En su segundo año de gobierno, las deudas que arrastra Xiomara Castro con la reivindicación de los derechos de las mujeres

Escrito por: Aimée Cárcamo

El discurso de la presidenta Xiomara Castro, al cumplirse el primer año de su gobierno, omitió por completo el tema de los derechos de las mujeres, un segmento poblacional al que llenó de promesas durante su campaña política y toma de posesión.

“¡Mujeres hondureñas, no les voy a fallar! ¡Voy a defender sus derechos, todos sus derechos! ¡Cuenten conmigo!”, declaró Castro al asumir el poder el 27 de enero del 2022. El mensaje de la primera mujer presidenta en la historia de Honduras generó enormes expectativas entre las mujeres que representan, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 51% de la población total.

Sin embargo, cuando se adentra en el segundo año de su gestión, la decepción es parte de la percepción de las organizaciones feministas que reconocen que, aunque Castro no recibió un país en las mismas condiciones que sus predecesores masculinos, hay cosas que sí están en sus manos, por lo que siguen esperando que se reduzcan no solo la violencia, también las brechas de género que las excluyen, discriminan y desprotegen.

Las mujeres en la Refundación

El Plan de gobierno para la refundación de la patria y construcción del Estado socialista y democrático que Castro dio a conocer durante su campaña política consta de 16 puntos, el número cinco, que está dedicado a las mujeres, promete facilitar la distribución, venta y uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), despenalizar el aborto por tres causales (violación, riesgo para la vida de la madre y malformaciones fetales), y aprobar la educación sexual, entre otros temas de interés.

El documento fustiga el “el escandaloso incremento del femicidio y el maltrato doméstico de las mujeres”, y la aprobación de un “Código Penal que reduce las penas de los delitos contra las mujeres y contra la corrupción”. Y de hecho, según las organizaciones feministas, en el 2021 se registraron en Honduras alrededor de 318 femicidios y en el 2022 unos 310.

La investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Regina Fonseca, recordó que, con el primer año de gobierno, la gestión de Xiomara Castro cumplió el 25% del tiempo que le otorga la ley como presidenta, que son cuatro años, “y eso es bastante en el sentido de que hay muchas deudas pendientes”.

Entre ellas, el anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que las feministas esperaban que fuese enviado al Congreso Nacional el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero no fue así.

Fonseca reconoció que Castro generó muchas expectativas entre las organizaciones de mujeres, que creyeron que un cambio era posible porque “salíamos de un régimen autoritario, dictatorial, porque era una mujer sensible que anduvo en las calles”.

No obstante, consideró que, prácticamente, todas las deudas que la mandataria tenía con las mujeres están pendientes aún.

Según su criterio, el Estado sigue siendo patriarcal, así como las instituciones; muchas de las promesas no se han cumplido y “no hay resultados concretos para mejorar la condición y la situación de las mujeres y de las niñas en Honduras”.

No quieren asistencialismo

Para Melania Reyes, directora del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano, en San Pedro Sula, “falta mucho” para que se cumpla la promesa de Castro de que las mujeres serían prioridad en su agenda porque se ha quedado “muy corta, para lo que nosotras esperábamos”.

Reyes, galardonada recientemente con el Premio Anual Global a Defensores de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, considera que son necesarios algunos cambios en las políticas públicas para que se mejoren las condiciones de las mujeres hondureñas.

Se refirió, en particular, a las mujeres que viven en el campo, que son las que padecen más pobreza porque el gobierno se ha quedado también “corto” en identificar y proponer soluciones a los problemas que enfrentan.

Este sector requiere de acceso a la tierra, semilla solidaria y, en general, de un desarrollo constructivo unificado, apuntó la defensora, quien recalcó que las mujeres “lo que necesitamos no es asistencialismo” ni bonos como regalo.

De forma global, mencionó la violencia intrafamiliar, el femicidio y la impunidad en los crímenes contra las mujeres, como tres de los principales problemas que enfrenta este grupo poblacional, y que requieren de la aprobación de legislación equitativa y justa, desde el Congreso Nacional.

La entrevistada considera que es necesario aprobar leyes o reformar las existentes ante la grave situación que reviste la violencia que enfrentan las mujeres, ya que algunos delitos sufrieron una disminución de penas en el nuevo Código Penal, entre ellos la violación y el femicidio.

En deuda con la comunidad LGBTI

El primer año de gobierno de Castro ha sido el más violento “nunca registrado desde el año 1994” para la comunidad LGBTI, con once lesbianas asesinadas y dos desaparecidas, dijo la coordinadora de la organización lésbica Cattrachas, Indira Mendoza.

Ahondando en el tema, “todo lo que tiene que ver con las reparaciones para las personas LGTBI… no ha habido nada”, dijo Mendoza, en alusión al nulo avanza que ha habido desde el gobierno, en materia de reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI.

Mencionó el emblemático caso de Vicky Hernández, un crimen por el cual Honduras pidió perdón, como parte de las medidas de reparación que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero eso “es más protocolario, lo realmente impactante no ha pasado”, agregó.

Como se recordará, el 26 de marzo del 2021, la CIDH declaró al Estado de Honduras “responsable por la violación al derecho a la vida, y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención Americana) en perjuicio de Vicky Hernández, mujer transgénero, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans”, que fue asesinada en las calles de San Pedro Sula, norte del país, en junio del 2009, en pleno toque de queda durante el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales.

