Escrito por: Aimée Cárcamo
El proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia expuso el fuerte tráfico de influencias que persiste en Honduras para obtener el exequátur de notario, uno de los requisitos estipulados en la Constitución de la República para optar a ese cargo dentro del Poder Judicial.
El exequátur es la habilitación que otorga la Corte Suprema a las y los profesionales del derecho, para el ejercicio del notariado. Hasta 2020, en Honduras se registraban 25,528 abogados y licenciados en Derecho colegiados, de los que solo 1,322 son notarios, según el listado de la Contraloría del Notariado. De esta cantidad, menos de 300 son mujeres.
La disparidad generada por el irregular otorgamiento del exequátur evidencia que es una minoría la que puede optar al cargo de magistrado y, por otro lado, los padrinazgos políticos que se requieren para su obtención.
Un polémico requisito
Entre los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, el artículo 309 de la Constitución de la República establece que se requiere ser: “Abogado Notario debidamente colegiado”.
Para obtener el exequátur es preciso aprobar el examen ante la CSJ. En esa dependencia, los magistrados evalúan los conocimientos técnicos y jurídicos de los aspirantes. Sin embargo, esa evaluación se convierte en un problema porque la realización de ese examen puede tardar años o volverse una aspiración imposible si no se cuenta con una conexión política.
Esa irregularidad no es algo nuevo, pero no dejó de sorprender que en las audiencias que desarrolló la Junta Nominadora “uno o dos postulantes manifestaron abiertamente que para el otorgamiento de exequátur sí, efectivamente, se tiene que tener un ‘pegue’, un padrino, un amigo político, alguien que pueda ayudar a obtenerse”, dijo Osiris Payes, abogada que formó parte del equipo técnico del CESPAD, institución que realizó una veeduría al proceso de selección de los aspirantes magistrados que desarrolló la Junta Nominadora (JN).
Para la profesional del derecho este es un tema “muy delicado” porque hay abogados que han solicitado ese trámite desde hace siete o diez años y continúan esperando el momento para realizar su examen ante los magistrados de la Corte Suprema, “y hay gente que en un año o dos, tiempo en el que acaba de iniciar su solicitud, lo obtiene”, afirmó Payes.
Entonces, “no hay igualdad en cuanto a la respuesta o en cuanto al tiempo”, continuó diciendo Payes, quien agregó que “ha habido casos de profesionales del derecho que cumplen los requisitos para ser notarios y que han tenido que esperar mucho tiempo o continúan esperando. Mientras, otros, en dos o tres meses obtienen su exequatur; existe una irregularidad evidente”, agregó.
Un privilegio negado para muchos, en especial para las mujeres
El proceso de preselección que realizó la Junta Nominadora entre los postulantes, evidenció que entre los profesionales del derecho las mujeres tienen menos posibilidades de tener su exequátur, una situación que para Payes se debe a que ha sido un privilegio que se otorga más a los hombres, en parte porque “son los que están más cerca del poder, cerca de los altos funcionarios, los que tienen los contactos. Entonces, a ellos se les ha facilitado mucho más la obtención del exequatur”, de ahí que el número de mujeres a las que se les ha otorgado es muy reducido.
El proceso de preselección de magistrados registró en total 185 autopostulaciones, de las que solo 53 eran mujeres.
La coordinadora del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), en Honduras, Claudia Hermannsdörfer, coincide con Payes en que “las mujeres han tenido menos acceso al poder público y político”.
Agrega que, además, “tradicional como históricamente, han sido los hombres los que han estado dominando estos espacios, entonces han tenido más acceso a estas opciones”, apuntó.
Un espacio de manipulación
Sobre el otorgamiento del exequátur por medio de padrinazgos políticos, Hermannsdörfer dijo que “ese tipo de prácticas se establecieron así con las cortes predominantemente nacionalistas (del Partido Nacional) y del Partido Liberal”.
Incluso, en la facultad de Derecho “se tenía más posibilidades de tener hasta fechas de examen para graduación, si se era nacionalista, en la época de Oswaldo Ramos”, añadió, en referencia al exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la década de los años 80.
“Y claro, es una práctica instalada”, señaló Hermannsdörfer, quien calificó esa potestad exclusiva que tiene la Corte Suprema como “un espacio más de manipulación, dependiendo de quién esté en el poder, en la presidencia, específicamente”.
Señaló que “en Honduras hasta hace poco se hizo esta reforma”, pero que en países como Guatemala todos los que se gradúan lo hacen como licenciados y notarios, “no tienen que pasar por la Corte”. Además, el notariado es regulado por un instituto de notariados completamente aparte, acotó.
Reacción en cadena
Para Hermannsdörfer, que la Corte Suprema realice el examen para ser notario “es un embudo más para los profesionales del derecho”.
Pero, además, “es una cuestión que va teniendo una reacción en cadena. Si yo gradúo más profesionales afines a mí, a mis posturas políticas, entonces, cuando necesito tener profesionales para llenar la Corte Suprema o tomar decisiones importantes, van a ser abogados y notarios, y esos abogados y notarios se deben al partido” que les consiguió el exequatur.
Son esos mismos abogados “los que van a votar también y son los que van a optar a puestos públicos, etcétera”.
¿Un requisito necesario?
Hermannsdörfer es del criterio de que ser notario no tiene nada que ver con la función de un magistrado y no debería ser un requisito. De eliminarse, como tal, serviría, incluso, para adecentar la función del notariado.
El notariado, “en nuestro país se ha prestado para ser un instrumento más para tener control político sobre un espacio que no debería de ser un espacio político”, manifestó.
Además, “el notario es un dignatario de fe, debe ser una persona con toda credibilidad, que no tiene conflictos de intereses, que debe ser muy imparcial y muy objetivo”, enumeró.
En esa línea, Payes dice que es indispensable que también se tomen en cuenta criterios sobre la idoneidad y sobre la ética de los profesionales del derecho que aspiran a obtener un exequátur, porque el ejercicio de la función notarial tiene que ver con la fe pública.
“Es un tema muy delicado sobre todos los actos, contratos y los asuntos que maneja un notario. Por eso, no sólo se deben valorar conocimientos técnicos jurídicos, también se tienen que analizar la idoneidad y la ética de estos abogados que aspiran a obtener su exequátur por la delicadeza de la función notarial”, apuntó Payes.
De su lado, Hermannsdörfer calificó al notariado como una institución necesaria jurídicamente que debe estar separada de la litis. Incluso, los notarios podrían ser solo eso y estar completamente aparte de la función de abogado “y, ni hablar, no tiene por qué ser un requisito para ser magistrado o algún juez del Poder Judicial o magistrado en la Corte Suprema”, sostuvo la coordinadora del EJDH.
Hacen falta cambios profundos
Para quitar el requisito del notariado se requiere una reforma a la Constitución de la República y ese sería uno de los retos del actual Congreso Nacional.
El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, reconoció que la eliminación de ese requisito es parte de los cambios profundos “para que dentro de siete años podamos tener, en verdad, una mayor certeza de una mejor Corte Suprema de Justicia”.
Uno de los problemas es que en el proceso “solo participa un número limitado de abogados que son notarios”, pero, además, “históricamente el otorgamiento del título de notariado siempre ha estado manchado por actos de corrupción”, dijo el parlamentario.
“Siempre aquellos abogados que tienen mayores contactos políticos logran el notariado, entonces eso también mancha el proceso” de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consideró.
