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Escrito por: Gustavo Irías
En los últimos días, la agenda del Congreso Nacional ha estado particularmente cargada. Se han discutido las propuestas de reformas de la ENEE que apuntan a una posible privatización; se aprobó la Ley del Beneficiario Final; se otorgaron cuestionados permisos de ausencia a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE); y se nombraron nuevos funcionarios en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) bajo la lógica tradicional del reparto de cuotas, ahora concentrada en el bipartidismo. En medio de este maremágnum de proyectos y acuerdos que han captado la atención de la prensa, pasó casi desapercibido el PCM que aprobó la “Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030”.
Este hecho reviste especial relevancia porque refleja la política oficial en torno al controvertido tema de la corrupción. Su importancia es aún mayor si se considera que se trata de un gobierno del Partido Nacional, una fuerza política con ex funcionarios y lideres partidarios acusados de delitos contra la administración pública y vínculos con el crimen organizado, judicializados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y por cortes de los Estados Unidos.
Surge entonces una pregunta clave: ¿ha realizado el Partido Nacional un ejercicio autocrítico de su pasado reciente y está dispuesto a desmontar las estructuras que sostienen la macro corrupción y las redes ilícitas que la hacen posible?
De la CICIH al PATI
El PCM-011-2026 aprueba, en su artículo 1, la “Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030”. La estrategia fue adoptada en reunión del Consejo de Ministros el 29 de mayo y publicada en el diario oficial La Gaceta el 9 de junio, aunque apenas fue difundida por algunos medios de comunicación durante la semana pasada. Estas circunstancias reflejan el nivel de discrecionalidad y la escasa publicidad con que ha sido aprobada.
Con esta estrategia se cancela la posibilidad de instalar una nueva misión internacional anticorrupción (CICIH), una demanda ciudadana que se remonta a las multitudinarias movilizaciones de la Marcha de las Antorchas en 2015. Dicha exigencia surgió de la convicción de que el sistema de justicia carece de las capacidades y de la voluntad política necesarias para enfrentar la corrupción cuando esta involucra a altos funcionarios públicos y grandes empresarios. Esta percepción quedó demostrada con la intervención independiente y efectiva de la MACCIH que, por primera vez en la historia del país, obligó a comparecer ante los tribunales de justicia a numerosos diputados y exdiputados, funcionarios públicos, dirigentes de los partidos tradicionales y empresarios acusados de diversos delitos contra la administración pública.
En lugar de la CICIH, se instituye el denominado Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), que no constituye una misión internacional de apoyo. No obstante, el documento de la Estrategia sugiere la conformación de un espacio dotado de cierta institucionalidad al incorporar distintas fases para su desarrollo. Entre ellas se menciona una Fase 0 destinada a crear las bases para su funcionamiento, lo que implicaría la reforma de los artículos 414 al 417 del Código Procesal Penal (CPP) relacionados con el juzgamiento de altos funcionarios, la revisión del Decreto No. 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria, la derogación del Decreto No. 04-2022 y el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Público.
Sin embargo, consideramos que, en la práctica, el PATI no será más que un mecanismo de cooperación bilateral entre el gobierno hondureño y organismos internacionales interesados en respaldar al país en materia de lucha contra la corrupción, la impunidad y la promoción de la transparencia. La estrategia menciona la invitación a diversos organismos, entre ellos la UNODC, la OCDE, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, GAFILAT/GAFI, el BID, el Banco Mundial, el MESICIC/OEA, la Unión Europea, GIZ/IDL España y Transparencia Internacional.
Este diseño no representa ningún punto de inflexión en el apoyo internacional a la lucha contra la corrupción en Honduras, ya que ha sido la práctica habitual de la relación del Estado con estos organismos. Por ello, la esencia del PATI supone la continuidad de una lógica de cooperación basada en proyectos que, por lo general, proporcionan asistencia técnica que termina siendo poco útil. Aunque en ocasiones identifica problemas reales y propone soluciones necesarias, estas raras veces son adoptadas por la institucionalidad estatal porque afecta intereses y modifica practicas funcionales al sistema.
En el fondo, esta decisión confirma la determinación de las élites dominantes, tanto políticas como económicas, de impedir la creación de mecanismos similares a la MACCIH. La experiencia demostró que una instancia con independencia, voluntad política y capacidad técnica puede revelar los dispositivos y las lógicas ocultas mediante las cuales operan las redes públicas y privadas de la macrocorrupción y, en consecuencia, investigar y procesar a altos funcionarios públicos y empresarios, afectando sus esquemas de acumulación de capital y enriquecimiento ilícito. En otras palabras, puede contribuir al desmontaje de uno de los pilares centrales que sostienen el actual modelo de dominación.
