Llegaron desde diversos puntos del país, y con la energía y la convicción que les caracteriza, decenas de mujeres debatieron sobre las problemáticas que les aquejan. El resultado: el delineamiento y priorización de los temas de agenda que buscarán, se incorporen en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de Honduras. En el marco del contexto electoral, las mujeres organizadas comenzaron a crear y fortalecer espacios para la discusión de su propia agenda. En un primer encuentro se convocó a 68 representantes de 6 diversas Plataformas del Movimiento de Mujeres y Feministas. Ese enriquecedor proceso ha dado como resultado la identificación de los grandes temas-problemas que enfrentan en el marco del contexto de país. La jornada fue de naturaleza participativa, en espacios de discusión con mesas de trabajo para la reflexión y la generación de propuestas. Un segundo encuentro, igual de participativo que el primero, abonó al afinamiento de los temas que serán los que se propondrán a los candidatos o aspirantes a la presidencia de la república, para que se incluyan en las propuestas de planes de gobierno. A grandes rasgos, los temas identificados En el marco de la violencia desmedida que vive el país, inexorablemente aflora el tema de la violencia contra las mujeres y los femicidios. Esta, apuntan, sigue siendo una problemática multidimensional que carece de políticas, estrategias integrales, económicas, sociales y culturales, para prevenirla y erradicarla. Aunque hay diversos tipos de violencia (física, patrimonial, emocional, etc.), las mujeres destacan el femicidio, como la forma extrema de violencia. ”En los últimos ocho años se han ejecutado 3, 962 femicidios, de estos 463 han sido judicializados y únicamente en 2 casos se ha dictado sentencia condenatoria. En el año 2017 han asesinado 182 mujeres y en los últimos 10 días, 18 mujeres”, apuntó María Elena Méndez, del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H). La mayoría de las muertes violentas de mujeres no han sido investigadas ni sometidas a juicios a los asesinos, lo que demuestra la impunidad por parte del Estado, de los delitos contra las mujeres, agregó. La Privatización de los Servicios de Salud, los Derechos Sexuales y Reproductivos, con énfasis en los embarazos adolescentes, es otro tema analizado por las mujeres organizadas, al igual que su participación política de los partidos políticos, movimientos sociales, plataformas y espacios de articulación. La feminización de la pobreza, es otro tópico que integra la agenda. “De 2.2 millones de mujeres de la zona rural solo el 8% (176,000) poseen título de tierra y un 1.3 millones padecen de hambre”, sostuvo Méndez, al valorar que la condición de mujer va aparejada a su condición social e indígena, para formar  una trilogía que agrava la situación de las mujeres en el campo. La reflexión alrededor de este tema radica en que pese a que aportan con su esfuerzo y trabajo a la producción, al cuidado de la fuerza de trabajo, y que producen bienes materiales para la sostenibilidad del bienestar colectivo, las mujeres del campo siguen marginadas del acceso a la tierra, por las razones antes enunciadas. Destacan además, tópico como la Educación Integral Gratuita, pues cuestionan la persistencia de un sistema educativo que mantiene precarias condiciones en los centros de enseñanza y la privatización de algunos servicios que ha obligado a las madres y padres de familia a retirar a sus hijos e hijas de las escuelas. De igual manera, que el sistema tiene algunas deficiencias, especialmente con coberturas, acceso y una educación con calidad y libre de estereotipos. La propuesta en relación con este tema, también va encaminada a que se genere una transformación curricular que reconozca la diversidad cultural de los pueblos indígenas y negros en sus diversas cosmovisiones (cultura e idiomas). En suma, la garantía de una educación que cierre las brechas de desigualdad de las mujeres en relación con los hombres, y que propicie equidad, no violencia y respeto hacia los derechos humanos de las mujeres. Entre otros, se cita también el tema Cuerpo, Tierra, Territorio y Bienes Comunes, y que se relaciona con las mujeres que integran las organizaciones campesinas, indígenas y negras que en comunidades del interior del  país defienden sus recursos naturales y territorios, del despojo violento por parte de empresas nacionales y transnacionales, particularmente mineras e hidroeléctricas, que obtuvieron su concesión de forma inconsulta. En ese sentido, existe diversidad de denuncias de mujeres que son acosadas y violentadas en sus derechos, por parte de los cuerpos de seguridad (policías y militares), los que se han convertido en sus perseguidores al recibir y cumplir órdenes de las empresas a las que resguardan sus bienes. El reto de las mujeres Las organizaciones de mujeres y feministas iniciarán a partir de agosto un proceso de incidencia para lograr que un acercamiento con los presidenciables, para que conozcan sus puntos de agenda y que se comprometan a incluirlos en sus propuestas de planes de gobierno. Anuncian, además, que realizarán un monitoreo de los discursos, opiniones, reflexiones y valoraciones que sobre los temas de la agenda de las mujeres, emitan los aspirantes a la presidencia durante el tiempo que dure la campaña electoral. El objetivo es el de dar seguimiento al nivel de visibilidad y de compromiso genuino que mantengan en su campaña con los temas vinculados con las mujeres y sus problemáticas. Esta iniciativa se inscribe en el marco de la ejecución de un proyecto financiado por Oxfam- Intermón y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, dos organizaciones que apoyan la incidencia de las organizaciones de las mujeres y feministas en la coyuntura electoral, en Honduras.

