Con el cuarto informe de monitoreo de la institucionalidad electoral, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), continúa observando el proceso de las elecciones generales de noviembre del 2021. Este monitoreo registra los eventos acontecidos entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre del 2021.
Durante el último mes se ha avanzado en el proceso logístico y de organización del proceso electoral. Particularmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha tenido avances significativos, ya cuenta con las contrataciones de las empresas que proveerán los servicios tecnológicos relacionados con la huella dactilar y la Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tienen el censo electoral definitivo, han iniciado el proceso de contratación para la impresión de papeletas electorales y concluyeron el proceso de capacitación de los instructores que capacitarán a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), y han empezado a adquirir la tinta indeleble.
Pero estos avances no han estado ausentes de tensiones y desacuerdos. Por el contrario el CNE ha tomado acuerdos en temas relevantes por simple mayoría, en el marco del disenso persistente entre los consejeros (as). Así por ejemplo, el contrato de la empresa MSA responsable del sistema del TREP y la inscripción de la alianza política (acuerdo político) entre los partidos políticos Libre y Partido Salvador de Honduras (PSH) fueron aprobadas por las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall (representantes del partido Libre y Liberal, respectivamente), con el voto en contra del Kelvin Aguirre (representante del Partido Nacional). Aunque hay que reconocer que a pesar de que Aguirre ha votado en contra, finalmente como Consejero Presidente, ha dado curso a las decisiones tomadas en el CNE. Sin embargo, la persistencia de los disensos puede ser un factor de conflictividad el día de las elecciones, especialmente al momento de salir públicamente a informar al pueblo hondureño de los resultados electorales.
Por otro lado, el proceso electoral sigue presentando otros puntos críticos, como el rezago en la entrega de la nueva identidad, que amenaza el derecho a la participación política de centenares de ciudadanos. Otros puntos críticos, son las debilidades institucionales para garantizar la transparencia en el financiamiento político electoral y la falta de Ley del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Así las cosas, “Entre disensos en el CNE en temas relevantes, proceso electoral avanza y entra en la recta final”.
DESACARGUE AQUÍ: Informe de Monitoreo Institucional – CESPAD