Escrito por Aimée Cárcamo
El 28 de febrero, el Congreso Nacional eligió a las nuevas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Sin embargo, la elección dejó dudas sobre la idoneidad de los funcionarios escogidos y expuso, de nuevo, la necesidad de una ley que regule las elecciones de segundo grado en Honduras, al igual que de cambios sustanciales en una institución considerada ineficaz e inoperante en la lucha anticorrupción.
Entre el 16 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2024, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) estuvo paralizado debido a la renuncia de uno de sus magistrados y a la tardanza del Congreso Nacional para elegir, primero, al sucesor y, en segundo momento, a los tres nuevos miembros de la institución para el período siguiente 2023-2030.
Al tratarse de una institución que es dirigida de forma colegiada por tres magistrados, según establece su ley orgánica, la ausencia de uno de sus miembros significó que durante ese año el TSC no emitió pliegos de responsabilidad en temas de corrupción, además del engavetamiento de expedientes y el riesgo de la prescripción de fiscalizaciones pendientes.
El período de los anteriores miembros culminó el 7 de diciembre de 2023 pero, para entonces, el ente fiscalizador contaba sólo con un magistrado. El Congreso Nacional eligió a las nuevas autoridades del TSC hasta el pasado 28 de febrero, sin embargo, esta elección amerita una reflexión y el esbozo de oportunidades debido a la trascendencia que tiene el TSC en la lucha contra la corrupción persistente en el país.
Retroceso en procesos de elección
La elección de los actuales magistrados del TSC, que ocuparán la silla hasta el año 2031, es considerada como apresurada y sorpresiva. En principio, nunca se publicaron los nombres de los autopostulantes y, además, la comisión especial encargada de ese proceso no presentó ningún informe técnico.
“Se esperaba muchísimo más de esta elección”, al tratarse de una institución como el TSC “que tiene deudas pendientes con la ciudadanía”, afirma Osiris Payes, asesora legal en transparencia y anticorrupción del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
La elección fue más bien un retroceso en términos de trayectoria y meritocracia, sobre todo si se compara con el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que contó, incluso, con una ley especial.
Payes apunta que una duda que debe considerarse es si los magistrados del TSC elegidos cumplen con los requisitos constitucionales y si no están inhabilitados por el artículo 16 de la ley orgánica de esa institución.
Además, la elección evidencia la necesidad de crear una ley especial que regule los procesos de segundo grado ante la falta de un procedimiento especial, ya que la Constitución de la República establece parámetros muy generales, entre ellos una elección en el Congreso Nacional con una mayoría de 86 votos.
Según Payes, es obligación del Estado regular estos procedimientos de selección conforme a lo establecido en la Constitución de la República, pero también con base en los estándares, criterios y normas establecidas en los tratados internacionales y demás instrumentos de los que Honduras forma parte, para que se pueda desarrollar un proceso que genere confianza en las autoridades electas.
Un papel fundamental
El TSC fue creado en 2002 y es el único ente que tiene la función constitucional de fiscalizar a posteriori los recursos públicos que manejan los funcionarios en cualquier institución y poder del Estado. Ese control es el que le permite determinar el enriquecimiento ilícito u otras formas de corrupción.
Ante el TSC, los funcionarios públicos que devengan 40 mil lempiras en adelante, personas ad honorem cuyas decisiones afecten el patrimonio del Estado o naturales que administren fondos públicos están obligados a presentar, bajo juramento, dentro de los cuatro primeros meses del año, la declaración de ingresos.
Cuando existan indicios de responsabilidad civil o penal, el TSC deberá remitir el caso a la Procuraduría General de la República o al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal.
“Juega un papel muy fundamental en la lucha contra la corrupción”, señala Payes. Ese rol es un requisito sine qua non porque si no se fiscaliza el uso de los recursos públicos no se pueden prevenir ni detectar las irregularidades que estén sucediendo en la administración pública.
De allí que la importancia de contar con magistrados independientes es crucial para que cumplan con su función y es por esa razón que la American Bar Association (ABA) preparó una serie de herramientas técnicas necesarias para realizar un proceso de selección de forma objetiva, transparente y pública, que fueron compartidas con el Congreso Nacional y la sociedad civil.
Esas herramientas, basadas en estándares internacionales, apuntan a una elección meritocrática y no dejan espacio a la interpretación ni a la discrecionalidad.
La ABA elaboró un perfil con las características mínimas que debe tener un magistrado en el plano ético, científico-técnico, gerencial y físico-psíquico, que ya están incorporados en todos los códigos de ética judicial más modernos. También realizó una matriz de evaluación técnica y ofreció apoyo para el desarrollo de audiencias públicas y para la elaboración de un reglamento.
Precisamente, la existencia de un reglamento que marque las etapas del proceso de elección (que defina cómo va a comenzar y a finalizar) fue una de las recomendaciones que hizo la ABA ante la ausencia de un procedimiento estandarizado. También presentó una secuencia de etapas diferentes del proceso, cuyo orden es muy importante, remarca la asesora senior de la ABA, Silvana Stanga.
Pero llevar a cabo ese proceso toma un tiempo determinado, agrega Stanga, para quien es importante no esperar el siguiente periodo de elección, para que “la ciudadanía no tenga dudas de que no se hizo de la noche a la mañana”.
Eso fue al final lo que ocurrió en el Congreso Nacional con la elección de los magistrados del TSC, en una sola moción nominativa y al mismo tiempo que se eligieron las autoridades del Ministerio Público, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia.
