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Los mercados de carbono1 son esquemas de comercio que facilitan la compra y venta de créditos o bonos de carbono. Estos créditos reflejan reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y se miden en toneladas de dióxido de carbono (tCO2e). Para el 2030, se proyecta que los créditos de carbono podrían reducir significativamente los costos de cumplir con los objetivos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), generando hasta 250 mil millones de dólares en el comercio global2 . En el contexto y condiciones actuales, los mercados de carbono representan una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático.
Los mercados de carbono establecen los precios a las emisiones de carbono, incentivando a los sectores agrícola, forestal, industrial, energía y de servicios -nacionales e internacionales- a adoptar tecnologías más limpias. A través del apoyo a políticas públicas, las comunidades y empresas con bajas emisiones que impulsan la adopción de prácticas sostenibles pueden obtener ingresos mediante esos créditos de carbono.
Sin embargo, los créditos o bonos de carbono pueden beneficiar o perjudicar la gestión de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), especialmente de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Por un lado, pueden incentivar la reducción de las emisiones y mejorar muchos aspectos sociales, culturales y económicos, incluyendo la disponibilidad de recursos financieros para fortalecer los temas de educación y salud; por otro lado, pueden causar abusos y desplazamiento de comunidades locales. Durante el momento de la redacción de este informe no se encontraron países que en el desarrollo de sus marcos de mercados de carbono incluyeran, de forma esencial, el respeto a los derechos humanos más allá de lo que comúnmente se incluye en proyectos que se ejecutan con la cooperación internacional.