Escrito por: Gustavo Irías
3 de diciembre, 2022
En la última semana de noviembre, viajó a New York una delegación de funcionarios hondureños con el propósito de concluir la negociación con la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la firma del Memorándum de Entendimiento. Este hecho sería el primer paso formal hacia la probable instalación en el país de un nuevo “mecanismo internacional” contra la corrupción (genéricamente identificado como CICIH). Esta delegación fue integrada por el Canciller Enrique Reina, el Ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, y la Ministra de Finanzas, Rixi Moncada.
En el cruce de notas de meses anteriores entre la ONU y el gobierno hondureño, se identificaban diferencias de fondo para avanzar a la firma del Memorándum, que giraban en torno a cuatro puntos principales:
- El carácter y alcance del “Mecanismo” en la investigación y acusación de funcionarios públicos y particulares involucrados en delitos contra la administración pública.
- El papel y responsabilidad de los dos actores (gobierno y ONU) en la selección y nombramiento del jefe/a de la Misión o “Mecanismo”.
- El papel y responsabilidad de ambos actores en la contratación de los funcionarios internacionales y nacionales, y
- 4) El origen del financiamiento de la Misión, si debería ser de la ONU y sus países miembros o mayoritariamente del gobierno hondureño.
Ver también: CESPAD. ¿Dónde estamos con la CICIH?
Antes del viaje de la delegación gubernamental a Nueva York, estas diferencias se elevaron de tono. Para el caso, el 20 de noviembre la Ministra de Finanza sostuvo que la CICIH debería instalarse con “apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, pero ser “financiada por el Estado hondureño”. Días antes de la marcha de la delegación a EEUU, la posición de la administración Castro sobre el carácter y alcance del “Mecanismo” fue explicada con mayor claridad, en el sentido de que no se concebía una Misión “coadyuvante del Ministerio Público” sino más bien “independiente para ejercer la acción penal pública en los casos de alta corrupción organizada en el sector público y privado”. Sin embargo, este último punto requeriría una reforma constitucional que, debido a la actual correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, no está al alcance del partido de gobierno y sus aliados.
Al calor de las negociaciones en Nueva York, algunas de estas posiciones se fueron flexibilizando. En la tarde del 1 de diciembre, el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María, declaró ante los medios de comunicación que “el financiamiento se efectuará por tres vías: mediante la ONU, los países miembros de la ONU y el Estado hondureño”. Pero esta es una posición oficial muy diferente a la expresada en las vísperas del viaje a Naciones Unidas.
Finalmente, el canciller, a través de su cuenta de Twitter, ha informado que:
“el Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de la CICIH, está listo y que la próxima semana en Nueva York discutiré los puntos sobre contratación de expertos internacionales y sobre su financiamiento con el Secretario General de la ONU” (3 de diciembre 2022, 10:16 am).
En lenguaje diplomático se puede interpretar que de los cuatro puntos controversiales se han resuelto dos (financiamiento y contratación de expertos), pero que no se ha podido avanzar en los otros dos (el carácter y alcance del “mecanismo internacional” y el nombramiento del jefe de la Misión), y que, en una determinación pragmática, el Memorándum de Entendimiento se firmará dejando abiertas estas controversias para resolverlas en un diálogo futuro.
La firma del Memorándum de Entendimiento no es la instalación de la CICIH
Dejar sin solución estas diferencias es posible porque el Memorándum de Entendimiento lo que marca es el inicio de una larga negociación (de por lo menos 1 año) para la instalación formal de lo que sería la CICIH.
Este proceso está concebido por fases. La primera fase está pensada para crear las condiciones necesarias para la instalación del “Mecanismo Internacional” contra la corrupción. Por lo menos, en la propuesta Borrador de Memorándum de la ONU se contemplaban tres actividades claves:
- el diagnóstico institucional y la asesoría técnica
- las reformas legales y la creación de nuevas leyes e institucionalidad
- y el acompañamiento técnico a la elección de la Corte Suprema de Justicia.
