Kelin Jessenia Pérez Carranza sólo tenía 15 años cuando varios mareros que llegaron de El Salvador a la aldea Santa Ana, en el municipio de Colomoncagua, Intíbucá, Honduras, apagaron su vida. El miedo se apoderó de la familia, quienes temiendo represalias no permitieron que el cuerpo fuera autopsiado. Esto ocurrió el pasado 26 de julio. Siete días después, el 2 de agosto, en la aldea Limoncillos, en el municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara, Wendy Xiomara Rodríguez Rivera de 33 años, fue asesinada. La mujer fue interceptada por cuatro hombres que no tuvieron piedad y le dispararon frente de sus menores hijas. Foto: Cooperativa.cl La muerte violenta y con saña se está convirtiendo en una constante en los crímenes de mujeres en Honduras. Sólo en el año 2017, Medicina Forense reportó la autopsia de 741 mujeres y en los primeros seis meses del 2018, la cifra asciende ya a 141. Sin embargo, un importante dato aflora con fuerza entre estos asesinatos: de 141, 81 crímenes fueron a menores de 18 años, una tendencia que está aumentando en el país. Poca o nula judicialización de crímenes contra mujeres «La violencia manifiesta contra las mujeres es una realidad insostenible. Esto es un grave indicador de la descomposición social. Este ha sido un tema de interés de las autoridades e instituciones de investigación científica forense y la sociedad civil, pero vemos que la situación no cambia y los resultados son muy pobres», explicó Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense, al consultársele sobre el tema. Y es que los planes, programas, campañas, políticas y estrategias del Estado de Honduras para frenar los asesinatos y femicidios, no están dando los resultados esperados. Las mujeres siguen muriendo y los casos que se judicializan, son muy pocos. «La judicialización de casos es muy limitada y el fenómeno de saña y muerte en las víctimas deja rastros de dolor. Esa saña y tortura se está observando en los cuerpos cuando se pueden realizar las autopsias. La  falta de credibilidad en la investigación genera que muchas familias en el interior del país, no dejen que se les practique la autopsia y se tenga que recurrir a las exhumaciones como último recurso», agregó Villanueva. Un dato importante en el informe de femicidios, elaborado por la Dirección de Medicina Forense, establece que las armas de fuego y golpes directos con objetos contundentes, es la forma con la cual se está asesinando a las mujeres. Mientras esos datos se tornan muy preocupantes, las noticias en los medios de comunicación siguen dando relevancia a números de mujeres asesinadas, algunas a manos de su pareja, otras por delincuencia común u organizada, pero la mayoría de los crímenes se analizan a la ligera, anteponiendo el momento y lugar equivocado en el que estaban las mujeres y casi justificando, se les agrega la hipótesis de los malos pasos en los que andaba las mujeres. Mientras esto ocurre, las cifras van sumando y ya ascienden a 141. Femicidios y asesinatos de mujeres: problemas estructurales y culturales «Esto no está ocurriendo desde este año; desde el 2005 a la fecha ya han ocurrido más de seis mil femicidios. Fallan las estrategias, fallan las políticas porque no contemplan la atención a la violencia que viven las mujeres. Es un asunto estructural y cultural, alimentado por una sociedad machista y un sistema que naturaliza y legitima la violencia en la vida de las mujeres», sostiene Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Mientras la bestialidad intolerable sigue matando a las hondureñas, las intervenciones que se están realizando desde el Estado no han contemplado lo que está ocurriendo con estas muertes. «Por un lado, se habla que se han reducido los homicidios y por otro los femicidios, pero esos no son los indicadores suficientes cuando se mantiene una impunidad del 90%», agregó Alvarado. De acuerdo con las cifras de Visitación Padilla, apenas 4 de 100 casos se judicializan en el país. Es decir, el 96 por ciento están quedando en total impunidad. La estrategia de seguridad que se ha implementado, aseguran las organizaciones feministas, es para atacar el crimen organizado y el narcotráfico y no se está invirtiendo en la prevención, en desarrollar políticas integrales que le apuesten la educación y a otro tipo de inversiones que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en el país. «Es un fenómeno que debe ser atendido desde la prevención, no se resuelve con más policías, ni equipos ni armas, porque no se trabaja la sensibilización y el porqué de esa violencia», explicó la defensora de derechos de mujeres, mientras agrega, “hay un gran reto en el país, se deben homologar los protocolos de actuación en las muertes de mujeres, la investigación es una tarea pendiente, para las organizaciones. Mujeres esperan que con Comisión Interinstitucional se investiguen muertes violentas y Femicidios Uno de los resultados de la lucha de las organizaciones de mujeres es la reciente creación de  la comisión Interinstitucional, que dará seguimiento a las muertes violentas y femicidios en Honduras. La iniciativa se creó mediante el Decreto 106-2016, que reformó la ley del Ministerio Público (MP), debido a la presión de las organizaciones. También, en el marco del trabajo que desarrollan con la Agenda Política que crearon las mujeres en el 2017, en el componente “Violencia contra las Mujeres”, las organizaciones de mujeres y feministas demandan la asignación de fondos etiquetados de género para fortalecer las Unidades adscritas a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En el mismo sentido, exigen que las unidades se creen dentro de la Dirección Policial de Investigación (DPI), con la estructura y logística necesaria para que funcionen efectivamente. Y no menos importante, demandan la creación y funcionamiento de Unidades Forenses Especializadas en Femicidios, dentro de la Dirección de Medicina Forense. Para las organizaciones, estas demandan son importantes para comenzar a poner un alto en los índices impresionantes que hay de impunidad en los crímenes de mujeres y femicidios. Sin embargo, también le apuestan a acciones de prevención de la

