Escrito por Aimée Cárcamo
Con la lista final de doce candidatos para ocupar tres vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el Congreso Nacional de Honduras mantiene el reto de lograr acuerdos necesarios para elegir a un magistrado propietario y dos suplentes que cumplan con las expectativas de independencia, ética y capacidad.
Los aspirantes seleccionados son profesionales del derecho, ya que uno de los requisitos que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral para optar al cargo de magistrado del TJE es poseer el título universitario de abogado. Además, la mayoría cuenta con experiencia en el sector público.
Mientras avanza el proceso de elección de los futuros magistrados entre las diferentes bancadas, el Congreso ha tenido que ganar tiempo. Para ello, autorizó facultades administrativas especiales al actual presidente del TJE, ante la imposibilidad de que se pueda integrar el Pleno en ese tribunal.
A continuación, se detalla quiénes son los doce candidatos a magistrado del TJE, así como sus propuestas y valoraciones sobre el sistema electoral hondureño. Esta elección se desarrolla en un contexto marcado por debates sobre reformas electorales, independencia institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia electoral.
Claudia Lizeth Aguilera Granera
Con 16 años de experiencia profesional, inició su carrera en la administración pública. Desde 2019 se desempeña como secretaria adjunta del TJE, cargo en el que cumple funciones administrativas y jurisdiccionales; asimismo, integró la primera comisión para compras de la institución y ha trabajado en la coordinación y tramitación de expedientes.
Propuestas y valoraciones
- Recomienda fortalecer, mediante criterios claros de aplicación, la regulación de medidas cautelares ya previstas en la Ley Orgánica y Procesal Electoral (como la suspensión del acto reclamado).
- Plantea una posible reforma constitucional para ampliar el plazo entre la declaratoria de los resultados electorales y la toma de posesión.
- Respecto a que las sentencias del TJE sean definitivas y firmes, señala que se requerirá una reforma constitucional para evitar los amparos ante la Sala Constitucional. Aunque reconoce que el amparo es una garantía constitucional, sostiene que en la medida en que se fortalezca la credibilidad institucional y las sentencias sean más fundamentadas y legítimas, se reducirá la interposición de estos recursos judiciales.
Idulio Melquiades Alonzo Medina
Suma 26 años de experiencia en el sector público. Comenzó en el Poder Judicial dentro de la defensa pública y, posteriormente, ocupó diversos cargos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), incluyendo el de inspector general. También ha sido catedrático universidades y asesor del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho.
Propuestas y valoraciones
- Considera que, de ser necesario, se debe reformar tanto la Ley Electoral como la Ley del Tribunal de Justicia Electoral para lograr una mejor coordinación y planificación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TJE. Esto permitiría optimizar los plazos para que el ente electoral emita sus resoluciones administrativas y el TJE disponga del tiempo suficiente para resolver las apelaciones.
- Sostiene que las sentencias del TJE no deberían ser revisadas por la Sala Constitucional, por lo que propone reformar la Ley de Justicia Constitucional para limitar el recurso de amparo en materia electoral.
- Aboga por fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia electoral mediante reformas legales que brinden mayor claridad institucional.
Félix Antonio Ávila Ortiz
Cuenta con más de 33 años de experiencia, de los cuales 15 corresponden a la judicatura. Formó parte de la primera promoción de jueces durante la reforma del proceso penal e integró el tribunal que desarrolló el primer juicio oral y público. En el ejercicio privado, formó parte de la defensa de Tomás Zambrano en el caso Fe de Errata y del expresidente Juan Orlando Hernández, cuya extradición intentó evitar.
Propuestas y valoraciones
- En relación con la tardanza de la Sala Constitucional para resolver los recursos contra los fallos del TJE, plantea que el problema no es el amparo en sí, sino la mora judicial de la CSJ. Por ello, propone garantizar un recurso “sencillo, eficaz y expedito” en materia electoral y respalda el fortalecimiento de la capacidad del TJE para resolver con mayor rapidez.
- Favorece la implementación de reformas que agilicen los procesos sin eliminar las garantías constitucionales.
- Propone mecanizar un sistema de quorum de emergencia instituido por mayoría, con el fin de asegurar el funcionamiento, la sede y la continuidad del pleno del TJE conforme al artículo 5 de la Ley Procesal Electoral, evitando que su operatividad sea vulnerada.
