Autora: Claudia Mendoza. Ante las escalofriantes cifras, que evidencian que más de 4 mil mujeres han sido asesinadas en los últimos nueve años y que de esos casos unos mil ingresaron al Poder Judicial, con una mora importante en su proceso de investigación, organizaciones de mujeres y feministas demandan un Fiscal General comprometido con los derechos de este sector de la población. – Preocupa el incremento de la violencia contra las mujeres, traducida en múltiples formas que van desde la violencia sexual, el incesto, la violencia física, violencia emocional, el acoso sexual, la explotación sexual, la violencia intrafamiliar y las muertes violentas de mujeres y femicidios. En el marco de la elección del nuevo Fiscal General, diversas organizaciones de mujeres y feministas enviaron una carta a los miembros de la Junta Proponente de Candidatos y Candidatas, quienes tienen la responsabilidad de seleccionar los aspirantes de entre los cuales se escogerá al nuevo titular del Ministerio Público de Honduras (2018-2023). La misiva exterioriza la preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres, traducida en múltiples formas que van desde la violencia sexual, el incesto, la violencia física, violencia emocional, el acoso sexual, la explotación sexual, la violencia intrafamiliar y las muertes violentas de mujeres y femicidios. Para Calidad de Vida, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), organizaciones firmantes, se trata de un “continuum” de la violencia contra las mujeres, una situación que obliga a los Estados a intervenir en todos los ámbitos, para cumplir el mandato de prevenir, sancionar y erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Cifras avasalladoras Los datos indican que la violencia contra las mujeres ha dejado como saldo, en los últimos 9 años, 4 mil 355 mujeres asesinadas. De esta cantidad, solamente ingresaron al Poder Judicial mil 245 casos. Más en específico, en el 2017, de 389 crímenes solo 19 casos ingresaron como femicidios y obtuvieron sentencia condenatoria apenas 4. La carta destaca que la violencia doméstica es la segunda causa de denuncia. Sólo en el 2017 se reportaron 19 mil 196 casos a nivel nacional. De esa cantidad 1 mil 047 ingresaron en el Poder Judicial como delitos sexuales contra mujeres y niñas. Sin embargo, la mayoría de las muertes violentas de mujeres no han sido investigadas, mucho menos sometidos a procesos judiciales los autores materiales e intelectuales. Mujeres piden que el nuevo Fiscal  fortalezca Unidades de Investigación Las organizaciones demandan un Fiscal General que se comprometa con la implementación de acciones que atiendan problemáticas de las mujeres de forma estratégica. Una de las peticiones que consideran imperativa es la ampliación de las unidades de investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Para lograr este cometido, sostienen, es necesario asignárseles recursos y personal calificado en la investigación femicidios y crímenes contra mujeres. La Dirección de Medicina Forense es otro pilar fundamental en la investigación en el país, por lo que consideran que debe fortalecerse con la creación, dentro de la misma institución, de unidades forenses especializadas en muertes violentas de mujeres y femicidios. Para las organizaciones firmantes, el Ministerio Público es el pilar para que los casos de violencia contra las mujeres avancen y se termine con la impunidad. Es urgente, agregan, la priorización de recursos, voluntades políticas y compromiso del personal en todos los niveles dentro de esa institución. “Hemos podido constatar que aquellas fiscalías que atienden la problemática de las mujeres y las niñas son las que menos recursos se les asigna. La Fiscalía Especial de la Mujer en relación con el presupuesto total del Ministerio Público, pasó de representar el 1. 79 % en el año 2015 a 1. 