Descaraga el análisis de coyuntura en PDF aqui. Escrito por Dulce Davis La instalación de un nuevo gobierno, en teoría, suele venderse bajo la narrativa del cambio, pero en el gobierno de Nasry Asfura esta promesa se estrella contra una realidad de contradicciones ideológicas. Mientras algunos funcionarios públicos, diputados y diputadas ensayan discursos alineados con los derechos de las mujeres, los simbolismos caminan en sentido opuesto: la exhibición de la bandera “provida” en actos de Estado y el marcado sesgo familistas de su investidura no parecen ser errores de forma. Ante este escenario, la pregunta no es si existe “la posibilidad” de una agenda de protección, la pregunta es ¿las mujeres en Honduras están ante una instrumentalización del discurso de género para maquillar un proyecto conservador? o ¿estas señales son un retroceso disfrazado de pragmatismo político o, simplemente, la continuación de una histórica tradición en la cual los derechos de las mujeres se subordinan a pactos de poder y cuotas ideológicas, sin importar el color del partido de turno? En ese breve contexto, este análisis está orientado a: Evaluar si las acciones recientemente anunciadas representan una verdadera agenda de protección de los derechos de las mujeres. Identificar las contradicciones existentes y, desde una perspectiva crítica, proponer elementos clave para una agenda integral, sostenible y que adopte un enfoque genuino en los derechos de las mujeres. Datos y estadísticas alarmantes Este análisis cobra especial relevancia en un escenario donde “Honduras continúa figurando como uno de los países más peligrosos de la región para el sector de las mujeres, con altas tasas de femicidios que registran 7,2 casos por cada 100.000 mujeres”[1], según los datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Aunque la violencia no distingue edades ni niveles socioeconómicos, es evidente que la mayor concentración de casos afecta a mujeres en condición de mayor vulnerabilidad. La violencia sexual, física y simbólica contra mujeres, niñas y adolescentes forma parte de una cadena de violencia que, en su expresión más extrema, termina en feminicidio. La violencia que sufren las mujeres no puede seguir interpretándose como hechos aislados. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se registran 33 las muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras[2]. Además, existe una problemática adicional de violencia estatal e institucional, que se manifiesta cuando el Estado no implementa los marcos protectores y no activa los mecanismos necesarios para garantizar la vida y la integridad de las víctimas. Las altas tasas de impunidad envían un mensaje claro: las vidas de las mujeres no importan. Cuando no existen mecanismos efectivos de prevención, investigación y sanción, la violencia se perpetúa. La negligencia del Estado no sólo deja a las víctimas en indefensión, sino que también premia al agresor y transmite a la sociedad la falsa idea de que cometer un crimen contra una mujer, niña o adolescente no tendrá consecuencias. Por ello, todas las muertes violentas de mujeres deben entenderse también como una responsabilidad del Estado. No solo por su incapacidad de sancionar, sino por la ausencia de políticas preventivas capaces de transformar las condiciones que permiten que esta violencia persista. La aprobación de leyes de educación integral, el abordaje estructural de la violencia de género, campañas sistemáticas de prevención y la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos son fundamentales en los marcos regulatorios necesarios para enfrentar esta crisis. Los femicidios íntimos (4), por violencia intrafamiliar (1), por conexión (11), por violencia sexual (4), por delincuencia organizada (2), los que aún no se determinan, los homicidios y todas las muertes violentas[3], así como las desapariciones, las violencias a nivel físico, psicológico y simbólico forman parte de un mismo sistema de violencia que podría prevenirse si existieran políticas públicas eficaces. Los patrones de agresión están profundamente relacionados con los niveles de permisividad social, la impunidad y la ausencia de castigo efectivo, en medio de una sociedad que normaliza la violencia, y un sistema institucional que no logra establecer límites claros. Si las etapas iniciales de la violencia no se abordan a tiempo, pueden escalar hacia feminicidios, desapariciones y otras formas extremas de agresión. Lo que sucede en Honduras no es únicamente un problema de criminalidad, sino una epidemia de violencia que se ha convertido en una auténtica crisis de seguridad nacional. La impunidad como eje del problema Diversas organizaciones de mujeres han señalado una debilidad fundamental: “la investigación deficiente por parte de los operadores de justicia”. Las mujeres organizadas cuestionan que la falta de mecanismos investigativos que permitan abordar cada etapa del proceso de manera integral. “Por ejemplo, la adecuada custodia de las pruebas presenta sería deficiencias, además, no se cuenta con peritajes forenses adecuados que garanticen la rigurosidad del proceso investigativo y permitan establecer con claridad los casos de femicidio. Como resultado, las pruebas suelen contaminarse y los resultados de las investigaciones quedan limitados”, señaló Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H).