Escrito por Rubén Escobar
La existencia de un Estado mafioso no concluyó con la captura del expresidente Juan Orlando Hernández y su posterior enjuiciamiento en los Estados Unidos. Según expertos, es necesario desmontarlo tomando decisiones que comienzan por desintegrar el Consejo de Defensa y Seguridad, transparentar el origen de los recursos utilizados en las campañas políticas, retirar a los militares de funciones civiles y recuperar los espacios de participación para la sociedad civil, entre otras medidas.
Los anteriores son algunos de los planteamientos realizados durante el foro virtual “A juicio, el Estado mafioso hondureño”, a través de la red social X, mediante un “Space” que fue coordinado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).
En el foro participaron los analistas Gustavo Irías, director ejecutivo de Cespad; Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); y Claudia Herrmannsdorfer, integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.
Los panelistas coincidieron en que, aunque no son tareas de corto ni de mediano plazo, deberían estarse ejecutando acciones significativas que conduzcan a su consecución. Sin embargo, son deudas que siguen en el aire para el actual gobierno.
Un rediseño al servicio del crimen organizado y la corrupción
El primer bloque de análisis partió de la interrogante hecha a Gustavo Irías sobre ¿Cómo describiría el modelo de Estado que heredó Honduras de Juan Orlando Hernández?
Antes de ahondar en la respuesta, el director del centro de pensamiento explicó que en la actualidad más que un proceso judicial en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo que acontece es un juicio en contra del narco Estado hondureño o un estado mafioso, que fue rediseñado en los últimos 14 años.
Destacó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de diciembre de 2019- que tiene por título La Corrupción y los Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, documento que describe que una de las modalidades de la “macrocorrupción” es la captura del Estado.
Precisamente, el ponente abundó en que eso fue lo que ocurrió en Honduras en los últimos 14 años, en los que gobernó el Partido Nacional a la cabeza de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, gobernantes que hicieron un rediseño de la institucionalidad mediante la que pusieron al país al servicio del crimen organizado y de estructuras dedicadas al saqueo de los fondos públicos. Ese rediseño llevó a la anulación de cualquier intento de democracia y concluyó en una autocracia, es decir, el poder concentrado en una sola persona.
Irías agrega que, en el caso de Honduras, el Estado de derecho y el carácter republicano, que tiene que ver con la independencia de los Poderes de Estado se destruyeron, a través de la vigencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS),
El Consejo es un órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia, integrado por el presidente de la República (quien lo preside), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y fiscal adjunto, el Secretario de Seguridad y el Secretario de Defensa Nacional.
Según el análisis de Irías, la preeminencia que se le ha dado al CNDS, llevó a diluir las capacidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también de entidades auditoras como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). De igual forma, en este escenario las Fuerzas Armadas han jugado un papel central que agudizó la militarización de la sociedad, con el argumento de brindar seguridad ciudadana.
En el proceso también se rediseñó la “élite dominante” que permitió el acceso a nuevos miembros (“los barones del narcotráfico”), que hicieron su incursión en el mundo empresarial mediante una variedad de negocios vinculados con la ganadería, minería, agricultura, comercio, transporte, construcción y otras actividades. Sin embargo, hubo sectores de la élite que tomaron distancia de este modelo porque, más bien, esa intervención fue una competencia desleal desde el punto de vista económico, aseguró el analista.
Siempre en el contexto económico, el Estado pasó a desempeñar un rol central al crear las alianzas público-privadas, manteniendo un papel histórico que profundizó las desigualdades a favor de las élites. Esta modalidad de negocios implicó poner recursos públicos en manos de empresarios nacionales y extranjeros, lo que a su vez bloqueó la rendición de cuentas con el argumento de que se trataba de iniciativas privadas. La opacidad en la administración de esos fondos, muchas veces bajo la modalidad de fideicomisos, dio pie al financiamiento ilícito desde los contratistas del Estado hacia estas redes de corrupción.
También los grandes capitales tuvieron acceso a recursos naturales como el agua, la tierra y los bosques, muchas veces mediante contratos y licitaciones corruptas o sin licencias ambientales. Así se apoderaron de territorios ancestrales, dando paso a severos conflictos agrarios y a violaciones de derechos humanos, expuso el conferencista.
