Escrito por: Rubén Escobar
En octubre de 2021 la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), y coordinadora de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), Ethel Deras, envió una carta a quien en ese momento era presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en la que le advirtió que Honduras corría peligro de ser sancionada, a nivel internacional, a causa de las reformas realizadas mediante el decreto 93-2021, y que favorecían el delito de lavado de activos.
Ese riesgo de sanciones internacionales es hoy más latente que nunca, advierten personas conocedoras del tema. En un intento de salvar la situación, el 11 de mayo de 2023 un grupo de diputados oficialistas (LIBRE), acompañados del Partido Salvador de Honduras intentaron derogar los decretos 93-2021 y 57-2020.carta
Sin embargo, se necesitaban seis votos más y por eso buscaron el apoyo de la bancada liberal. Algunos de sus miembros manifestaron su voluntad de apoyar la iniciativa, pero solicitaron ver el dictamen mediante el cual se haría la derogatoria. Desde ese momento el proyecto se estancó y no volvió a presentarse al pleno para su votación.
Reformas a favor del crimen organizado
El decreto 93-2021 fue aprobado en circunstancias atípicas, en una sesión virtual realizada el 7 de octubre del 2021, en un solo debate (en plena Semana Morazánica), a mes y medio de las elecciones que acabarían con 12 años de dictadura del Partido Nacional. Mediante sus votos digitales, 71 diputados derogaron o reformaron una serie de artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal y de la Ley del Lavado de Activos, entre otras.
Entre las reformas aprobadas, está la exigencia de un delito precedente para poder tipificar el delito de lavado de activos. Es decir, antes de la reforma, el artículo 439 del Código Penal exponía una veintena de delitos por los que se podía acusar por lavado, y al final agregaba una línea en la que señalaba que se podía imputar a alguien cuyos bienes no tuvieran “causa o justificación económica o lícita de su procedencia”. Los diputados eliminaron esa línea y también sacaron de la lista los delitos medioambientales, de manera que ahora las personas pueden ostentar riqueza mal habida sin tener que demostrar que su origen es lícito.
De igual forma, modificaron varios artículos de la Ley de Lavado de Activos. Uno de ellos es el 26, el que antes daba acceso al Ministerio Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera a los registros bancarios. Con la reforma se quitó esa potestad al Ministerio Público y se ordena que obtenga la información a través de un juez, haciendo más engorroso el proceso y con posibilidades de fuga de información.
En la carta de la exfuncionaria al ex presidente del Congreso Nacional (Oliva), se le hace ver que las reformas pondrían a Honduras en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una institución intergubernamental que establece políticas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sus normas regulatorias están contenidas en 40 “Recomendaciones” formuladas en 1990 y actualizadas en años subsiguientes.
De haber fallas en el cumplimiento de esas recomendaciones, los países son incluidos en las siguientes listas: gris, países que tienen deficiencias en sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; negra, países de alto riesgo que tienen severas deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y que, además, no cooperan; y roja, es un extremo en el cual el GAFI insta a sus países miembros a aplicar medidas preventivas para que sus sistemas financieros no tengan contacto con estas jurisdicciones.
El GAFI realiza evaluaciones periódicas en febrero, junio y octubre. Según sus resultados, agrega o retira de las listas a los países. En la última evaluación, en febrero del 2023, se incluyó a 23 naciones en la lista gris, destacando por América los casos de Panamá, Nicaragua, Jamaica, Haití y Barbados. En la lista negra solo está Birmania y en la roja, Corea del Norte e Irán.
El GAFI no tiene autoridad para imponer sanciones directamente a los países incluidos en estas listas, pero la inclusión en ellas puede tener implicaciones negativas en términos de reputación y cooperación financiera internacional.
Las reformas aprobadas en el decreto 93-2021 “producirán efectos adversos para el sector real de la economía, al sector público, y en especial al sistema bancario”, advirtió la exfuncionaria Ethel Deras a Oliva.
Le indicó que el sistema financiero podría tener “serias dificultades” para manejar cuentas en el extranjero y ejecutar operaciones internacionales debido a que con las reformas ejecutadas Honduras está dejando de cumplir al menos cinco recomendaciones. En ese momento, Honduras ya tenía dos recomendaciones no cumplidas, 6 parcialmente cumplidas y 14 mayormente cumplidas.
También se podrían limitar las líneas de crédito del Estado con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto “dificultará al gobierno poder obtener fondos para impulsar proyectos de alto impacto y para atender sus compromisos financieros con entidades nacionales e internacionales”, refirió.
¿En la actualidad es real la amenaza de ser incluidos en lista gris?
“Claro que sí. Existen amenazas graves de que Honduras pueda ser incluida en la lista gris del GAFI. Eso significa que le va a costar mucho más acceder a créditos y a otros beneficios. Por ejemplo, esos fondos que da Estados Unidos a través de la Cuenta del Milenio, porque al estar en la lista gris es una muestra que no tiene interés en combatir el lavado de activos y sus delitos precedentes. En este caso, los delitos precedentes en materia de corrupción”, explicó el titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
Señaló que dentro de las reformas ejecutadas se eliminaron como delitos precedentes al lavado de activos, la malversación de caudales públicos y el enriquecimiento ilícito. Es decir, una persona puede sustraer fondos del Estado, invertirlos, y luego hacerlos pasar como dinero y bienes obtenidos legalmente, sin que se le acuse de lavado de activos.