No es una regalía del gobierno. La comisión Interinstitucional que este día se creó con el objetivo de darle seguimiento a las muertes violentas y femicidios en Honduras, forma parte de los acuerdos del Decreto 106-2016, que reformó la ley del Ministerio Público (MP), como un logro de la lucha de mujeres y feministas organizadas. A manera de recapitulación, en el 2016 las mujeres lograron que en la citada reforma se estipulara la creación de las Unidades de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. En la actualidad, las organizaciones de mujeres demandan la asignación de fondos etiquetados de género para fortalecer las Unidades adscritas a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero también exigen que las unidades se creen dentro de la Dirección Policial de Investigación (DPI), con toda la estructura y logística necesaria para que funcionen efectivamente. De igual forma demandan Unidades Forenses Especializadas en Femicidios, dentro de la Dirección de Medicina Forense.  El segundo gran logro es la creación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas y femicidios, que este día se concretó y que quedó integrada por el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Delitos contra la Vida; las Secretarías de Seguridad, de Derechos Humanos y de Justicia. Asimismo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y el Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH). “No es una dádiva del gobierno,  es el resultado de una lucha del movimiento de mujeres que durante años ha evidenciado ante este y pasados gobiernos que la violencia ha dejado un registro de más de 6 mil asesinatos de mujeres, desde el año 2003 a la fecha. Lo más preocupante es que el 90% de los casos está en impunidad”, sostuvo Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H). Para la representante del CEM-H, organización presente en la reunión de conformación de la Comisión Interinstitucional, desde la perspectiva de las organizaciones y plataformas de mujeres, este será un espacio para hacer propuestas de creación y reformas de leyes y de políticas públicas que contengan acciones que contribuyan a erradicar los femicidios y muertes violentas de mujeres en el país. Martínez hizo énfasis en que, “para nosotras es difícil estar en espacios donde también están las instituciones gubernamentales porque hemos dejado de creer en la institucionalidad del país. Sin embargo, consideramos que es una obligación del Estado y gobierno que asigne fondos etiquetados de género, como tantas veces lo hemos repetido, para que las entidades del gobierno que en teoría promueven los derechos de las mujeres, cumplan su cometido para que no haya más muertes de mujeres en Honduras. Al finalizar la reunión, las organizaciones de mujeres dijeron que esperan que la Comisión pronto comience a funcionar y que las propuestas que ellas hagan se tomen en consideración. “Ya nos cansamos de contar muertas y esta es una obligación del Estado nos guste o no. Necesitamos que se pongan a trabajar como Estado porque es su deber y porque es nuestra conquista”, puntualizó Martínez. Aparte del CEM-H, las mujeres estuvieron representadas por el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Calidad de Vida, Grupo de Sociedad Civil, la organización intibucana “Las Hormigas”, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, La Articulación de Mujeres de la Vía Campesina, La Red de Mujeres de Ojojona y las Red Lésbica Catrachas.

Detrás de las luchas territoriales en Honduras existen centenares de historias que son protagonizadas por mujeres indígenas y campesinas. Son rostros coincidentes en la defensa territorial, en la persecución de que son objeto y en las acusaciones que existen en su contra, contenidas en expedientes guardados en el Ministerio Público. Aunque son invisibles para la mayoría de los medios de comunicación, el rol de estas mujeres ha trascendido a nivel organizacional, estructural y en las bases de sus pueblos. Sus casos se han conocido más por la promoción de las organizaciones defensoras de derechos humanos y por alguna que otra noticia que las hace figurar más como nota “roja”, que recoge acciones de violencia como consecuencia del trabajo que realizan en la defensa de sus derechos. Esos mismos que se sustentan con más claridad, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). Tres historias que a continuación destacamos, recogen y retratan la lucha de cientos de mujeres que en comunidades como la del bajo Aguán, del pueblo Topupan, Lenca y Miskito, han sido consistentes en la defensa de los derechos de sus pueblos. Consuelo Soto contra “los cruentos tentáculos de la explotación minera”. El contexto de las amenazas y violencia recibidas por Consuelo Soto, tiene similitud con el de otras lideresas indígenas. Esta lideresa Tolupán vive en una zona retirada, en las montañas de San Francisco de Locomapa, departamento de Yoro. El acceso al lugar es casi imposible en temporadas de lluvia, por la crecida de los ríos. Se podría asegurar que la vida de Consuelo está “echada a la suerte”, ya que no existen en la pequeña comunidad transporte público efectivo, señales claras de telefonía y mucho menos un enlace con medios de comunicación que faciliten la posibilidad de salvar su vida, en caso de algún tipo de agresión en su contra. Consuelo es una fiel promotora y defensora de los derechos de las y los Tolupanes, un pueblo que se caracteriza por coexistir en condiciones de pobreza y pobreza extrema; exclusión y abandono. Este escenario, además, está marcado por un entorno rodeado de riquezas naturales aptas para la explotación forestal, hídrica y de minerales. Es precisamente por lo endeble y paupérrimo del pueblo Tolupán, que se despierta el interés del sector público y privado para sacar provecho de esos recursos, a como dé lugar. En ese contexto, el auge lo constituye la explotación minera y la lucha de Consuelo Soto y sus coterráneos, para evitar que se les expropien de sus bienes naturales. 25 de agosto del 2012: un día y año funesto para el pueblo Tolupán Mientras mantenían una protesta que llevaba 20 días, tres de los miembros del pueblo Tolupán fueron asesinados. María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, estaban en la manifestación pacífica en defensa de sus territorios. Según el relato de Consuelo, los sicarios la buscaban a ella y a dos compañeros más, que estaban en otras acciones de acompañamiento esa mañana. Hasta la fecha, solo uno de los hechores materiales ha sido procesado, aunque en la acción participaron dos sujetos a quienes los miembros de la comunidad pudieron identificar. Son 38  miembros de la tribu Tolupán que permanecían en la zona ese día. Algunos de ellos abandonaron la comunidad porque el Estado no les ha garantizado protección. Consuelo ha sido perseguida y, pese a las denuncias ante el Ministerio Público, sigue recibiendo amenazas contra su vida. “Mis hijos me dicen que ya no siga en esto, que me retire, pero yo voy a morir defendiendo esta lucha. Aunque ya me han mandado a llamar para ofrecerme dinero para