Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
15 de abril, 2024 Descargue PDF aquí
El hecho más relevante de la coyuntura hondureña durante la semana pasada lo constituyó la movilización hacia Tegucigalpa y la instalación en los bajos del Congreso Nacional de diferentes comunidades garífunas, bajo el liderazgo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), conmemorando su llegada a Honduras hace 226 años (12 de abril de 1797).
Históricamente, los garífunas han sido un pueblo libre, deportados en pleno período colonial por los ingleses desde la Isla San Vicente hacia la Isla de Roatán. En principio, fueron recibidos por los españoles “como guerreros competentes (…), dotados de capacidades en agricultura, comercio y navegación”. Pero, luego, pasaron a ser “considerados como una amenaza por sus ideas libertarias que ejercían una mala influencia sobre los negros aun esclavizados”. Las autoridades coloniales intentaron su expulsión, pero la política definitiva que adoptaron fue su dispersión por la costa norte y la Mosquitia (Carlos-Agudelo.pdf).
Aunque el Censo de Población del 2013, del Instituto Nacional de Estadística (INE), solamente registra una población total 43,111 habitantes, existen fuentes que calculan más de 300,000 personas organizados en “47 comunidades en los departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios”. Además, “importantes asentamientos en las principales ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula y en ciudades intermedias” (SEDINAFROH. Pueblos afrodescendientes en Honduras). Igualmente, hay que destacar la numerosa comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos.
Ahora bien, la situación actual del pueblo garífuna está caracterizada por el despojo y usurpación de sus tierras por proyectos extractivos hidroeléctricos, mineros y turísticos, una situación que se ha profundizado después del golpe de Estado de junio del 2009.
La conflictividad entre las comunidades garífunas y terratenientes, y empresas extranjeras se ha ahondado, convirtiéndose en una constante en la vida de esta población afrodescendiente. “Empresas de capital canadiense y estadounidense multiplicaron su presencia y proyectos a lo largo y ancho de la Bahía de Trujillo. Banana Coast, Carivida Villas, Njoy Trujillo Beach Residences y Njoy Santa Fe Beach Residences y Marea Honduras”, siendo “solamente algunas de las principales inversiones turísticas. En más de una ocasión el territorio garífuna ya fue rebautizado como la “Pequeña Canadá” (Giorgio Trucchi. Albasud. Mayo 2017).
La compleja conflictividad social que afecta al pueblo garífuna forma parte del gran conflicto en torno a la propiedad de la tierra que caracteriza a la amplia zona del Aguán. Con una notable diferencia, la población garífuna, representada por Ofraneh, logró tres sentencias a su favor, emitidas por la Corte Interamericana: Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Encuentros y desencuentros con el Estado hondureño.
Las relaciones del pueblo garífuna y la actual administración gubernamental se han caracterizado por lo encuentros y desencuentros. En primera instancia, el Programa del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), en el numeral 6.1 desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria, generó altas expectativas en las comunidades garífunas al registrarse la promesa de “Sanear y legalizar las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes empezando con las que actualmente están en conflicto, ateniéndonos a los compromisos legales vigentes, incluido el Tratado 169 de la OIT”.
Aunque, en el programa de Libre no hay ninguna referencia a las sentencias de la C-IDH, la mención sobre el saneamiento de tierras supone un compromiso en los asuntos de fondo de estas sentencias.
Sin embargo, en los primeros meses del actual gobierno (8 de noviembre, 2022) se produjo uno de los desalojos forzados de tierras con los mayores grados de violencia en la comunidad garífuna de Punta Gorda. En este desalojo se utilizaron fuerzas policiales y militares que emplearon su fuerza de manera desproporcionada, dejando más de 60 personas heridas, además, 6 personas detenidas. Aunque este desalojo violento fue condenado de inmediato por la presidenta de la república Xiomara Castro, el episodio abrió las tensiones entre Ofraneh y el gobierno central. En los meses posteriores, Miriam Miranda (principal lideresa garífuna) denunció diversos ataques gubernamentales y de actores no estatales.