Fuerte para reprimir, débil contra la corrupción y el crimen
Según Irías, es un error creer que de esas ejecutorias surgió un “Estado fallido”, como sinónimo de “incapaz de gobernar, débil o frágil”. Por el contrario, se estructuró un Estado muy fuerte para imponerse ante las demandas de los sectores sociales, para reprimir la protesta y criminalizar a los opositores políticos. De forma paralela se forjó un entramado jurídico que constituyó un Estado débil, intencionalmente, cuando se trata de perseguir los delitos de la macrocorrupción y del crimen organizado. Un aspecto clave fue asegurar la protección a funcionarios y exfuncionarios vinculados a las redes criminales, y el establecimiento de un andamiaje utilizando todos los medios a su alcance (formales y fraudulentos), para perpetuarse en el poder por la vía electoral.
Sin embargo, para el ponente, en el corazón de la macrocorrupción se ubica el sistema político y su expresión más clara es el financiamiento ilícito de las campañas electorales. Este modelo es lo que ha viabilizado “disponer de ese poder capturado” por las redes criminales y de corrupción.
¿Cuál es el interés del gobierno estadounidense en este caso?
Antes de responder a esa interrogante, Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso abundó, a manera de complementar la disertación de Irías, que un Estado capturado por redes de corrupción y de crimen organizado se muestra “eficiente” para lograr sus propósitos y, por esta razón, sus mandos son verticales, con un estilo militarizado, en el cual las órdenes se cumplen rápidamente porque hay unidad de propósitos, y claridad de quiénes integran sus estructuras y quiénes son sus “enemigos”. Ejemplificó el caso de Guatemala, un país donde la Fiscalía, bajo control de las élites, se mostró “fuerte” y eficiente al tratar de bloquear el acceso al gobierno, por parte del presidente electo Bernardo Arévalo.
En contraposición, en un Estado democrático que busca el bienestar de las mayorías, el poder está repartido y para alcanzar ciertos objetivos hay que dialogar, darle participación a la sociedad civil y, por tanto, la resolución de problemas puede resultar en procesos más lentos y, en apariencia, menos eficientes.
En ese sentido, resulta oportuno revisar el diseño de las instituciones estatales, como el Poder Judicial, Ministerio Público y el mismo sistema electoral, para analizar los resultados que se están obteniendo y preguntarse “¿a qué se parecen?”, porque “un estado debilitado y un estado antidemocrático no son sinónimos”. Citando a la especialista en temas de corrupción, Sarah Chayes, apuntó que “cuando la red de corrupción crece demasiado se convierte en el Estado”.
Sobre el interés que el gobierno estadounidense podría tener en casos como el de Hernández Alvarado, la abogada Indacochea señaló que el mensaje es: “quienes utilizan el poder del Estado y su cargo para cometer delitos graves que afectan los intereses de Estados Unidos, van a ser alcanzados por el brazo judicial”.
¡Caen las cabezas, pero las redes se mantienen!
Undacochea pidió revisar la historia para entender que la caída de quienes encabezan las redes de corrupción no significa el desmantelamiento de las estructuras que los sostienen. Citó como ejemplo su país, Perú, porque desde la salida del poder de Alberto Fujimori (1990-2000), varios de los expresidentes están siendo procesados por actos de corrupción. Es decir, los mandatarios van y vienen, pero los entramados corruptos siguen operando.
El caso de Juan Orlando Hernández no debe considerarse como una “victoria, o un golpe a la sala de máquinas de la corrupción”. Pero sí es un acto “simbólico” que sirve para darse cuenta de cómo la corrupción impregnó al máximo poder del Estado y cómo se puso a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional al servicio del narcotráfico. “Pero no estamos claramente ante un acto que vaya a desarticular a esas mafias, ni al sistema”, acotó.
Múltiples desafíos: la corrupción no es el único problema
Para Claudia Herrmannsdorfer, sin duda uno de los grandes desafíos es que la lucha anticorrupción se transforme en voluntad política, lo que significa que la clase política adopte decisiones fuertes para abordar estructuralmente las causas que generan el problema. Consideró importante la iniciativa gubernamental de crear una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), aunque acotó que perseguir los delitos es una acción que “se queda corto”.
Para ella, por el contrario, el Estado debe ir más allá y abordar con urgencia el combate a la pobreza, la inseguridad, la discriminación y el cambio climático, que son la génesis de la crisis que viven los hondureños y que siguen sin atención.
Además, el gobierno de Honduras debe trabajar en recuperar la confianza de la población, debido a que instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras han caído históricamente en el descrédito por su falta de respuesta a las demandas ciudadanas o por ponerse a la orden de élites políticas y económicas. Por ejemplo, cuando han criminalizado a defensores de la tierra y de derechos humanos.