que me retire, no voy a aceptar y sé que las autoridades están a favor de los que nos quieren despojar, pero no vamos a desistir”, asegura la lideresa Tolupán. Los abogados que acompañan a Consuelo y demás miembros de su tribu, aseguran que el Estado, a través de instancias como la Fiscalía de las Etnias, no ha cumplido con dar protección a esta población que es víctima del afán explotador de los mineros. Orbelina Flores y una lucha a muerte por recuperar las tierras Orbelina es una mujer campesina, madre soltera, integrante del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán (MUCA) y del Observatorio de Derechos Humanos de la zona. Es suegra de José Ángel Flores, presidente del MUCA, asesinado en Octubre de 2016 junto a otro de sus compañeros, quien también gozaba de medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Orbelina tenía cinco procesos legales que tiene como base la acusación de usurpación de tierras;  ya logró desvanecer tres. Ella es parte de las más de mil 200 mujeres campesinas que deben presentarse a firmar a los juzgados, acusadas del mismo delito. En una acción policial que fue presentada posteriormente como “hecho confuso”, por algunos medios de comunicación hondureños, la casa de Orbelina fue allanada sin orden judicial, en marzo de 2016. Ese día, según su relato, los miembros de la policía llegaron y entraron por la fuerza a su vivienda; ella fue maltratada y golpeada por los agentes que dijeron buscar al presidente del MUCA, José Ángel Flores. “Ese día nos detuvieron por algunas horas y luego nos dejaron en libertad; era como una amenaza para el finado que se había venido de San Pedro Sula a ayudar a trabajar en nuestra comunidad”, agregó. También recuerda que en protestas anteriores a ese hecho, fue humillada por agentes policiales.  “Unos policías me dijeron: ey viejita usted no tiene derecho a andar allí. Me dan ganas de darle con este garrote en la cabeza; usted no tiene que andar ay, porque andan robando lo que no es de ustedes”. Para Orbelina, el Estado es el mayor culpable de la violencia y despojo que reciben. “Si el Estado fuera responsable con nosotros, no nos estarían matando. Aquí se juega el narcotráfico, crimen organizado; ambición a mucho dinero. Por eso vivimos en esta pobreza nosotros los hondureños y nos tienen en esta guerra; la ambición al

Poco a poco la lucha que las mujeres organizadas y feministas libran desde el año 2015, comienza a dar frutos. Una reunión que sostuvieron con funcionarios del gabinete de Derechos Humanos,  de Desarrollo Económico y con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dejó como resultado la orden de comenzar la movilización de fondos para el funcionamiento Credimujer. Como se recordará, el Programa Nacional de Crédito Solidario (CrediMujer), es una iniciativa por la que han luchado las mujeres y feministas organizadas desde el año 2015. El 30 de septiembre de ese año, lograron que en el Congreso Nacional se aprobara la Ley del programa con el que se beneficiara a alrededor de 1.3 millones de mujeres rurales que son la Población Económicamente Activa (PEA), a través del otorgamiento de créditos para proyectos diversos. La aprobación de la Ley significó el primer paso para la instalación de una herramienta que proveerá de créditos y de asesoría técnica a las mujeres rurales con o sin tierra. Las mujeres organizadas no han quitado el “dedo de la llaga” y luego de continuar la lucha y de sostener un sinfín de reuniones con autoridades de las diversas secretarías y dependencias estatales vinculadas al tema, lograron que el 9 de agosto del 2018, el presidente de Honduras escuchara sobre el objetivo y la urgencia de emitir los fondos que contribuirán a poner en funcionamiento la iniciativa CrediMujer. Es así que, en la reunión, que concretamente se llevó a cabo con las representantes del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), del Consejo para el Desarrollo Integral de la mujer Campesina, la Articulación Vía Campesina, Calidad de Vida, la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la Asociación Nacional de Campesinas de Honduras, ONU-Mujeres y las agencias de cooperación OXFAM y Trocaire, el gobierno de Honduras se comprometió a crear una cuenta especial de 30 millones para la iniciativa económica CrediMujer. En la reunión, en la que también estuvieron presente la titular de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Desarrollo Económico, Hernández fue claro: Movilizar los primeros 30 millones de lempiras de los fondos del Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector Agrícola (FIRSA), fondo FIRSA, a favor de las redes y grupos de mujeres rurales. En la reunión también se discutió el Plan de Inversión que las mujeres presentaron a las autoridades de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el pasado 25 de enero del presente año, a través del cual se solicitaron 30 millones de lempiras, y que refleja la inversión inicial que se requiere para poner en funcionamiento CrediMujer, en las diversas zonas del país que abarcará la iniciativa. Con las instrucciones giradas por el presidente de Honduras al Ministro Arnaldo Castillo, quien ha sido designado por Hernández para la gestión presupuestaria de CrediMujer ante la SEFIN, se gestionará un monto de 30 millones de lempiras con los que las organizaciones de mujeres y feministas comenzarán la ejecución CrediMujer. En la reunión se planteó la importancia de identificar una Cooperativa o Caja Rural certificada a través de la cual se maneje el fideicomiso de la inicial inversión. Las organizaciones de mujeres informaron que las reuniones con los representantes del Estado continuarán en los próximos días, a afecto de concretar los mecanismos del inicio del funcionamiento de CrediMujer. Para estas organizaciones es necesario que el gobierno le brinde el apoyo a la iniciativa, pues se trata de una iniciativa o modelo de programa con el cual se aseguraría la sostenibilidad técnica y financiera, esquemas de autogestión, el aprovechamiento de las estructuras administrativas existentes en el Poder Ejecutivo, en la estructura financiera nacional privada y estatal, considerando la reducción de las condiciones de riesgo de los recursos del Estado. “Eso es importante, sobre todo si se recuerda y se toma en cuenta que 8 de cada 10 mujeres rurales de Honduras no tienen tierra propia para cultivarla y que aun así, las mujeres son motor fuerte de la economía del país. Se le debe apostar a las mujeres y seguras estamos que se generará un nivel importante de desarrollo en el país”, afirmó Wendy Cruz, de la Articulación Vía Campesina.