Luego que el Congreso Nacional aprobara la creación del Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer) en septiembre de 2015, organizaciones de campesinas y feministas exigen hoy la reglamentación y asignación presupuestaria para el funcionamiento del programa que podría beneficiar a más de 500 mil mujeres en el territorio nacional. Unas 28 organizaciones de campesinas, feministas y cooperativas demandan a las autoridades instituir el Reglamento General de la Ley Credimujer, con el objetivo de que se incluya en el Presupuesto General de la República. Asimismo, informaron sobre la necesidad urgente de incorporar los 105 millones de lempiras que inicialmente se planificaron para la operatividad efectiva de dicho programa. Estudios revelan que ocho de cada 10 mujeres en Honduras no tienen tierra propia para cultivar, mientras que seis de cada 10 mujeres en zonas rurales viven bajo condiciones de pobreza. La ruta para hacer efectivo Credimujer Credimujer es una iniciativa que beneficiará a más de medio millón de mujeres en zonas rurales, brindándoles acceso a créditos y asistencia técnica para aumentar su productividad en el campo. Con el acompañamiento y asesoría de Oxfam, representantes de las plataformas de mujeres sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para establecer una ruta de acción en la aprobación de al menos 32 millones de lempiras para el año 2018. Hasta el momento se ha manejado que la inversión inicial estará disponible a través de un fideicomiso creado por la SEFIN según lo establece la Ley Credimujer Para las representantes de las mujeres del campo llegar a este punto representa un avance significativo en el proceso; sin embargo, no se conforman solo con impulsar la ley, su visión es acompañar a las mujeres de base para que tengan acceso al crédito y supervisar que esos fondos contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades. “El Reglamento es un paso importante y esperamos se someta al Consejo de Ministros para su aprobación. El siguiente paso será crear el fideicomiso y mediante las cooperativas locales, se comenzará a canalizar el financiamiento por zona según lo soliciten los grupos de mujeres y mediante un análisis con el cual se identifiquen sus necesidades”, explicó Wendy Cruz, representante de la Vía Campesina-Honduras. El vía crucis de Credimujer Luego de casi dos años de presiones para concretar un proyecto que ahora es ley en Honduras, las mujeres buscan que se pase del papel a la acción. Las organizaciones de mujeres y feministas afirman que no descansarán hasta que la SEFIN refleje el Programa Credimujer en el Presupuesto de la República. Asimismo sostienen que mientras no se tenga la certeza de esa inclusión la incidencia continuará ya que es una ley que debe cumplirse. “Hay una preocupación que es válida, porque estamos a un paso del proceso de elecciones y de un cambio de Gobierno. No queremos que se estanquen los avances y nos dejen sin el presupuesto para operar, por eso la incidencia es clave y no descansaremos hasta que se vea reflejado en el POA el presupuesto para Credimujer”, concluyó Cruz.

