Análisis a 100 días de gobierno | La arquitectura intacta: la agenda anticorrupción en la administración Asfura

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Escrito por Osiris Payes

Diagnóstico situacional. La arquitectura intacta: la agenda anticorrupción en la administración Asfura

En la última década, la lucha contra la corrupción en Honduras ha atravesado un ciclo político complejo marcado por la movilización ciudadana, promesas de cambio institucional y reformas que quedaron inconclusas. Desde las protestas de 2015[1] —que dieron origen a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)[2], en respuesta a graves casos de corrupción durante el gobierno del Partido Nacional[3]— hasta los posteriores debates sobre la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)[4], la agenda anticorrupción se consolidó como una demanda social estructural frente a un modelo de gestión pública profundamente capturado.

Pese a los esfuerzos, este ciclo no logró transformar de manera sostenida el andamiaje institucional que permitió la macrocorrupción durante la administración de Juan Orlando Hernández. Si bien el ascenso del partido Libertad y Refundación (LIBRE) al poder se cimentó en la promesa de desmontar ese modelo —particularmente a través de la instalación de la CICIH—, las bases que lo hicieron posible no fueron desarticuladas de manera efectiva. En consecuencia, los avances logrados resultan parciales y, en algunos casos, reversibles.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 mantiene al país con 22/100 puntos, situándose entre los peores puestos de la región (alrededor del 157 de 180)[5], lo que confirma la persistencia de una impunidad estructural pese a los cambios de gobierno. En la última década, Honduras ha oscilado entre los 30 y los 22 puntos, evidenciando un deterioro progresivo desde sus niveles más altos a mediados de la década pasada hasta su actual estancamiento en rangos críticos[6]. Esta trayectoria refleja la continuidad de condiciones estructurales que sostienen la corrupción, así como las limitadas capacidades institucionales para investigarla, sancionarla y prevenirla de manera efectiva.

En este contexto, el retorno del Partido Nacional al poder no supone una ruptura, sino la reinscripción de ese mismo esquema sobre una base que permaneció operativa. Así, más que inaugurar una nueva etapa, el escenario actual se configura como la continuación —y en ciertos ámbitos, la reactivación— de una arquitectura de poder previamente consolidada, en la que redes público-privadas y del crimen organizado continúan incidiendo sobre recursos públicos, contratación estatal y decisiones de alto nivel, en un entorno de débil independencia judicial y baja rendición de cuentas.

En este escenario, el plan de gobierno del Partido Nacional (“Juntos Vamos a Estar Bien 2026–2030”[7]) ofrece escasos elementos para orientar una lectura clara sobre la dirección de la agenda anticorrupción. Aunque incorpora referencias a ética pública, transparencia y rendición de cuentas, estas se mantienen en un nivel general y con un desarrollo limitado, sin traducirse en una hoja de ruta robusta que permita identificar prioridades, secuencia de reformas o mecanismos concretos de implementación. En particular, el documento no define estrategias claras para desmontar los pactos de impunidad ni para reconfigurar los núcleos críticos del sistema de justicia —como el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público o la normativa penal—. Sin estos cambios, el plan difícilmente podrá lograr una verdadera transformación en la justicia del país.

Desde el Ejecutivo, el gobierno ha sostenido un discurso de lucha contra la corrupción, pero ha modificado sustantivamente el lugar que esta ocupa dentro de sus prioridades. Durante la campaña, la instalación de la CICIH fue presentada como un eje central de transformación[8]; sin embargo, ya en el ejercicio del poder, este compromiso ha sido reubicado en un terreno condicionado, sujeto a procedimientos, tiempos y requisitos no definidos con precisión[9], mientras la CICIH queda en suspenso, sin avances tangibles que permitan evaluar su viabilidad real[10].

Este desplazamiento se traduce en un cambio de enfoque: la lucha contra la corrupción deja de estructurarse en torno a un mecanismo internacional con capacidad de intervención y pasa a centrarse en el fortalecimiento institucional interno, particularmente a través de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, este giro ocurre sin una hoja de ruta clara y se materializa en decisiones concretas, como la eliminación de la Secretaría de Transparencia[11] y el traslado de sus funciones a la PGR[12], lo que no sólo implica una reorganización administrativa, sino una recentralización del control en una institución que, por su naturaleza, no tiene competencias directas en materia de investigación penal ni en la conducción de una política anticorrupción.

Paralelamente, la conducción de la PGR recae en una persona[13] que ha sido objeto de cuestionamientos públicos por un posible conflicto de interés, al haber ejercido simultáneamente como defensor legal del presidente en un caso penal[14] por presuntos actos de corrupción, mientras encabeza la institución encargada de representar jurídicamente al Estado. Esta situación no sólo plantea dudas éticas, sino que debilita las condiciones de independencia bajo las cuales se pretende sostener el nuevo enfoque anticorrupción.

