Escrito por: Lucía Vijil Saybe
Introducción
Las comunidades de Guapinol y el Sector San Pedro, en el departamento de Colón, Honduras, son los rostros visibles de las consecuencias de un modelo extractivo promovido por los intereses empresariales que, facilitado por la institucionalidad estatal, genera la indefensión de las poblaciones ante la vulneración de derechos humanos y de los ecosistemas.
En el marco de esa crisis, el presente escrito analiza esa problemática y responde a las siguientes preguntas: ¿cómo entender el enclave extractivo en el conflicto de Guapinol y el Sector San Pedro? y, de acuerdo a la configuración de fuerzas, ¿cuáles podrían ser las luces para el abordaje integral de la conflictividad socioambiental?
A partir de la revisión documental y de un análisis desde la ecología política, este escrito involucrará para su desarrollo: i) la contextualización del conflicto, ii) la descripción de las relaciones en el enclave extractivo, iii) las dinámicas entre los actores, iv) los impactos ambientales y, v) el esbozo de puntos críticos para un abordaje integral del conflicto.
Discusión teórica
La lectura de la ecología política, atravesada por los postulados de la dependencia, obliga a incorporar un análisis en las relaciones de producción y su impacto ambiental. Reflexionaremos sobre algunas categorías que Michael Watts plantea en su escrito: “Petroviolencia: algunas reflexiones sobre comunidad, extracción y ecología política”, y las relaciones de producción y su estructura.
Al estudiar la relación entre la violencia y la extracción del petróleo, Watts se pregunta: “¿Por qué la extracción del petróleo es un esfuerzo tan violento?, ¿por qué –y qué pasa con sus propiedades físicas y sociales– genera consecuencias tan explosivas entre las comunidades productoras de petróleo?”.
En esa misma línea se reflexiona en relación con las propiedades del hierro -como constitutivo de mercancía-, que es el material en disputa en el Caso de Guapinol y Sector San Pedro.
Es también relevante la forma en la cual la dinámica de la extracción se habilita por un Estado que considera a la extracción como una actividad clave para el desarrollo del país, sin analizarse la vinculación con el despojo comunitario, así como con otras dinámicas violentas en todo el proceso que se identifica en la escala de conflictividad socioambiental.
En ese sentido, se analiza a Eduardo Gudynas y su propuesta de enclave extractivo para sostener las redes de producción y comercialización.
Contextualización del conflicto de Guapinol y el Sector San Pedro
De acuerdo con el informe “Estado de la Región” (Rectores 2021), en Centroamérica y Dominicana”, el 80.2% de los conflictos socio ambientales registrados durante el período 1990-2020 estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción; conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.
En Honduras, el modelo extractiva se ha dinamizado y promovido desde marcos legales que agilizan las entrega de concesiones. Según el “Informe territorios en riesgo III” (FOSDEH, UNAH, OXFAM 2021), en 200 municipios (70% del total en el país) hay áreas de concesión minera o proyectos de generación de energía eléctrica: las concesiones mineras se extienden sobre 185 municipios y los de generación de energía eléctrica en 81 municipios, mientras 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos.
Watts establece que el petróleo “eleva y expande la centralidad del Estado–nación como un vehículo para la modernidad, progreso, civilización o la modernidad”. Es la justificación de la extracción de minerales metálicos y no metálicos en la región y particularmente en Honduras; la visión generada desde el Estado para concebir el desarrollo y, en ese sentido, ser garante de normativas y procesos políticos que permitan el dominio del sector extractivo en las dinámicas económicas.
El conflicto de Guapinol y Sector San Pedro tiene su génesis en el Congreso Nacional Honduras (Diario Tiempo 2018), ente en el que se establecieron las condiciones para otorgar el derecho minero mediante la derogación del Decreto Legislativo 252-2013, que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. A través de ese Decreto se reducen 217.34 hectáreas de la zona núcleo, que coinciden con la solicitud de dos proyectos mineros no metálicos (ASP y ASP 1) en una zona de recarga hídrica para los departamentos de Olancho y Colón.