Es probable que en las negociaciones en Nueva York se hayan realizado ajustes, pero su esencia es crear las condiciones mínimas necesarias para que la CICIH pueda operar con reales posibilidades de éxito.
En esta fase será clave el rol del Congreso Nacional en la derogación de los pactos de impunidad que han impedido la acción penal de la UFERCO y, en general, del Ministerio Público, contra las redes de corrupción. En especial destacan el Decreto 116-2019: “Ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales”. Asimismo, el Decreto 57-2020: interpretación del Código Procesal Penal sobre el comiso y secuestro de documentos u objetos relacionados en la investigación y persecución del delito, y el Decreto 93-2021: reformas del Código Penal, Ley de Lavado de Activos y del Código Procesal Penal. Igualmente, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que permitiría la colaboración de personas imputadas para llegar a las cabezas de las redes criminales.
Para tener una comprensión panorámica del tiempo que se necesitará para la instalación de la CICIH, la siguiente es la tentativa hoja de ruta:
| Fases y sub fases | Contenido principal | Actores principales |
Tiempo estimado de duración |
| Fase I | Crear las condiciones necesarias para la instalación del “mecanismo” (en especial reformas legales y creación de nuevas leyes e institucionalidad). También diagnóstico de capacidades nacionales. | Congreso Nacional.
La Misión Técnica de la ONU e instituciones nacionales. Organizaciones de la sociedad civil. |
Mínimo de 6 meses, una vez firmado el Memorándum de Entendimiento. |
| Fase I.I | Negociación del convenio. | Gobierno hondureño y ONU.
Organizaciones de la sociedad civil. |
Indeterminado |
| Fase II | Firma convenio entre la ONU y el gobierno hondureño. | Gobierno hondureño y ONU.
|
Indeterminado |
| Sub fase i | Definición de las funciones y actividades del “Mecanismo”. | Gobierno hondureño, ONU.
Organizaciones de la sociedad civil. |
Indeterminado |
| Sub fase ii | Nombramiento de los funcionarios nacionales e internacionales. | Gobierno hondureño y ONU | Indeterminado |
| Sub fase iii | Búsqueda y gestión del financiamiento. | Gobierno hondureño y ONU | Indeterminado |
| Sub fase iv | Operación del “mecanismo”. | Gobierno hondureño, ONU.
Organizaciones de la sociedad civil. |
Indeterminado |
Fuente: Elaboración propia en base al borrador Memorandum de Entendimiento (ONU) y la primera respuesta del gobierno hondureño.
La sociedad civil y movimientos sociales actores ausentes
Es necesario aclarar que, hasta ahora, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales han sido actores ausentes en este proceso, caracterizado por su opacidad, es decir, por la débil rendición de cuentas. Sin embargo, habría que esperar que con la firma del Memorándum de Entendimiento otra dinámica marque este proceso y que, desde el Estado, se reconozca que la demanda por la instalación de la CICIH nació en las calles como un clamor de la ciudadanía y fue una de las principales banderas de las resistencias sociales de la última década. En tal sentido, tanto a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil les asiste el derecho histórico de tener un lugar en el proceso de consultas y negociación.
Esta demanda de participación ha sido expresada por diferentes colectivos de organizaciones de la sociedad civil, quienes también han colocado públicamente diversos posicionamientos sobre las características que debería tener la CICIH como un mecanismo efectivo en el combate de la corrupción e impunidad.
Sin duda, este proceso pondrá a prueba la genuina voluntad por la democratización social del actual gobierno de transición. La experiencia histórica muestra que sin una real participación de la sociedad civil y de los movimientos sociales es muy difícil la efectiva lucha contra las poderosas redes de corrupción. Además, en la situación particular de Honduras, para la instalación de un genuino Estado democrático de derecho será esencial la participación social en el diseño de la CICIH, igualmente, el control ciudadano sobre el nombramiento y desempeño de los principales órganos encargados de administrar la justicia (la Corte Suprema y el Ministerio Público).
