Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD Descargue PDF aquí
10 de marzo, 2024
Al cerrar la semana pasada, con un fallo de culpabilidad llegó a su fin el sonado juicio en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH) por delitos de narcotráfico. Sin embargo, fue la justicia estadounidense y no la hondureña la que lo juzgó. De entrada, esto nos plantea los grandes déficits de la institucionalidad hondureña y la forma en cómo las redes criminales se han beneficiado de la impunidad estructural.
Los cargos incoados fueron: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico.
Este caso plantea una interrogante que muchos se hacen: ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos actuó en contra de su más importante aliado político en el Triángulo Norte de los últimos 10 años?
Una constatación mostrada a lo largo de la historia, es que los Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Para no ir fuera de la región, en la agonía de la tiranía de Anastasio Somoza apoyó su derrocamiento (1979); también invadió Panamá (1989), capturando y trasladando a los EE. UU. a Manuel Antonio Noriega (presidente en funciones), quien fue juzgado y condenado a una larga pena, acusado de narcotráfico. Ambos, Somoza y Noriega, fueron importantes aliados del gobierno de los EE. UU. en la época de la guerra fría.
Los intereses geopolíticos de los EE. UU
El llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) representa una zona de interés geoestratégico para el gobierno estadounidense, incluso, más que México. El “triángulo” es considerado como la extensión de su frontera geográfica, muy esencial en su estrategia de seguridad nacional.
No obstante, en las últimas décadas, posterior al fin de la guerra fría, se ha ido debilitando su control político en la región, al extremo de disminuir su hegemonía en la zona. El panorama en los últimos años, por lo menos hasta finales del 2021, ha sido el siguiente:
- En Guatemala, el sistema político ha mantenido su tradicional autonomía respecto a Washington, con una élite corrupta a la cabeza, dispuesta a evitar a toda costa cualquier cambio en el “status quo”.
- En El Salvador, tomó fuerza la deriva autoritaria de Nayib Bukele, sin que el Departamento de Estado haya podido influir en su enfoque sobre los derechos humanos.
- En Honduras, su principal aliado, JOH, ha ostentado la presidencia de la república, pero desde hace varios años ha estado señalado por el Departamento de Justicia como una “persona de interés”.
- Y qué decir de Nicaragua, alejado de toda norma democrática y abiertamente anti estadounidense.
¿Cómo limpiar ese gran desorden para la política estadounidense?
En las vísperas de la toma de posesión de Joe Biden (enero, 2021), la organización Wilson Center, con alguna influencia en los tomadores de decisión claves de la nueva administración, hicieron públicos varios documentos, desde un enfoque autocrítico, sobre los aprendizajes de la ayuda estadounidense en el Triángulo Norte. En el documento sobre Honduras destacan tres conclusiones:
- “El entorno político en Honduras presenta el desafío posiblemente más difícil para los intereses de los EE. UU. en el Triángulo Norte. Esto se debe en gran medida a un golpe de Estado en 2009, dudas en torno a la legitimidad y la imparcialidad de la elección presidencial de 2017 y las respuestas controvertidas del gobierno de los EE. UU. a las crisis subsiguientes, las cuales dañaron su reputación en Honduras e incidieron de forma negativa”, (Wilson Center, Resumen Ejecutivo).
- “La situación política se complicó aún más con la aparición de instituciones del gobierno de los EE. UU. que actúan de forma disonante con el presidente Juan Orlando Hernández. Como es de esperar, hay confusión en la ciudadanía hondureña cuando funcionarios de los EE. UU. interactúan de forma normal con un líder identificado por fiscales estadounidenses como un potencial conspirador en un caso de narcotráfico y alguien que podría enfrentar un posible procesamiento”, (Wilson Center. Ídem).
- “Siempre que persista la divergencia entre los objetivos y las acciones de política exterior y ayuda externa, la eficacia y la incidencia de ambos será menor de lo que podría ser. Son pocos los países en los que esta brecha –y sus consecuencias– son más evidentes que en Honduras”, (Wilson Center. Ídem).
Pareciera que estos hallazgos influyeron en la política de Biden hacia Honduras. Para empezar, es muy probable que las presiones de Washington hayan evitado la decisión de JOH de ir tras un nuevo período presidencial en el 2021. Además, la administración Biden desplegó una gran actividad por asegurar que las elecciones del 28 de noviembre del 2021 fueran libres, transparentes y auténticas en Honduras. Con ese propósito el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, visitó el país del 21 al 23 de noviembre.
La suerte estaba echada en contra de JOH y, por ello, pragmáticamente los Estados Unidos habían valorado y aceptado la opción de un cambio de signo político en la conducción del Estado hondureño, aunque esto implicaba aceptar un gobierno con orientación progresista y con fuertes vínculos con Venezuela.