Entre el 2015 y el 2017 se conformó el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP). Esta organización está integrada por los Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y Comité Sector Abisinia (14 comunidades); el Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), y la Parroquia San Isidro de Tocoa. Esta es una articulación de esfuerzos y recursos del CMDBCP, que constituye una referencia importante como proceso de organización y acción social contra el despojo de los proyectos extractivos y de los bienes públicos.
Estas organizaciones desarrollaron caminatas, cabildos abiertos y las primeras acciones de excavación de la empresa minera (CESPAD 2021).
Algunos hitos relevantes de movilización ciudadana en el Caso de Guapinol y Sector San pedro, son los siguientes:
a) La toma de la Alcaldía municipal de Tocoa por parte de los pobladores. La acción de presión se realizó durante más de diez días por las comunidades, en junio de 2018, para solicitar la aprobación de un cabildo a la corporación municipal. El objetivo era participar en la aprobación o no del proyecto minero en el municipio; esta acción de presión pacífica se realizó luego de múltiples solicitudes del comité a la corporación municipal y no recibir respuesta.
b) La instalación y desalojo del campamento Guapinol(ACAFREMIN 2020). El 1 de agosto de 2018, los residentes de Guapinol y otras comunidades de Tocoa opuestas a la operación de la empresa minera establecieron un campamento, ocupando el camino que conduce a la mina y bloquearon el tránsito de la maquinaria pesada de la empresa minera.
Con el denominado Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, el bloqueo se sostuvo por unas 140 personas locales, durante 88 días. Mientras el campamento estuvo en pie, los manifestantes se reunieron con una Comisión del gobierno para negociar algunos aspectos y demandas que jamás se cumplieron.
El campamento fue atacado y desmantelado con violencia el 27 de octubre por unos 1, 200 efectivos militares, luego de que un juez ordenó el desalojo de los manifestantes. Unas 500 personas se reunieron ese día para resistir a la embestida militar.
c) La cumbre municipal por el agua y la vida fue una asamblea multitudinaria que reunió a más de tres mil personas que ejercieron su derecho a la participación, luego que se le denegó su solicitud a la realización del cabildo abierto para tomar decisiones sobre la gestión de sus bienes comunes. En esta cumbre (ACAFREMIN 2019) se exigió la inmediata cancelación de la licencia ambiental y permisos de operación de las concesiones ASP y ASP 2, otorgadas a Empresa Inversiones los Pinares.
d) Proceso de persecución penal se generó con el levantamiento de órdenes de captura contra 31 ambientalistas y un juicio que se desarrolló en dos procesos judiciales: el primero contra el liderazgo territorial del Sector San Pedro y el Sector de Guapinol (terminó con el sobreseimiento definitivo de 13 líderes ambientalistas). El segundo caso, que involucró a 8 defensores y una detención arbitraria de 914 días(Guapinol Resiste 2022), finalizó con un proceso penal anulado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para finalizar este contexto, es importante acotar algunos potenciadores de conflictividad:
- No existió un proceso de consulta en las comunidades involucradas, sobre la instalación del proyecto minero.
- Debido a la demanda ciudadana se realizó un cabildo abierto municipal que declaró libre de minería al municipio de Tocoa. Pese a esa decisión, no se respetó la voluntad del pueblo y tampoco se vinculó la decisión con el proyecto minero, el que sigue vigente en la actualidad.
- La judicialización y el asesinato de defensores de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro se urdió con fuerza, como estrategia expropiatoria de la dinámica de acumulación.
- La influencia de las redes de corrupción extractivas en los gobiernos locales y la administración central, ha sido pieza clave en la instalación del proyecto(CESPAD).
- Un Estado ausente de la protección y resguardo a los ecosistemas y al acceso a justicia para las comunidades.
Relaciones en el enclave extractivo
Toda acción de extracción es el primer paso en un largo proceso productivo inserto en lógicas de comercialización. Esa facilidad para la modificación de los bienes comunes en recursos para transformación, es posible gracias a las distintas relaciones económicas, como diría Gudynas (2013), “organizadas como cadenas o redes que incluyen distintos nodos que desempeñan diversos papeles, tales como fábricas, centros de logística o supermercados”.