27 % en el año 2017. De igual forma, el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), representa solo el 0.35 % del total del presupuesto del MP”, destacó Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H). “Hemos impulsado procesos de incidencia que han dado ciertos resultados, tal es el caso de creación de unidades de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios que desde nuestra percepción es un avance importante, pero se requiere ampliar la cobertura de estas unidades y mejorar la calidad investigativa para obtener mejores resultados. Sumado a esto, es urgente etiquetar los recursos exclusivos para las unidades de investigación de femicidios que se deben hacer desde el Fiscal General del Estado. En el 2016 se aprobó una reforma a la ley del MP para que se crearan las unidades anteriores, pero aún no se cuenta con el reglamento interno de las unidades y tampoco se ha creado la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a los Casos de Femicidios que la ley manda”, agregó Wendy Cruz, Coordinadora de la Articulación Vía Campesina. Interrogantes al nuevo Fiscal Tomando en cuenta que la violencia doméstica es el segundo delito más denunciado en el país, cuyo promedio anual es de 18 mil denuncias y que más del 48 % de los casos caducan, para las organizaciones feministas los aspirantes a la titularidad del Ministerio Público necesitan responderles: ¿qué acciones realizaría usted de ser Fiscal General del Estado para que los casos de violencia doméstica e intrafamiliar sean resueltos y que puedan vivir libres de violencia? ¿Estaría usted dispuesto a fortalecer presupuestariamente y técnicamente a la Fiscalía Especial de la Mujer? Agregan que, considerando que el promedio anual de denuncias de violencia sexual en los últimos tres años, en Honduras, ha sido de dos mil, y que la gran mayoría queda en la impunidad, las organizaciones demandan respuesta más respuestas: ¿Si usted llegara a ser Fiscal General del Estado, consideraría el fortalecimiento del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) tanto a nivel presupuestario, como en cobertura y expertís técnica en este tipo de delitos? ¿Qué otras acciones para atender esta problemática de violencia sexual contra las mujeres y las niñas estarían usted dispuesto hacer en caso de llegar a ser Fiscal General del Estado? Finalmente, en

Seis municipios del departamento de Intibucá se comprometieron a incluir la agenda de las mujeres en sus planes de gobierno. Ahora, la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas sigue su lucha y prepara su propuesta de trabajo para incorporarla en esos gobiernos locales. Foto por: Eva Sánchez Las Hormigas siguen la ruta que se trazaron meses atrás: incorporar en los planes de gobiernos municipales o locales que resultaren electos de las elecciones 2017, la agenda de trabajo que construyeron meses atrás, en conjunto con otras organizaciones de mujeres y feministas. Desde que se construyó la agenda, Las Hormigas se acercaron a  municipalidades como la de Intibucá, La Esperanza, Masaguara, Camasca, San Antonio y Otoro para planteares la necesidad de abordar, desde lo local, problemas que aquejan a las mujeres. Estas municipalidades estuvieron anuentes y decidieron abrirles el espacio. Otras, como la de San Miguelito, Concepción, San Isidro, a las que también plantearon la iniciativa, no se comprometieron. El plan de trabajo que pretenden desarrollar Las Hormigas, es a través de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM). La mirada de esta beligerante organización está puesta en aspectos como el fortalecimiento de temas como el Derecho a la Participación Ciudadana, Social y Política de Las Mujeres, ya que en la zona hay pocas mujeres participando en las estructuras políticas locales, como las Comisiones Municipales. Es urgente, dice, Eva Sánchez, Directora Ejecutiva de Las Hormigas, la impartición de capacitaciones sobre empoderamiento político con las mujeres organizadas, para que reconozcan sus derechos políticos, puedan establecer alianzas y se motiven a participar en cargos políticos. El insoslayable tema de la violencia domestica e intrafamiliar, que se asume como un asunto de carácter privado en el que nadie debe intervenir y sobre el que pesa aún la indiferencia de las autoridades encargadas de dilucidarlos, es otro tema que contiene la agenda de las mujeres. Sánchez agrega que las municipalidades, a través de la OMM, deben realizar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres por medio de  charlas, capacitaciones y presentación de videos a la población en general sobre el tema, a efecto de sensibilizar y concientizar a la población para que denuncie los maltratos físicos, psicológicos y patrimoniales de las que son objeto. El incesto y las violaciones es otra problemática cuya expresión es fuerte