Escrito por: Aimée Cárcamo
Catorce meses después del cambio de gobierno en Honduras, el cumplimiento de la agenda anticorrupción en el Congreso Nacional avanza con demasiada lentitud y no llena las expectativas de la ciudadanía hondureña, que continúa a la espera de la instalación de un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad.
La agenda estratégica para enfrentar la corrupción fue elaborada por la Comisión Anti-Corrupción del Congreso Nacional, constituida por primera vez en ese poder del Estado a comienzos de la primera legislatura en el 2022, y contó con la asesoría técnica del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y el apoyo de Abogados Sin Frontera Canadá (ASF-C).
Uno de los objetivos de la Comisión Anti-Corrupción es propiciar un entorno habilitante para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), de allí que la agenda plantee la derogación de varios decretos aprobados durante la administración del Partido Nacional, y que se conocen popularmente como pactos de impunidad, así como la creación de nuevas leyes, entre ellas la Ley de Colaboración Eficaz, que sirvan como herramientas para fortalecer el sistema de justicia.
La instalación de la CICIH fue una de las promesas de campaña de Castro y también parte de su discurso de toma de posesión el 27 de enero pasado. En la actualidad, está plasmada en su Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2026).
Sin embargo, de momento, el principal avance ha sido la firma del Memorándum de Entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizado el 15 de diciembre pasado, que contempla un proceso de dos fases.
Hasta ahora se continúa en la primera fase, que incluye la llegada de una misión técnica de Naciones Unidas que analizará junto a varios actores nacionales las reformas constitucionales, legales, políticas, institucionales, que son necesarias como condición sine qua non para la CICIH.
Principales pactos de impunidad
Entre los decretos mencionados en la agenda anticorrupción que blindan a las élites de corrupción está el 116-2019, relacionado con la ejecución y rendición de cuentas de fondos públicos, que impide al Ministerio Público ejercer la acción penal mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no emita un informe de responsabilidad administrativa.
El director del CESPAD, Gustavo Irías, considera que el decreto 116-2019 “es prácticamente el corazón de estos pactos de impunidad”, de allí que en su tercer informe de monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, esta organización de sociedad civil hace especial hincapié en su derogación.
A pesar de que fue aprobado por mayoría simple, el decreto establece que solo se puede derogar por mayoría calificada, por lo que la Fiscalía para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público presentó en octubre de 2019 un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolvió que sí era constitucional.
Como el fallo de la Sala Constitucional ya es cosa juzgada y no queda ningún recurso por interponer, para el jefe de la Unidad fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, “lo que procedería ahora es que el Congreso Nacional proceda a su derogación”.
Pero la situación en el Legislativo es bastante compleja porque, como recuerda Irías, algunos de los actuales parlamentarios estuvieron imputados por casos de corrupción cuando operó en el país la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el período 2016-2020.
“Probablemente algunos sigan en algunos casos o sientan, de hecho, la amenaza en base a la experiencia que ya tuvo con MACCIH, (entonces) difícilmente se puede derogar” con los 86 votos requeridos.
Otro de los decretos que bloquean la lucha anticorrupción es el 93-2021, que modifica la Ley Especial de Lavado de Activos y limita el accionar del Ministerio Público ya que intercede en el libre acceso a información en casos relacionados con ese delito.
Un tercer decreto es el 57-2020, que impide al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos de personas implicadas en casos de corrupción.
Priorizar temas anticorrupción
Para la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deben priorizar los temas anticorrupción.
En el caso del Legislativo, “lo que tenemos que hacer es que se sometan a su discusión, tanto a tercer debate los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021”, así como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que fue discutida en primer debate en noviembre del 2022.
Mena aclaró que está en manos de la Comisión Anti-Corrupción recibir los proyectos y dictaminarlos, pero a quien corresponde asegurar que se introduzcan al Pleno es al secretario y al presidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya y Luis Redondo, respectivamente. La responsabilidad de las bancadas es que sean aprobados.
En el caso del 116-2019, uno de los argumentos es que faltan los 86 votos que se requieren para su derogación, además del fallo de la CSJ.
Mena compartió también, que en los próximos días se va a presentar el informe sobre el análisis al nuevo Código Penal de forma integral, el que está vigente desde junio del 2020 y ha sido señalado de favorecer la impunidad.
¿De qué va la agenda legislativa?