Es en esas redes que el extractivismo se apodera de los bienes comunes de la naturaleza, y la dinámica final es la respuesta a toda una demanda internacional (sin vincularse a lo nacional y regional) que refuerza sus producciones y sostiene una lógica de consumo global.
Un aspecto importante es que los “emplazamientos extractivistas no están articulados necesariamente entre sí, ya que pueden depender de distintas redes internacionales. Estas, a su vez, se organizan de acuerdo a las disponibilidades financieras, las opciones tecnológicas, más otros factores, y son ellas las que buscan, imponen o despliegan sus distintos sitios de aprovisionamiento de materias primas”.
Cada una de las acciones de movilización en las comunidades de Guapinol y el Sector San Pedro han sido la manifestación clara de resistencia ante la depredación de un entorno natural y comunitario que sostiene relaciones ecológicas, de convivencia y culturales.
En ese sentido, es importante conocer el enclave extractivo promovido, en este caso por el Grupo EMCO Holding en Honduras y su afianzamiento en las redes locales y departamentales.
El Grupo EMCO Holding es un conglomerado de empresas con proyectos en diferentes áreas.
Una de las empresas del grupo es Alutech, líder en la venta de techos y materiales de construcción, con presencia en diferentes países de Centroamérica y República Dominicana. En la División Aeropuertos, el grupo se encargó del proyecto de Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado en Comayagua. Además, actualmente tiene la operación del Aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa. En la División Siderurgia, el grupo tiene en operación a la empresa minera Inversiones Los Pinares que se encarga de la extracción de óxido de hierro en Tocoa, Colón, cumpliendo con altos estándares de calidad, minería y procesos responsables con el medioambiente.
También, en la División Siderurgia se encuentra a empresa Inversiones Ecotek, que desarrolla la construcción de una moderna planta peletizadora en la que se procesará el óxido de hierro que será extraído en Tocoa, para convertirlo en pellets. Este proceso permitirá la exportación del material con un gran valor agregado. Esta planta será única en Centroamérica; en la División Energía, el grupo desarrolla un importante proyecto de generación energética con la empresa Puente Alto Energy, ubicada en la comunidad de Puente Alto, en Puerto Cortés, la cual planea producir más de 100 megawatt (MW), en su etapa inicial.
El conflicto inició con la entrega de las concesiones para la extracción de hierro (ASP y ASP 2). Sin embargo, la preocupación comunitaria aumentó cuando se conocieron los componentes adicionales del proyecto. Inversiones Los Pinares es la empresa minera encargada de la extracción de hierro y trabaja en conjunto con Inversiones Ecotek, que posee la planta paletizadora mediante la cual, el óxido de hierro será convertido en “pellets para poder exportarlo con un alto valor agregado. Los Pinares inició la Fase 1 de producción de hierro en bruto como materia prima y a finales de 2021 arrancará la Fase 2 para exportar hierro semiprocesado a Estados Unidos”, (EMCO).
Para instalarse, el grupo EMCO, de capital nacional, ha tenido que abrir espacio para la instalación de su enclave extractivo en las comunidades, para el caso: apertura de carreteras para el traslado de maquinarias que son necesarias para la extracción, compra de terrenos para instalación de su planta procesadora y la tecnología involucrada en procesamiento y transformación.
La extracción de hierro está condicionada específicamente para cumplir un rol en una dinámica internacional de procesamiento de materias primas. Al final, es la sentencia de una economía hondureña supeditada a un rol asignado en la división internacional del trabajo reforzando un modelo primario exportador.
Asimismo, las redes de intercambio que se vislumbran en un conflicto como este, tienen algunas características:
a. el funcionamiento de nodos logísticos para el traslado de mercancía ha sido construido bajo los intereses de las grandes empresas en el país, en detrimento de garantías de movilidad específica para la ciudadanía y caminos productivos de menor escala.
b. el aporte del sector minero a la economía nacional no ha sido significativo y mucho menos determinante. Y en contraposición, se continúa justificando un modelo extractivo que ha sido depredador por el beneficio que otorgan los marcos jurídicos y la complicidad de la institucionalidad pública, en relación con el acceso a justicia y protección de los bienes comunes.
c. las redes globales de intercambio y comercialización son capaces de satisfacer demandas internacionales y relegar, por completo, las necesidades básicas de las comunidades en las que opera.
d. Las redes de extracción son custodiadas por la fuerza pública en el país y son factores determinantes para la escalada de violencia en las comunidades.
