El Cespad presenta una radiografía de los conflictos socioambientales en Honduras
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42 conflictos socioambientales en el territorio nacional, ocasionados principalmente por la instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos, agroindustriales y el acaparamiento de territorios indígenas, identifica el informe “Conflictos ambientales en Honduras: aumento relevante de la violencia comunitaria y ecológica en el último semestre del 2023”, que hizo público el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
Este es el segundo informe de la conflictividad socioambiental que presenta el Cespad que, entre otros aspectos, parte de la conceptualización de la conflictividad como una “situación sobre la cual se genera un conflicto de contenido ambiental que se produce, justamente, cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat”.
Más en específico, hace una valoración de las tensiones identificadas en el marco de los conflictos y las manifestaciones de la violencia. Se destaca que la dinámica de la conflictividad socioambiental, motivada por la obtención de los bienes comunes de la naturaleza, ocurre por la instalación de represas hidroeléctricas, empresas mineras, conflictos de tipo agrario relacionado con proyectos de monocultivo y tenencia de tierra. Asimismo, por temas forestales, proyectos de energía fotovoltaica y termoeléctrica, infraestructura y productos de los efectos del cambio climático.
El documento también profundiza en la histórica deuda del Estado de Honduras con la resolución de los conflictos relacionados con la tenencia y titulación de la tierra. En ese sentido, el mapeo identificó que los detonantes de esta problemática son: ausencia de una política integral de distribución de tierra; entrega de títulos sobre títulos y el irrespeto del derecho comunitario sobre la tierra.
También se hace un análisis en lo relacionado con la militarización de las zonas donde operan los proyectos, la devastación de la naturaleza y las tensiones de los actores en conflicto (empresas, actores territoriales, fuerzas de seguridad, actores gubernamentales y organizaciones acompañantes).
El documento, además, plantea un análisis sobre las “Manifestaciones de la violencia”, un apartado en el cual las organizaciones comunitarias, participantes del mapeo de conflictividad, identificaron algunas formas de violencias, en medio de la disputa por los bienes comunes de la naturaleza: violencia física, manifiesta en desalojos de la población de sus territorios, el uso desproporcionado de la fuerza, las agresiones y asesinatos. Asimismo, violencia psicológica relacionada con los amedrentamientos, la estigmatización y la criminalización de quienes asumen una postura por la defensa de los bienes comunes. De igual forma la violencia ecológica, relacionada con cualquier acción de devastación sobre la naturaleza. Es decir, la explotación y depredación desmedida, trascendiendo los límites de los ciclos naturales.
No menos importante, se analiza la vulneración de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales; la consulta y participación ciudadana, la pérdida de medios de vida y los desafíos que tiene el gobierno de Xiomara Castro en el Plan Bicentenario en el manejo de la conflictividad.
El contexto del informe de conflictividad
El informe destaca que la llegada al poder de Xiomara Castro y el ambicioso plan de gobierno se presentaron como una respuesta audaz a estas problemáticas. Sin embargo, a pesar de la confianza depositada por las comunidades indígenas y campesinas al proyecto delineado en el Plan Bicentenario, las respuestas a las problemáticas del sector rural avanzan lentamente en Honduras.
También se subraya que la actual administración, al cierre de su segundo año en el poder, es responsable de logros como la revitalización financiera del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)[1]; un comunicado ministerial en el cual se declara al país territorio libre de minería a cielo abierto[2]; la derogación de la Ley ZEDEs y su marco regulatorio[3], por mencionar algunos puntos relevantes.
Sin embargo, los impactos de estas decisiones aún son tenues en la calidad de vida de las familias hondureñas y son muchos los desafíos que aún deben enfrentarse para lograr un abordaje integral (o al menos efectivo) de las desigualdades del campo, particularmente las dinámicas y consecuencias del actual modelo de desarrollo extractivista.
Los ataques no cesan
Según la documentación de casos, el año 2023 mantuvo un alarmante índice de ataques dirigidos a personas defensoras, como los registrados en la zona norte, particularmente en las regiones del Bajo Aguán, a miembros de las bases campesinas aglutinadas en la Plataforma Agraria y a las lideresas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC-Progreso).
El documento destaca que, en el discurso de toma de posesión, Castro declaró un compromiso firme: “No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”[4].
Esta declaración llevó a la emisión de un comunicado por parte de la SERNA, proclamando el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto. Sin embargo, las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente han denunciado que esta afirmación se ha quedado en el ámbito retórico, ya que numerosas concesiones, que son dañinas a los intereses del país y de las comunidades, continúan operando y/o buscando extensiones de permisos y licencias.
La metodología
El informe se fundamenta en la identificación de 42 conflictos socioambientales en el territorio nacional, que fueron registrados y documentados detalladamente en las que se denominan “fichas de la conflictividad”. La metodología para el desarrollo del análisis se apoya en una revisión exhaustiva de las bases teóricas relevantes para la interpretación de la situación, en términos generales y de cada uno de los conflictos.