Con sus cuerpos desnudos, las mujeres organizadas en Honduras llamaron la atención de las autoridades, ante el aumento desmedido de crímenes en contra de mujeres en el país. En los últimos meses muchas mujeres han sido asesinadas y sus cuerpos desmembrados, sin embargo, las organizaciones feministas denuncian que para el gobierno esta situación no implica aún un problema social. En ese sentido, los asesinatos de mujeres acontecen en medio de la ausencia de políticas estatales que ataquen este problema desde la estructura. Compartimos con ustedes el comunicado emitido por la Plataforma TODAS CONTRA LOS FEMICIDIOS, que dieron a conocer en el marco de una singular protesta. 2DO MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA/ DE MUJERES Y DE TODAS CONTRA LOS FEMICIDIOS Nosotras, mujeres de todas las edades, habitantes de esta Honduras, ante el silencio y la falta de respuesta del Estado por los femicidios que diariamente y de formas cada vez más crueles se presentan en el país, hoy nos presentamos con estos cuerpos que son el cuerpo de la Matria viva y pujante, resistente y desnuda, pero también violada, torturada y asesinada. Este cuerpo colectivo declara que sigue en rebeldía frente a los casi 200 femicidios y muertes violentas de mujeres que han ocurrido de enero a julio del presente año porque siguen siendo el escenario de la tortura y el horror, donde la ausencia del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo sigue siendo evidente. Repudiamos los mensajes machistas que son dejados en las escenas de los crímenes instándonos a que volvamos a los espacios privados de la casa, que no hablemos, que no denunciemos, que no engañemos, que no andemos en las calles. Las calles son también son nuestros espacios, tenemos derecho a caminar libremente por ellas sin temor a ser acosadas, violadas, asesinadas. Reclamamos el derecho a recuperar las calles y nuestras vidas. Reclamos el derecho a recuperar la seguridad en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestras madres, con nuestras hijas e hijos, con la gente que amamos. Reclamamos el derecho a expresarnos libremente, sin temor, sin angustias. Rechazamos también los mensajes que expresan que las mujeres somos responsables de nuestros propios asesinatos. En ningún caso es aceptable expresar que los femicidios se dan porque “las mujeres están cada vez más involucradas en estructuras del crimen organizado”. No se tiene hasta la fecha una investigación objetiva y científica por parte de los entes responsables que demuestren tal afirmación y en caso de existir, la desconfianza hacia estas instancias por parte de la ciudadanía, los haría poco creíbles. Tampoco aceptamos la etiqueta de “crímenes pasionales” para encubrir a una sociedad masculina que desprecia y trata como objetos a las mujeres. Los crímenes así llamados son planificados con anterioridad por sus hechores, que en la mayoría de los casos están plenamente conscientes de sus actos. Así que no son crímenes pasionales o vendetas organizadas, sean como sean, son femicidios. Declaramos que somos luz, esperanza, fuerza y vida. Que estamos en pie de lucha por nuestras vidas y que seguiremos denunciando la ineficiencia del Estado no solo en investigar, si no en prevenir, sancionar y erradicar este tipo de crímenes. Que estamos hartas de tanta impunidad. De esta manera demandamos: -La atención urgente del Estado en priorizar y dar respuesta integral a la problemática de los femicidios a través de los entes competentes: Agencia de Investigación Criminal, Fiscalía de la Mujer, Fiscalia de Delitos contra la Vida, Instituto Nacional de la Mujer, entre otros. -Una estrategia integral para el abordaje no solo de los femicidios, si no, de la prevención y erradicación de los mismos, con un planteamiento orientado hacia la atención de las familias que sobreviven a las víctimas. -Una investigación criminal seria y competente que pueda identificar y condenar a los femicidas, además de la exigencia en la devolución del presupuesto etiquetado de 30 millones asignado en el año 2016 para la investigación de los delitos contra la vida de las mujeres. No estamos dispuestas a derramar más sangre, estamos dispuestas a tomarnos las calles, las avenidas, los edificios de todo el país hasta que nuestras demandas sea escuchada. Resistimos y seguimos peleando si es necesario, huyendo su es posible. Somos la matria que reclama justicia y que levanta por todas partes voces de fuerza y esperanza. Somos una, somos todas QUE LA UNICA SANGRE QUE LA MATRIA DEBA DERRAMAR SEA LA SANGRE MENSTRUAL COLECTIVO TODAS CONTRA LOS FEMICIDIOS 20 de Julio 2017

