Análisis Semanal | El retorno de JOH y la doble moral del Sistema de Justicia hondureño

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Escrito por Claudia Mendoza

El 21 de abril de 2022, cuando Juan Orlando Hernández (JOH) fue sacado de su casa en Tegucigalpa, esposado de pies y manos, con acusaciones graves sobre su involucramiento en la narcoactividad, muy pocas personas se imaginaron que el hombre que inmortalizó el concepto de narcoestado saldría libre y que regresaría a Honduras no como un prófugo, sino como un actor político con mucha fuerza y poder dentro del Partido Nacional. El anuncio de su regreso al país es un hecho que obliga a analizar, más allá de las situaciones que lo dejaron en libertad, los hilos de un sistema que aplica la justicia de forma selectiva y que sigue respondiendo a los mismos intereses que lo sostuvieron en el poder.

Aunque la cobertura de los medios de comunicación corporativos no se caracteriza por una censura del tema, la mayoría se ha limitado a informar de manera llana a la población sobre el regreso de Hernández, quien confirmó, a través de sus redes sociales, que llega al país el domingo 26 de julio[1]. Con raras excepciones, los medios se han llamado a un “silencio analítico” y han evitado colocar en la mesa de discusión un hecho que es muy grande para ocultarlo como si fuese una simple cobertura de trámites administrativos.

Hernández regresará a Honduras tras haber documentado en su historia personal una extradición a Estados Unidos en 2022 (días después de dejar la presidencia), una condena de 45 años de prisión por cargos relacionados con el tráfico de drogas y un indulto emitido por el presidente Donald Trump el 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, debido al alineamiento de los poderes del Estado y, en particular, del Poder Judicial, se ordenó suspender provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra Hernández, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013[2].

Por eso, para dimensionar esas implicaciones, es imperativo desentrañar las interrogantes que la justicia hondureña ha evadido responder:

¿Bajo qué criterios técnicos y sobre todo políticos la misma justicia que agilizó la extradición de JOH, hoy flexibiliza sus mecanismos para garantizar su retorno sin esposas?
¿Qué indica para la democracia del país que el sistema penal aplique la prisión preventiva de forma veloz para los defensores del territorio, mientras aplica el beneficio de la “presentación voluntaria” a las élites señaladas por corrupción a gran escala?
¿El regreso de Hernández es el síntoma del fracaso del modelo de persecución penal tras el desmantelamiento de la MACCIH y la fallida promesa de una CICIH?
¿Hernández regresa a saldar una cuenta pendiente con la sociedad o regresa a reclamar el control de los hilos de un Estado cuyas estructuras de poder siguen intactas?

La corrupción desmedida y la reelección ilegal de JOH

A Hernández se le consagró como el presidente de un gobierno que acumuló una de las más fuertes indignaciones ciudadanas, propiciada por la desbordante corrupción. También, porque fue un político que se reeligió violentando los preceptos de la Constitución de la República de Honduras… veamos.

Los casos de corrupción en el gobierno de JOH

En mayo de 2015, durante su primer periodo de gobierno, en respuesta al colosal desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la ciudadanía hondureña se orquestó alrededor de las llamadas “marchas de las antorchas”. La indignación ciudadana estalló al conocerse que unos 300 millones de dólares fueron saqueados y utilizados, entre otras cosas, para financiar la campaña política de Hernández en 2013[3]. El movimiento ciudadano, que fue impulsado de manera espontánea por jóvenes organizados bajo el nombre de “Los Indignados”, convocó a los hondureños a salir a las calles durante las tardes y noches, cargando antorchas encendidas.

Rápidamente, este movimiento se expandió a nivel nacional, exigiendo la creación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la renuncia de los funcionarios involucrados en casos de corrupción.

Debido a la fuerte presión popular, el gobierno de Hernández se vio obligado a ceder y firmar un convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear, en enero de 2016, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH)[4]. En ese contexto, el Ministerio Público dio vida, primero a la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y, posteriormente, a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO)[5]. Estas estructuras documentaron decenas de casos de corrupción[6] que vincularon a diputados, funcionarios públicos de la época y a una exprimera dama con delitos como lavado de activos, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.