En el marco de la conmemoración de su llegada a Honduras, las comunidades garífunas instalaron, desde el 10 de abril en curso, su campamento en los históricos bajos del Congreso Nacional, espacio público en el cual los movimientos sociales han escenificado emblemáticas protestas sociales y han obtenido importantes victorias: organizaciones de mujeres y feministas, los pueblos indígenas, movimiento de exfiscales. En este espacio, en la voz de su máxima lideresa, dieron a conocer su agenda de demandas enfocada en dos puntos:
- El cumplimiento de las sentencias de la C-IDH y
- Dar fin a la política racista de la Secretaría de Educación y que cumpla con restituir a los maestros separados de los centros educativos garífunas y la resolución de la problemática educativa en su conjunto.
La movilización del 12 de abril tenía como objetivo llegar a la Casa Presidencial y entrevistarse con la presidenta de la república, sin embargo, la marcha se encontró con un fuerte dispositivo militar y policial que impidió su propósito inicial. En la presión por ingresar a la principal sede del Poder Ejecutivo, uno de los militares amenazó con su arma de fuego a la principal dirigente garífuna, de acuerdo con alerta publicada por Ofraneh, un acto propio de la natural lógica represiva de los militares hondureños. Paradójicamente, en ese mismo momento, la presidenta Xiomara Castro se encontraba encabezando el acto de celebración del día de la Fuerza Aérea Hondureña.
Aunque debe reconocerse que de inmediato el gobierno de la refundación reaccionó, instalando en Casa Presidencial la Comisión Interinstitucional para resolver el asunto garífuna y llamando a la Ofraneh a integrarse a la mesa, dando como plazo fatal hasta las 4:00 PM de ese día.
A pesar de lo positivo, este gesto también colocó en evidencia la histórica naturaleza del aparato estatal centralista, con escasa apertura para procesar y entender las dinámicas y demandas de las subalternidades sociales, pretendiendo imponer, desde el poder, sus protocolos, ceremonias y ritos formales.
Es por eso que, incluso, los liderazgos gubernamentales genuinamente progresistas fácilmente pueden terminar siendo subsumidos y triturados por esa enorme maquinaria burocrática-militar, como una referencia y reflexión respecto a cualquier contexto histórico.
El 12 de abril fue un día especialmente largo. Las comunidades garífunas se retiraron de Casa Presidencial al impedirles la fuerza militar su ingreso, retornando a su campamento en los bajos del Congreso Nacional; determinaron no acudir al llamado estatal, a menos que la Comisión gubernamental se trasladará al campamento garífuna.
En ese contexto, fue necesario el pragmatismo político del liderazgo de Libre en la construcción de “puentes” entre la delegación estatal (aislada en las frías paredes de la Casa Presidencial) y los manifestantes (posicionados en el espacio público). Finalmente, el Estado, en esta corta coyuntura, adquirió un carácter popular y democrático impugnado desde abajo, por la centenaria resistencia garífuna y su espíritu libre y autónomo. Y es así que, probablemente, por primera vez en la historia del país, el Estado tuvo que mezclarse literalmente con la multitud, para rendir cuentas y “gobernar obedeciendo”, sin ceremonias ni protocolos burocráticos.
Un acuerdo histórico
Las sentencias de la C-IDH a favor del pueblo garífuna se remontan a octubre del 2015. Desde entonces, han sido continuas las demandas de la Ofraneh para hacer efectivo el cumplimiento, por parte del Estado hondureño, sin que sus reclamos hayan sido respondidos por los gobernantes de turno. Esto no es extraño en un Estado estructuralmente marcado con un carácter neocolonial y racista.
El gobierno actual ha sido la excepción, pero han sido necesarios los llamados y peticiones (nacionales e internacionales) a lo largo de muchos meses, para que se emitiera el PCM 03-2024 y responder a las demandas de la Ofraneh.
En el artículo No1, el PCM establece la creación de “la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras” y “Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”.
Pero ¿en qué consisten las sentencias de la C-IDH?
En realidad, no son dos, sino que tres las sentencias: 1) Punta Piedra, 2) Triunfo de la Cruz y 3) San Juan.
A continuación, las obligaciones principales del Estado hondureño en cada sentencia.