en el campo y en las zonas rurales de país. En el departamento de Intibucá el problema es significativo y de allí la necesidad urgente de coordinar con el Ministerio Público, a través de las fiscalías correspondientes, procesos de capacitación que permitan identificar el incesto y documentar los casos. El derecho a la Educación, Formación e Interculturalidad es otro tópico dentro de la agenda de las mujeres. El alto índice de embarazaos en adolescentes, como resultado de la falta de educación sexual en los hogares y centros educativos es grave. Por eso, para Las Hormigas, se requiere que las Municipalidades, en coordinación con los docentes, gestionen apoyo a otras organizaciones e instituciones para desarrollar procesos de capacitación en los centros educativos sobre sexualidad y así prevenir los embarazos en adolescentes. El respeto de los Derechos Económicos, acceso a trabajo, empleo, control de los recursos, así como el respeto de los derechos indígenas, también conforman los temas de la agenda  y que se potenciarán a través de la apertura que han dado a las mujeres y feministas, las 6 municipalidades en cuestión. Mujeres preparan su agenda y plan de trabajo Foto: Eva Sánchez Ataviadas con sus coloridas ropas y con base en los acuerdos sostenidos con las municipalidades, las indígenas Lencas que forman parte de Las Hormigas, comenzaron a hacer sus planes de trabajo y de inversión, para presentárselos a las municipalidades que están dispuestas a abrirles espacio. “Los alcaldes de estas municipalidades se comprometieron a ejecutar la agenda de las mujeres dentro de los pactos políticos. Se va a llevar a cabo un cabildo abierto de mujeres para abordar nuestra propuesta”, informó Sánchez. Agregó que, “lo que nosotras queremos es que el 5% por ciento que corresponde de la transferencia global que se les hace a las municipalidades, se invierta en las necesidades de las mujeres, con base en los intereses estratégicos”. Foto: Eva Sánchez Las Hormigas ahora tienen en reto de materializar el compromiso que las municipalidades de La Esperanza, Intibucá, Otoro, San Antonio, Masaguara y Camasca adquirieron con ellas y concretarlo con la incorporación de su agenda, en los planes de trabajo de esas alcaldías. El trabajo de construcción de la agenda de las mujeres, al igual que el proceso de incidencia realizado por Las Hormigas forma parte de la iniciativa de las Plataformas y organizaciones de mujeres, acompañadas por el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD- y el Centro de Estudio de la Mujer-Honduras (CEM-H), y es financiada por Oxfam en Honduras y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Cargando sus hijos e hijas en hombros, gritando consignas con las que demandan el respeto de sus derechos y con la convicción firme y clara de que falta aún mucho por qué luchar, decenas de mujeres conmemoraron el día de la mujer hondureña. Se trata del movimiento de mujeres y feministas, articuladas en la Plataforma 25 de Noviembre, Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna-Honduras y las Redes Locales de Mujeres del Distrito Central, que se  movilizaron hoy, 25 de enero, en un acto de rebeldía, de resistencias y de alegrías por las luchas que el Movimiento Feminista ha impulsado desde 1955, cuando se aprobó por la Cámara Legislativa el derecho al voto de la mujer hondureña. Se dirigieron hasta el centro de Tegucigalpa. El fuerte dispositivo de policías y militares que acordonaba la zona porque en el interior del Congreso Nacional las y los diputados tomaron posesión de su cargo, no importó. El objetivo de ellas era claro: rebelarse, resistirse y continuar demandando la eliminación de las diversas formas de violencias hacia las mujeres (según el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad cada 14 horas muere una mujer en Honduras). Pidieron, además, la desmilitarización en el país. “No más militares en las calles agudizando la represión contra las mujeres por parte de la policía y el ejército, que participan en las movilizaciones en las comunidades, barrios y territorios en contra de la dictadura ilegal instalada y presidida por el gobierno de Juan Orlando Hernández”, dijeron. Pero aquí también se demandó un alto a los desalojos violentos en las calles y en los territorios en donde decenas de mujeres luchan por la defensa de los bienes