El fallo judicial que permitió la reelección de JOH

Hernández también pasó a la historia política por haber sido un presidente que se reeligió pese a que la Constitución de la República lo prohíbe. En el 2017 se ratificó tras una polémica resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable la prohibición constitucional[7] y un controvertido proceso electoral. Es decir, la reelección de Hernández se desarrolló en dos etapas principales: la vía legal y el escrutinio de urnas, ambos procesos marcados por fuertes cuestionamientos.

El camino legal

El 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declaró inconstitucional el artículo 330 del Código Penal, que sancionaba a quienes promovieran la reelección presidencial. Con esta decisión se abrió la puerta para que Juan Orlando Hernández se postulara nuevamente por el Partido Nacional en los comicios generales de noviembre de 2016.

El fallo fue promovido por 15 diputados del Partido Nacional (liderados por Antonio Rivera Callejas) que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad inicial[8]. Mientras, desde la Sala de lo Constitucional, integrada por los magistrados Óscar Chinchilla (quien posteriormente fue fiscal general), Jacobo Cálix, Raúl Henríquez, Víctor Lozano y José Elmer Lizardo, se emitió una resolución que dio un fuerte espaldarazo a la promoción de los congresistas, a través de la declaración de “inaplicabilidad” al artículo 239 de la Constitución de la República. Este fallo derogó las sanciones para quienes promovieron la reelección, allanando el camino a la candidatura de JOH. De nada sirvieron las críticas y cuestionamientos emitidos por diversos sectores de la sociedad ante una real ruptura del orden constitucional en Honduras[9].

Es importante mencionar que no existe, hasta el momento, una legalización formal de la reelección en la Constitución, ya que las leyes hondureñas prohíben estrictamente esta figura. Sin embargo, el polémico fallo que allanó el camino de Hernández, emitido en 2015, sigue vigente en el sistema legal porque no ha sido derogado por los órganos competentes. En otras palabras, en el país continúa un limbo legal y un debate político sin agotarse y cerrarse[10].

Las elecciones y un escrutinio muy cuestionado

El 17 de diciembre de 2017, tras varios días de incertidumbre y protestas generalizadas en todo el país, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró oficialmente a Juan Orlando Hernández como ganador, con el 42.95% de los votos frente al 41.42% de su principal contendiente, Salvador Nasralla[11]. En medio de las controvertidas elecciones, emergió un fuerte movimiento social en el país, en defensa de la soberanía popular y en rechazo a la perpetuación del gobierno de JOH y del Partido Nacional.

Este se convirtió en un funesto episodio que dio paso a una crisis poselectoral[12] que enfrentó a la población con elementos policiales y militares, y que dejó como saldo entre 22 y 38 personas muertas[13]. La cifra exacta de fallecidos varía según las organizaciones de derechos humanos que documentaron la crisis en Honduras[14]. Pese a estos hechos registrados, la respuesta de la élite, orquestada por el propio JOH, fue no renovar el convenio para la continuación del funcionamiento de la MACCIH, ente que fue expulsado del país en 2020, precisamente cuando las líneas de investigación tocaban las redes de corrupción del Ejecutivo.

De esta manera, la decisión política de Hernández desmanteló los esfuerzos anticorrupción del pasado y empedró el camino hacia la impunidad que persiste en el presente. Sin un ente internacional con “dientes”, como se pedía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia volvieron a su estado natural de complicidad compartida.

El anuncio del regreso de JOH y los beneficios de la Corte hondureña

Luego de que una corte de apelaciones en Estados Unidos dejara sin efecto la sentencia de 45 años de prisión dictada en 2024, tras la confirmación del indulto presidencial emitido por Donald Trump, el exmandatario comenzó una fuerte exposición mediática en la que jamás dejó de mencionar su pretensión de regresar al país. Y, sin duda alguna, el ascenso al poder del Partido Nacional allanó el camino para planificar su retorno.