En ese mismo plano, el uso discrecional de recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo, evidenciado en la transferencia de fondos desde Casa Presidencial hacia diputados del Congreso Nacional bajo la figura de bonos individuales[15], reactiva esquemas de intermediación política en los que el acceso a recursos deja de responder a criterios institucionales y pasa a depender de decisiones centralizadas y poco transparentes.

De este modo, se reproducen mecanismos históricamente asociados a dinámicas de clientelismo y control político del gasto público. Lejos de fortalecer una agenda de integridad, estas prácticas introducen señales contradictorias que debilitan la credibilidad del discurso anticorrupción y refuerzan patrones de funcionamiento que han sido parte del problema estructural de la corrupción en el país.

En el Congreso Nacional, el problema no es la ausencia de actividad, sino la forma en que esta se estructura y prioriza. Durante las primeras semanas diputados de diferentes bancadas han presentado iniciativas relevantes —colaboración eficaz, ley contra el nepotismo, código de ética parlamentaria y reformas en contratación pública—; sin embargo, estas no han sido articuladas en una estrategia legislativa coherente ni priorizadas de manera sostenida.

La ausencia de una comisión ordinaria anticorrupción, sumada al control de la mayoría legislativa por parte del Partido Nacional, ha derivado en un esquema fragmentado donde existen propuestas, pero no una agenda estructurada capaz de incidir sobre los núcleos de la impunidad.

A su vez, se ha promovido un conjunto de iniciativas legislativas orientadas a reactivar o ampliar mecanismos de excepción, incluyendo propuestas de amnistía de carácter general para personas sometidas a procesos penales en contextos de conflictividad política entre 2009 y 2025, así como iniciativas específicas dirigidas a beneficiar a actores políticos concretos[16]. A ello se suma la promoción de disposiciones orientadas a flexibilizar obligaciones de rendición de cuentas, particularmente en materia de financiamiento político[17] y declaración de funcionarios del Estado[18], mediante prórrogas o ajustes a los plazos y requisitos.

Leídas en conjunto, estas medidas no reflejan una ruptura con los esquemas de protección normativa que han sido cuestionados en el pasado, sino una reconfiguración selectiva de los mismos en función de la coyuntura política. Más que eliminar los mecanismos de excepción, lo que se observa es su administración estratégica, manteniéndolos disponibles como herramientas para ordenar tensiones políticas y judiciales sin alterar de manera sustantiva los márgenes de impunidad.

Sobre esta base estructural, los primeros meses del nuevo gobierno no sólo mantienen estas condiciones, sino que introducen un elemento adicional: un proceso de reordenamiento institucional que incide directamente en las estructuras encargadas de investigar, juzgar y controlar el poder público. Este proceso se ha materializado a través de la activación reiterada del juicio político desde el Congreso Nacional, cuya aplicación en un corto período de tiempo ha alcanzado de forma sucesiva al Ministerio Público[19], a la Corte Suprema de Justicia[20] y, más recientemente, a los órganos electorales, incluyendo la destitución de altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)[21].

La forma en que estos mecanismos han sido activados, con procedimientos acelerados, comparecencias parciales y condiciones limitadas para el ejercicio del derecho de defensa, evidencia una dinámica que trasciende el plano sancionatorio y se proyecta sobre la configuración misma de las estructuras institucionales. En este contexto, el juicio político deja de operar exclusivamente como un instrumento de control y comienza a funcionar como un mecanismo capaz de incidir en la distribución del poder dentro del Estado.

Este patrón se refuerza al observar su aplicación selectiva y su coincidencia con otros procesos de reorganización institucional, incluyendo la salida anticipada de autoridades y la reconfiguración de liderazgos en órganos clave. En un sistema diseñado para evitar la renovación simultánea de los principales espacios de control, mediante períodos diferenciados que funcionan como salvaguardas frente a la concentración de poder, la activación encadenada de estos mecanismos altera ese equilibrio y acorta los tiempos institucionales previstos.

En conjunto, estos movimientos inciden en las condiciones bajo las cuales se ejerce el control sobre el poder público. Así, la agenda anticorrupción comienza a desarrollarse en un entorno donde los mecanismos de control, en lugar de operar como límites al poder, participan en su reconfiguración, introduciendo riesgos directos para la estabilidad de los contrapesos institucionales y la autonomía de los órganos encargados de investigar y sancionar la corrupción.

