Escrito por Lucía Vijil Saybe
Una de las consecuencias del actual modelo extractivo es la explosión de conflictos socioambientales. Svampa afirma que esos conflictos “están ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno de los mismos, es un contexto de gran asimetría”[1]. Los actores privados, empresas y Estados han mercantilizado los entornos naturales, provocando que la defensa de los ecosistemas quede en manos de los y las defensoras de los territorios.
En Honduras, la conflictividad socioambiental se origina por la ausencia de información, bloqueos a la participación ciudadana en asuntos ambientales y un alto grado de impunidad en relación con los asesinatos de defensoras y defensoras de los bienes comunes.
Este escrito pretende responder a dos preguntas: ¿qué ha caracterizado la conflictividad socioambiental en el país durante el 2023? y, ¿qué representa la violencia territorial para los y las defensoras?
Contexto
De acuerdo con el informe “Conflictos ambientales locales en Honduras: un balance de los primeros 6 meses del 2023” publicado por el CESPAD, en el que se esboza un recuento parcial de conflictos en el país, 23 fueron motivados por la instalación de 7 represas hidroeléctricas, 7 por empresas mineras, 6 por proyectos de monocultivo, 1 por proyecto de mega hotelería, 1 por proyecto de energía fotovoltaica y 1 producido por las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES). Estos proyectos están ubicados en 7 departamentos del país.
Los bienes comunes que representan y generan una mayor disputa en los territorios de Honduras son el agua, la tierra y el bosque. En el caso del agua, algunas acciones específicas que generan tensión son el represamiento, el desvío de las fuentes, el acaparamiento y la contaminación de fuentes de agua. Por la tierra, los detonantes de los conflictos son el irrespeto del derecho comunitario sobre la tierra y la institucionalidad estatal como actor central en la promoción de la ilegalidad y la corrupción en temas de tierra. Y en el bosque, acciones como la devastación de los entornos naturales, sin una capacidad de retornar a su posición inicial y la destrucción de la biodiversidad en los territorios, son las situaciones que incrementan el nivel de conflicto.
La tesis de Baechler[2] indica que “los conflictos ambientales son tradicionales, inducidos por la degradación ambiental en uno o más campos: uso excesivo de recursos renovables, contaminación o empobrecimiento del espacio de vida”. El dilema sobre el desarrollo y las formas en las que se podría generar crecimiento, acentúan las dimensiones en las que se somete a los bienes comunes, por ende, se alimenta el conflicto.
En temas ambientales, de forma específica, la forma de escalar en los conflictos es a través de la violencia. Acosta[3] afirma que:
“la violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo biodepredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos (…) violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles…”.
En Honduras, las formas manifiestas de violencia hacia las comunidades, en el marco de la conflictividad socioambiental, son: a) desplazamiento forzado, b) criminalización y judicialización de defensores y defensoras de los bienes comunes, c) ataques directos y asesinatos y la d) militarización (para más información remitirse al informe del CESPAD).
Asimismo, la incapacidad de repensar la matriz de producción – fuera del extractivismo – está representando también una violencia estatal que aún considera a los bienes comunes como espacios que pueden sacrificarse en nombre del desarrollo.
La máxima expresión de la violencia en los conflictos socioambientales es el asesinato de defensores y defensoras de los bienes comunes. El último informe publicado por Global Witness[4] indica que:
“Con 14 asesinatos en 2022, Honduras tiene el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”.
Hasta el mes de mayo del 2023, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), documentó el asesinato de 7 personas defensoras[5] de tierra y territorio: Jairo Bonilla y Aly Domínguez, en Tocoa, Colón (7 de enero); José Omar Cruz Tomé, en Tocoa, Colón (18 de enero); Santos Hipólito Rivas y otro defensor menor de edad, en Trujillo, Colón (12 de febrero); Benigno Maldonado, en Tela Atlántida (18 de febrero), y José Gilberto Martínez Cardona, en Olanchito, Yoro (18 de abril).
Durante su visita a Honduras, en el mes de septiembre del 2023, Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, comentó que[6]:
“Me preocupa profundamente que los defensores de los derechos humanos medioambientales hayan sufrido graves abusos e intimidaciones, incluidos homicidios y agresiones físicas y psicológicas contra su bienestar. Algunos han sido perseguidos por el gobierno y funcionarios corruptos y han sido sometidos a procesos de criminalización por defender sus derechos a un medio de vida sostenible. Esta situación continúa en la actualidad”.
El asesinato y persecución a los liderazgos comunitarios es una constante entre las violencias que ocurren en el marco de la conflictividad. La valoración de ese contexto permite responder a la pregunta inicial de este escrito, caracterizando a la conflictividad de la siguiente forma:
- Discursos en contienda sobre el desarrollo y las formas de apropiación de los bienes comunes de la naturaleza.
- Los bienes comunes están bajo una dinámica agresiva de acumulación, que prioriza a las grandes empresas extractivas y a los intereses de las dinámicas mundiales de intercambio.