Al Hospital Leonardo Martínez llegó una joven de 16 años a quien llamaremos Rosa, por razones obvias. Lloraba por los fuertes dolores en su vientre. Con la información brindada por su madre y ella misma, el personal que la atendió consideró que se trataba de un caso de “ovario retorcido” a consecuencia de un quiste. El doctor Benjamín Mena (ginecólogo), llegó para atender la emergencia. Después de examinar a la joven el diagnóstico cambió totalmente. Los fuertes dolores de la muchacha no eran por ningún quiste en sus ovarios: “estás a punto de parir un bebé”, le dijo. Pero la joven aún negaba estar embarazada. Afuera, angustiada, la madre esperaba para conocer de la “enfermedad” de su hija. Cuando le dijeron que se trataba de un parto se quedó callada y con la espalda pegada a la pared se fue deslizando hasta quedar sentada, para posteriormente desmayarse. En su casa nunca notaron nada porque durante los nueve meses la muchacha ocultó el embarazo fajándose el abdomen, una situación que puede causar daños cerebrales al bebé al dificultarle la circulación. En este caso no pasó nada confirma el doctor, pues a la niña que nació la atendió muchos años después, ya convertida en mujer, aunque nunca le ha revelado que él mismo fue quien la recibió al llegar a este mundo. La historia anterior sucedió hace unos 20 años. Desde entonces la Secretaría de Salud, a tono con los lineamientos de los organismos internacionales, ha reconocido el alto número de embarazos en adolescentes como un grave problema social; sin embargo, las estrategias para reducirlos se han quedado en el papel y la cantidad de adolescentes embarazadas crece, año tras año. 20 años después, la historia continúa Al igual que la joven de la historia, muchas jovencitas han replicado con creces esa situación y dos décadas después, el escenario sigue igual o peor. Y de hecho, Honduras ha llegado a ocupar el segundo lugar en América Latina en embarazos de adolescentes. En el año 2017 en el país se registraron 101 partos de adolescentes por cada 1, 000 embarazos de todas las edades. Son alrededor de 30 mil jovencitas que cada año se embarazan antes de los 19 años. La cifra debe ser mucho mayor si se consideran los casos no registrados que acontecen en la zona rural o en las familias de escasos recursos económicos que no tienen acceso a centros asistenciales de salud. El embarazo de adolescentes es un problema social que se ha convertido en «el mayor desafío para la región en términos de derechos sexuales y reproductivos», indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Informe del Estado de la Población Mundial 2017. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de muerte materna es el doble en las menores de 15 años que en las mujeres de edad adulta. Sin embargo,  el mayor impacto del embarazo en adolescentes es psicológico y las consecuencias socioeconómicas son para toda la vida. Atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza En su Informe del Estado de la Población Mundial 2017, la ONU confirma que en la región hay una estrecha relación entre la pobreza y las crecientes tasas de fecundidad entre las mujeres más jóvenes. El reporte global del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por su parte, establece cómo las disparidades en ingresos, educación y empleo impactan en los derechos sexuales y reproductivos. «El embarazo adolescente es un fenómeno de la pobreza de América Latina; el peso de la inequidad es más contundente porque es la región más desigual», comentó sobre el informe Esteban Caballero, director para Latinoamérica del UNFPA.  El embarazo de adolescentes ha creado en un «círculo vicioso» de desigualdad que impide a las mujeres y a sus hijos salir de la pobreza. La diferencia es notable: mientras en el 20% la población más pobre en Honduras, 31 de cada cien adolescentes se embarazan antes de los 19 años, del otro extremo, en el 20% más rico, el porcentaje de adolescentes embarazadas baja drásticamente a 9.6%. El problema social tiene una relación estrecha con la educación. Según documentos de la Secretaría de Salud los embarazos adolescentes disminuyen al aumentar los niveles de escolaridad. Entre las jóvenes sin ninguna educación casi la mitad salen embarazadas; un 46% y 42% en las que solo cursaron de 1 a 3 años de escuela primaria. Baja considerablemente el porcentaje a 29, entre las que estudiaron de 4 a 6 años de primaria y hasta un 11% en las jovencitas con educación secundaria. El círculo vicioso de la pobreza se afianza porque la joven que se embaraza tiene mayores dificultades para trabajar. Los empleos a los que puede acceder no son los mejores porque su situación le impidió iniciar o continuar sus estudios; apenas un tercio de las madres adolescentes terminan la escuela secundaria y reciben un diploma. El no acceder a mejores empleos limita los ingresos que le permitirían mejorar económicamente a la joven madre, quien con frecuencia tiene que atender sola a su hijo, por el abandono del padre. El niño o niña crecerá entonces pobre y se cumple de esta manera un “ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza”. Lo anterior permite concluir que una adolescente rural, pobre y con bajo nivel de escolaridad, tiene una probabilidad mucho más elevada de quedar embarazada y, asimismo, de continuar en la pobreza junto a sus descendientes. Las estrategias y metas del gobierno se quedan en el papel El gobierno reconoce que el alto índice de adolescentes embarazadas es un problema social,  identifica los daños que tiene para la salud de la madre y el bebé, y las consecuencias para la familia. En el 2012, la Secretaría de Salud elaboró, para cinco años, una Estrategia Nacional para la prevención de embarazos Adolescentes en Honduras (ENAPREAH), en la que se planteaba que “Es importante que el país cuente con planes, programas y proyectos de prevención de embarazos en adolescentes que aborden las consecuencias que esto trae