El 29 de junio de 2026, la propia Corte Suprema de Justicia confirmó que el Juzgado de Letras Natural Designado resolvió suspender temporalmente la orden de captura y alerta migratoria en la causa que se sigue al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado y fijó la Audiencia de Declaración de Imputado para el lunes 3 de agosto, a las 9:00 de la mañana[15]. La resolución también establece que la suspensión tendrá vigencia del 20 de julio al 3 de agosto de 2026, período durante el cual deberá efectuarse la presentación voluntaria del imputado. Concluido ese plazo, las órdenes de captura y la alerta roja recuperarán su vigencia automáticamente, salvo que el juzgado emita una resolución en sentido distinto.

Con esta resolución, el juez natural admitió la “presentación voluntaria” de Hernández en el marco de Pandora II, un caso de corrupción mediante el cual se documentó el robo de unos 288 millones de lempiras del erario del país (unos 11 millones de dólares). Esta medida suspende de manera temporal la orden de captura de Hernández por los delitos de presunto fraude y lavado de activos; según las investigaciones del Ministerio Público, el expresidente formó parte de una red de corrupción conformada entre 2010 y 2013 que facilitó el desembolso de ese dinero a favor de fundaciones que se crearon para financiar la campaña de Hernández en 2013.

La consagración de la selectividad de la justicia hondureña

El giro que ha dado el caso Juan Orlando Hernández deja muy clara una preocupante situación: para las élites políticas acusadas de corrupción a gran escala (como en el caso Pandora), el sistema es garantista, flexible y permisivo para “presentaciones voluntarias”, revocando capturas de la noche a la mañana. Este caso evidencia un nefasto contraste porque en este punto es imposible no hacer la comparación sobre el comportamiento del sistema judicial en casos de derechos humanos. Confrontar esta “benevolencia institucional” con el trato que reciben los defensores de la tierra, ambientalistas o líderes y lideresas comunitarios en Honduras resulta lamentable. Para el liderazgo social, la respuesta del Estado suele ser la prisión preventiva de manera automática, la criminalización sistemática y la denegación de medidas sustitutivas.

Las lideresas de El Cacao

En este escenario, el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, expuso en sus redes sociales lo siguiente: “Dos noticias que reflejan de forma cruda la existencia en Honduras de una justicia selectiva como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe especial sobre el país”[16], en alusión a la comparación del caso de Juan Orlando Hernández con el de cuatro lideresas lencas de El Cacao, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, a quienes el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula declaró culpables de usurpación, a pesar de que la comunidad cuenta con un título de propiedad emitido por el Estado[17].

También, algunas organizaciones como el Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos consideran este fallo como ilegal, racista y contrario a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por eso anunciaron que presentarán un recurso de casación y llevarán el caso ante instancias internacionales, exigiendo, además, que se garantice la integridad física de los afectados. Según la defensa legal, la condena desconoce la posesión histórica que la comunidad indígena ha mantenido sobre el territorio durante más de siete décadas y omite valorar pruebas relacionadas con la ancestralidad de las tierras en disputa[18].

Los defensores del agua de Guapinol

El grupo de ambientalistas opuestos a un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras es otro ejemplo de la selectividad del Sistema Judicial hondureño. El Ministerio Público les aplicó de forma automática la prisión preventiva obligatoria, manteniéndolos arbitrariamente en cárceles de máxima seguridad durante más de dos años bajo cargos desproporcionados como “asociación ilícita” y “daños”. A pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU declaró estas detenciones como arbitrarias, el sistema retardó su liberación[19].

Mientras a JOH, con un historial documentado de narcotráfico internacional, el juez le acepta una “presentación voluntaria” y le quita la orden de captura de inmediato, a los defensores del agua se les niegan sistemáticamente las medidas sustitutivas a la prisión, tratándolos como criminales de alta peligrosidad desde el primer día.