Simultáneamente, JOH fue incluido en la lista Engel en junio del 2021 como “actor corrupto y antidemocrático”; su visa fue cancelada, pero esta decisión fue hecha pública hasta en enero del 2022. El 27 de enero de ese mismo año, el mismo día de la toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro, el Departamento de Justicia solicitó la extradición de Juan Orlando Hernández a los EE.UU. Así se consumó la operación estadounidense para deshacerse de un aliado incómodo y mostrar mayor coherencia entre la política anticorrupción en Centroamérica y sus acciones concretas en la región.
Nos parece que un punto clave fue la constatación por el Departamento de Justicia y del nuevo Departamento de Estado, de que el entramado de macro corrupción facilitado por Hernández había dado lugar a un nuevo sector de élite que se posesionó del poder del Estado, con una economía propia derivada de las actividades del narcotráfico y, lo más significativo, con intereses propios que defender y con independencia de los dictados que podrían provenir de Washington. Una prueba de ello fueron los acercamientos de JOH al aislado gobierno de Daniel Ortega: visita de trabajo, en noviembre del 2020 y la negociación de un tratado sobre los límites del Golfo de Fonseca, en octubre del 2021.
Bajo esta óptica, JOH constituía una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y había que enviar un mensaje contundente a la región latinoamericana en su conjunto, en el sentido de que EE. UU no toleraría élites que, “capturando” el poder del Estado, realizaran actividades ilícitas y se distanciaran del control político de Washington.
El núcleo de la acusación presentada por el Departamento de Justicia en contra de Hernández es consistente con lo afirmado anteriormente:
“Desde al menos en o alrededor de 2004, hasta e incluso en o alrededor de 2022, HERNÁNDEZ participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos (…) Como parte de esa conspiración, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, alias “JOH”, el acusado, recibió millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares (…) utilizó esas ganancias del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluso en relación con las elecciones presidenciales hondureñas de 2013 y 2017. A cambio, HERNÁNDEZ protegió a los narcotraficantes (…), de la investigación, el arresto y la extradición; causó que se proporcionara información confidencial de las fuerzas del orden y el ejército a los narcotraficantes para ayudar a sus actividades criminales; causó que se proporcionara información confidencial sobre la aplicación de la ley y el ejército a los narcotraficantes para ayudar a sus actividades criminales; usó miembros de la Policía Nacional y el ejército hondureños para proteger los cargamentos de drogas en Honduras; y permitieron que se cometiera violencia brutal sin consecuencias”, (Archivo de casos en la corte de NY, ContraCorriente).
Similar a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), las investigaciones del Departamento de Justicia de los EE. UU develaron cómo redes criminales capturaron el Estado, es decir, el conjunto de la institucionalidad, con el propósito de utilizar el poder político para el desarrollo de sus actividades ilícitas y criminales. Por supuesto, esta acusación obvia la responsabilidad de dos administraciones de los EE. UU (Obama y Trump) que apoyaron a un autócrata como JOH y su partido político, manteniendo una política errática e incoherente en su pretendida lucha contra la corrupción y las drogas.
Las implicaciones del juicio y el fallo de JOH pueden llegar a ser significativas en la política hondureña (lo veremos más adelante), pero, por el momento cabe preguntarse: ¿después del fallo contra JOH, los EE. UU está en mejores condiciones para restablecer su hegemonía política en la subregión?, ¿continuará con su pragmatismo de convivir con un gobierno progresista en Honduras o buscará la reconfiguración de la derecha tradicional e incluso, la promoción de una nueva derecha?
El impacto en el sistema político hondureño
Este impacto puede ser relevante de cara a las próximas elecciones generales. Además, hay otros juicios pendientes en las cortes estadounidense, entre los más importantes son los referidos al exdiputado liberal, Midence Oqueli, y al exalcalde nacionalista, Arnaldo Urbina. En realidad, varios políticos fueron mencionados en el juicio de JOH, pertenecientes a los tres principales partidos políticos, pero no existe información pública que evidencie si existen investigaciones abiertas o que ya son “personas de interés” de la justicia estadounidense. Sin embargo, los señalamientos apuntan en las diferentes direcciones del sistema político.
Por otro lado, en el contexto del juicio, el Partido Nacional se vio presionado a pactar un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso Nacional (CN). Este acuerdo dejó a la cabeza del Ministerio Público al fiscal general, Johel Zelaya, nombrado por la Comisión Permanente del CN, en su momento fuertemente cuestionada por el Partido Nacional y el Partido Liberal. Esta situación ha creado fisuras tanto en el Partido Nacional, el Partido Liberal y el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE), sin embargo, aún es muy temprano para determinar sus consecuencias políticas en la dinámica interna de estos partidos y en la contienda electoral en general.