¿Se puede salir de la pobreza con 500, 800 o tres mil lempiras al año? ¿Puede una persona convertirse en emprendedor con un bono asistencial? Los relatos son congruentes, evidencian situaciones y desmitifican muchas más que se han tejido alrededor de una de las más férreas políticas asistencialistas del actual gobierno en Honduras: el Bono Vida Mejor. El Programa Vida Mejor (PVM), para la pasada y actual administración gubernamental, expresa el piso de asistencia social no contributiva, que tiene como objetivo fomentar la acumulación de capital humano en las familias en situación de pobreza extrema. El Programa agrupa 10 subprogramas y de estos, el que capta la mayor cantidad de recursos financieros en Honduras, es el Bono Vida Mejor (BVM). Foto: presidencia.gob.hn El gobierno promueve el BVM como un programa que, con el estipendio que les entrega a las y los beneficiarios, ha logrado contribuir a rehacerles sus vidas, o dicho de otra manera, a salir de la pobreza. Sin embargo, consultarles a las propias beneficiarias logra evidenciar la gama de opiniones y de realidades detrás de la política asistencialista. ¿Se puede ser emprendedor/a y salir de la pobreza con el Bono Diez Mil? Aunque oficialmente se conoce que el bono consiste en la entrega proporcional de 10 mil lempiras anuales (unos 420 dólares) que se distribuyen en entregas trimestrales a familias pobres y pobres extremas que cumplían con las corresponsabilidades de educación y salud, respectivamente. Con este programa se pretende favorecer a 400 mil familias en pobreza extrema, con una inversión total 2 mil 408. 12 millones de lempiras. Sin embargo, según el testimonio de las beneficiarias, la teoría dista mucho de la realidad.  “El BVM no me ha ayudado a salir de la pobreza porque nadie sobrevive con un bono una vez al año de mil 500, 800 o tres mil lempiras (unos 20, 34 y 130 dólares, respectivamente) que sólo se da una vez al año”, sostuvo una de las mujeres consultadas, quien agregó que la cantidad que se les brinda depende del nivel de “compadrazgo”  entre ellas y  los administradores del bono, de la transparencia en su manejo y de la afinidad con el partido político que lo entrega. ¿Quién vive con eso, si todo está bien caro?, sostiene otra mujer favorecida con el bono. “Más bien ha venido a dividirnos y a generar conflictos entre las personas, que a las que sí se los dan y a otros que no”, dijo otra beneficiaria cuando se le consultó acerca de si el Bono le ayuda ha ayudado a trascender su condición de pobreza extrema. El estudio intitulado “Programa Bono Vida Mejor: una valoración sobre sus alcances, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres”, que se realizó con la supervisión del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), de la Organización Intibucana Las Hormigas y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), hace una profunda valoración del Bono y sus implicaciones en relación con la promoción que se hace de la erradicación de la pobreza entre sus beneficiarios.  (Vea investigación). Una de las primeras reflexiones que hicieron las participantes del estudio (mujeres beneficiarias y ex beneficiarias), a través de los grupos focales que se realizaron, es que no se les ha brindado ningún tipo de capacitación, financiera, económica o relacionada con derechos de las mujeres. Foto: La Tribuna El estudio evidenció que no hay ninguna experiencia dentro del Bono Vida Mejor que valide una inversión de dinero en capacitación para la mujer como tal. No se le está brindando a la mujer oportunidad de canalizar una mejor ayuda para ser atendida en áreas claves como salud y educación o en temas de interés estratégicos como la salud sexual y reproductiva, violencia doméstica, autonomía económica, liderazgo, empoderamiento, participación social. Las participantes manifestaron no haber recibido ninguna capacitación relacionada directamente a estos temas. Una de las consultadas dijo: “Yo sí recibí el bono, pero la verdad que sólo fue una vez, y fue beneficiada mi hija para los útiles, pero en mí como persona, como mujer que soy, madre de mi hija, nada de beneficio, porque no me ajustó ni para negocio u orientación para cómo administrar el dinero, porque la verdad que es muy poco de dinero”. Otra apuntó, “yo con el BVM, me ajustó para comprarles alimentación y transporte de mis hijos, uniformes y zapatos para que ellos puedan ir a la escuela. En capacitaciones no, porque no me rindió y el tiempo para esperar el otro que me saliera tardaba mucho”. Las organizaciones promotoras de los derechos de las mujeres enfatizan que el programa BVM sigue promoviendo el circulo de gobierno asistencialista, sin una propuesta que supla las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres. “Este tipo de políticas públicas no son pensadas desde la visión de género, para tomar en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, tampoco los diversos tipos de violencia que pueden estar sobrellevando”, sostuvo Eva Sánchez, directora de la organización intibucana Las Hormigas. La violencia invisible, detrás del Bono Diez Mil Los grupos focales fueron escenario para evidenciar, por otro lado, la violencia que podría estarse entretejiendo en los hogares de las mujeres beneficiarias del bono. “Sé que en Choloma y aquí en Tegucigalpa hubo dos mujeres asesinadas cuando fueron a recoger el bono y eso está plasmado en el Informe Sombra de CEDAW”, afirmó una representante de las Organizaciones Promotoras de los Derechos de las Mujeres. Al revisarse, el Informe Sombra CEDAW (CDM, Septiembre 2016) documenta el caso en cuestión: una mujer fue víctima de su pareja al no querer entregar el dinero que recibió del bono. Esta situación, para las organizaciones consultadas, ratifica que esta política pública no contempló una planificación con enfoque de género. El estudio ahondó con varias mujeres sobre los conflictos generados en sus familias, alrededor de la entrega del BVM. Otra comentó, “bueno, yo sí tuve problemas una vez con mi esposo, porque antes él era bien agresivo y me dijo que si el dinero lo obtenemos, él