Redacción: CESPAD La incidencia de las organizaciones de mujeres logró la ratificación en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2017, de la incorporación de la perspectiva de Género al diseño, implementación, y evaluación de políticas, planes y presupuestos de la Administración Pública. Las Disposiciones Generales, consignadas en el decreto 171-2016 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, instituyen en el artículo 9 la asignación de enfoque de género al presupuesto para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, de manera transversal, el Estado se compromete a impulsar la aplicación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras 2010-2022 (II PIEGH) y el plan nacional contra la violencia hacia las mujeres 2014-2022, a través de la incorporación de la perspectiva de género, en el diseño, implementación, y evaluación de políticas, planes y presupuestos de la Administración Pública. Para asegurar lo anterior, las dependencias y entidades deberán considerar en sus planes estratégicos, a nivel de objetivos y resultados, el compromiso de disminuir brechas de desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En sus planes operativos, habrán, además, “contemplar productos y actividades/obra con asignaciones presupuestarias, bajo la lógica de la cadena de valor público y producción, que den cuenta de las acciones concretas para el logro de la igualdad de género en cada entidad pública”. Por otro lado, deberán generar información desagregada por género (sexo, etnia, edad, departamento, municipios, entre otros) a través de programas, proyectos, servicios y actividades que realicen las entidades públicas; y, finalmente, definir y aplicar indicadores que permitan visibilizar el avance en torno a la implementación del II PIEGH y el Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022. Esta es la segunda vez que, como resultado del proceso de incidencia que ha realizado el Centro de Estudio de la Mujer-Honduras (CEM-H) y la Plataforma 25 de Noviembre, con el apoyo del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), en el marco del programa de OXFAM INTERNACIONAL, se logra que se reconozca la incorporación de la perspectiva de género dentro en las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República. INAM será órgano rector de políticas a favor de las mujeres Las disposiciones presupuestarias establecen que será el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el Órgano Rector de las Políticas a favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género y que será desde el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social que se deberán emitir los lineamientos técnicos y operativos para la formulación de la planificación y presupuestos con enfoque de género-mujer, niñez y adolescencia, en coordinación con las entidades rectoras de los procesos de Planificación y Presupuestación (Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través de la Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas). Por otro lado, será la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que emitirá los Lineamientos de Política Presupuestaria para la Formulación de los Presupuestos del Sector Público, recogiendo los aportes consensuados del Órgano Rector de la Política de Género. El INAM aplicará anualmente el índice de inversión de equidad de género, como un mecanismo interno de monitoreo y evaluación de la gestión pública en materia de equidad de género. Para este fin las instituciones del Estado deben presentar un informe sobre su asignación y ejecución presupuestaria con perspectiva de género. Este Índice se constituirá también en un mecanismo de estímulo para las entidades públicas que cumplan con las metas y planes de equidad de género, ya sea a través de la ampliación de techo presupuestario o evitando recortes al presupuesto a aquellas instituciones que reporten mayor inversión en género en el siguiente periodo. Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional monitoreará ejecución de gastos en materia de equidad de género Las Disposiciones Presupuestarias también consignan que será la Comisión Legislativa de Presupuesto, en coordinación con la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional y el INAM, las que realizará un monitoreo semestral de la ejecución de gastos de la gestión pública en materia de equidad de género, a través de la realización de las audiencias públicas. Para tal efecto, las dependencias y entidades estatales serán convocadas a las audiencias públicas y tendrán la responsabilidad de preparar los informes sobre su inversión a favor de los derechos de las mujeres y la equidad de género. Aunque esta disposición es general a todas las entidades del Estado, las audiencias de género serán específicas para los Gabinetes de Conducción y Regulación Económica, Protección Social, Seguridad y Defensa, Gobernabilidad y Descentralización, así como para el Ministerio Público y Poder Judicial. Finalmente, la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional coordinará el proceso con el INAM y en conjunto con representantes de Organizaciones de Mujeres de la Sociedad Civil. No obstante lo anterior, para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, el reto sigue siendo asegurar que ese enfoque se exprese en el ejercicio fiscal del 2017, y posicionar ese enfoque en el ciclo de formulación del presupuesto de la República del 2018.