Olimpia Astrid Bustillo Vijil
Tiene 46 años de experiencia en el sector público. Inició su carrera en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y formó parte del equipo que organizó el recién creado RNP, donde fue inspectora general, receptora electoral y subjefa de la división de registro civil. También ha sido jueza de Policía, gerente de mercadeo, aspirante a diputada por el Partido Nacional y miembro del área legal de la Contraloría General de la República.
Propuestas y valoraciones
- Propone tomar en cuenta el modelo de justicia electoral chileno y recomienda dotar al TJE de un departamento jurídico fortalecido. Sugiere que sus integrantes sean nombrados temporalmente por unos tres meses cuando sea necesario, para resolver de inmediato las apelaciones presentadas, bajo la premisa de que “justicia tardía no es justicia”.
- Se manifiesta a favor de despolitizar el TJE y los demás entes electorales.
- En materia de austeridad, plantea optimizar el manejo de los fondos mediante controles internos en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, además de frenar el exceso de personal en dependencias que no registran mayor demanda.
Karen Johana Guandique Estrada
Ha desempeñado cargos en la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal Supremo Electoral, el RNP, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y el Ministerio Público. Fue precandidata a diputada por la Democracia Cristiana y magistrada suplente del TJE, gestión en la que fue señalada por el destituido Mario Morazán respecto al uso de fondos, acusación que ella rechaza.
Propuestas y valoraciones
- Para solucionar la tardanza de la Sala Constitucional en emitir sus fallos, propone reformar la Ley sobre Justicia Constitucional para establecer que, en época electoral, se prioricen los amparos electorales dándoles una pronta resolución, aunque aclarando que el recurso debe mantenerse como una garantía constitucional.
- Propone fortalecer la carrera judicial electoral e incrementar la digitalización para agilizar el trabajo del TJE.
- Sostiene que la Ley Orgánica y Procesal Electoral necesita de profundas reformas, enfocándose especialmente en que los nombramientos dentro del tribunal respondan a la capacidad e idoneidad de los candidatos y no a cuotas de partidos políticos.
Arístides Mejía Carranza
Fue embajador de Honduras en Grecia, asesor jurídico de la Organización Internacional para las Migraciones, Director Ejecutivo del Programa para la Modernización de la Administración de Justicia, presidente del Tribunal Supremo Electoral, secretario de Defensa en el gobierno de Manuel Zelaya y presidente de la comisión técnica que redactó la actual Ley Electoral.
Propuestas y valoraciones
- Se declara en desacuerdo con la aplicación del amparo en materia electoral y considera que debe eliminarse, argumentando que el TJE debe ser la última instancia. En su lugar, sugiere crear una figura de amparo electoral, similar a la que existe en otras legislaciones.
- Propone impulsar una mayor formación en justicia electoral mediante el fortalecimiento de la carrera electoral y administrativa.
- Se muestra a favor de suprimir formalismos para que la justicia electoral se concentre en lo esencial: determinar si hubo irregularidades y enmendarlas. Asimism Plantea revisar los plazos institucionales para mejorar la celeridad y la prontitud en las respuestas al ciudadano, justificando así la existencia misma del Tribunal de Justicia Electoral.
Wilfredo Méndez Gonzáles
Defensor de derechos humanos, fue precandidato presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre). Fue denunciado por acoso sexual por parte de organizaciones de mujeres, señalamientos que calificó como acciones de mala fe. Integró el tribunal seleccionador de jueces de Sentencia y Ejecución, y ha participado activamente en procesos de reforma electoral desde la sociedad civil.
Propuestas y valoraciones
- Aunque manifiesta que le gustaría que el TJE fuera la última instancia en materia electoral, afirma respetar las garantías constitucionales y las convenciones internacionales. Por ello, propone que el Poder Legislativo realice un diagnóstico para identificar posibles soluciones que agilicen las acciones de la Sala de lo Constitucional sin vulnerar el recurso de amparo.
- Considera que la agilidad del TJE está directamente vinculada al cronograma electoral, cuyos retrasos impactan al tribunal, por lo que el problema debe abordarse de forma holística.
- Opina que se deben fortalecer las capacidades y competencias del personal para permitírseles hacer carrera dentro del sistema electoral.
Laura Victoria Salgado Carías
Fue jefa de archivo municipal en el Registro Nacional de las Personas y jefa del departamento legal en el extinto Tribunal Nacional de Elecciones (TNE). Afirma poseer una amplia experiencia en los órganos electorales como miembro de varias comisiones. Asimismo, se desempeñó como secretaria del Consejo Departamental Electoral de Francisco Morazán y ha sido vinculada al Partido Liberal.