La agenda de reformas
Aunque se ha bloqueado la conformación de una nueva Misión Internacional Anticorrupción, la formulación de esta estrategia no ha podido ignorar las abundantes evidencias sobre la corrupción estructural que caracteriza al país. Tampoco ha podido desestimar los múltiples análisis realizados sobre este fenómeno ni las propuestas de reforma impulsadas desde diversos sectores de la sociedad civil. En consecuencia, la estrategia se construye sobre la base de la “Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras” (ENTAH), elaborada durante el gobierno anterior, así como sobre el informe del Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaborado en el marco de su misión exploratoria para la instalación de la CICIH, el cual incorporó numerosas demandas de reforma planteadas por distintos sectores sociales.
Por ello, no resulta sorprendente que en el apartado denominado “Estado de Situación” se reconozca que “la corrupción ha dejado de ser un fenómeno individual o episódico para convertirse en un mecanismo sistémico de malversación de recursos públicos por redes político-empresariales con capacidad de captura institucional demostrada”.
Y no solo eso, su enfoque estratégico asume su operación en tres velocidades: “construcción institucional sostenida con transferencia de capacidades entre 2027 y 2028; impulso a reformas inmediatas de alto impacto político y normativo en el primer año a partir de su aprobación; y, consolidación con validación mediante métricas internacionales entre 2029 y 2030”.
De hecho, la agenda de reformas incluida en la estrategia reproduce, con escasas modificaciones, gran parte de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos de la ONU en lo que llegó a denominar como la “agenda de las reformas legales”. Entre las más relevantes destacan las siguientes:
- Reformas al Código Procesal Penal (CPP), incorporando técnicas especiales de investigación, mecanismos de justicia premial y figuras de colaboración eficaz.
- Reforma a los artículos 414-417 del Código Procesal Penal (CPP), con el propósito de delimitar el alcance del procedimiento especial para altos funcionarios y sus efectos sobre los coimputados, fortaleciendo la seguridad jurídica y la eficiencia procesal.
- Eliminación o derogación del Decreto 04-2022, a fin de garantizar que los hechos de corrupción y demás delitos graves sean investigados y juzgados conforme al régimen ordinario de responsabilidad penal.
- Revisión del Decreto 117-2019 (inmunidad parlamentaria).
- Aprobación de una Ley de Protección de Denunciantes, Testigos y Alertadores, que establezca mecanismos de protección integral para funcionarios, periodistas, activistas y ciudadanos.
- Fortalecimiento del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, ampliando su aplicación a casos de corrupción, soborno transnacional, lavado de activos y otros delitos graves.
- Aprobación de un paquete de leyes orientadas al combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Ratificación del Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), instrumento que habilita el intercambio de información entre Estados y que, pese a encontrarse firmado por Honduras, continúa pendiente de ratificación.
- Ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información ambiental.
Asimismo, la estrategia retoma varias de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en relación con el sistema de justicia y los mecanismos de control de cuentas. En el caso del Ministerio Público, propone la creación de una División o Unidad Fiscal de Casos de Alta Complejidad especializada en corrupción, criminalidad organizada y delitos económicos. En el Poder Judicial, plantea el fortalecimiento del Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Por su parte, para el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se propone optimizar los procedimientos de remisión, análisis y aprovechamiento de auditorías, investigaciones especiales y hallazgos con relevancia penal, administrativa o civil, mediante protocolos formalizados de coordinación interinstitucional.
Pero frente a esta agenda de reformas surge una interrogante obligada: ¿cuál es la voluntad política del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional para impulsar e implementar estas medidas?
A nivel del Ejecutivo, llama la atención los reportajes de varios medios digitales, entre ellos CRITERIO HN, en los que han destacado que la conformación del gabinete de Asfura incluye funcionarios “señalados por escándalos públicos” que incluyen acusaciones de corrupción. Por otro lado, una reciente denuncia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señala el nombramiento de ex funcionarios vinculados al caso del Fraude sobre el río Gualcarque en puestos de importancia en el Ejecutivo, llamando la atención el nombramiento reciente por el Congreso Nacional de “Aixa Gabriela Gómez como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE)” que, según el COPINH, es “la misma abogada señalada en el 2019 por participar en la trama que entregó el río Gualcarque a la empresa DESA”.