Logros

En estos primeros meses, pueden identificarse algunos movimientos relevantes que constituyen gestos correctivos frente al legado de opacidad y protección de élites. Sin embargo, estos avances todavía están bajo la sombra de una reorganización del poder que podría limitar sus resultados.

1. Derogación del “pacto de impunidad 2.0”

El Congreso Nacional aprobó la derogación del decreto 4-2022[22], asociado en el debate público a una amnistía política de amplio espectro que limitaba la acción penal en casos vinculados al manejo de recursos públicos. La revisión de este decreto representa un paso relevante para desmontar uno de los marcos normativos señalados de obstaculizar la persecución penal.

No obstante, este avance debe leerse en un contexto más amplio: la derogación no elimina completamente los mecanismos legales que permiten administrar la exposición a la justicia, y su coexistencia con nuevas propuestas de amnistía refleja que estos instrumentos siguen disponibles como herramientas de gestión política de la impunidad.

2.Eliminación de la Comisión Permanente y ajuste de reglas legislativas

El Congreso aprobó la eliminación de la Comisión Permanente[23] y la reducción de períodos extensos de receso[24], con el argumento de limitar la concentración de decisiones en espacios reducidos. Esta medida corrige un mecanismo que facilitaba la adopción de decisiones sin control pleno del Legislativo.

Sin embargo, su impacto dependerá de si se traduce en prácticas efectivas de transparencia, publicidad de decisiones y rendición de cuentas, en un contexto donde la mayoría legislativa mantiene control sobre el ritmo y contenido de la agenda.

3. Nueva Ley de Transparencia y Anticorrupción

Desde el Ejecutivo se anunció la elaboración de una nueva Ley de Transparencia y una Política Nacional Anticorrupción liderada por la PGR[25] en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)[26], incluyendo revisiones a la Ley de Contratación del Estado[27] y medidas administrativas internas.

Aunque estas iniciativas abren un espacio potencial de reforma, su alcance sigue condicionado por la ausencia de definiciones claras sobre independencia institucional, mecanismos de participación y carácter vinculante de las políticas propuestas por las organizaciones de sociedad civil participantes.

Puntos Críticos

Persisten obstáculos estructurales que limitan la capacidad transformadora de la agenda anticorrupción y que, en algunos casos, se profundizan en el nuevo contexto.

1.Falta de dirección estratégica en la agenda anticorrupción

El gobierno y el Congreso no han definido una hoja de ruta clara que articule reformas, establezca prioridades y ordene la secuencia de intervención institucional. Las iniciativas aparecen de manera fragmentada y sin conexión entre sí, lo que limita su impacto estructural.

2.Persistencia de marcos legales que administran la impunidad

La derogación del decreto 4-2022 no supone el desmantelamiento de las normativas que limitan la acción penal. El marco normativo vigente continúa incorporando disposiciones que condicionan la persecución penal en casos de corrupción. Entre ellas, el régimen especial de juzgamiento de altos funcionarios establecido en los artículos 414 al 419 del Código Procesal Penal (Decreto 9-99-E)[28], reforzado por la reforma constitucional contenida en el Decreto 175 al artículo 313 de la Constitución, mantiene la concentración de estos procesos en la Corte Suprema de Justicia; asimismo, el Código Penal aprobado mediante el Decreto 130-2017 conserva disposiciones que reducen penas y favorecen la prescripción en delitos contra la administración pública; a ello se suma el Decreto 117-2019, que establece una inmunidad parlamentaria ampliada al eximir de responsabilidad penal, civil y administrativa las actuaciones en el ejercicio de la función legislativa; y persisten restricciones institucionales derivadas de reformas como el Decreto 110-2014 a la Ley del Ministerio Público, que limita la divulgación de información en investigaciones[29].

Este conjunto de disposiciones, actualmente vigentes, continúa configurando un entorno jurídico que restringe la acción penal y mantiene condiciones favorables para la protección de actores políticos frente a posibles investigaciones por corrupción. Esta ausencia resulta particularmente relevante en un contexto donde el oficialismo cuenta con mayoría política suficiente para impulsar reformas de fondo, pero no las prioriza.

3.Recentralización del control y cuestionamientos de independencia

El traslado de funciones de transparencia a la PGR concentra capacidades de control dentro del Ejecutivo en una institución cuya conducción enfrenta cuestionamientos públicos, no por su diseño formal, sino por la figura que actualmente ostenta el cargo[30]. Este elemento introduce dudas sobre las condiciones reales de independencia bajo las cuales se implementará la agenda anticorrupción.