Herrmannsdorfer señaló que, en la dinámica de cambios de las estructuras sociales y económicas, la sociedad civil debe ser un actor principal. Para ello debe recuperar los espacios que se le arrebataron en los últimos doce años, cuando los niveles de corrupción alcanzaron los máximos históricos. “Nos toca exigir, no que nos den el espacio, sino abrir puertas, mantenerlas abiertas y luchar por un espacio que nos corresponde”, acotó.
Agregó como ejemplo de falta de involucramiento y de puertas cerradas por parte del gobierno en el proceso de creación de la CICIH, en el que “muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué está pasando con las negociaciones”.
¿Es posible revertir la cooptación del Estado?
Úrsula Indacochea considera que revertir la cooptación del Estado hondureño, por parte de redes criminales y de corrupción, no será un proceso rápido ni sencillo e implica. La abogada peruana considera que la ciudadanía debe involucrarse activamente en los asuntos públicos (no solo manifestándose en las calles), debatir temas de interés colectivo y promover nuevos liderazgos políticos, especialmente entre los jóvenes.
“involucrarse en lo público es reclamar de vuelta el Estado”, añadió.
También enfatizó la importancia de que profesionales honestos y capaces se motiven a buscar posiciones clave en la sociedad, como jueces y magistrados, por ejemplo, con el propósito de blindar al Poder Judicial frente a la captura de las cúpulas.
Es fundamental que la ciudadanía se apropie de lo público, se involucre en política, impulse nuevos liderazgos y no dé por perdida la batalla contra la corrupción y el crimen, sino que luche por recuperar las instituciones del Estado que han sido secuestradas.
De su lado, la abogada Herrmannsdorfer consideró como positivo que el pueblo hondureño no haya perdido la esperanza en un mejor futuro para el país, según se desprende del último Informe de Desarrollo Humano. Esa esperanza se mantiene pese a las deudas pendientes del sector justicia, la exclusión que sufre la mayoría, los distintos tipos de violencia, el desplazamiento forzado de muchas familias. Esto resulta en una motivación para que todos podamos creer que sí es posible rescatar el Estado de las redes de corrupción y criminalidad.
Consideró que no hay que echarse para atrás, ni tampoco dejar a las redes criminales que hagan lo que quieran con el Estado “porque es parte de nuestra vida también”, lo cual implica la defensa de distintos derechos y el futuro del país.
Para Gustavo Irías, el proceso judicial que se realiza en Nueva York, no solo es contra el expresidente Hernández, sino contra el “Estado mafioso” hondureño, que impuso sus prácticas en los últimos 14 años, y que urge romper con el concurso de la sociedad en su conjunto.
Para lograrlo es preciso, en primer lugar, desmontar el Consejo Nacional de Seguridad, “un enclave de autoritarismo y militarización” y que fue núcleo central de la narcodictadura.
Además, las organizaciones sociales deben demandar al Congreso Nacional que se continúe con el proceso de derogación de los pactos de impunidad que bloquean la acción penal contra los funcionarios y exfuncionarios corruptos. Esta medida permitirá avanzar con el proceso de creación de la CICIH.
De igual forma, la sociedad debe colocar como punto central las reformas electorales y, en ese contexto, es prioridad transparentar el tema del financiamiento político, para evitar que caudales importantes provenientes del narcotráfico y de los recursos públicos sean utilizados en las campañas. En ese sentido, Irías cuestionó el hecho que se mantenga en reserva la información referida en el artículo 37 de la “Ley de política limpia”, y que hace alusión a la “información pública de los partidos políticos”.
Esa resolución de reserva bloquea el acceso a información sobre montos de financiamiento públicos, los estados financieros de los partidos, registros y notificación de aportaciones, el depósito de los fondos en instituciones del Sistema Financiero Nacional, las aportaciones privadas de los candidatos, los contratos para la adquisición de bienes, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios.
“Estamos frente a un Estado que a pesar de la transición política que estamos viviendo se mantiene capturado por redes criminales que siguen operando. No será fácil su desmontaje, pues es un proceso complejo. Se ha avanzado en este gobierno abordando algunas reformas bastante parciales. Es importante seguir con reformas sustantivas y para ello hay que mantener el debate sobre las características de este modelo de narcoestado”, concluyó Irías.