Escrito por: Lucía Vijil Saybe
Con su ascensión, el gobierno de Xiomara Castro ha generado algunas esperanzas en relación con las alternativas de solución a la conflictividad socioambiental, que lleva larga data en el país, sin que haya habido por algún gobierno, hasta la fecha, un interés genuino para ponerle fin.
¿De qué contexto partimos?
i. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), registró entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022, al menos 96 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, resultando un total de 151 personas víctimas de incidentes, de las cuales 120 son defensoras y 31 periodistas.
ii. Debido a los datos de ataques contra personas defensoras, Honduras continúa ocupando uno de los primeros lugares de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y medio ambiente. Solo en el 2022, se registraron al menos 44 agresiones en contra de 78 personas defensoras en esta importante temática. De esas 78 personas defensoras medioambientales, al menos 51 son personas indígenas y 9 afro hondureñas[1].
iii. Entre el 1 de abril del 2021 y marzo del 2022, las recuperaciones de tierra en la zona del Valle del Aguán se acrecentaron, en reclamo por el acceso al derecho a la tierra. De acuerdo con información del CESPAD, se han involucrado un aproximado de 2,766 personas que representan 628 familias completas (niños, niñas, jóvenes y adultos), afectándose un total de 3,137 hectáreas de tierra en condiciones precarias y en condiciones de indefensión.
Sin embargo, estos datos tienen como trasfondo:
a) una élite económica y política extractiva que continúa con acciones de despojo comunitario, amparados en un marco habilitante para la acumulación por desposesión.
b) poca claridad sobre la política de seguridad y defensa en el marco de los conflictos generados por las empresas extractivas.
c) la agudización de la crisis ambiental a nivel nacional, producto de la variabilidad climática.
En ese contexto, son varias las respuestas que se han dado desde la gestión gubernamental para el abordaje de la conflictividad socioambiental. Sin embargo, este espacio de análisis estará centrado en dos respuestas específicas:
i) El despliegue de batallones verdes de protección ambiental y
ii) La emisión de bonos soberanos de carbono.
Algunos puntos de atención a las respuestas gubernamentales
- Batallón Verde de Protección Ambiental
Los batallones verdes de protección ambiental tienen como objetivo la protección de las áreas protegidas y reservas forestales. Además de esas tareas, en teoría, tienen participación activa en el combate de la narcoactividad, frenar la tala, pesca y minería ilegal; simultáneamente, brindar seguridad a la población.
En el 2022 se desplegaron un total de 3 misiones. El primer batallón se instaló en el sector de El Aguacate en Catacamas, Olancho, uno de los departamentos más afectados por la tala ilegal. El segundo, tiene como área de responsabilidad los departamentos de Atlántida, Cortés y Yoro. Mientras, el tercer batallón, en San Francisco, departamento de Atlántida[2].
A esta acción se le podrían realizar 3 acotaciones importantes relacionados con el abordaje de la conflictividad:
a) La presencia de efectivos militares en zonas de alta conflictividad socioambiental continúa reforzando la idea de la necesidad imperante de la fuerza para la solución de problemas, sin considerar los impactos diferenciados en mujeres que la presencia militar implica. Asimismo, este tipo de medidas es incapaz de plantearse un amplio diálogo o encuentro intercultural, en el que se superponen concepciones alternas sobre el mundo social y natural.
b) Desde la cosmovisiones de los pueblos indígenas se reconoce el ciclo normal de los bosques y su capacidad de reforestación. Es así que las campañas para que los militares asuman una labor más, también podrían implicar la introducción de especies que no son requeridas o peor aún, reducir la biodiversidad y acelerar extinción de los ecosistemas.
c) En los operativos de detención dirigidos a quienes talan el bosque de forma ilegal, regularmente se captura a los conductores de los vehículos en los que se trasporta la madera. Pero no hay precedentes de multa o castigo a las grandes empresas madereras por el corte ilegal. Es decir, el ciclo de la red que opera en la tala del bosque continúa funcionando luego de la detención de quienes integran las escalas más bajas.
En este punto, relacionado con la protección al medio ambiente por las fuerzas armadas, también es importante lo que plantea Soulé[3], quien describe para la biología de la conservación, postulados funcionales, por un lado y normativos por el otro. Entre los primeros se reconoce la importancia de los procesos coevolutivos en las comunidades naturales (las especies no evolucionan aisladamente, sino en relación unas con otras y con su medio físico).
Los procesos ecológicos tienen umbrales y por encima (o por debajo) de ellos se puede caer en discontinuidades, detenciones o marchas caóticas. Los procesos genéticos y demográficos también exhiben umbrales por debajo de los cuales se generan efectos azarosos o que impiden la adaptación de las especies. Es así que un batallón o varios, pensados únicamente para la protección, son ejercicios limitados para asegurar la sobrevida de las especies de gran tamaño o raras.