Magistrados del TSC desde 2002
| 2002-2009 | 2009-2016 | 2016-2024 | 2024-2031 |
| Renán Sagastume Ricardo Galo
Fernando Montes |
Daysi Oseguera Durón
Jorge Bográn Miguel Ángel Mejía |
José Juan Pineda
Roy Pineda Castro* Ricardo Rodríguez** |
Jorge Gustavo Medina Itzel Anaí Palacios
Ricardo Montes |
*Renunció 16 de febrero de 2023 para sumir cargo de magistrado en la CSJ
**Renunció el 21 de febrero de 2024
Un cambio de proceso
Las recomendaciones de la ABA pueden cambiar los futuros procesos de selección de segundo grado y prevenir que se repita la paralización que tuvo el TSC, tras la renuncia de uno de sus magistrados.
Una de las recomendaciones apunta a modificar el sistema de elección para permitir una renovación parcial paralela de los tres magistrados, que actualmente se eligen al mismo tiempo cada siete años. Esto permitiría la participación de diferentes legislaturas en cada proceso y favorecería la continuidad del trabajo en el TSC.
“Esta recomendación está enfocada a que el Tribunal funcione no solamente y no exclusivamente con los tres miembros del Pleno, sino que también pueda tener un funcionamiento efectivo con menos integrantes”, explica Raquel Aguilar, coordinadora de programa para la ABA.
Stanga, a su vez, sostiene que por más idónea que sea una persona para el cargo, necesita un tiempo lógico de acomodamiento, entonces “es un consejo de sentido común también; qué pasa, por ejemplo, si cada tres años se renueva uno de los magistrados y no solamente con el Tribunal Superior de Cuentas, sino también, por ejemplo, con los magistrados de una Corte Suprema de Justicia”.
Otra recomendación es evitar las designaciones basadas exclusivamente en cuotas partidarias, excluir a congresistas que tengan alguna acción en trámite en el TSC o interés en que se pueda resolver o no, una solicitud en ese ente.
Stanga reconoce que “siempre hay un componente político” pero, por más que la designación de los candidatos provenga desde los sectores políticos, siempre hay gente que da con el perfil que se busca. De allí la importancia de instaurar la idea y el cumplimiento de las características mínimas.
Y es que uno de los hallazgos de la ABA es que la manera en que se definen y se implementan los requisitos del cargo para magistrado del TSC podrían no ser suficientes para garantizar que los candidatos o candidatas cuentan con la idoneidad para el cargo.
Otro hallazgo fue una ausencia de garantías de participación y el escrutinio ciudadano en los procesos de selección.
“Recordemos que la sociedad civil también tiene un papel muy importante dentro de cada uno de estos procesos de selección de autoridades para que puedan tener ese componente de veeduría pública e identificar cómo se puede mejorar el proceso de selección”, señala Aguilar.
Comparsa de la corrupción
La ley orgánica del TSC establece también que esa institución actuará con autonomía funcional y administrativa de los poderes del Estado, pero la repartición de los cargos de magistrado, que históricamente han hecho los partidos políticos, ha frenado su independencia.
El anuncio del Ministerio Público de la privación de cuentas bancarias al exministro Ebal Díaz, puso al TSC nuevamente en el ojo público. Díaz fue uno de los funcionarios cercanos del expresidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, en cuyo gobierno fue elegido el TSC anterior.
Para el exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, el TSC es un ente que está cooptado y debilitado totalmente por los partidos políticos.
“Creo que el Tribunal Superior de Cuentas ha cumplido su papel de no hacer nada”, señala Navas. Peor aún, la institución ha sido inducida a proteger grupos y mecanismos de corrupción, de los que ha sido una comparsa.
El TSC no fue un aliado total de la MACCIH y se resistió a llevar a cabo algunas reformas en su reglamento propuestas por esa misión anticorrupción con el fin de fortalecer a esa institución.
La MACCIH trató también de darle herramientas al TSC y de utilizar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el seguimiento del enriquecimiento ilícito, la auditoría y la fiscalización, pero fue arar en la arena, compara Navas.
“Hubo, principalmente por el magistrado Juan José Pineda (del Partido Nacional), una resistencia para hacer estos cambios”, precisa.
En los tres plenos anteriores del TSC, “creo que solo se han presentado uno o dos casos de enriquecimiento ilícito que han llegado a los tribunales”, mientras que la mayoría de casos prescriben y no llegan a los juzgados porque los tres magistrados, que son de los tres partidos políticos, tienen que firmar y si uno no lo hace no se puede enviar el pliego de responsabilidades.
Payes coincide en que “estamos ante un Tribunal Superior de Cuentas ineficaz, que no ha podido exigir una rendición de cuentas” y, por lo tanto, ha habido muy pocos procesos de fiscalización del uso de los recursos públicos.
No obstante, Payes considera que la elección de las nuevas autoridades del TSC representa una oportunidad para revitalizar esa institución que ha sido percibida como inoperante e ineficaz.
“Podríamos ver en ellos una oportunidad para que sean agentes de cambio positivo, comprometidos con la mejora continua y el fortalecimiento de la institución, para que puedan resarcir el daño y cumplir con la deuda pendiente que tienen con el país en su función de transparencia y lucha contra la corrupción”, acota.
La MACCIH tuvo una corta vida en Honduras, apenas de 48 meses, y el país sigue con atención el proceso de negociación con las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
En ese sentido, la asesora del Cespad considera que el TSC puede desempeñar un papel muy importante y, con los recursos necesarios, dar acompañamiento al mecanismo para que se pueda garantizar medianamente la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.
Pero, sobre todo, para Payes el TSC “debe apostarle a la prevención y a detectar aquellos casos de macro-corrupción” y trabajar de la mano con el mecanismo internacional, para que con su función de fiscalización y control se convierta en un aliado clave y estratégico en la lucha contra la corrupción e incluso en un asesor de la CICIH.