Escrito por: Rubén Escobar
En agosto del 2023 se cumplen diez años desde que el Congreso Nacional, dirigido por Juan Orlando Hernández, le diera vida, con carácter temporal, a la Policía Militar de Orden Público (PMOP), con la finalidad de tomar control de los barrios y colonias dominados por organizaciones criminales. Pero se trata de una década de ejecución de una medida que amerita una valoración profunda, porque la percepción de la ciudadanía es que el país sigue a merced del crimen organizado.
Un breve antecedente
La PMOP fue creada mediante decreto 168-2013, pero su puesta en vigencia no fue un hecho aislado, según el ensayo La militarización de la seguridad pública en Honduras, del fallecido analista hondureño Víctor Meza.
Se trató de un esfuerzo deliberado y coordinado por Juan Orlando Hernández y una élite política y empresarial, para sostenerse en el poder con el apoyo de los militares, sus aliados desde el golpe de Estado de 2009.
Más allá de la PMOP, entre junio del 2010 a octubre de 2014, se aprobaron en el Legislativo 34 disposiciones que introdujeron cambios profundos en el sector Seguridad y en el sistema de justicia, que les brindaron un amplio respaldo a los militares en Honduras.
Entre las disposiciones se citan la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; modificación del artículo 274 de la Constitución para ampliar la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna; la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas; la Ley de Inteligencia Nacional y la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES).
Las promesas fallidas de Castro
Durante su campaña política, la presidenta Xiomara Castro prometió desmilitarizar la sociedad (página 20 del Plan de gobierno para refundar Honduras 2022-2026), pero una vez en el poder la mandataria hondureña encontró una situación muy compleja.
El Congreso Nacional no ha podido destrabar el entramado legal que dejó la administración de Juan Orlando Hernández en respaldo a los militares. Por ejemplo, se intentó derogar la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y aprobar una nueva, pero no se llegó a concretar. A esto hay que agregar los altos niveles de delincuencia, con maras y pandillas, ahora consideradas organizaciones criminales trasnacionales y carteles de narcotráfico profundamente arraigados.
Hasta ahora, Castro no ha podido cumplir el objetivo de devolver la tranquilidad a las comunidades hondureñas, pero las autoridades civiles siguen utilizando la militarización como medida de combate, porque carecen de una estrategia clara para sustituirla y dotar a la Policía Nacional de los recursos para hacer su trabajo, sostiene el informe “El gobierno de Castro y la Policía Militar del Orden Público, militares sin identidad y formación policial”, presentado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), y elaborado por la socióloga, especialista en temas de seguridad y defensa, Mirna Flores.
Desmilitarizar la sociedad significa quitarles el poder del que gozaron durante los 12 años de la dictadura nacionalista y avanzar hacia una democracia real, refiere Flores. “Democracia no solo es votar. Es fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, con funciones muy delimitadas para cada una. Es garantizar las condiciones de bienestar de la población, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos”, agrega.
El análisis de la socióloga refiere que la ausencia de planes del gobierno para desmontar la PMOP evidencia mucha improvisación: “Las promesas se fueron, no tenían un plan qué hacer y el problema de la criminalidad está ahí”.
La muestra más clara de la falta de resultados es la declaratoria del estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, y que está dirigido a controlar la extorsión y delitos conexos, los que son atribuidos principalmente a las maras y pandillas. Es decir, las organizaciones criminales que la PMOP debía someter, refiere Mirna Flores, experta en seguridad y autora del citado informe.
Según su criterio, el asunto no es solo enfocarse en la represión, sino en los problemas sociales que son el germen de los conflictos. Los niños y jóvenes que no encuentran oportunidades de educación, empleo y salud, ven en las organizaciones criminales un medio de sustento para sus familias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, el número de jóvenes (entre 12 y 30 años) que no estudian ni trabajan llega casi al millón, prácticamente el 10 por ciento de toda la población de Honduras.
Cuando las fuerzas militares y policiales desaparecen de una zona, al no haber soluciones que mejoren las condiciones de vida, los jóvenes vuelven a integrarse a los grupos antisociales, apunta Flores.
Más militares a las calles
Pese a la demanda ciudadana de que se busque una solución contundente a los problemas estructurales, en análisis refiere que se siguen adoptando medidas reactivas e impulsivas. La más reciente, en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del 31 de marzo de 2023, espacio del cual surgió la creación de la “II Etapa del Plan Nacional de Seguridad, solución contra el crimen”, que amplía el rango de operaciones de los militares.
De este modo asignan “actividades en materia de seguridad” al Ejército, a la Fuerza Aérea y Naval en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios. A la PMOP se le asignan “actividades en materia de Seguridad como lo ha venido realizando, pero ahora de manera especial para el desarrollo de este plan en los Departamentos de Atlántida, Yoro, Copán”.