Propuestas y valoraciones
- Ante la situación en la cual el recurso de amparo quede abierto en la Sala Constitucional tras una resolución del TJE, lo que suele derivar en fallos tardíos, considera que se debe legislar para fijar un plazo perentorio que obligue a CSJ a resolver en el menor tiempo posible en materia electoral.
- Señala la necesidad de crear una reglamentación interna para las sesiones del Pleno de magistrados, lo que evitaría muchos de los problemas ocurridos en el último proceso electoral.
- Propone automatizar y mecanizar los trámites y solicitudes ciudadanas para que los interesados puedan conocer en tiempo real el avance de sus expedientes.
Mario Amílcar Portillo Contreras
Cuenta con 18 años de experiencia en el ejercicio del derecho, tanto en el ámbito público como en el privado. En el pasado proceso electoral fue reelecto como diputado en el departamento de Intibucá por el partido Libertad y Refundación (Libre). También ha laborado como defensor de derechos humanos, rol por el cual estuvo bajo amenaza de criminalización.
Propuestas y valoraciones
- Opina que las sentencias del TJE deben ser definitivas y no trascender a otras instancias como la CSJ.
- Sostiene que este tribunal debe consolidarse como la máxima autoridad en materia electoral, excepto cuando un ciudadano considere que se le ha vulnerado un derecho constitucional.
- Considera necesario educar a la población sobre la importancia de los órganos electorales. Para lograrlo, propone darles mayor difusión y publicidad durante los tres años previos a las elecciones internas y generales.
- Destaca la importancia de elegir a personas idóneas, que las sentencias se apeguen estrictamente a la ley, y concientizar sobre el valor del derecho de elegir y ser electo.
Agapito Alexander Rodríguez Escobar
Con una trayectoria de 26 años en los sectores público y privado, trabajó en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), fue diputado suplente en tres ocasiones y se desempeñó como el director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) durante el gobierno de Hernández, en una gestión cuestionada por polémicas concesiones mineras. También se le señala por haber abierto un proceso legal contra el Estado.
Propuestas y valoraciones
- Sostiene el criterio que debe existir una excepcionalidad para la acción de amparo en materia electoral y que el TJE debe funcionar como la última instancia. Cuestiona la efectividad de amparo cuando las resoluciones de la Corte son tardías y se justifican bajo argumentos de carga procesal o falta de recursos para evadir la responsabilidad y los términos legales.
- Plantea interpretar o reformar la ley en relación con el quórum, argumentando que carece de sentido elegir a dos magistrados suplentes si solo uno puede integrar el Pleno.
- Propone que el TJE dé un paso tecnológico mediante la digitalización de expedientes, lo que ayudaría a eliminar la discrecionalidad de los funcionarios.
Mariano Torres Flores
Trabajó en el Congreso Nacional dentro del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL). Fue director legal de la Secretaría de Industria y Comercio, director de asuntos jurídicos y tratados de la Cancillería, y defensor legal de Jorge Cálix, a quien intentó inscribir como candidato a diputado por Olancho. Actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Económico.
Propuestas y valoraciones
- Atribuye la tardanza en las resoluciones de la CSJ a la mora judicial, explicando que la Sala de lo Constitucional no atiende con exclusividad los asuntos ele Para eliminar plazos tan prolongados, propone la creación de un tribunal especializado en la materia y que los procesos se lleven a cabo bajo un esquema estrictamente sumarial.
- Plantea la implementación de esquemas más pragmáticos apoyados en la tecnología y la inteligencia artificial.
- Recomienda la inhabilitación de por vida del magistrado que incumpla su deber de emitir o razonar su voto.
Gustavo Adolfo Zavala Umanzor
Suma más de 30 años en el ejercicio del derecho. Laboró en el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, fue catedrático universitario durante 16 años y se desempañó como asesor legal en el Congreso Nacional. Es uno de los postulantes señalados por presunto conflicto de interés debido a que ha entablado procesos judiciales en contra del Estado hondureño.
Propuestas y valoraciones
- Estima que no es conveniente sobrecargar de trabajo a la CSJ con recursos de amparo en materia electoral. En su lugar, propone que el TJE asuma con mayor eficacia su responsabilidad, resolviendo los casos en plazos incluso menores a los establecidos por la ley, para ofrecer respuestas rápidas y oportunas.
- Respecto a la transparencia electoral, afirma que las experiencias recientes han dejado importantes lecciones sobre los errores que deben evitarse en futuros procesos.
- Sostiene la principal garantía para asegurar elecciones transparentes no depende únicamente de reformas o procedimientos, sino en la conducta y la ética de las personas que integran los órganos electorales.