Escrito por: Aimée Cárcamo
A más tardar este 23 de enero, la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el septenio 2023-2030 quedará en manos del Congreso Nacional, después que la Junta Nominadora le entregue una nómina de al menos 45 candidatos y candidatas.
Mientras que el 25 de enero es la fecha que manda la Constitución para que los diputados y diputadas elijan a los 15 magistrados y magistrados de la nueva Corte, que deberá contar con no menos de siete mujeres, según el mandato de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vigente desde julio de 2022.
Pero, a medida que el trabajo de selección realizado por la Junta Nominadora se acerca al terreno del Congreso Nacional se acrecientan las preocupaciones sobre el resultado final de un proceso que es considerado crucial para la reconstrucción y transformación del Estado de derecho en Honduras.
Por un lado, surgen las presiones sobre la Junta, como lo manifestó la Coalición contra la Impunidad y la Plataforma Somos Muchas el 18 de enero, para incidir en la selección de los candidatos y candidatas que integrarán la nómina de 45. Por otro lado, el nefasto precedente de procesos anteriores en los que ha mediado el soborno y han primado las reparticiones políticas.
“En la elección anterior (de magistrados) hubo danza de millones (de lempiras)”, dijo el diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, en una entrevista a medios de comunicación, el 16 de enero.
El parlamentario no descartó que esa “danza de millones” se repita en el actual Congreso Nacional, la diferencia es -según dijo- que esos dineros no provendrán de ese poder del Estado, sino que de grupos del crimen organizado y narcotráfico.
En su pronunciamiento, la Coalición contra la Impunidad y la Plataforma Somos Muchas dieron su respaldo al trabajo que ha venido haciendo la Junta Nominadora, sin embargo, el Congreso Nacional no goza de la misma confianza, en parte por la discrecionalidad que goza para la elección de los futuros magistrados y que se presta al juego político entre los partidos.
Al respecto, y en principio, la Misión Internacional de Observación (MIO-Honduras), en su Informe Parcial “Proceso de Elección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: Etapa Inicial de la Selección por la Junta Nominadora”, exhorta al Congreso Nacional para que en el proceso de selección final cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 22 del Decreto No. 74-2022, que determina que “no podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la nómina entregada por la Junta Nominadora”.
Asimismo, que se “mantenga la paridad de género eligiendo no menos de siete (7) mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia”.
Con su visita al país y la exploración que realizó entre diversas organizaciones de la sociedad civil, la MIO encontró desconfianza y un temor avalado, incluso, por declaraciones públicas de distintos dirigentes políticos, “respecto a la posibilidad de actuar de un modo desviado del mandato legal y que el CN elija los futuros jueces por fuera de la lista remitida por la Junta Nominadora”.
De acuerdo con la MIO, “constituiría un grave atentado a la construcción del Estado de derecho en Honduras, desestimar la mencionada lista de prelación y acudir a una negociación político-partidaria para designar la nueva Corte”.
La MIO-Honduras también recomienda, entre otros, un aspecto muy importante a pocas horas de la selección de las 15 personas que conformarán la nueva Corte: “Las y los Diputados deben tener acceso inmediato a las carpetas públicas de las personas postulantes a magistrados/as de la CSJ, para estudiar con tiempo sus antecedentes”.
El principio de transparencia
Otra de las recomendaciones que emitió la MIO-Honduras en su informe, es la necesidad de que el Congreso Nacional mantenga “el mismo grado de transparencia que se ha dado en la etapa ante la Junta Nominadora: debates públicos, televisados y trasmitidos online; publicidad, voto nominal y fundamentación de las decisiones”.
Agrega que, para que el pueblo hondureño sea partícipe, los diputados y diputadas “debiesen conducir entrevistas públicas y transparentes a la totalidad de las personas incluidas en la nómina personas postulantes, hacer público su voto en todas las instancias y escenarios en que deban pronunciarse, y fundamentar las razones de su decisión en todos los casos”.
Las reglas escritas
El listado que recibirá el Congreso Nacional estará integrado por las y los candidatos mejor evaluados, en orden de mayor a menor calificación, con base en los criterios de selección determinados en la matriz de evaluación técnica aprobada por la Junta Nominadora.
Esta entregará también, junto con la nómina de 45, un “informe circunstanciado sobre la evaluación de méritos profesionales y personales de los candidatos incluidos en la lista final, así como de las descalificaciones, inhabilidades e incompatibilidades de quienes no fueron incorporados en esta”, según se lee en la Ley de la Junta Nominadora.
La normativa establece, además, que “La Junta explicará claramente las razones por las cuales se nominó a cada candidato de la lista, de acuerdo con la calificación obtenida” y que el Congreso Nacional “no podrá elegir a ninguna persona que no esté comprendida en la nómina entregada por la Junta Nominadora”.
Sin embargo, como establece también la Constitución de la República, las y los magistrados que resultarán electos para integrar la nueva Corte, serán los que obtengan el voto favorable de las dos terceras partes, es decir, 86 votos de los 128 diputados y diputadas del Legislativo.