comunes para la sostenibilidad de la vida. De acuerdo a los datos que dieron a conocer, unas 1700 campesinas e indígenas han judicializadas y han fallecido muchas: Margarita Murillo, Berta Cáceres, Marilú Miranda, Teresa López, Alma Yamileth Díaz, Eva Erlinda Castellano, entre otras. Demandaron del Estado no más criminalización, persecución y judicialización de las mujeres defensoras de derechos humanos; no más impunidad por las muertes violentas de mujeres y femicidios (durante 2017 fueron asesinadas más de 400 mujeres y la mayoría de las muertes no han sido investigadas ni sometidos a procesos judiciales los asesinos). La no criminalización por las mujeres que deciden interrumpir un embarazo en cualquiera de las circunstancias y no más prohibición al acceso, uso y distribución de las pastillas de anticoncepción de emergencia, también fue una de las demandas de las mujeres y feministas hondureñas. Más en concreto, y luego de un acto dolorido y lleno de energías femeninas, las protagonistas de esta movilización, exigieron, de forma literal, lo siguiente: – Al Ministerio Público, que actúe de forma eficaz, transparente y con prontitud para que se investigue la violencia y los asesinatos contra mujeres. – Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que de acuerdo con sus facultades, intervenga para que no se continúe con el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía militar en contra de las mujeres, niñas y jóvenes que participan en las acciones de protesta en contra de la dictadura. – Al CONADEH que garantice el respeto de los derechos humanos de las y los ciudadanos – Al Consejo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras Comunicadores y Comunicadoras, que cumpla con mandato de garantizar la protección y la vida de las mujeres defensoras de los derechos humanos. – A la Policía Militar del Orden Público y a la Policía Nacional, que cese la represión y los asesinatos contra las mujeres, niñas, niños y jóvenes. – A las cúpulas religiosa y eclesiásticas que dejen de intervenir en las decisiones del Estado, en las políticas públicas relacionadas con el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. – Al poder Judicial que fortalezca y amplíe la cobertura de los juzgados Especializados en Violencia Doméstica, mejore la calidad de atención y que deje de imponer reglas para con las sobrevivientes de violencia donde no se les permite la entrada con camisas escotadas, colocando con esto una barrera más que limita el acceso a la justicia para las mujeres. Así fueron las resistencias, las rebeldías y las alegrías de la mujeres hondureña en su día.

Mientras la representación de hombres, desde el año 2001, dentro de las estructuras políticas se mantiene en un 80%, como media, las mujeres no logran alcanzar ni el 20%. Pese al esfuerzo de las organizaciones de mujeres y feministas por lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres en la representación política, muy poco se ha avanzado. El Observatorio Político de las Mujeres, conformado por el Grupo Sociedad Civil con apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI); la Coalición Todas y la Red de Mujeres Inter-partidarias, en el marco del Observatorio N26, dio a conocer el I Boletín sobre la participación política de las mujeres en las Elecciones 2017, en el que se realiza un breve análisis que establece importantes conclusiones sobre la participación de la mujer en la política. Cada vez menor la participación de mujeres en cargos de elección popular En relación con los cargos a elección popular en los que participaron mujeres, es importante destacar, dice el Observatorio, que para el cargo a Presidente/a de la República, de 10 partidos políticos, solo una aspirante fue mujer: Marlene Alvarenga, en representación del Partido Anticorrupción (PAC) (representando el 11% del total). Mientras que para Designados/as presidenciales participaron 63% hombres y 37% mujeres. Para las elecciones generales 2017, de 10 partidos políticos que contendían en el proceso electoral, 568 mujeres (44%) y 711 hombres (56%). Sin embargo, de los 128 curules disponibles para diputaciones, solo 28 fueron ocupados por mujeres, lo que equivale a un 21.8%, porcentaje mucho menor que el logrado para diputaciones en las elecciones 2013, que fue de 25.7%. Del 21.8%, 12 diputaciones del Partido Nacional fueron