Toñita, como cariñosamente le llaman a María Antonia Leiva Flores, no pudo encontrar un trabajo en la economía formal. Generarse sus propios ingresos era su única opción. Se vio en la necesidad de echar mano de los productos que proporciona la tierra; ahora ella es famosa por la venta de los elotes, tamalitos, montucas, atol y fritas de maíz. En Honduras, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 1.9 millones de hogares, de los cuales el 33.6% son liderados o sostenidos por las mujeres. Toñita, de 37 años de edad, es una de las pocas mujeres, de las más de 669 mil madres solteras, que sin apoyo gubernamental han logrado salir adelante para proporcionarle alimentación, vivienda, educación, vestuario y salud a su hija. Antonia Leiva Toñita no era apta para un crédito con el Estado. Relata que cuando llegó a Santa Cruz de Yojoa, con su pequeña hija, procedente de la comunidad de La Laguna, no sabía qué hacer. Vio en la forma en cómo se crio (junto a sus hermanos y padres trabajando en agricultura), la oportunidad de hacer de los frutos de la tierra, su sustento en la vida. Con mucho sacrificio, algunas heroínas invisibles como Toñita, han soslayado los obstáculos de una sociedad que no le apuesta a las mujeres, que evade facilitar apoyos financieros para generar ingresos a familias cuyas cabezas de hogar son ellas. Estas heroínas son un ejemplo de lucha constante, en un país donde no existe la voluntad para crear y ejecutar políticas de género que reduzcan y eliminen la brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres. ¿Por qué el Estado debe apoyar a las mujeres del campo y del área rural? Mientras los elotes se asan en el anafre, sobre el calor intenso que emana de las rojas brasas, Toñita cuenta que el trabajo que realiza desde hace 15 años, en la esquina de una de las calles del barrio Bella Vista, no es su única actividad. También irrumpió, junto a cuatro mujeres más, en la fabricación y comercialización de productos derivados del cacao. “Nosotras recién comenzamos el año pasado a incursionar en la comercialización de los productos que utiliza el cacao como materia prima. No tenemos mucha variedad porque recién venimos comenzando y sin apoyo de nadie es bien difícil”, agrega Toñita, quien junto a Martha, Orfilia y Paula se convirtieron en cinco emprendedoras mujeres que en octubre del 2017 fundaron la microempresa Delicia del Cacao, con una meta: convertirse en productoras, fabricadoras, comercializadoras y exportadoras de los productos derivados de esa semilla. Ellas se conocieron en una cooperativa de la cual son socias. Dentro de esa estructura se les facilita la fruta y el maíz blanco para la preparación de la cocoa y el pinol. “Nosotras compramos los insumos, secamos la semilla, la tostamos, la molemos, la empacamos y la ofrecemos a los pobladores. Hay muchas personas que nos encargan para enviar a Estados Unidos. Hasta el momento estamos ofreciendo en el mercado 80 libras de cocoa y 50 de pinol”, narran. Están conscientes que la venta no genera muchas ganancias pues apenas es de 200 dólares, un dinero que en su mayoría deciden guardar para reinvertir en la compra de la materia prima y de equipo (molinos manuales) para la producción. Pero estas mujeres han delineado un reto aún más grande: incursionar en la producción del cacao. Están conscientes que el acceso a la tierra por parte de las mujeres es casi utópico y que los financiamientos se los llevan las grandes organizaciones, integradas en su mayoría por hombres. Cifras y datos preocupantes Conforme a estimaciones, la pobreza rural afecta al 25 por ciento de las mujeres que habitan en el campo. Sólo el ocho por ciento de las mujeres rurales de honduras (unas 176 mil)  son dueñas de la tierra. Otros datos no menos preocupantes establecen que de 2.2 millones de mujeres que viven en el área rural, 1.3 millones están en condiciones de extrema pobreza. Del total de la Población Económicamente Activa (PEA-femenina), un 44% genera ingresos por cuenta propia y el 42.0% es asalariada, mientras que el 14.0% se considera como trabajadora familiar no remunerada. Estas cifras demuestran que el sub empleo y el desempleo que enfrentan las mujeres en el mercado laboral las coloca en condiciones de vulnerabilidad, para poder enfrentar sus necesidades vitales y las de su familia, así como la falta  de acceso a los bienes comunes, la tierra, vivienda, crédito y tecnología. El caso de Toñita y las demás mujeres de esta historia, pone en perspectiva la necesidad imperiosa de que las mujeres, tanto del área rural como urbana, urgen de apoyo por parte del Estado y gobierno para sacar de la pobreza a sus familias. Credimujer: una iniciativa que busca apoyo para las mujeres y su despegue económico Luego de que el Congreso Nacional aprobara la creación del Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), en septiembre de 2015, diversas organizaciones de campesinas y feministas han exigido, durante tres años, la asignación presupuestaria para el inicio del funcionamiento del programa que podría beneficiar a más de 500 mil mujeres en Honduras. Unas 28 organizaciones de campesinas, feministas y cooperativas demandan al gobierno poner en funcionamiento la iniciativa con la que se beneficiará a más de medio millón de mujeres en zonas rurales, brindándoles acceso a créditos y asistencia técnica para aumentar su productividad en el campo. Las representantes de las plataformas de mujeres han sostenido reuniones con funcionarios de algunas instituciones del Estado encargadas de aprobar y ejecutar la política pública aprobada para ponerla en funcionamiento. Para estas organizaciones lo alcanzado a la fecha es importante, sin embargo, su objetivo es acompañar a las mujeres de base para que tengan acceso al crédito y supervisar que esos fondos contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades. Para  Wendy Cruz, representante de la Vía Campesina-Honduras, el siguiente paso es que esa política pública sobre el crédito solidario para las mujeres rurales sea una realidad.

