben respetar su autonomía. Sin embargo, la influencia y el poder que tienen estos funcionarios judiciales puede ser insospechada. Y es que su poderío comienza desde adentro de la estructura; en la actualidad, el trabajo de administración del personal le corresponde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su conjunto y, en específico, al presidente de la Corte.
Esa función antes le pertenecía al Consejo de la Judicatura, ente que tenía bajo su responsabilidad las funciones de administrar los recursos tanto humanos como económicos del Poder Judicial. Pero eso cambió después de la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta, de la certificación de la sentencia sobre un recurso de inconstitucionalidad que aprobó el pleno de la Corte, el 13 de abril del 2016.
El manejo de puestos y cargos lo ejerce la CSJ, por eso allegados a estas estructuras dicen que, en la práctica, quien decide o tiene la última palabra es el presidente de la Corte. Es decir, todos los nombramientos, destituciones, traslados, amonestaciones, por ejemplo, están en manos del presidente. La potestad de quién ingresa o es separado de su cargo, también le corresponde a quien ostenta este cargo.
Los magistrados están al mismo nivel que el presidente, desde el punto de vista administrativo. Ellos también pueden incidir en los nombramientos, con llamadas telefónicas y recomendaciones. “Es una situación que, aunque no esté escrita en ningún lado, sucede frecuentemente. La función administrativa está reservada para la CSJ”, explica Mario Díaz, Juez de Sentencia.
Muchas decisiones que se toman en los Juzgados de Paz o de Letras tienen “línea”, afirman varios abogados consultados, porque desde arriba se giran instrucciones para que las resoluciones se hagan conforme a los intereses del grupo o grupos de poder que forman parte de un caso judicial.
Uno de los casos emblemáticos que reflejó este comportamiento desde las esferas judiciales es el de Guapinol. Nadie desconoce la serie de violaciones al debido proceso, que acarrearon graves violaciones de derechos humanos de los ocho defensores de la zona que estuvieron casi 30 meses privados de su libertad.
Los líderes de la comunidad salieron libres, luego de una invisible pero tangible conspiración entre altos mandos de la Corte Suprema de Justicia y los ejecutivos de Inversiones Los Pinares, la empresa que pretende instalar una mina en la zona de Guapinol, en el departamento de Colón, Honduras.
En ese caso, dicen los consultados, hubo irregularidades como las cometidas en el proceso, la emisión de prisión preventiva prolongada para los acusados, cambios de Tribunales y Jueces, retardo en resolver recursos y dictar resoluciones. Este es un ejemplo de cómo la influencia de los magistrados llega hasta los juzgados de los poblados más lejanos del país, como respuesta a la presión e injerencia de empresas y personas influyentes.
¿Por qué elegir a los mejores?
Los 15 magistrados son piezas clave en el Poder Judicial porque, en teoría, tienen el conocimiento suficiente para resolver sobre diversos asuntos. Por eso se asignan en las cuatro salas del Poder Judicial: Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil, Sala de lo Penal, y Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Constitucional está integrada por un presidente y cinco magistrados, las demás, por un coordinador y tres magistrados.
Cuando los magistrados llegan a la CSJ “se reparten las cuotas para colocar a personas afines en los Juzgados”, dice Joaquín Mejía, abogado.
De allí la importancia de elegir a personas con profesionalismo, idoneidad y honradez, cualidades que se han estado poniendo en discusión en el actual proceso de elección de los magistrados que conformarán la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Esos cargos son vitales porque un magistrado tiene en sus manos el poder de decidir sobre resoluciones, sentencias, decisiones o fallos con los que aplicará justicia o, por el contrario, se violentan las garantías constitucionales que provocan una inclinación de la balanza de la justicia, a favor de los intereses de quienes ostentan el poder, dejando en completa indefensión a los grupos o personas vulnerables que ansían justicia.
Se requieren magistrados comprometidos con la justicia
Un magistrado o magistrada comprometido con su papel y su trabajo no permitirá violaciones en la aplicación de la justicia, ni permitirá actuaciones incorrectas, de carácter constitucional.
“Si un magistrado hubiera estado consciente de su papel, de la independencia en las decisiones que toma, el golpe de Estado del 2009 no se hubiera legalizado por parte del Poder Judicial”, acota el juez Diaz, citando otro ejemplo de peso histórico, que registra el comportamiento de los magistrados y magistradas del ese Poder de Estado.
Hasta la fecha, Honduras no registra una Corte Suprema con las características que requieren pueblos que han estado inmersos en una sistemática violación de sus derechos constitucionales. “Nunca hemos tenido un poder judicial que actúe con independencia, lo que hemos tenido es un servicio judicial y ese servicio va a ser de calidad si yo tengo dinero para pagarlo, o tengo los contactos necesarios para pagarlo”, agrega Mejía.
Independientes
El país ya está inmerso en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia. La disputa se centra en la correcta selección de quienes ocuparán las 15 magistraturas del Poder Judicial. La ciudadanía aspira y demanda una Corte verdaderamente independiente del poder político, económico, del crimen organizado.
“Lo básico es una Corte independiente. Mientras no cambie esa mentalidad burocrática, difícilmente existirá un Poder Judicial efectivo que llegue a todos”, refiere un ex magistrado, que pidió omitir su nombre.
Extirpar como “cáncer”, la práctica de la aplicación de una justicia que actúa de manera tardía, sin ofrecer respuesta efectiva a la violación de derechos humanos, es un reto enorme, coinciden los consultados, en el marco de un proceso en el que ya circulan nombres de abogados y abogadas para integrar la nueva Corte.
“Hay una intencionalidad de los grupos de poder, para incidir en el imaginario de las personas sobre quién debe ir en el estamento judicial y no le hace bien a la democracia”, sostiene con preocupación, Díaz.
Con pinzas, piden la selección tanto de la Junta Nominadora como de las y los magistrados de la nueva Corte Suprema. Se demanda, por parte de la población, minuciosidad en la selección de cada postulante para evitar que las fuerzas políticas, económicas, del poder Legislativo, Ejecutivo y crimen organizado se confabulen para incidir en la elección y continuar manipulando la aplicación de la justicia en este país centroamericano.
La independencia judicial no es un privilegio que tienen sólo los magistrados o jueces. “Son una garantía en beneficio de la población, del respeto de los derechos y libertades que protegen a los hondureños sin distingo”, concluyen los entrevistados, aportando una mirada a la forma en cómo afecta o no, la correcta selección de los magistrados del Poder Judicial al pueblo hondureño.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anticorrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados sin Frontera-Canadá (ASFC). Sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad del CESPAD.