Y precisamente en el caso del Congreso Nacional, la interrogante adquiere una importancia crucial si se considera que varias de las reformas anticorrupción propuestas colisionan con iniciativas impulsadas durante las últimas semanas en favor de los intereses del gran sector empresarial. Este es el caso, particularmente, de las medidas orientadas al fortalecimiento del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y a la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú.
La fragilidad institucional
El principal problema para la implementación de las reformas propuestas, radica en la ausencia de una estructura política e institucional capaz de impulsarlas, coordinarlas y garantizar su implementación. Los elementos más sobresalientes de esta fragilidad son los siguientes:
- En el Congreso Nacional, a diferencia de lo ocurrido durante la gestión anterior, no existe una Comisión Ordinaria Anticorrupción que trabaje de manera sistemática en una agenda de reformas. Es decir, con el mandato de promover su aprobación, comenzando por la elaboración de los proyectos de ley, la formulación de los respectivos dictámenes y la gestión política necesaria para incorporarlos a la agenda legislativa.
- La estrategia crea la figura del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), adscrito a la Presidencia de la República, pero sin facultades definidas ni presupuesto asignado. De hecho, el artículo 4 del PCM-011-2026 establece que el CPT deberá presentar a la Secretaría de la Presidencia “una propuesta sobre sus atribuciones, funcionamiento interno” y requerimientos de personal y recursos logísticos.
- La estrategia también contempla la creación de un Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA), concebido como una instancia interinstitucional de verificación integrada por el “Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la ONCAE y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, además de dos representantes de la sociedad civil especializada e independiente con voz y voto, con la posibilidad de incorporar representantes del sector académico y del sector privado”. Sin embargo, en un Estado que históricamente ha operado de forma fragmentada, como un conjunto de instituciones aisladas que funcionan “a manera de islas”, este tipo de mecanismos de coordinación no ha mostrado resultados satisfactorios.
- El Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), coordinado por el CPT, presenta limitaciones similares. La cooperación internacional suele operar bajo una lógica de proyectos, donde la coordinación y la complementariedad entre actores no siempre resultan sencillas. En todo caso, hará falta coherencia y alineamiento de agendas y prioridades.
Visto en su conjunto, se trata de un diseño institucional que no ofrece garantías suficientes para la implementación efectiva de la estrategia nacional. En el mejor de los casos, Honduras contará con una política pública que recoge demandas ampliamente compartidas por distintos sectores de la sociedad, pero que carece de una institucionalidad con la capacidad técnica, los recursos y la voluntad política necesarios para convertir esas aspiraciones en resultados concretos.
Y qué decir de la independencia del Poder Judicial, en las últimas semanas hemos asistido a un nuevo proceso de cooptación de la institucionalidad del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia por representantes del actual cogobierno (nacionalista-liberal). En estas circunstancias, el país sigue sin superar los factores estructurales que hacen posible la reproducción del círculo vicioso que alimenta las prácticas corruptas y sostiene la impunidad sistémica.
Una ventana de oportunidad para las organizaciones de la sociedad civil
A pesar de sus limitaciones, la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción deja abiertas algunas oportunidades para la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de sus principios rectores es la denominada “participación ciudadana real”, entendida como el involucramiento de la sociedad civil especializada e independiente en la materia. En ese marco, la estrategia “reconoce y garantiza su papel en los procesos de veeduría, seguimiento y control social, asegurando el acceso oportuno a la información pública y los mecanismos institucionales necesarios para formular observaciones, realizar auditorías sociales y promover las acciones que correspondan conforme al marco jurídico vigente”.
Este reconocimiento adquiere importancia en un contexto en el que el ejercicio de las libertades democráticas se encuentra cada vez más expuesto a riesgos y restricciones. Por ello, el hecho de que el Estado reconozca formalmente el papel de la ciudadanía organizada en las tareas de vigilancia, seguimiento y control social abre espacios que pueden ser aprovechados para mantener vigente la exigencia de desmontar los pactos de impunidad y avanzar en la transformación de las estructuras que hacen posible la corrupción sistémica.
La participación activa de las organizaciones de la sociedad civil también puede contribuir a evitar que la estrategia quede reducida a un ejercicio declarativo sin consecuencias prácticas. En ausencia de una institucionalidad sólida y de una voluntad política claramente comprometida con la implementación de las reformas propuestas, la vigilancia ciudadana adquiere una importancia aún mayor para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos y para mantener la lucha contra la corrupción como una prioridad de la agenda pública nacional. Sin ninguna duda, la exigencia de la instalación de la CICIH continuará siendo una demanda de la sociedad civil organizada.