Adicionalmente, las Fuerzas Armadas deben “colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia”. Mientras, el Viernes Santo, se publicó en La Gaceta una tercera ampliación del estado de excepción hasta las 6 de la tarde del 21 de mayo de 2023.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), expresó su preocupación por la ampliación del estado de excepción y demandó una política integral de seguridad ciudadana. A la vez señaló que la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, advirtió que al recurrir a los militares y policías el gobierno tiene un “enfoque reducido” para combatir la violencia y que debe tomar en cuenta medidas efectivas de prevención del delito, que impacten en factores de riesgo sociales, culturales, económicos, ambientales y urbanísticos.
Además, apuntó que habilitar los batallones como Centros de Reclusión de Emergencia contradice los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe especial 2013 sobre las cárceles en Honduras; y en la sentencia Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras de 2012. En esta última, Honduras fue condenada por la muerte de 107 personas tras el incendio del centro penal de San Pedro Sula de 2004 y se ordenó al Estado, entre otras cosas, desmilitarizar las cárceles.
En medio de este panorama, las Fuerzas Armadas informaron que ya están cumpliendo con la “misión” encomendada por la presidenta Castro.
Militarizar la seguridad pública a largo plazo: un problema
Para el académico estadounidense Evan Ellis, la región latinoamericana tiene una tendencia histórica a refugiarse en el poder militar bajo ciertas circunstancias: cuando las sociedades están sumidas en la falta de organización, en el caos; cuando las élites, especialmente familias agrarias rurales, controlan la tierra y el poder político, y es necesario un cambio; al existir violencia e inseguridad, como la generada por el crimen organizado y las maras y pandillas; y cuando hay una fuerte percepción de corrupción en las instituciones (incluyendo a la policía) y se concibe a los militares como una “fuerza moralizadora”.
Ellis, quien es profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, enfatiza que el uso de fuerzas militares puede considerarse si la Constitución lo permite; cuando los militares han tenido una capacitación apropiada y saben comportarse ante los ciudadanos; cuando hay autoridades civiles que los evalúan y cuando su uso sea a corto plazo, no como una estrategia permanente de seguridad.
En el caso hondureño, señala que Hernández más allá de su posible involucramiento en narcotráfico y corrupción, creía que las fuerzas policiales eran “incapaces y corruptas”, lo que abrió la posibilidad de crear una fuerza militar para labores de seguridad. Pero enfatizó que “a largo plazo no lo veo como una situación sostenible”, aunque destacó que respeta a los militares porque percibe que en su mayoría muestran un deseo sincero de proteger y de hacer “avanzar la patria”.
Sobre las razones del por qué el gobierno de Castro no ha podido cumplir su objetivo de desmilitarizar la sociedad, Ellis refiere que es “complicado” construir una fuerza policial -con alto perfil de competencia y sin corrupción- que sustituya el rol de los militares, especialmente con el nivel de narcoviolencia y de financiamiento de ciertos grupos criminales que les da un amplio poder de corromper.
Además, advierte que el actual gobierno ha enfrentado muchos desafíos que han dispersado los esfuerzos, particularmente en temas fiscales y de financiamiento; problemas derivados de la pandemia, impactos en la economía a causa de la guerra ruso-ucraniana (inflación, alza en los combustibles, ralentización de la economía).
Para el analista, los problemas de inseguridad tienen una respuesta o salida multidimensional “porque solo meter a la gente en la cárcel no sirve”.
Acota que se requiere “cortar los flujos de droga” en el país, una lucha decidida contra la corrupción en las altas esferas, aumentar el control en las cárceles y romper el contacto de los reos con gente de afuera, y por supuesto, a largo plazo, una economía viable que dé oportunidades a todos.
El consultado dice que el uso de militares a largo plazo “es una trampa” porque lo que se percibe como una solución podría perpetuar a una entidad como la militar. Pero más grave, analiza la probabilidad de que una institución que comienza a combatir la corrupción al final se puede contagiar porque “una institución que quiere romper con una situación predominante queda atrapada por su propio afán de mantener el poder”.
Ellis concluye que se “requiere mucha gestión inteligente por los civiles el usar a los militares con eficacia y evitar que esa herramienta coarte la democracia a largo plazo”.
Lo cierto es que los militares siguen ampliando sus niveles de influencia en la sociedad hondureña; las medidas de prevención del crimen no llegan por falta de dinero y de políticas públicas; las maras y pandillas continúan en los barrios y colonias, y el crimen organizado sigue lavando cantidades millonarias en el sistema bancario.