A cientos de kilómetros de distancia, lejanas de los centros urbanos donde se toman las decisiones que afectan a todo el país, un grupo de mujeres Garífunas “nada contra la corriente”. Se enfrentan a las consecuencias del abandono o a las consecuencias de decisiones dañinas adoptadas por las autoridades de su país. Esta es la historia de las diversas luchas que libran las mujeres garífunas de Santa Rosa del Aguán. Entre carcajadas y colores, como suelen ser las mujeres Garífunas, nos adentramos a conocer la historia de la diversidad de peripecias que enfrentar decenas de mujeres de Santa Rosa del Aguán, en el departamento de Colón, a orillas del mar caribe de Honduras, para defender los derechos de los hijos e hijas de su pueblo. Décadas de abandono Hace veinte años, Santa Rosa de Aguán fue noticia porque el pueblo fue severamente azotado por el huracán Mitch, que dejó decenas de muertos, cientos de viviendas destruidas y una parte de la comunidad quedó para siempre, literalmente, bajo el agua. De hecho, en un área de la comunidad, donde antes había carretera ahora se cruza en lancha. El colegio y muchas casas siguen ahí en el fondo de la laguna que se negó a retirarse de los terrenos inundados. Las personas que se salvaron fundaron nuevas colonias como Las Lomas, Betesda y otras que conforman el sector de La Barra del Aguán. Allí, en estas tierras lejanas y abandonadas, Natlín Marín y Judith Castillo, junto a decenas de mujeres garífunas han tenido que enfrentarse a empresas que han llegado a la zona con proyectos de presunto desarrollo, que amenazan con desastres ambientales. También a la defensa férrea del derecho a la educación y la salud, e impulsar iniciativas para el mejoramiento de la comunidad. No resulta fácil para estas mujeres. Natlín tiene seis hijos y Judith otros seis. Deben levantarse muy temprano, hacer los quehaceres de la casa, despachar los niños a la escuela, dejar la comida lista en casa y conservar aún las energías suficientes para contribuir entusiastas en actividades del patronato, en actividades culturales, sociedad de madres de familia y de otras que su pueblo demande. De igual manera les toca a las demás mujeres luchadoras como Nicolasa Ocampo, Silvia Bodden, Mercedes Blanco, Galata Arzú, Lesbia Arzú y otras que a veces han tenido hasta que exponerse a la represión policial y las amenazas de autoridades. “Aquí en la Barra casi todas las luchas las emprendemos las mujeres, a los hombres de lucha no sé qué les pasa, creo están en extinción…”, dice Natlín, mientras ríe. Las difíciles luchas Uno de esos proyectos de supuesto desarrollo contra el cual tuvieron que luchar fue la desviación del caudaloso rio Aguán, realizada por empresarios y autorizada por el gobierno hace más de diez años. No lo detuvieron a pesar de las múltiples protestas y ahora resultan las consecuencias: el cauce artificial se encuentra lleno de sedimento y las aguas amenazan con inundar, en los meses de invierno, por lo menos a unas once comunidades aledañas. Las mujeres y las familias que ya vivieron la terrible experiencia no quieren ver nuevamente sus casas destruidas por las inundaciones y resulta justa y necesaria la demanda que hacen para que se realice el dragado del río o la deseable pero remota posibilidad, de regresarlo a su cauce natural. Otro proyecto de “desarrollo” que impulsa el gobierno es instalar una refinería en la costa de Santa Rosa de Aguán. Las comunidades lo rechazaron en un Cabildo Abierto Municipal, dirigido por el edil Pablo Castro Gonzales. A pesar de la oposición del pueblo, el gobierno no ha desestimado el proyecto de la refinería, el que para las mujeres garífunas afectaría seriamente la biodiversidad de la zona, la pesca y el potencial turístico local. Luchan por el derecho a la salud y educación Natlin Marin. “Hemos peleado por la plaza de la médico-odontóloga del centro de salud; impedimos que se la llevarán pero nos han dejado la atención solo por dos días. Aquí no hay otros médicos asistenciales; a la enfermera le toca hacerlo todo, hasta de aseadora”, comentó Natlín Marín, contenta del logro de la lucha, al tiempo que señala la necesidad de más personal médico y el equipamiento del centro de salud. Pero si en el área de la salud la situación está “cuesta arriba”, en el ámbito de la educación es peor. Este grupo de mujeres lucha en este preciso momento para que no les quiten a la escuela José Cecilio Del Valle, de La Barra, una plaza que dejó una maestra que se jubiló. Desde hace un mes los niños y niñas del sexto grado no tienen clases porque el Director Distrital, Carlos Abel López, no quiere asignar el o la sustituta de la docente jubilada. Natlin es madre de un niño de sexto grado y como lideresa y afectada con el problema, dirigió una asamblea comunitaria en los últimos días del mes de agosto en la que se emplazó al Director Distrital para que devuelva la plaza docente. Pese a los argumentos de ser Escuela Intercultural y Bilingüe (EIB), reconocida por su calidad y eficiencia, y de estar bajo el amparo del Convenio Internacional 169 Sobre Pueblos indígenas y Tribales, el funcionario aseguró que estaba fuera de sus manos la solución al problema, afirman. Marín considera que no hay voluntad política del Director Distrital y de otros funcionarios de gobierno que muestran su racismo al no atender los reclamos de las comunidades negras. “En este caso lo que existe es la intención de quitar todas las plazas de las escuelas EIB y trasladarlas a otras comunidades para favorecer a sus allegados de filiación nacionalista”, dijo la lideresa garífuna. En vez de que les quiten lo poco que ya tienen, los jóvenes garífunas de La Barra opinan que debería renovarse la escuela y el colegio, incluyendo la apertura de bibliotecas. Piden, además, que mejoren la cancha de basquetbol y la de fútbol, que se construya un parque y que para el futuro