Los defensores de MILPAH

Víctor Vásquez y José Santos Vijil son dos defensores indígenas lencas y líderes del Movimiento Indígena Independiente de La Paz (MILPAH), criminalizados por acompañar a comunidades campesinas en la recuperación de tierras locales de vocación agrícola[20]. La selectividad de la justicia hondureña hizo lo suyo en este caso. Ambos fueron sometidos a prisión preventiva bajo acusaciones de “desplazamiento forzado”. Algunos organismos internacionales, incluyendo cuatro relatorías especiales de la ONU[21], emitieron cartas de alegaciones urgentes advirtiendo que las detenciones carecían de pruebas objetivas y que el sistema penal estaba siendo usado para fabricar acusaciones falsas para detener su labor de derechos humanos.

Aunque se podrían enumerar muchos más, estos casos aportan elementos que clarifican cómo el sistema penal hondureño funciona como un “péndulo perverso”. Mientras para las redes de macrocorrupción política (casos de corrupción documentados por la MACCIH) la justicia inventa salvoconductos burocráticos como la suspensión de capturas por presentación voluntaria, para la defensa de los derechos humanos el sistema opera de forma arbitraria.

Estos y muchos otros casos evidencian que en Honduras la prisión preventiva es una regla de castigo para quienes defienden los bienes comunes y sus territorios, mientras que la libertad condicional es un privilegio que las élites compran con su influencia. En definitiva, la suspensión de la captura para un ciudadano, en este caso de Juan Orlando Hernández, quien estuvo formalmente condenado por narcotráfico internacional, desnaturaliza el principio de igualdad ante la ley.

En resumen, ¿qué significa el retorno de JOH para Honduras?

Primero, un mensaje devastador para la ciudadanía: la justicia en Honduras es un instrumento que se amolda a los giros e intereses políticos externos (como el indulto de JOH en Estados Unidos) y a las conveniencias político-partidarias internas.
Segundo, la consolidación de un Estado capturado, concretada en la alineación y coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público para usar la ley como escudo de impunidad, un aspecto sumamente preocupante porque refuerza la instrumentalización de la justicia y la selectividad con la que opera, en detrimento de sectores vulnerados históricamente en el país.
Tercero, un acontecimiento que genera polarización extrema y un recordatorio de que las estructuras del poder fáctico ligadas al periodo 2014-2022 (periodo de tiempo de sus dos gobiernos) permanecen intactas y listas para reinstalarse en el centro de la escena pública.
Cuarto, evidencia lo mal que anda la democracia en Honduras, ante un sistema penal que reserva la prisión preventiva para los defensores del territorio y los bienes comunes, mientras aplica la justicia con “guantes de seda” a las élites señaladas por macrocorrupción.

[1] Ver más en: https://x.com/JuanOrlandoH/status/2073792264615186745

[2] Ver más en: https://www.swissinfo.ch/spa/juan-orlando-hern%C3%A1ndez-regresar%C3%A1-en-julio-a-honduras-tras-suspenderse-la-orden-de-captura/91671074

[3] https://revistazo.com/saqueoihss/robo_grande.html

[4] https://www.expedientepublico.org/la-maccih-un-inconcluso-modelo-hondureno-de-combate-a-la-corrupcion/

[5] https://criterio.hn/ministerio-publico-cierra-la-ufecic-y-crea-la-uferco/

[6] https://www.elheraldo.hn/honduras/los-12-casos-de-corrupcion-destapados-en-honduras-por-la-maccih-IPEH1287249

[7] https://v1.cespad.org.hn/2021/10/18/con-la-salida-de-juan-hernandez-de-la-presidencia-como-queda-la-reeleccion-en-honduras/

[8] https://criterio.hn/wp-content/uploads/2020/09/Fallo-sobre-reelecci%C3%B3n-presidenciaal.pdf

[9] https://cnnespanol.cnn.com/2016/11/11/polemica-en-honduras-juan-orlando-hernandez-busca-reeleccion-basado-en-fallo

[10] https://www.instagram.com/p/DaWDEDPiuhb/

[11] https://www.youtube.com/watch?v=0JuUhl_oUo0

[12] Ver más en: https://www.youtube.com/watch?v=qV1HYfIzK6g