En la sentencia y en el comunicado que emitió, la Corte dijo que constató que existían “varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández”.

Las reparaciones de la CIDH incluyen continuar las investigaciones del homicidio de Hernández, la creación de una beca educativa con su nombre para mujeres trans y el reconocimiento de la identidad de género, entre otras.

Sin embargo, no se ha cumplido “ni siquiera (con) la beca, no hay registros todavía, no hay cambio de nombre”, continuó Mendoza.

Entre los aspectos positivos, la coordinadora de Cattrachas mencionó el hecho de que el fundamentalismo religioso no tiene preeminencia como ocurrió en las administraciones del Partido Nacional, porque los “fundamentalistas, pastores evangélicos, los de la Confraternidad (Evangélica de Honduras), y el Opus Dei” no están tomando posiciones en el gobierno de Castro.

En relación con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), Mendoza dice que “es uno de los grandes desaciertos que ha tenido la presidenta”, ya que en su gobierno se aprobó su uso solo en los casos de violación.

No se puede juzgar con la misma vara

Para María Virginia Díaz, investigadora y Coordinadora de Proyectos del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), “el primer año de gestión de Castro no se puede evaluar de la misma manera que las administraciones anteriores, porque su gobierno estaba destinado a resolver 12 años de dictadura, lo cual es una carga demasiado pesada” y a su criterio “la estructura criminal sigue estando ahí”.

Díaz sostiene que Castro recibió un país sumamente endeudado, empobrecido y con la institucionalidad desbaratada. Pero, además, “la mandataria llegó al poder con muchas concesiones, es decir, que para ganar tuvo que hacer una alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), la cual está cobrando su precio”.

Ese costo, Díaz lo relaciona con nombramientos como el del ministro de Salud, José Manuel Matheu, una figura muy impopular entre las mujeres y organizaciones feministas, que fue impuesto por esa alianza, y que está detrás de la aprobación y uso de la PAE solo en casos de violaciones.

Díaz recordó también que el partido Libertad y Refundación (Libre), al que pertenece Castro, no tiene mayoría en el Legislativo. Y ese hecho lo vincula con lo que ocurrió el 16 de febrero, fecha en que se eligió a la nueva Corte Suprema de Justicia.

Ese día, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, anunció triunfante que “ya no tienen oportunidad para que vía Corte puedan legalizar el aborto porque no tienen mayoría”, con lo que quedaría anulada una de las promesas de campaña de Castro.

La nueva Corte, que quedó integrada por 9 magistrados de los partidos Nacional y Liberal, y 6 de Libre, deberá fallar sobre un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 196 del Código Penal, que penaliza en su totalidad el aborto.

“Creemos que esa fue parte de las negociaciones que hubo” para elegir a una nueva Corte, dijo Díaz, como ocurrió después del golpe de Estado de 2009, año en que se aprobó un decreto ejecutivo que prohibió el uso, venta y la distribución la PAE.

Acciones que dependen de Castro

Para Díaz, hay algunos temas que están en manos de Xiomara Castro, como la eliminación del decreto ejecutivo que criminaliza la PAE, “pero tiene un ministro de Salud que es un dictador, no admite diálogo, es un tipo fundamentalista, no quiere escuchar las posiciones de las feministas”, lamentó.

Otra cosa que Castro puede hacer es destituir a la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, a quien consideró como una antifeminista que no analiza los derechos de las mujeres como derechos humanos.

La investigadora del CEM-H mencionó que hay 27 feministas trabajando en el actual gobierno, una situación que la hace preguntarse ¿qué es lo que le están comunicando a la presidenta y qué posibilidad real tienen de colocar la agenda feminista?

Fue crítica, también, con el movimiento feminista al que pertenece, “miremos nuestro papel, el cual tiene que ser de exigencia, de presión política y de interpelación, pero que por el contrario ha sido muy tolerante”, opinó.

Por eso espera que el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las feministas demuestren en las calles su descontento, para que las decisiones en políticas públicas de la administración de gobierno de Castro sean con base en las exigencias del movimiento.

Temas urgentes

En el mes de enero se registraron en Honduras 38 femicidios, aumento que representa un 41% en relación con el mismo período del 2022. Ese dato ubica a la violencia como un tema urgente que debe ser abordado por el actual gobierno, dijo Díaz.

“Estamos hablando que no hay una censura moral en la sociedad hacia las muertes violentas de mujeres, de que se reproducen y producen patrones patriarcales”, por eso planteó la necesidad de una campaña masiva de sensibilización para cambiar esos estamentos culturales.

Para la entrevistada, es necesario invertir en la investigación de muertes violentas de mujeres, en la implementación de una currícula de educación sexual y en la activación de leyes que desde el movimiento feminista han sido consensuadas.

Díaz recordó, además, que Honduras es uno de los países con el mayor índice de embarazos de adolescentes, con un tercio de la población en manos de una jefatura femenina muy empobrecida, debido a la falta de oportunidades.

Finalmente, según su criterio, se precisan acciones y mandatos urgentes, porque de lo contrario, si las mujeres están mal, “van a estar peor”.