Aumentar criterios de evaluación
El exdiputado por el Partido Anticorrupción (Pac), Aníbal Cálix, consideró que “se debe de incrementar el criterio de evaluación o por lo menos dejar claro cuál debe de ser ese criterio de evaluación en el Congreso Nacional” para la elección de los magistrados y magistradas.
Lo anterior, “en función de tratar de poner ciertos límites, en el sentido de que personas que tengan X o Y situaciones no puedan llegar a ser magistrados de una Corte Suprema de Justicia”, sostuvo.
Cálix, quien integra el Frente Parlamentario de apoyo a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), aclaró que “tampoco se puede hacer demasiado mecánica la elección a lo interno del Congreso Nacional”, porque eso impediría tener “ese espacio de negociación que se necesita”.
Mencionó que los 86 votos que se requieren para elegir a los magistrados, implican lograr un consenso dentro de las diferentes bancadas.
A su criterio, una negociación no es mala, pero las partes involucradas deben sentir que están adquiriendo una ganancia, “obviamente en función del país o no, pero que están teniendo algún tipo de resultado favorable para su postura”.
Al respecto, el diputado por Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, expresó que para alcanzar esos 86 votos “todos los partidos políticos van a tener que participar” y cuando eso ocurre siempre hay condiciones para dar el voto.
“El Partido Liberal va a querer condiciones para poder dar sus votos, el Partido Nacional igual, el PSH igual y todos los partidos políticos empiezan a poner condiciones para poder entregar sus votos y así elegir a la Corte Suprema de Justicia”, amplió.
Herrera manifestó también que “difícilmente la política partidaria se va a alejar de este tipo de procesos, porque es una elección que la van a realizar todos los partidos”.
Entonces, “es difícil alejar esa percepción de que no va a haber política partidaria”, pero eso “no quita que las personas que estén en ese listado de 45 sean las mejores evaluadas por parte de la Junta nominadora”, agregó el parlamentario.
Planteó que, si la Junta Nominadora hizo un buen trabajo y un verdadero proceso de selección, “quiere decir que vamos a tener en nuestras manos los mejores 45 candidatos y candidatas para poder sacar de ahí la nueva Corte Suprema de Justicia”.
El diputado reconoció también que “lógicamente, siempre va a haber presiones de partidos políticos para poder impulsar algunas candidaturas, pero eso va a depender mucho también de la capacidad” y de la hoja de vida de los candidatos.
La Junta Nominadora es clave
En esa misma línea, Cálix consideró también que la clave de este proceso es la Junta Nominadora. Si los 45 perfiles son honrados, el Congreso deberá hacer sus diferentes negociaciones con base en ese listado y el país podrá tener a 15 personas con las capacidades y los valores necesarios para ser magistrados, apuntó.
En el Congreso Nacional se pueden regular algunas cosas, “pero igual, la clave también es poder dejar un espacio para que el Congreso Nacional pueda negociar”, acotó.
Cálix agregó que “la ciudadanía tiene que entender que la premisa es que cualquiera de esos 45 son aptos para ser magistrados” y que “es bien difícil” que después se pretenda decirle al Congreso Nacional que dentro de ese listado final hay candidatos que no pueden ser elegidos en ese cargo.
Si fuera así, “entonces el Congreso Nacional va a decir ‘bueno, entonces eliminamos las juntas nominadoras”.
El proceso no es cien por ciento infalible y hay mucho que se tiene que mejorar todavía, pero “dentro de la idiosincrasia de nuestra política es un buen concepto de proceso”, opinó el también director de la organización Congreso Primero.
Añadió que “hasta el momento considero que la ruta es la correcta, tener una Junta Nominadora que evalúa técnicamente” a los autopostulantes, y que “una vez que llegue al Congreso Nacional un listado de 45”, ese poder del Estado “debe de tener la habilidad para políticamente negociar y llegar a esa lista de 15”.
El mayor riesgo
Para Jorge Cálix, el mayor riesgo que se corre en el Congreso Nacional es que no se respete la nómina enviada por la Junta Nominadora. “Eso sí es importantísimo que no vaya a suceder, porque primero tiran al traste toda una ley, todo un proceso”, consideró.
Además, “eso creo que sí causaría una crisis y sería un desastre para el país”, por lo que la ciudadanía debe hacer presión para que no llegue a ocurrir.
Al respecto, el diputado Herrera aseguró que “nosotros nos vamos a regir por el listado. Nosotros somos respetuosos de la ley y eso no está en ninguna agenda, por lo menos por parte de nosotros eso no va a existir, vamos a cumplir con lo que mande la Junta Nominadora”.
No obstante, admitió que “nada se puede descartar en un país donde la crisis política está en todos lados y donde hay muchos sectores a los que les gusta vivir en crisis política”.
Aunque confió que los diversos partidos puedan “con su liderazgo” sentarse y llegar a un acuerdo para escoger a la mejor gente y que no haya ningún tipo de violencia ni de crisis política “porque de crisis política estamos cansados”.