- Punta Piedra
“el Estado debe: i) como medidas de Restitución: a) garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales que fueron tituladas por el Estado a favor de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra; b) hacer cesar cualquier actividad respecto del proyecto de exploración Punta Piedra II que no haya sido previamente consultada; c) poner en marcha los mecanismos necesarios de coordinación entre instituciones con el fin de velar por la efectividad de las medidas dispuestas; ii) como Compensación Colectiva, crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra; iii) como medidas de Satisfacción, realizar las publicaciones y transmisión radial; iv) como Garantías de no repetición: a) adoptar las medidas suficientes y necesarias, a fin de que sus disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta, y b) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad; v) en relación con la Investigación, el Estado debe continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables; vi) como Indemnización, pagar el reintegro de costas y gastos, así como el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, por los gastos incurridos” (Corteidh. Resumen caso Punta Piedra).
2.Triunfo de la Cruz
“ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iv) otorgar un título de propiedad colectiva sobre un lote de tierra reconocido como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado, el cual deberá ser debidamente delimitado y demarcado; v) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte del señor Jesús Álvarez y de los señores Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; vi) garantizar el libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vii) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad; viii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, y ix) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debiera reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso” (Corteidh. Resumen Triunfo de la Cruz).
3. San Juan
“la Corte ordenó diversas medidas de reparación: i) conferir un título de propiedad colectiva a la Comunidad Garífuna de San Juan sobre tierras alternativas o en su caso pagar las correspondientes indemnizaciones a dicha Comunidad; ii) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; iii) resolver los recursos judiciales o administrativos pendientes interpuestos por la Comunidad Garífuna de San Juan de conformidad con lo establecido por la normatividad interna; iv) pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y constituir un fondo para financiar proyectos con propósitos educacionales, habitacionales, seguridad alimentaria, salud, así como de suministro de agua potable y la construcción de infraestructura sanitaria, recolección de basura, en beneficio de los miembros de la Comunidad, y v) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos”. (Corteidh. Resumen caso San Juan).
Los elementos comunes de estas sentencias giran en torno a tres aspectos. El primero, el saneamiento de las tierras que históricamente pertenecen al pueblo garífuna para garantizar su uso y goce, además, de su propiedad colectiva. El segundo, la creación de un fondo comunitario para resolver la deuda histórica del Estado en educación, salud, infraestructura y otros aspectos. Y el tercero, el acceso a la justicia en el asesinato de los lideres mencionados en las sentencias.
En su conjunto, son medidas de restitución, compensación colectiva y garantías de no repetición para revertir el modelo extractivista instalado en las zonas garífunas, con un evidente carácter neocolonial y racista, que ha expoliado y despojado de sus bienes naturales comunes a este centenario pueblo, lo cual ha generado procesos de expulsión y migración (especialmente con destino a los Estados Unidos).
De ahí la enorme importancia histórica de la juramentación de la Comisión Interinstitucional, el 12 de abril de 2024, con representantes del gobierno (Secretaría de Relaciones Exteriores, Procurador General, Secretaría de los Derechos Humanos, Instituto Nacional Agrario -INA- y la Secretaría de Desarrollo Social) y delegados de los pueblos de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y de la Ofraneh.
Con este acto, se sentaron las bases para resolver una de las mayores conflictividades de tierras agrícolas existentes en el país. La presión social “desde abajo”, por parte de la Ofraneh, ha sido muy importante, igualmente, la voluntad política del actual gobierno. Con este acuerdo se amplía el espacio cívico democrático y se abre el camino para la democratización de la propiedad agraria en favor de las poblaciones garífunas, largamente demandada y anhelada.
Pero esto es solo el inicio. Hay un largo camino por delante para traducir ese acuerdo en logros concretos y tangibles. Además, esta corta coyuntura deja como lección que si no hay presión social plebeya (es decir, desde “abajo”), los cambios prometidos por un gobierno progresista avanzan lentamente o no terminan por realizarse. Históricamente el Estado, por sí mismo, ha sido una maquinaria insensible socialmente y perezosa para procesar y realizar cambios sociales sustantivos.