Este análisis se hizo con la información obtenida a través del monitoreo de medios de comunicación, entrevistas con líderes de organizaciones de base comunitaria, y miembros de organizaciones defensoras, promotoras e investigadoras de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Además, se realizó una revisión pormenorizada de la documentación disponible sobre los casos enunciados.
Además de la información técnica de los conflictos, las fichas están diseñadas para el registro de datos sobre los impactos ambientales, políticos, económicos y culturales, entre otros que resultan relevantes para el análisis desarrollado en el presente informe. Este informe y las fichas estarán disponibles en formato interactivo en el micrositio www.observatorio.cespad.org.hn “Observatorio de la Conflictividad Socioambiental de Honduras”, hospedado en la página institucional del CESPAD: www.cespad.org.hn
Por su importancia y porque concentran el planteamiento del Cespad, a continuación, se enlistan las conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones
- La tendencia hacia el aumento de la conflictividad en Honduras está marcada por el número de persecuciones y asesinatos de defensores de la tierra y el territorio. Asimismo, por el número importante de ecosistemas alterados en el marco de esas dinámicas.
- La institucionalidad hondureña debe asumir un mayor compromiso con los actuales conflictos relacionados con temas agrarios y ambientales, a través de una mayor asignación presupuestaria, mejora en los mecanismos de participación de todos los sectores involucrados y un oportuno seguimiento a la escalada de violencia comunitaria y ecológica.
- En los departamentos priorizados por este mapeo, la conflictividad se manifiesta con mayor incidencia en Atlántida, Colón, Yoro, Copán, Francisco Morazán y La Paz. Sin embargo, la conflictividad, que no es estática, se rodea de dinámicas sociales, culturales y ambientales que provoca que las situaciones cambien de estado, en poco tiempo. En ese sentido, la ausencia del seguimiento a los conflictos ambientales, por parte de las autoridades gubernamentales, ha generado una creciente y lamentable infracción de derechos humanos de las comunidades que tienen proyectos extractivos instalados en sus territorios.
Recomendaciones
- El CESPAD resalta la importancia de proporcionar información de calidad a las comunidades afectadas por proyectos extractivos. La falta de canales de comunicación eficientes, genera conflictos ambientales, ya que las comunidades no pueden tomar decisiones informadas sobre su territorio. En los casos estudiados, las comunidades obtuvieron información sobre el impacto ambiental gracias a organizaciones nacionales e internacionales.
- Es necesario fortalecer el análisis del componente ambiental en los estudios de conflictividad desde la perspectiva institucional. Se requieren investigaciones académicas serias, para comprender la fractura ecológica provocada por el modelo extractivo actual en Honduras y proponer nuevas formas de gestionar los ecosistemas dañados.
- Es importante retomar los diálogos y construcción de acuerdos mínimos para el abordaje de la conflictividad con el movimiento socioterritorial, organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos.
- Para que la institucionalidad asuma un rol relevante en la gestión de lo ambiental y agrario, es sumamente relevante el aumento al presupuesto para el 2024 del INA, INHGEOMIN, SERNA, ICF, entre otras.
- Es urgente atender las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la conflictividad, siguiendo los marcos normativos nacionales e internacionales. El CONADEH y la SEDH deben asumir un rol más activo en la documentación, análisis y recomendación de soluciones integrales para cada caso. Y de mayor relevancia, es urgente la implementación de un acuerdo nacional que asegure el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección.
- El Estado de Honduras debe garantizar un verdadero acceso a la justicia a las denuncias de los defensores del territorio. Es fundamental implementar herramientas que cumplan con los estándares internacionales y garanticen el debido proceso en temas de consulta y acceso a la justicia. Se recomienda la adopción del Acuerdo de Escazú.
[1] Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD). (2023, 28 de noviembre). Audiencia pública Congreso Nacional de Honduras: Valoraciones del CESPAD sobre proyecto de presupuesto público 2024. Recuperado de https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2023/11/Audiencia-publica-Congreso-Nacional-de-Honduras-Valoraciones-del-CESPAD-sobre-proyecto-de-presupuesto-publico-2024-1_compressed_compressed.pdf
[2] SERNA, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. (2022, 28 de febrero). Comunicado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Recuperado de https://diarioroatan.com/miambiente-cancela-los-permisos-de-explotacion-y-declara-a-honduras-libre-de-mineria/
[3] Vijil, L. (2022, 21 de octubre). Ley ZEDE derogada: Narrativas y contranarrativas. CESPAD. Recuperado de https://cespad.org.hn/ley-zede-derogada-narrativas-y-contranarrativas/
[4] Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). (2022, 7 de marzo). Discurso de toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Recuperado de https://sedesol.gob.hn/discurso-de-toma-de-posesion-de-la-presidenta-xiomara-castro/#:~:text=Tenemos%20la%20mejor%20disposici%C3%B3n%20y,no%20les%20voy%20a%20fallar