ocupadas por mujeres, 9 de Libertad y Refundación, 3 del Partido Liberal y 2 de la Alianza Patriótica. “Podemos observar un comportamiento de Zig-zag en relación a la participación de las mujeres a lo largo del tiempo desde que se tienen registros estadísticos digitales (2001)”, dice el Observatorio N26. Mientras la representación masculina desde el año 2001, se mantiene en una media de 80% o más, la de las mujeres no logra alcanzar el 20%, manteniéndose en un 19.8% Datos importantes que aún no impactan en el posicionamiento político de las mujeres Honduras cuenta (2017) con una población aproximada de 8 millones 741 mil 641 habitantes; las mujeres representan el 52.6% de la población, que corresponde a 4 millones 581 mil 913, habitantes. Entre tanto, el Censo electoral lo conformaron en su mayoría las mujeres, con un 51%, de las cuáles participan activamente como votantes, aproximadamente un 63% (Datos TSE 2017). Sin embargo, para el observatorio N26, pese a que las mujeres son mayoría poblacional, y de que son determinantes como población que elige, los hombres siguen a la cabeza en los puestos de elección popular. A manera de conclusión y por otro lado, para el Observatorio N26, un aspecto importante que destacarse es que la Paridad, como requisito democrático, no se está cumpliendo de acuerdo a Convenios y Protocolos Internacionales firmados por el Estado de Honduras. Cuestionan que el porcentaje de participación de las mujeres debe hacerse de cara a las elecciones generales y no solo en las elecciones primarias, ya que tal como está, el porcentaje de participación femenina queda “diluido” en las elecciones generales. El observatorio N26 cuestionan, además, que la fórmula establecida en el “Reglamento de aplicación del principio de paridad y del mecanismo de alternancia en la participación política de mujeres y hombres en los procesos electorales”, de exigir la alternancia de forma obligatoria a partir de la 3ra, 4ta y 5ta posición, de acuerdo a la carga electoral, ubicó a las mujeres en las últimas posiciones, lo que afectó claramente su posibilidad de ser electas.

Un caluroso recibimiento le hizo el pueblo Lenca a las dos mujeres premio Nobel de la Paz, que este fin de semana visitaron las comunidades que conforman Río Blanco, la zona en donde Berta Cáceres lideró la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la compañía Desarrollos Energéticos –DESA-, en su afán por represar el Río Gualcarque. El emotivo momento sirvió para que Tawakkul Karman, la periodista, política y activista yemení por la defensa de los derechos humanos (premio Nobel 2011), y Shirin Ebadi, abogada iraní que milita por los derechos humanos y la democracia (premio Nobel de la Paz 2003), demandaran al Estado de Honduras el respeto a la vida de las mujeres defensoras de sus territorios y la captura de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. En la zona, las dos mujeres premio Nobel de la Paz, que llegaron para conocer en Honduras la situación de los defensores de derechos humanos y los abusos que se cometen en su contra, brindaron una conferencia de prensa en la zona. Ambas mujeres fueron contundentes con su mensaje de exhortación, al Estado de Honduras, de respeto a la libertad de expresión y a la integridad física de quienes  defienden los derechos humanos, los bienes comunes de la naturaleza y sus territorios. En el espacio, la mujeres también cuestionaron que ya transcurren casi dos años y en el crimen de Berta Cáceres aún no se investiga y menos se judicializa a los autores intelectuales que ordenaron y pagaron por su muerte. “Berta es una de ellas, una víctima de ellos y por eso nosotros solicitamos que se haga justicia contra todos los que estuvieron involucrados en su muerte, dijo con tono firme Tawakkul Karman, premio Nobel 2011. Estas mujeres recorrieron los alrededores del Río Gualcarque, una de tantas regiones que en Honduras han sido escenario, entre el 2009 y 2017, del asesinato de 12 defensoras de sus territorios y de que mil 600 mujeres hayan sido llevadas a juicio. Para Berta Zúgina Cáceres, hija de Berta Cáceres, la exigencia desde el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras –COPINH-, y de las comunidades Lencas, es la captura y condena de los autores intelectuales, de los que forman la oligarquía hondureña, funcionarios y militares.