- Bonos soberanos de carbono
En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP27, celebrada en Sharm el Sheikh, Egipto, entre el 6 y el 18 de noviembre del 2022, la delegación del Gobierno de Honduras presentó informes sobre la situación del medio ambiente en el país, en los que se destacó la preservación del 48 por ciento de la cobertura forestal, por lo que se planteó, mediante créditos de carbono, obtener fondos para invertirlos en el cuidado de los recursos naturales[4].
El mecanismo de los bonos de carbono se enmarca dentro de la lógica de asumir por parte de las unidades productivas, y algunos países industrializados en general, los costos que se generan como consecuencia de superar los límites admisibles de contaminación vía emisión de gases de efectos invernadero que le han sido fijados en instrumentos internacionales que vinculan a los Estados signatarios de los mismos[5]. Es decir, las ventas de bonos de carbono consisten en que si una empresa o país logra reducir sus emisiones de CO2 puede poner en venta la reducción a países desarrollados que están en la obligación de emitir menos gases.
A continuación, algunas reflexiones importantes, en relación con el abordaje de la conflictividad:
a) Todo el mercado de emisiones está diseñado de tal forma que protege los intereses de las grandes empresas que generan la mayor parte de las emisiones dañinas a la atmósfera y abre posibilidades para que tengan acceso a recursos frescos. Es decir, este continúa siendo un proceso de traslada responsabilidad a los países menos contaminantes mientras los países con mayor cantidad de industrias y generadores de contaminación, pueden pagar a otros países por esa conducta.
b) Luego del debate y la presencia de la delegación hondureña en la COP27, no ha habido avances sustanciales con los compromisos en temas como el acceso a la información o justicia ambiental, pese a la presencia e instalación de empresas extractivas en el país.
c) Los discursos y acciones continúan ejecutándose desde el antropocentrismo, el que se justifica en el “uso que podemos dar a nuestros recursos naturales” y los ingresos que se pueden generar con un fin utilitarista, en contraste con el posicionamiento del biocentrismo como una forma armoniosa de interactuar con los ecosistemas.
Para finalizar
Aún hay retos pendientes en la forma en que se abordan los temas ambientales en Honduras. En ese sentido, algunos puntos se destacan a continuación:
- El modelo extractivo depredador actual requiere de transformaciones más profundas, en relación con la regulación de las empresas extractivas, la reparación y la no repetición a las comunidades, así como la compensación ambiental pensada más allá de la reforestación. Ese tipo de acciones marcarán un precedente importante para abordar una verdadera transición en el modelo de acumulación extractiva.
- Son urgentes las visiones que rescaten el sentir de los pueblos y su traducción hacia medidas efectivas que partan del reconocimiento de los bienes comunes de la naturaleza como eso, ecosistemas vivos y especies con derechos. Continuar con visiones utilitaristas es, al final, lo que tiene a los países en el mundo entero en una crisis climática sin precedentes.
- Se debe avanzar hacia una verdadera apuesta por la construcción de la ética ambiental, que permita trasladar los valores de reconocimiento, integralidad y consumo responsable a las propuestas ambientales progresistas, mediante el diálogo entre los actores.
[1]OACNUDH, la Unión Europea y la Red Hondureña por Escazú sostienen diálogo regional hacia la adhesión del Estado de Honduras al Acuerdo de Escazú. 2022. Disponible: https://oacnudh.hn/oacnudh-la-union-europea-y-la-red-hondurena-por-escazu-sostienen-dialogo-regional-hacia-la-adhesion-del-estado-de-honduras-al-acuerdo-de-escazu%ef%bf%bc/
[2] Televisión Nacional de Honduras. 2022. El Gobierno instala el tercer y último Batallón Verde de Protección Ambiental en Santa Bárbara. Disponible: https://tnh.gob.hn/gobierno/instalan-el-tercer-y-ultimo-batallon-verde-de-proteccion-ambiental-en-santa-barbara/
[3] Soulé, M.E. 1985. What is conservation biology? BioScience 35(11): 727-734
[4] Televisión Nacional de Honduras. 2022. Honduras asegura $32 millones con absorción de carbono. Disponible: https://tnh.gob.hn/nacional/honduras-asegura-32-millones-con-absorcion-de-carbono/#:~:text=%E2%80%9CLa%20primera%20venta%20de%20bonos,y%20recuperaci%C3%B3n%20de%20ecosistemas%2C%20para
[5] Misión Jurídica. 2016. Bonos de carbono: desarrollo conceptual y aproximación crítica. Disponible: https://www.revistamisionjuridica.com/bonos-de-carbono-desarrollo-conceptual-y-aproximacion-critica/