La elección de la Corte Suprema de Justicia era la prioridad de la segunda legislatura que se instaló el 25 de enero del 2022, al acercarse el fin del periodo de siete años de los anteriores magistrados y magistradas.
Aunque el tema nunca fue parte del diálogo en el proceso de negociación para la instalación de la CICIH, para la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford está claro que tener un poder judicial independiente, autónomo, profesional, con personas idóneas, íntegras y competentes es crítico para que cualquier tipo de mecanismo internacional pueda hacer su trabajo en Honduras.
La diplomática, no obstante, recuerda que en la elección de los magistrados y magistradas hubo decisiones políticas y “no podemos decir que esta es una Corte perfecta (…), pero esto es parte del compromiso político con el cual Honduras tiene que vivir”.
Shackelford hizo un llamado muy fuerte para que las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en el proceso de evaluación de los magistrados, realizado por una Junta Nominadora, sirvan en la elección del próximo fiscal general, que es otra importante tarea que tendrá el Legislativo este año.
Mientras tanto, se espera que la derogación de los decretos que obstaculizan la labor de la justicia vuelva a discusión en el Congreso Nacional.
Sobre el tema, durante una gira por España, el presidente de ese poder del Estado aseguró que la derogación de los pactos de impunidad está en la agenda legislativa, pero aclara que solamente se podrá lograr con los “consensos políticos” y en “los momentos exactos y precisos de contar con la disposición política”.
Es de mencionar que en la agenda mediática uno de los temas que ha sobresalido es la Ley de Extradición, una discusión que para la diputada Mena no es urgente ni se requiere porque ya hay un auto acordado y un tratado internacional acompañado con herramientas adicionales que facilitan ese proceso.
Para Mena, de presentarse una iniciativa o proyecto de ley ante el Legislativo, se corre el riesgo de colocársele obstáculos a las extradiciones, aunque hasta ahora no han recibido ninguna propuesta.
En lo que va del año la agenda legislativa ha estado marcada por diversos temas, desde la elaboración de un informe sobre la venta de bebidas energizantes, la derogación del uso obligatorio de la mascarilla, la aprobación de varias leyes favorables a las mujeres y el proyecto de Ley de Justicia Tributaria que tiene al Congreso y al Ejecutivo enfrascados en un debate con el sector empresarial.
Desmontar el modelo de corrupción
Para el director del CESPAD, los avances de la agenda anticorrupción no son satisfactorios porque el recorrido ha sido “muy pausado, por no decir demasiado lento”, pese a las exigencias de la ciudadanía y a la necesidad de crear las condiciones para el funcionamiento del sistema de justicia.
Irías señala que “en este gobierno de transición uno de los grandes desafíos es desmontar el modelo de corrupción heredado de la narcodictadura y eso, inevitablemente, pasa por la derogación de los conocidos pactos de impunidad”.
A su criterio, actualmente el país está a punto de ingresar a una etapa marcada por la primera fase de la instalación de la CICIH, en la que deben crearse las condiciones básicas para su instalación, una situación que obligará a que la agenda anticorrupción se vuelva una prioridad en el Congreso Nacional, “y esto generará un ambiente favorable para las organizaciones ciudadanas anticorrupción que presionan por avances en ese sentido”.
Ruptura de antiguos aliados
La elección de la CSJ evidenció la ruptura entre las bancadas de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el PSH, otrora aliados en las pasadas elecciones generales de noviembre del 2021.
Para Irías, esa situación podría afectar el desarrollo de la agenda anticorrupción, especialmente porque el PSH tiene la coordinación de la Comisión Anti-Corrupción y de la agenda misma.
Las dos bancadas, con 50 diputados de Libre y 10 del PSH, suman un número importante de votos para llegar a una mayoría simple, que es de 65 votos, justo los que se requieren para derogar varios de los decretos de la impunidad.
“Sabemos que las alianzas legislativas no son permanentes, se puede generar un nuevo realineamiento entre estas fuerzas”, consideró Irías, para quien todavía sigue existiendo la voluntad de desmontar el modelo de corrupción. No obstante, reconoce que, si no se logran restaurar los acuerdos, la agenda contra la corrupción podría verse afectada.
Sin embargo, dejó abierta una ventana para el optimismo: “Tenemos todavía la expectativa de que aún es posible recuperar ese tiempo y que estamos entrando a un tiempo político que podría ser más propicio” para que se cumplan las promesas por las que votó la población en la histórica jornada electoral del 2021.