Al final, el ejercicio de resistencia de las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, ahora se enfrenta a las redes de conectividad protegidas por un capital nacional y validadas en un entorno global que garantiza procesos de demanda de materias primas. Gudynas (2013) considera que, “De esta manera, los distintos conflictos que se viven en el continente alrededor del extractivismo, en realidad solo enfrentan a los componentes iniciales de esas redes, pero no necesariamente atacan su estructuran mundializada”.
Dinámicas entre los actores
En el marco del conflicto, el actor comunitario convocante y aglutinador es el Comité Municipal, ente que ha sido capaz de generar un posicionamiento internacional del Caso Guapinol y Sector San Pedro.
Algunas de las características de este actor:
- Constitución heterogénea que encuentra eco en los llamados religiosos, desde una ruralidad convocante y defensores/as del territorio, con una vista política a una relación de cuidado sobre los bienes comunes de la naturaleza. Al final, es la constitución de un sujeto social capaz de encontrarse en las diversidades.
- Los liderazgos de las mujeres han sido determinantes en el sostenimiento de las diferentes actividades de resistencia y en el ejercicio de posicionamiento público en el marco de la judicialización de los defensores.
- El trabajo comunitario por el acceso a la información y la participación en la protección de los bienes comunes ha sido clave para la movilización de un discurso políticos que está cruzado por: visibilización de modelo extractivo contaminante; demanda de responsabilidad a la institucionalidad pública por la indefensión de los actores comunitarios y denuncia de los sectores empresariales, en relación a el nulo interés en el bienestar de la comunidad.
- Capacidad de interlocución con diferentes actores (tomadores de decisión, comunidad internacional, derechos humanos, etc.), en el marco de toda la conflictividad.
Sobre el sector empresarial, Grupo EMCO es la representación en el marco del conflicto de Guapinol y San Pedro. Algunas de sus características:
- Denuncias complejas de la vinculación de uno de los grandes ejecutivos de Grupo EMCO, Lenir Pérez con el ex – presidente de Honduras, Juan Hernández. Además del contrato para la construcción de Aeropuerto Internacional Palmerola y la concesión minera, también existen contratos adicionales otorgados durante los dos periodos de gobierno de Hernández. Por ejemplo, “la aprobación del contrato 04-2021, referente a la contratación del servicio de remolque para realizar maniobras de atraque y desatraque de buques en el puerto de San Lorenzo, Valle, a beneficio de ADIMEX S.A. de C.V., con una vigencia de 20 años. Esta empresa que también forma parte de Grupo EMCO HOLDING. Esta contratación fue una de las últimas aprobadas por el Poder Legislativo, previo a la salida de Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo. Incluso, mientras el Poder Judicial enjuiciaba a ocho defensores de Guapinol, el Congreso Nacional estuvo a punto de otorgar, el 19 de enero, un cuestionado contrato energético a Puente Alto Energy S.A. de C.V., otra división de Grupo EMCO HOLDING”(Burgos 2022).
- La principal productora de acero en Estado Unidos, la multinacional NUCOR, estuvo asociada a Inversiones Los Pinares. “Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en el 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares […]. Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo del 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez-Facussé había traspasado anteriormente, en 2015, la totalidad de las acciones a esas sociedades de otras tres empresas, también de su propiedad, en Honduras, según consta en documentos públicos: una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares”(UNIVISIÓN 2020). Esa conexión internacional también es el reflejo de las redes internacional que sostienen una matriz extractiva; aunque luego del estallido del conflicto, NUCOR decidió retirarse de la alianza establecida. Otro punto importante es que Ana Isabel Facussé, es hija de Miguel Facussé, involucrado en los grandes conflictos por el acaparamiento de tierras para la producción de palma africana en Honduras.