4.Reordenamiento institucional y afectación de capacidades de control

El uso de mecanismos de control político, la sustitución de autoridades y la redistribución de poder en instituciones clave inciden directamente en la capacidad del Estado para investigar y sancionar la corrupción. Este proceso no sólo redefine quién ocupa los cargos, sino también bajo qué condiciones operan, alterando los márgenes de autonomía institucional.

5.Uso discrecional de recursos públicos y prácticas contradictorias

La asignación de bonos extraordinarios a diputados por montos de hasta 100,000 lempiras[31] introduce una señal contradictoria en el manejo de recursos públicos, particularmente en un contexto de discurso anticorrupción. Este tipo de decisiones refuerza la percepción de que las prácticas de distribución discrecional de recursos continúan operando como mecanismo de gestión política dentro del Congreso.

Desafíos

El escenario descrito plantea desafíos que no se reducen a la existencia de obstáculos, sino que definen las condiciones bajo las cuales la agenda anticorrupción podrá —o no— adquirir capacidad transformadora.

El primer desafío es definir si la lucha contra la corrupción se consolidará como un eje de reorganización del poder público o continuará operando como un recurso discursivo sin efectos estructurales. Esto implica no sólo producir normas, sino alterar las condiciones bajo las cuales funcionan las instituciones encargadas de investigar y sancionar.

Un segundo desafío radica en la definición política sobre la CICIH: más allá de su reconocimiento retórico, la ausencia de esta y la falta de condiciones mínimas nos obliga a preguntarse si existe voluntad real para instalar un mecanismo con capacidad de intervención efectiva o si la estrategia se orientará hacia esquemas controlados desde el ámbito nacional.

En tercer lugar, al cambiar la estructura de las instituciones y nombrar nuevas autoridades, existe el riesgo de que pierdan su independencia. El desafío es evitar que estos cambios se usen para controlar a los organismos que deben vigilar el gobierno.

En cuarto lugar, la coexistencia entre la eliminación parcial de marcos de impunidad y la promoción de nuevos mecanismos excepcionales plantea un desafío sobre la estabilidad y coherencia del orden normativo, en la medida en que las reglas pueden ajustarse según la correlación política.

En quinto lugar, en un contexto de mayoría legislativa del Partido Nacional y de posibles escenarios de continuidad política, el desafío se proyecta hacia el mediano plazo: si no se alteran las bases estructurales de la impunidad, el sistema corre el riesgo de reproducir —bajo nuevas formas— los patrones de captura institucional que han caracterizado las últimas décadas.

Conclusión

A 100 días de la administración de Nasry Asfura, el diagnóstico revela un ciclo político de continuidad estructural. La arquitectura de poder diseñada para la macrocorrupción por el Partido Nacional no sólo sobrevivió al intento de reforma de LIBRE, sino que en este primer tramo de gobierno se ha reactivado plenamente. Si bien el Ejecutivo ha mostrado gestos correctivos superficiales, la agenda anticorrupción carece de una hoja de ruta estratégica, limitándose a reformas fragmentadas que evitan tocar los núcleos de impunidad. En este escenario, el retorno del Partido Nacional no representa una ruptura, sino la restauración de un modelo en el cual la recentralización en la PGR y el uso discrecional de recursos reordenan las instituciones sin fortalecer su independencia. El desafío persiste: transformar la transparencia de un recurso discursivo en un eje real de reorganización del poder público.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=izVEaNWJ2_o

[2] https://www.youtube.com/watch?v=YVyyml2JnFk&t=12s

[3] https://www.wola.org/analysis/honduras-anti-corruption-efforts/

[4] https://cespad.org.hn/cac-honduras-necesita-una-cicih-con-poder-de-investigacion-y-persecucion-penal/

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-cae-al-puesto-157-del-índice-global-de-percepción-de-corrupción-2025/90922004

[6] https://cespad.org.hn/z/

[7] https://storage.googleapis.com/qrfyprod/78cf102a-bcce-470e-b9eb-41ace48551bf.pdf

[8] https://www.facebook.com/fuerzaunidadazul/videos/la-cicih-es-un-compromiso-ya-firmado-con-el-cna-que-papi-no-está-usando-para-hac/1125023343099471/

[9] https://www.elheraldo.hn/honduras/cicih-nasry-asfura-anuncia-ley-transparencia-anticorrupcion-presidente-honduras-PP29151482

[10] https://criterio.hn/gobierno-de-asfura-promete-ley-anticorrupcion-y-deja-en-suspenso-la-instalacion-de-la-cicih/

[11] https://paradigma.hn/gobierno-elimina-secretaria-de-transparencia/

[12] https://tiempo.hn/honduras/2026/02/03/presidente-nasry-asfura-no-descarta-instalacion-de-la-cicih/