- La violencia, como acción central para sostener la actividad extractiva en los territorios.
- Las principales víctimas de las acciones de violencia son las comunidades humanas y ecológicas, en tanto, se les aniquilan sus dinámicas de relacionamiento social, político, cultural y ambiental.
- Patrones comunes de asedio en los territorios en donde las fuerzas militares y policiales son parte fundamental para la ejecución de las acciones expropiatorias.
¿Qué implica la violencia promovida por el actual modelo extractivo en Honduras para los y las defensoras del territorio?
Tomando la caracterización sobre la violencia, de Mariana Walter[7], la primera escala que se debe analizar es la violencia directa, que implica el asesinato y la violencia directa (manifiesta previamente). Este tipo de violencia, a nivel territorial, envuelve la intimidación y generación de miedo en las comunidades, y la descomposición en las estructuras familiares y locales. El asesinato de los defensores y defensoras es el recordatorio del poder y los intereses a los que los grandes empresarios responden.
La violencia estructural, que se manifiesta en los conflictos socioambientales, tiene como resultado la perpetuación de las desigualdades sociales. Este tipo de violencia acepta y reproduce el mal funcionamiento de las instituciones estatales, normaliza la corrupción extractiva y debilita los ejercicios democráticos de tomas de decisiones y de exigibilidad de derechos. Para las comunidades de los territorios en disputa implica mayor desconfianza en la institucionalidad pública y el rechazo a cualquier acción que se pretenda realizar desde los organismos nacionales.
La violencia cultural son todas acciones que, a través de la religión, la ideología, la ciencia, entre otros componentes, invalidan la creación de conocimiento, relaciones y formas organizativas, usualmente sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este tipo de violencia implica el rechazo de las identidades colectivas, sus necesidades particulares, planteamientos, formas de vida y derechos territoriales.
Nixon[8] también ha propuesto un tipo de violencia lenta, que es el impacto en la salud y el ambiente, como violencia hacia los humanos y la naturaleza. Este tipo de violencia se refiere a las enfermedades producidas por la actividad extractiva en una comunidad y lo que implica a nivel de bienestar personal y ecológico.
Es decir, comunidades enfermas en un Estado como el de Honduras, es una sentencia a muerte. Asimismo, la alteración en las dinámicas ecológicas y su ciclo es, al final, una violencia ecosistémica porque no permite el desarrollo (en su estado natural) de la reproducción de especies en un hábitat determinado.
Y para finalizar, Watts[9] señala también a la violencia ecológica y la violencia contra el mundo biofísico y sus interrelaciones. En este tipo de violencia es importante subrayar que el impacto no se visualiza a través de las dinámicas humanas porque releva al plano de la discusión pública el impacto en los ecosistemas y cómo esa alteración complica el desarrollo comunitario.
Para los defensores y defensoras, todo el marco de violencia que gira alrededor de la dinámica extractiva no solamente les alcanza a ellos y a ellas, también abarca a la naturaleza y la sustentabilidad de sus relaciones. Estos actores son clave en la disputa del poder y, claramente, en la apuesta por mantener ecológicamente al mundo que habitan.
En Honduras, la protección a la vida de los defensores y defensoras debe ser uno de los focos torales de la política nacional de derechos humanos. Pero también son urgentes los esfuerzos por discutir la actual matriz extractiva y estar conscientes de la actual vulnerabilidad climática a la que nos enfrentamos debido a la devastación de la naturaleza.
[1] Svampa, M. 2017. Del cambio de época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires, Ensayo Edhasa.
[2] Baechler, G. 1998. Why Environmental Transformation Causes Violence: A Synthesis. Environmental Change and Security Project Report, Issue 4, p. 24-44.
[3] Acosta, A. 2011. La maldición de la violencia. Extractivismo al desnudo. Disponible en: https://extractivismo.com/2011/10/la-maldicion-de-la-violencia-extractivismo-al-desnudo/
[4] Global Witness. 2023. Siempre en pie. Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática. Septiembre. Disponible en: https://www.globalwitness.org/documents/20577/GW_Defenders_Standing_Firm_ES_September_2023_Web_AW.pdf
[5] OACNUDH. 2023. OACNUDH condena el asesinato de defensor de la tierra. Disponible en: https://oacnudh.hn/oacnudh-condena-el-asesinato-del-defensor-tolupan-de-la-tierra-y-el-territorio-amilcar-vieda-y-de-naun-ismael-chacon/
[6] Naciones Unidas. 2023. Honduras se está quedando sin población por el cambio climático. Septiembre. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/09/1524467
[7] Walter, M. 2018. Extractivismo, violencia y poder. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. No. 143.
[8] Nixon, R. 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. England: Harvard University Press.
[9] Watts, M.J. 1999. Petro-violence: Some thoughts on community, extraction and political ecology. Disponible: http://repositories.cdlib.org/iis/bwep/WP99–1-Watts.