- Inversiones Los Pinares, bajo su lógica de poder en una institucionalidad frágil, continúa en su entorno más inmediato con un discurso de responsabilidad comunitaria. Por ejemplo, en el marco de la XII maratón del Centro de Rehabilitación Integral de Colón (CRICOL), Inversiones Los Pinares donó un millón de lempiras. De acuerdo con la minera: “Los Pinares sigue haciendo historia como una empresa que demuestra, con acciones, su total compromiso para ayudar a los habitantes de la zona. La donación a CRICOL se hizo en dos partes, la primera fue de 500,000 lempiras, entregados por Inversiones Los Pinares, y una segunda donación, de otros 500,000, brindada por la familia del presidente de Inversiones Los Pinares, Lenir Pérez”. Al final, es uno de los mecanismos de las empresas mineras para aprovecharse de algunos procesos comunitarios que responden a necesidades específicas (en este caso para el sector con discapacidad) para mostrar “la cara responsable” y posicionarse como un actor clave en las dinámicas sociales, al igual que la justificación de su permanencia en el municipio(CESPAD 2022).
- Las modalidades de los extractivismo para despojar a las comunidades del territorio son múltiples y van relacionadas con los patrones de violación de derechos humanos más comunes a nivel conflictividad socioambiental: derecho a un medio ambiente sano, acceso a justicia, reparación, derecho a la paz, etc. En el caso de Guapinol, la minera está muy ligada a la ruptura del tejido social, es decir, narrativas que afirman que el gran capital es el único generador de empleo y estigmatización de las y los defensores, recordemos que, en comunidades marcadas por la pobreza y la exclusión, los discursos sobre el “desarrollo” sostienen la lógica de extracción. La militarización y la persecución de los pobladores en Guapinol y el Sector San Pedro, es solamente la institucionalización de la violencia hacia los defensores y defensoras, llamada de otra forma, violencia colectiva(CESPAD 2021).
El último actor en el marco del conflicto es la institucionalidad pública, de acuerdo con sus diferentes responsabilidades en temas mineros. Algunas características del Estado de Honduras son las siguientes:
- Históricamente, la institucionalidad en Honduras ha sido pieza fundamental en la promoción de un modelo de acumulación por desposesión. En este caso ha sido determinante la ausencia de procesos de investigación en relación con la entrega de concesiones, así como la garantía de acceso a justicia para los defendores/as del territorio. Por ejemplo, “el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha demandado para que la Secretaría del Ambiente (Mi-Ambiente) “… examine y resuelva con prontitud los CINCO EXPEDIENTES de Reclamo de Protección Ambiental, de fecha 22 de marzo 2022, concernientes a los cinco componentes del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotek en el Parque Nacional Montaña de Botaderos”. Hasta el día de hoy, la respuesta ha sido que todo está en proceso de investigación”(CESPAD 2022).
- Sobre el acceso a justicia, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos, determinó que: “La privación de libertad de José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”(Naciones Unidas 2021). Asimismo, el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno de Honduras que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los ocho defensores sin dilación, ajustándola de conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto” (Naciones Unidas 2021). A pesar de esa resolución, el Gobierno de Honduras no tomó en ese momento ninguna acción para dar cumplimiento, lo que visibiliza el papel de las autoridades del país sobre la forma en cómo se desconoce por completo la labor de defensoría territorial.
- La institucionalidad es también garante de los intereses de las grandes empresas extractivas a nivel nacional, por tanto, su papel continúa siendo relevante como promotor y habilitador de los mejores escenarios para la acumulación por desposesión. Sin embargo, no existe una discusión oportuna que permita someter a un debate nacional la transformación de la matriz extractiva que ha sido la punta de lanza de las numerosas violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.
Impactos ambientales
El Comité Municipal es un espacio político y social que ha posicionado la defensa de los bienes comunes. Ha hecho públicos diversos informes y denuncias sobre la contaminación ambiental que, “presentan los elementos técnicos científicos que demuestran la destrucción del bosque, el manto acuífero productor de agua de las Comunidades del Municipio. También se incluye la apertura de una calle en el parque Carlos Escaleras, la que se construye de forma ilegal y sin licencias ambientales, a pesar de que existe un plan de manejo que es responsabilidad del Instituto de Conservación Forestal (ICF), que prohíbe la explotación minera en el área protegida” (Pasos de Animal Grande 2021).