Enfatizó que toda la legislación derogada para favorecer a narcotraficantes, lavadores de activos y corruptos, “no es algo inventado en Honduras”, sino que existía porque el país es signatario de convenios internacionales, como la Convención De Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, la Convención De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción y del mismo GAFI.
El funcionario estima que desde la aprobación del decreto 93-2021 se han beneficiado unas 400 personas, que han salido libres del delito de lavado de activos y se les han devuelto bienes con valores millonarios. “Bandas completas estuvieran hoy en la cárcel, condenados porque no había manera de justificar sus bienes”, acotó. Entre ellos, hay grupos de testaferros de Los Valle, de “Los Cachiros” y de corruptos.
Calificó de “urgente” la derogación de los decretos 93-2021, el 57-2020, 116-2019 y otras normativas que bloquean la lucha anticorrupción. Considera que año y medio de gobierno “es suficiente tiempo” para haber procedido a abolir esas leyes o al menos haberlas sometido a votación, especialmente en un gobierno que utilizó el tema anticorrupción como bandera de campaña. “Si no se derogan estos decretos el gobierno va a seguir en deuda con la sociedad hondureña que -de algún modo mediante su voto-, exigió que estas leyes que se derivan de pactos de impunidad, sean derogadas”, acotó.
Consultada sobre el tema, la diputada del PSH, Maribel Espinoza reconoció que existe presión internacional para tomar medidas y no caer en la lista gris del GAFI. “Al caer en un escenario de paraíso fiscal, se nos cortan las operaciones en dólares y el país queda aislado”, enfatizó.
La abogada señaló que bajo los hombros de los diputados pende la responsabilidad de “dejar al país aislado o no”, y que si no se ejecuta la derogatoria se pondría en riesgo a casi 10 millones de habitantes.
Insistió en que los pactos de impunidad deben ser derogados a la brevedad posible, incluyendo el 116-2019, pues este no requiere mayoría calificada (86 votos) como se viene sosteniendo, sino mayoría simple. “Eso es falso. La Constitución establece expresamente los casos en que se requiere mayoría calificada y esos son: las reformas constitucionales, el juicio político y la elección de altos funcionarios. Todo lo que no esté fijado con mayoría calificada se entiende que es mayoría simple”.
Derogatoria abortada
La diputada Espinoza confirmó que el jueves 11 de mayo el presidente del Legislativo, Luis Redondo, iba a someter a votación la derogatoria del 93-2021 y del 57-2020. Ese día sostuvieron una reunión con la bancada liberal, quienes se comprometieron a acompañar y quedaron que se votaría el martes 16 de mayo.
Sin embargo, días antes de esa fecha, algunos diputados liberales y nacionalistas, informaron en diferentes medios que el objetivo de la iniciativa era reavivar el artículo 28 del Código Penal, y que no apoyarían. El 16 de mayo la derogatoria de los pactos de impunidad no se sometió a votación.
La derogatoria del artículo 28 fue una de las muchas reformas realizadas a través del decreto 93-2021. Mediante su aplicación se ponía responsabilidad penal en jefes de redacción, directores de medios o dueños de medios de comunicación por alguna publicación lesiva a los intereses de terceros.
El abogado y analista Raúl Pineda considera que las reformas a los articulados de lavado de activos hechas por el 93-2021 “fue un acto de corrupción gigantesco” y los abogados “sabemos que hubo arreglos, compensaciones, negociaciones para que mucha gente que debió haber perdido sus propiedades, por ser de origen ilícito, hoy las estén recuperando por la vía de una reforma legislativa”.
Sin embargo, hizo un llamado también para evitar que se reactive el artículo 28 del Código Penal, y buscar los mecanismos para que los delitos de injuria y calumnias sean regulados por el ámbito civil y no penal. Reconoció que en el actual debate “están mezclando una cosa con la otra como parte de una estrategia para maquillar actos de corrupción, no solamente los ilícitos provenientes del tráfico de drogas. Todo lo que tenga que ver con crimen organizado debe ser sujeto a técnicas y procedimientos diferentes de lo que puede ser la investigación de una injuria o de una calumnia”, refirió.
Insistió en que no se puede tener a los periodistas bajo una amenaza permanente de llevarlos a la cárcel, porque de llegar a ese punto la libertad de prensa desaparecerá.
Espinoza hizo un llamado a sus compañeros legisladores para definir “¿dónde comienza y dónde termina el discurso?, ¿dónde comienza la concretización de la voluntad política para luchar contra la corrupción? Eso solo se demuestra con hechos, y los hechos tienen que ser la derogatoria (de los pactos de impunidad) porque tenemos la voluntad política. Pero ahora lo vamos a hacer presionando porque si no quedamos fuera” del sistema financiero internacional, concluyó.