Como una “burla” consideran las organizaciones de campesinas y feministas las declaraciones de Wilfredo Cerrato, Titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en un medio de comunicación televisivo a través del cual afirmó que desde esa dependencia estatal se pondrán a disposición, de inmediato, cinco (5) millones de lempiras para el programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER). Es importante informarle a la población en general, que hemos sostenido diversas reuniones con funcionarios/as de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el Instituto Nacional de la Mujer. En esos espacios se nos prometió la inclusión en el Presupuesto General de la República del año fiscal 2018, de los primeros 32 millones de lempiras para la creación de la unidad técnica y del fideicomiso de CREDIMUJER. El Programa CREDIMUJER fue aprobado en el Congreso Nacional desde el mes de septiembre del año 2015 y para su funcionamiento total se requieren 105 MILLONES DE LEMPIRAS. Desde entonces, las organizaciones impulsoras de la defensa de los derechos humanos de las mujeres del campo, aglutinadas en La Vía Campesina, la Plataforma Agraria y la Plataforma 25 de Noviembre, han liderado una sistemática lucha para que se incluyan los primeros 32 millones de lempiras en el Presupuesto General de la República para el año 2018. REITERAMOS: el primer desembolso que se consensuó es de 32 millones de lempiras, NO 5 como lo aseveró Wilfredo Cerrato.                   Las organizaciones campesinas y feministas hemos documentado que unas 2 millones de mujeres viven en la zona rural, en precarias condiciones por no tener acceso a bienes materiales para trabajar y mejorar su calidad de vida. Los fondos de CREDIMUJER vendrían a apoyar en iniciativas de producción de este segmento poblacional. Por lo arriba señalado demandamos lo siguiente: Que se nos asigne en el presupuesto de la República del año 2018, los primeros 32 millones que se nos prometieron para funcionamiento inicial del Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER). La urgente aprobación del Reglamento de la Ley de CREDIMUJER, que ya tiene más de un año de retraso. La urgente creación del Fideicomiso, por parte de la SEFIN, tal como lo ordena el decreto 110-2015 que dio vida al Programa de CREDIMUJER. No queremos más promesas incumplidas Queremos que se garanticen los derechos de las mujeres del campo. Tegucigalpa, M.D.C., 06 de septiembre, 2017.

Gritando el lema anterior, y ataviadas sus cabezas con sombreros, decenas de mujeres campesinas y feministas realizaron una protesta este día en la capital, en respuesta a la negativa que han tenido, por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, de asignar presupuesto al Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER). Las organizaciones impulsoras de la defensa de los derechos humanos de las mujeres del campo, aglutinadas en La Vía Campesina, la Plataforma Agraria y la Plataforma 25 de noviembre, hicieron del conocimiento público que ya trascurren dos años de una lucha permanente y sostenida para que el Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), asigne los 105 millones de lempiras con los que se estima, podrá funcionar CREDIMUJER. Desde muy tempranas horas, las campesinas y feministas llegaron a los bajos del Congreso Nacional; caminaron por las calles del centro de Tegucigalpa gritando al unísono las promesas que ha incumplido el gobierno al ofrecer un presupuesto en la Ley de CREDIMUJER, sin hacerse efectivo y visible en el Presupuesto General de la República. Las organizaciones de mujeres del campo denunciaron la precariedad en la que viven y que una alternativa es el acceso a créditos para sembrar la tierra o instalar otro tipo de negocio que les permita un cambio en su calidad de vida. Según datos compilados por las organizaciones manifestantes, de los 2 millones de mujeres que viven en la zona rural solo el 8% (176 mil), posee títulos de tierra y el 1, 3 millones padecen hambre. Por otro lado, la población rural solo tiene acceso al 11% de los fondos destinados a créditos agrícolas y apenas el 