Algunas denuncias específicas de la comunidad de Guapinol se refieren a la instalación de la Planta Peletizadora, “los daños causados al río por la peletizadora comienzan desde su construcción, ya que se realizó con maquinaria pesada tipo bulldozer que cruzaba la fuente de agua y a su paso dejaba aceite, sedimento y, en ocasiones, hasta fugas de combustible” (CESPAD 2022). Y sobre la apertura de los tramos carreteros, “actualmente el tramo carretero que sirve como acceso hacia la zona de la mina está contaminando con sedimentos a los ríos Guapinol y San Pedro, ambos afluentes del río Aguán que desemboca en el litoral Atlántico”, (Criterio HN 2021).
Sobre este tema es importante destacar algunos puntos críticos:
a. la institucionalidad hondureña carece de capacidades logísticas y técnicas que garanticen métodos efectivos de control sobre el avance de la contaminación ambiental relacionada a cualquier modalidad extractiva.
b. el acceso a la información ha representado un bloqueo para que las comunidades, efectivamente, conozcan las formas en que se pretenden construir las diferentes redes de extracción y procesamiento, imposibilitando un seguimiento al impacto ambiental.
c. la normativa nacional en relación con el impacto ambiental continúa siendo muy ambigua y carente de rigurosidad científica, para permitir la identificación de salidas relevantes a la contaminación generada.
Abordaje integral del conflicto
Desde la ecología política y el enfoque definido para este trabajo, la conflictividad se analiza de la siguiente manera:
a. Es importante identificar las relaciones de producción en el conflicto. Al final, el caso de Guapinol y Sector San Pedro deja de manifiesto que el entramado del enclave extractivo está respondiendo a una dinámica internacional de consumo y transformación que se sostiene por la materia prima. Y aunque la dinámica extractiva pretenda impulsar una narrativa hacia la generación de empleo, las relaciones de producción, que también deben ser puestas en la discusión, confluyen en la mercantilización de los bienes comunes y la acumulación asegurada por esquemas violentos en las comunidades en las cuales se instalan.
b. Este escrito ha posicionado una clara interpretación de clase. Es decir, los intereses de la empresa y su dinámica de acumulación se anteponen a las realidades que viven los sujetos políticos negados y marcados por desigualdades. Los intereses de clase siguen controlando al Estado, imponiendo las formas de apropiación. Con el avance del conflicto en Guapinol y San Pedro también se avanzará en los cambios en el uso de las materias primas, debido a que el actual escenario permite el avance en otros componentes de los proyectos extractivos.
c. Las interacciones comunitarias y el patrón del uso de los bienes comunes de la naturaleza, es otro elemento relevante en el abordaje de la conflictividad, mientras seamos capaces de reconocer que en el tejido social también está el reconocimiento puro del agua, la tierra, el bosque y las especies como puntos relevantes para el equilibrio de la vida. Así que, el ejercicio de la defensa territorial también permea la identidad y la subjetividad política.
d. Las elecciones políticas en el conflicto son relevantes y deberán ser cuestionadas históricamente. De acuerdo con la escalada de la conflictividad, deberán ser consideradas las actuaciones de los actores en ese momento, pensando en que cada elección (podría ser la disputa entre la acumulación versus la redistribución) ha representado un esquema de valores, interacciones, intereses y apuestas de construcción de un Estado.
e. El conflicto debe tener alternativas y deben ser planteadas desde los movimientos socioterritoriales, con focos centrales en la discusión y promoción de las dinámicas sociales, la protección de los bienes comunes de la naturaleza, la transformación de la matriz extractiva y, claramente, la cuestión del debate de las concepciones del desarrollo.
Para concluir, el Caso Guapinol y Sector San Pedro se ubica en una encrucijada marcada por los intereses económicos, la ausencia de una apuesta contundente desde la institucionalidad y la necesidad de que se revise el modelo actual de crecimiento económico. De igual forma, por las narrativas de criminalización y la estigmatización de los defensores/as del territorio, y un movimiento socioterritorial que se enfrenta a una dinámica global (desde su localidad) como la reivindicación oportuna de la esperanza.
Referencias
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