¿Hay espacios dentro del presupuesto 2017 para atender los derechos de las mujeres? Análisis de las tendencias y orientaciones de las disposiciones de presupuesto de 2017 Por segundo año consecutivo, en el marco del Programa de Justicia de Género de OXFAM International, se analizan las tendencias y orientaciones del presupuesto aprobado para el siguiente ejercicio fiscal -en este caso, para 2017-, a fin de entrever los espacios posibles que dentro de él, podría tener el gasto a favor de las mujeres y la atención de sus principales problemas. Del mismo modo que en el anterior informe, el presente analiza la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República del año 2017, para hacer una breve descripción y análisis de sus datos más relevantes, en una mirada comparativa en relación con el año 2016. Y a partir de aquí, tratar de derivar como sus principales orientaciones o tendencias incluyen o excluyen las posibilidades de incorporar las demandas de las mujeres en pro de sus derechos. Dentro de estas demandas sobresalen aquellas que tienen que ver con la atención urgente y decidida al femicidio (por ejemplo, la asignación de fondos a la Unidad de Lucha contra el Femicidio del Ministerio Público), así como la garantía de derechos económicos y sociales de las mujeres, sobre todo lo relacionado con el acceso al crédito (ahora que existe el Programa CrediMujer, aunque sin asignaciones dentro del presupuesto) y las condiciones de infraestructura productiva que permitan la mejora de sus ingresos. Como se ha venido señalando en informes anteriores, la tradicional regresividad del gasto social en el presupuesto se ha acentuado en los últimos años, a partir de las exigencias derivadas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la consecuente política fiscal contractiva. Esto se plasma en medidas de reducción de la inversión social y el gasto público, sumado al incremento de los impuestos, sobre todo indirectos. En ese marco, se imponen adicionalmente las orientaciones estratégicas del titular del ejecutivo y del partido en el gobierno que prioriza el crecimiento, la competitividad y la seguridad en detrimento del gasto y a inversión social, por lo cual son estas prioridades políticas las que determinan el rumbo del presupuesto, tanto en el actual año como para el 2017. ¿En dónde se concentra el gasto del Presupuesto de la República para el 2016 y 2017? ¿Cuál es la evolución del presupuesto de los Gabinetes Sectoriales para el 2017? ¿Qué importancia se le da a los sectores sociales prioritarios en el próximo presupuesto? ¿Cómo ha evolucionado el presupuesto de defensa, seguridad y justicia? ¿Dónde coloca sus prioridades? ¿Qué tanto la deuda pública está absorbiendo el financiamiento que, de otro modo, sería dedicado a la atención de gasto social y, dentro de este, al gasto a favor de las mujeres? Estas preguntas dan fundamento al documento que adjuntamos. Si desea leerlo, haga clic en el PDF para descargarlo

Ya han pasado varios años desde que se creó la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP). Sin embargo, a pesar de la considerable cantidad de recursos que se han invertido en la reducción de la violencia y la inseguridad, las expectativas de la población no se han llenado, en tanto, al contrario, persiste la percepción de la violencia como el principal problema en el país (Encuesta del ERIC, diciembre 2015). ¿Por qué a pesar de la considerable cantidad de recursos económicos que percibe el Estado a través de la TSP, persiste la violencia y el asesinato de mujeres?, ¿hacia dónde se orientan los fondos de la TSP?, ¿qué implicaciones y riegos tiene la militarización de la seguridad para la sociedad en general y específicamente para las mujeres? Estas, entre otras inquietudes, se intentan responder a lo largo de este trabajo, mismo que al final esboza una propuesta de agenda de las organizaciones de mujeres y feministas respecto a la TSP. Haga clic en el PDF para ver documento completo  