25% recibe asistencia técnica. La falta de acceso a los bienes materiales precariza las condiciones de vida de las mujeres en el área rural, pues de cada 10 hondureñas (os) 7 vienen en condiciones de pobreza. Ante esa situación, las protestantes lamentaron que para el actual gobierno, las mujeres campesinas, indígenas y negras no sean prioridad. En un comunicado enunciaron una serie de hechos que sustentan su denuncia: 1. La Ley CREDIMUJER fue aprobada el 29 de septiembre del año 2015, por el Congreso Nacional. Sin embargo, a la fecha (4-septiembre-2017) el gobierno de Juan Orlando Hernández no ha asignado “ni un cinco” para la creación del Fideicomiso de la Ley. 2. La Ley CREDIMUJER fue publicada el 14-marzo del 2016, sin embargo, continuamos a la espera de la aprobación del reglamento de dicha ley. 3. Como organizaciones campesinas y feministas hemos sostenido reuniones con funcionarios/as de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el Instituto Nacional de la Mujer. En esos espacios se nos prometió la inclusión en el Presupuesto General de la República del año fiscal 2018, de los 32 millones de lempiras para la creación de la unidad técnica y del fideicomiso de CREDIMUJER. Esta es otra promesa incumplida. Las organizaciones de mujeres sostienen que han tenido apertura al diálogo y han dado mucho tiempo de espera para que el gobierno inicie operación del Programa de CREDIMUJER. En la manifestación demandaron lo siguiente: 1. Que se les asigne en el presupuesto de la República del año 2018, los primeros 32 millones que se nos prometieron para funcionamiento inicial del Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER). 2. La urgente aprobación del Reglamento de la Ley de CREDIMUJER, que ya tiene más de un año de retraso. 3. La urgente creación del Fideicomiso, por parte de la SEFIN, tal como lo ordena el decreto 110-2015 que dio vida al Programa de CREDIMUJER.

Las mujeres campesinas denuncian que el  Gobierno de Juan Orlando Hernández no ha cumplido con la promesa de asignar 30 millones de lempiras, dentro del presupuesto 2018, para poner en funcionamiento el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural «Credimujer”. Pese a que el Programa de Crédito Solidario cuenta con un presupuesto establecido en la Ley, y de que las organizaciones de mujeres  han sostenido intensas reuniones con los representantes de la Secretaría de Estado de Desarrollo Económico, la promesa que se les hizo en estos espacios, de incluirse en el presupuesto 2018 los primeros 30 millones para el fideicomiso del programa, no ha sido cumplida. Las mujeres organizadas han sostenido acercamientos con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad responsable administrativa y presupuestariamente de CREDIMUJER, que han resultado intrascendentes. Informaron que en dos reuniones en particular (3 y el 9 de agosto), el Secretario de Estado de Desarrollo e Inclusión Social y Coordinador de Gabinete, Ricardo Cardona, les facilitó el acercamiento definitivo con las autoridades de Desarrollo Económico, sin embargo, nada de lo acordado ha sido cumplido. “Han pasado dos años desde que en el mes de septiembre del año 2015, se logró la aprobación de la Ley Credimujer. El gobierno tenía un plazo de 90 días para emitir un reglamento y a la fecha, el reglamento sigue en borrador y sin aprobarse”, denunció Wendy Cruz, de la organización Vía Campesina. En medio de esas reuniones, los funcionarios informaron que el Plan Operativo Anual de esa Secretaría incluiría dos millones adicionales para la creación de la Unidad Ejecutora del programa CREDIMUJER, una entidad cuyo funcionamiento es clave para la operatividad de este proyecto de apoyo a la mujer campesina rural. Sin embargo, ese compromiso tampoco se cumplió. Agregaron que en una de las reuniones, Cardona se comprometió a gestionar un préstamo puente para que CREDIMUJER pudiese adelantar su funcionamiento durante el 2017. El préstamo, dijo en su momento, podría proceder de un programa crediticio bajo su cargo: el Programa Presidencial de Crédito Solidario. Pero esta es otra situación a la que no se le ha dado