La paridad de hombres y mujeres en la administración pública es una tendencia que están adoptando algunos países que le apuestan a generar mayor participación de las mujeres. Sin embargo, los países latinoamericanos, entre ellos Honduras, siguen a la zaga y los puestos continúan acaparados, en su mayoría, por hombres, lamentaron organizaciones feministas. España (gobierno de Pedro Sánchez) se ha convertido en el primer país del mundo con mayor participación de mujeres en la administración pública. Nunca en la historia de Europa un gobierno estuvo integrado por el 65 por ciento de mujeres en el Poder Ejecutivo, con 11 mujeres al frente, de un total 17 ministerios que lo componen. La ocupación de estos cargos incluye ministerios claves como el de economía, hacienda y educación. Otro ejemplo lo constituye Carlos Alvarado, quien tomó posesión de la Presidencia de Costa Rica en mayo e inició su mandato con 14 mujeres y 11 hombres al frente de las secretarías de Estado. De igual manera, en la vecina Nicaragua, el gobierno incluye en su gabinete a más del 50 por ciento de mujeres y se ubica entre los cinco países en el mundo con mayor participación para ellas, en el Poder Ejecutivo. Desde hace dos años, subiendo hacia el norte de América, el gobierno de Canadá está integrado por 15 hombres y 15 mujeres en las secretarías de Estado. Cuando le preguntaron al nuevo presidente Justin Trudeau el porqué de la novedosa decisión de la integración paritaria de su gabinete respondió simplemente “Porque estamos en el 2015”. Otro caso que ejemplificaría la tendencia lo constituye el recién ganador de las elecciones en México, Manuel Andrés López Obrador, quien ha anunciado que podría integrar su gabinete con paridad de género a partir de diciembre próximo. Si cumple con su promesa hecha en campaña, su gobierno estará constituido por ocho hombres y ocho mujeres en su gabinete. López Obrador ratificó esa decisión horas después de ser declarado presidente electo. Tendencia no llega aún a Honduras Pero la tendencia de incorporar paritariamente los equipos de gobierno aún no llega a muchos países latinoamericanos, incluyendo Honduras. Apenas unos ocho países en el mundo tienen más del 50 por ciento en su gabinete y otros ocho se ubican entre el 40 y el 50 por ciento de participación. El gobierno de Honduras es de los que no se inclina a seguir la propensión de la paridad. De los 22 ministerios que conforman el gabinete, solamente hay cuatro mujeres al frente, un número que representa 22 por ciento. Se trata de María Andrea Matamoros, quien funge como ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones; Karla Cueva, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos; Roció Tábora a la cabeza de la Secretaría de Finanzas y María Dolores Agüero, quien dirige la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el periodo anterior, siempre del gobierno de Juan Orlando Hernández, la Secretaría de Salud fue dirigida Delia Rivas y la de Educación por Rutilia Calderón, pero fueron sustituidas por Octavio Sánchez y Marcial Solís respectivamente. Asimismo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), principal rector de las políticas públicas de la mujer, fue disminuida de categoría y de ministerio pasó a ser una dirección. Actualmente es conducida por Ana Aminta Madrid, una institución que lógicamente no puede ser administrada por un hombre. Paridad no solo es cosa solo de números La decisión de integrar mujeres a los gabinetes de gobierno puede entenderse como intención de caminar rumbo a la equidad de género en la administración pública de los países. Sin embargo, no es solo un tema de números. Para las organizaciones de mujeres y feministas, la equidad no se cumple solamente con las cantidades de cargos asumidos, también debe observarse la importancia de la responsabilidad asignada y qué tanto impactarán en la sociedad, las acciones que se puedan realizar desde ese cargo. En el trabajo por la vindicación de sus derechos, las mujeres y feministas han reclamado espacios para su participación política, pero que también se les nombre en puestos claves en los que no cumplan solo tareas operativas, sino que además, tengan autoridad en decisiones de programas y proyectos trascedentes para el país. “La llegada de las mujeres a un cargo importante dentro de un gobierno, no significa necesariamente que las mujeres avanzan también en la demanda de sus derechos, necesitamos que tengan espacio libre de toma de decisiones, que se les permita acortar la brecha existente entre hombres y mujeres tanto en lo político, económico y social, tendientes a erradicar la mirada ideológica y política patriarcal y con ello la discriminación de la mayoría de las mujeres”, acotó Wendy Cruz, representante de la Vía Campesina. Los movimientos de mujeres y feministas en Honduras han luchado para obtener reformas a leyes clave como la de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (para que incluya acciones afirmativas en la incorporación de al menos el 50 % de ellas en cargos de elección popular) y la de Paridad y Alternancia en las planillas de los partidos para cargos de elección popular. Aunque se ha avanzado, cuestionan que las condiciones de participación aun no son equitativas. Pese a lo anterior, no existe ninguna normativa que obligue a los gobernantes a considerar la paridad en la administración pública, es decir, en cargos dentro del Poder Ejecutivo, que son nombrados directamente por el presidente del país. La aspiración de las mujeres organizadas es, que por Ley, quienes ocupen la Presidencia de la República consideren la participación de las mujeres de manera paritaria y no esperar a que lleguen a esos puestos personas con la voluntad de Pedro Sánchez, Justin Trudeau, Carlos Alvarado o Manuel López Obrador, para satisfacer su aspiración.