Por el liderazgo partidario de JOH, podría asumirse que este juicio tendría implicaciones directas en el Partido Nacional, ahondando su crisis moral y de liderazgo. Probablemente sea así, en especial si no toma distancia de su legado y realiza una autocrítica pública. Sin embargo, los efectos en la política partidaria no serán automáticos, existen muchos imponderables. Para el caso, a dos días del fallo del jurado de Nueva York, en la emblemática elección del Colegio de Abogados de Honduras resultó triunfadora la planilla vinculada al Partido Nacional y al gran sector empresarial; saliendo derrotada la planilla promovida por el partido de gobierno. Una incógnita difícil de descifrar, en este momento, es si la condena judicial contra JOH tendrá un impacto significativo en el electorado independiente (sin partido político), que es el actor que determina los resultados finales de las elecciones hondureñas.
¿Qué hacer para reconstruir el Estado de derecho y la democracia?
Es un hecho que la narcodictadura destruyó el Estado de derecho y la democracia o, mejor dicho, llevó a su nivel más precario el histórico Estado patrimonialista hondureño, en el cual los intereses privados y de grupo, han estado sobre los intereses de la sociedad. La narcodictadura concentró el poder a grados extremos, en torno al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Mientras, el Poder judicial y el Ministerio Público se subordinaron a los intereses y caprichos del autócrata. La democracia, las consultas electorales se convirtieron en una ficción; el abrumador financiamiento ilícito con fondos públicos y del narcotráfico tornaron las elecciones en eventos que distorsionaron la voluntad de los electores, transformándose en competencias desleales, sin transparencia y legitimidad.
En tal sentido, reconstruir el Estado de derecho y la democracia solamente será posible si se desmontan los factores que sustentaron la narcodictadura. Por lo menos, cinco tipos de reformas y/o readecuaciones institucionales son necesarias en el corto plazo:
La primera. Derogar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instrumento concentrador de todos los poderes del Estado, que se constituyó en el “núcleo principal” de la narcodictadura. Su disolución sería el punto de partida para la independencia y complementariedad de los diferentes poderes del Estado y el restablecimiento de su carácter republicano, tal como lo establece la Constitución de la República.
La segunda. La reestructuración del Ministerio Público (MP) a fin de asegurarle las capacidades necesarias para la persecución del delito, especialmente del crimen organizado y de la macro corrupción. En esta reestructuración es de suma importancia la reforma de la Ley del MP, referida al Consejo Ciudadano y las organizaciones que lo integran, asegurando la participación de los sectores sociales históricamente excluidos y criminalizados. De esta manera, podrá comenzarse a romper la cultura y la práctica de la impunidad estructural.
La tercera. Asegurar la independencia del Poder Judicial acorde con los estándares internacionales, mediante acciones que también implican su reestructuración interna. Un factor facilitador de la impunidad y bloqueador del acceso a la justicia ha sido el Poder Judicial (es decir, los tribunales de justicia). Un desempeño sustancialmente diferente sería que no continúe acumulando resoluciones que impiden el acceso a la justicia, para el caso, los recursos de amparo en el caso de Berta Cáceres, los casos de corrupción heredados de la MACCIH, la deuda histórica con el pueblo garífuna, con las mujeres, con la niñez y con la comunidad LGTBQ+, entre otros.
La cuarta. La reforma del marco jurídico que regula el financiamiento político electoral, desmontando el bloqueo que existe sobre el acceso a la ciudadanía de la información de los aportantes privados naturales y jurídicos para las campañas electorales. Igualmente, es esencial fortalecer la institucionalidad de la Unidad de Política Limpia con autonomía, más presupuesto y las necesarias capacidades técnicas. En esta misma línea, sería necesaria la existencia de un marco normativo y, especialmente, la voluntad política de los partidos para la autodepuración de sus candidatos y candidatas, asegurando la ética e integridad.
La quinta. La depuración y reforma de las fuerzas policiales y militares. En diferentes informes del Departamento de Justicia de los EE. UU se menciona, reiteradamente, la participación de funcionarios policiales y militares en la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico. Desde hace varias décadas, la policía ha estado sometida a una permanente e inefectiva depuración policial, pero no ha sido posible llegar a una sustancial reforma policial que la convierta en una fuerza efectiva en el combate del crimen y respetuosa de los derechos humanos.
Sin embargo, para que estas reformas avancen es necesario que el actual gobierno cuente con el apoyo político de organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, esto implica una mayor apertura al espacio cívico-democrático, en otras palabras, el diálogo, acuerdos y coordinación de acciones entre el gobierno y organizaciones sociales. Igualmente, es esencial un mayor acceso a la información pública y la rendición de cuentas de las organizaciones que integran el sistema de justicia, la policía y las fuerzas armadas.