curso. Para el 2017 se esperaba la asignación de fondos, pero ni los funcionarios responsables (Secretaría de Desarrollo Económico) ni la Secretaría de Finanzas (SEFIN) dieron cumplimiento a las disposiciones de la Ley. Los beneficios de las mujeres rurales con Credimujer De acuerdo con estimaciones de organizaciones impulsoras de CREDIMUJER, la asignación presupuestaria para el funcionamiento del programa podría beneficiar a más de 500 mil mujeres en el territorio nacional. Asimismo, estudios revelan que ocho de cada 10 mujeres en Honduras no tienen tierra propia para cultivar, mientras que seis de cada 10 mujeres en zonas rurales viven bajo condiciones de pobreza. Por eso, unas 28 organizaciones de campesinas, feministas, demandan el cumplimiento de la Ley y se le haga la correspondiente asignación presupuestaria. Asimismo, la aprobación del Reglamento General de la Ley Credimujer, pues es urgente que el programa comience su funcionamiento, incorporándose los 105 millones de lempiras que inicialmente se planificaron para la operatividad efectiva.

Tomado de: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. San José, 17 de agosto del 2017. Desde CEJIL expresamos nuestra preocupación ante el alza en las cifras de feminicidios en Honduras y la falta de respuestas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres en este país. De acuerdo a los datos del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, cada 14 horas es asesinada una mujer en Honduras. Por su parte, el Instituto universitario en democracia, paz y seguridad (Iudpas) ha registrado 187 homicidios de mujeres entre enero y junio del 2017; las organizaciones de la sociedad civil denuncian que van más de 200. Pese a la ausencia de cifras oficiales, lo cual es preocupante en sí mismo, toda la información dispuesta da cuenta de una alarmante violencia estructural, en donde las mujeres son consideradas como objeto de posesión y por tanto se ven expuestas a toda clase de vejaciones. Este tipo de delitos no se pueden observar como hechos aislados. Lamentablemente, se trata de manifestaciones de violencia extrema, que reflejan la ausencia de políticas públicas que permitan garantizar los derechos de las mujeres plenamente, sin discriminación alguna. Aún más: detrás de los números de feminicidios, hay vidas de mujeres que fueron sacrificadas sin que existan consecuencias para quienes ejecutan los crímenes. La impunidad en estos casos envía un mensaje a la sociedad de que este tipo de crímenes son tolerados por el Estado. Ya la ONU alertó en su informe presentado en agosto de este año, ante la notoria alza de las cifras. A su vez, reconoció que las investigaciones por esos casos son insuficientes e hizo un llamado a “redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar todos los actos de violencia contra la mujer y ofrecer asistencia y protección a las víctimas; incluyendo por medio de la adopción de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres”. (ver más acá). Una recomendación similar fue dada a Honduras por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del año 2016. Este órgano también señaló al Estado “Implementar políticas estatales para abordar los estereotipos y roles subordinados históricamente impuestos a las mujeres en base a conceptos de igualdad y no discriminación.” Ante este recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, CEJIL hace un llamado de atención al Estado, exhortándole a asumir su responsabilidad, previniendo adecuadamente situaciones de violencia así como dando a las víctimas y sus familiares el debido acceso a la verdad, justicia y reparación. Adicionalmente, interpelamos a las autoridades para que en la nueva discusión sobre las reformas al Código Penal consideren de manera exhaustiva los diversos tipos de violencia en la construcción del tipo penal sobre el feminicidio, tomando en cuenta los criterios de las organizaciones sociedad civil. Finalmente, solicitamos a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que den seguimiento a las recomendaciones antes referidas y ofrezcan su apoyo técnico para superar esta problemática.