En el último decenio se ha observado un incremento sustancial de la violencia contra las mujeres. Según datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), entre el 2005 y el 2015 se han producido 4, 018 muertes violentas de mujeres y femicidios. En este período, el crecimiento de asesinatos contras las mujeres ha sido del 203%. Producto de la presión social de las organizaciones feministas y de mujeres, el Estado hondureño ha reconocido la gravedad de este problema al tipificarlo como un delito en el código penal. Sin embargo, pese a que, incluso, el Examen Periódico Universal (EPU) ha instado al actual gobierno a adoptar medidas urgentes ante esta situación, la investigación y la judicialización de los femicidios continúa sin contar con asignaciones puntuales dentro del presupuesto público nacional. En ese sentido, el presente informe plantea una breve descripción y análisis de los datos más relevantes del ante-proyecto de Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República 2016, así como una mirada comparativa en relación con el año 2015, con el objetivo de contribuir al debate sobre el derecho a la vida de la mujeres hondureñas en el actual contexto de violencia, y la necesidad de que este flagelo social se refleje en el presupuesto público nacional. A partir del 2014, el presupuesto público presenta la misma estructura y enfoque derivado de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una política fiscal contractiva. En esta política se destaca la reducción del déficit fiscal a través de la reducción de la masa salarial, inversión y gasto público, sumado al incremento de los impuestos, sobre todo los impuestos indirectos. Sin embargo, ante este comportamiento y de cara al proyecto del presupuesto público del 2016 surge la interrogante: ¿Cuál es el espacio del proyecto del presupuesto 2016 para considerar los derechos de las mujeres? La respuesta a las preguntas siguientes puede ayudarnos a resolver la interrogante central. 1. ¿En dónde se concentra el gasto del Presupuesto de la República para el 2015 y 2016? 2. ¿Cuál es la evolución del presupuesto de los Gabinetes Sectoriales para el 2016? 3. Entre el sector social y el sector seguridad y defensa ¿Cuál tiene mayor participación e importancia? 4. ¿Cómo ha evolucionado el presupuesto de defensa, seguridad y justicia? ¿Dónde coloca sus prioridades? 5. ¿Cuál ha sido el comportamiento del presupuesto del INAM en los últimos años y sus implicaciones en la promoción de los derechos de las mujeres? Presupuesto Nacional y femicidios 2015

El logro de que el 5% de los fondos de las transferencias municipales sea destinado a programas y proyectos para el desarrollo económico y social y combate a la violencia en contra de la mujer está en riesgo, y enfrenta el peligro de ser una conquista sin viabilidad en la práctica, o que quede en la emisión de montos financieros muy inferiores a lo planteado en la norma. Este es el principal hallazgo que destaca el presente documento, cuyo propósito es analizar las tendencias que han mostrado las transferencias municipales dentro del Presupuesto General y determinar el estado de los fondos que, en teoría, deberían destinarse a proyectos a favor de la mujer, en el ámbito municipal. En las páginas que siguen se muestra que los fondos que se transfieren desde el Gobierno Central a las alcaldías, han tenido un repunte importante a partir del 2010, en un evidente afán del partido de gobierno en el poder, por cooptar el apoyo y respaldo político de los gobiernos municipales. Sin embargo, las promesas de potenciar los recursos de los municipios, plasmadas en reformas jurídicas, han empezado a quedarse cortas debido a la crisis fiscal y la debilidad de gestión de las finanzas públicas. Transferencias Municipales CESPAD C-1

Poner a disposición de las organizaciones de mujeres, datos y análisis relevantes relacionados con la violencia, justicia y el manejo del presupuesto estatal es el objetivo del Estudio aquí presentado, “Mujeres en Honduras: Entre la violencia y la falta de acceso a la justicia. ¿Qué tanto cuentan en el presupuesto nacional?” La intención es que los datos del estudio puedan utilizarse por los grupos de mujeres organizados como evidencias en el trabajo de incidencia, ante instancias tomadoras de decisión, particularmente a nivel del Congreso Nacional. Igualmente que constituyan insumos de utilidad para alimentar el debate nacional en torno a la agenda de derechos de las mujeres hondureñas. De ahí que las principales preguntas orientadoras del estudio hayan sido: 1) ¿Cuáles son las características más sobresalientes de la violencia ejercida contra las mujeres en el actual contexto de Honduras y hacia dónde apuntan sus tendencias? 2) ¿Cuáles son las capacidades técnicas y voluntades políticas de las unidades gubernamentales encargadas de investigar los delitos y administrar la justicia a favor de las mujeres víctimas de la violencia? 3) ¿Dónde están colocadas las prioridades del presupuesto público hondureño y dentro de ellas cuáles apuntan a asegurar el acceso a una justicia pronta y efectiva para las mujeres? 4) ¿Cuáles son los espacios presupuestarios para mejorar el presupuesto destinado a la justicia de mujeres afectadas por la violencia? ¿Qué tipo de rubros dentro del presupuesto público es posible afectar? Ver documento: Mujeres y acceso justicia 2014