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El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, adscrito al Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) publicó su más reciente informe titulado «Informe de Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026», una investigación que sistematiza las dinámicas actuales de despojo y resistencia comunitaria en el país, advirtiendo que el nuevo ciclo político se desarrolla en un contexto marcado por una visión empresarial de la gestión pública, marcos normativos favorables a la agroindustria y otros sectores estratégicos, reformas penales, debilitamiento de la institucionalidad agraria y ambiental, y la ampliación de dispositivos de control territorial.
Este informe, que documenta 77 conflictos activos en 13 departamentos del país, se fundamenta en un ejercicio acumulativo de registro, monitoreo y caracterización de la conflictividad socioterritorial desarrollado por el Observatorio desde 2023. La base empírica principal son las fichas de conflictividad, herramientas con las que se documentan conflictos vinculados a disputas agrarias, energéticas, mineras, forestales, de infraestructura, gestión de residuos, cambio climático y otras formas de presión sobre los bienes comunes y públicos. De igual forma, el informe también analiza que el 80.5% de los casos registra una alta intensidad y advierte sobre el impacto de un nuevo marco legal penal que criminaliza las demandas agrarias e indígenas bajo la sombra de la seguridad jurídica para la inversión corporativa.
Concentración territorial y predominio agrario
De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio, la conflictividad muestra una concentración geográfica y sectorial. Siete departamentos aglutinan el 79.2% de los casos documentados, destacándose Colón (20.8%), Yoro (14.3%) y La Paz (13.0%), seguidos por Atlántida, Choluteca, Gracias a Dios y Cortés. Esta distribución responde de forma directa a la expansión de fronteras económicas vinculadas con la agroindustria, la minería, los proyectos energéticos y el turismo a gran escala.
- Conflictos agrarios (49.4% del total): continúan representando el eje principal de tensión, reconfigurados más allá de la disputa agraria clásica al involucrar dinámicas inmobiliarias y de control territorial.
- Conflictos energéticos (20.8% del total): focalizados en la captura y explotación de cuencas hídricas frente a la oposición comunitaria.
- Conflictos mineros (10.4% del total): centrados en la afectación directa del subsuelo, cabeceras de cuenca y degradación ambiental.
En conjunto, estas tres categorías concentran el 80.5% del registro nacional, operando en un nivel de alta intensidad caracterizado por criminalización, amenazas latentes de desalojo y un agudo deterioro institucional.
El viraje punitivo de 2026 y el blindaje agroindustrial
El informe hace un énfasis crítico a la actual coyuntura bajo la administración del gobierno de Nasry Asfura, caracterizada por una visión empresarial de la gestión pública que prioriza el crecimiento económico por encima de las mediaciones democráticas. El hito legislativo que marca este ciclo es la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, la cual declara la actividad agroindustrial de prioridad nacional, decreta la inafectabilidad de sus tierras, agiliza licencias ambientales extraordinarias y penaliza de forma expedita las manifestaciones sociales que obstaculicen la libre circulación de mercancías corporativas.
Esta ofensiva legal e institucional profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales al robustecer los dispositivos de control punitivo y reinterpretar los conflictos como meras violaciones al orden público o la seguridad jurídica. El CESPAD advierte que el Estado opera como un mediador activo que formaliza una legalidad desigual: protege con celeridad la gran propiedad y las concesiones de inversión, mientras posterga sistemáticamente el saneamiento de las tierras indígenas, garífunas y campesinas.
Violencia estructural e impunidad: El caso del Bajo Aguán
La desinstitucionalización de la justicia agraria, reflejada en el debilitamiento y reducción presupuestaria de la institucionalidad pública, traslada la resolución de disputas de las mesas de diálogo hacia los cuerpos castrenses y dispositivos de control social. La expresión más letal de esta dinámica tuvo lugar el 21 de mayo de 2026 con la masacre de veinte personas en la comunidad de Rigores (Trujillo, Colón), un suceso que condensa la trágica convergencia de la impunidad histórica, el uso de agencias de seguridad privada y la incursión de redes armadas para disciplinar al campesinado organizado.
Asimismo, el Observatorio documenta un preocupante recuento de asesinatos, atentados y detenciones arbitrarias contra defensores históricos como los integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Indígena Lenca Tierras del Padre, en un entorno condicionado por la lentitud judicial y la persistencia de estructuras impunes tras crímenes emblemáticos como los de Berta Cáceres y Juan López.
Las resistencias comunitarias como guardianas de la vida
Frente al despojo y a la conceptualización corporativa que reduce la naturaleza a un «activo barato» o soporte de inversión, el CESPAD reconoce a las comunidades rurales como sujetos políticos plenos. Para estas poblaciones, la defensa de la tierra, el bosque y el agua representa la garantía material de su reproducción social, su identidad colectiva y su continuidad cultural en el territorio.
Finalmente, el informe reconoce que las comunidades no figuran únicamente como víctimas del despojo; también son sujetos políticos que organizan resistencias, defienden bienes comunes, producen memoria territorial, impulsan litigios, documentan agresiones, construyen alianzas y disputan el sentido del desarrollo. Por ello, la conflictividad socioterritorial debe entenderse como un indicador de la calidad democrática del país: allí donde el Estado escucha, consulta, protege derechos y garantiza participación, la democracia se profundiza; allí donde criminaliza, desaloja, militariza y protege selectivamente la inversión, la democracia territorial se debilita.