[4] Esta situación está estrechamente vinculada a la falta de recursos, a la escasez de personal especializado y al debilitamiento institucional. Como consecuencia, muchas víctimas no encuentran condiciones seguras para denunciar, lo que contribuye a profundizar el ciclo de violencia. La impunidad termina funcionando como un mecanismo que protege al agresor. En muchos casos, no solo no se sanciona al perpetrador, sino que, además, se revictimiza a la víctima, quien enfrenta procesos judiciales sin el acompañamiento ni las garantías necesarias para su seguridad e integridad. Por esta razón, la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no puede entenderse únicamente como un problema criminal. También refleja una falla estructural del sistema de justicia y, en consecuencia, constituye una falla del Estado hondureño en su deber de proteger a su ciudadanía. El nuevo escenario político: señales, propuestas y expectativas En medio de la gravedad del problema, el escenario político actual muestra algunas señales positivas, pero aún sin cambios efectivos. Una de las señales más destacadas es la apertura del Poder Legislativo para recibir a mujeres organizadas y escuchar sus demandas. Este dialogo
Obstáculos y desafíos para la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad | Actualización del diagnóstico sobre alcances y aplicación de la legislación favorable a la equidad de género en la política
Descarga el estudio en PDF aquí. Las mujeres en Honduras han promovido la adopción progresiva de una legislación mediante la cual sus derechos han sido reconocidos, a través de mecanismos y políticas públicas dirigidas a la eliminación de las brechas y las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad que los hombres. Entre 1954 y 1955 se conquistó el derecho de las mujeres a votar y participar en la vida política, ejerciendo por primera vez este derecho en las elecciones de 1957. Desde entonces y hasta la fecha, debido a la permanente movilización, demandas y exigencias de las diversas organizaciones de mujeres y mujeres políticas, se han alcanzado progresos en términos legislativos que han establecido un marco jurídico más favorable para la participación política femenina. Estas leyes tienen como objetivo garantizar que las mujeres tengan acceso a cargos de elección popular y a posiciones de toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres e incluyen la implementación de medidas diseñadas para enfrentar las barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos de manera igualitaria. Estas medidas representan un logro sustancial promovido por las propias mujeres, pero se considera una conquista relativa debido a la brecha persistente entre lo establecido en la ley y su efectiva implementación. En este marco y con el objetivo de analizar el estado de situación sobre los alcances y efectividad de la aplicación de la normativa electoral, en una fase anterior, el Foro de mujeres políticas de Honduras (FMPH) realizó el estudio denominado: Avances y desafíos en la lucha por la inclusión de las mujeres en el escenario político en condiciones de igualdad, el que permitió contar con un seguimiento pormenorizado respecto al alcance de las leyes y su aplicabilidad en el período 2017 al 2021. El presente trabajo es realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) como integrante del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras(COMUNH), conformado, a la vez, por el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H) y el Foro de Mujeres Políticas de Honduras, con el objetivo de actualizar, al 2024, el estudio que se citó en el párrafo precedente. Se planteó generar evidencia que permita identificar el estado de situación actual respecto al cumplimiento de la normativa electoral vigente, para contribuir a identificar los nuevos desafíos que, en esta materia, requieren ser adoptados en el marco del próximo proceso electoral previsto para noviembre del 2025, para contribuir con la eliminación de los bloqueos o barreras persistentes en la lucha por la inclusión de las mujeres en el escenario político en condiciones de igualdad. La actual Ley electoral, aprobada en mayo del 2021, plantea avances favorables al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, sin embargo, persisten déficits significativos en la participación política de las mujeres. Las brechas de género siguen siendo evidentes y se manifiestan en diversas formas, como la subrepresentación de mujeres en cargos políticos, la falta de recursos y apoyo para las candidatas, y la violencia política de género, que incluye acoso y amenazas contra mujeres que participan en la política. Este estudio de actualización priorizó un enfoque participativo, mediante la implementación de entrevistas a mujeres políticas pertenecientes a 8 partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso Nacional y que son parte del Foro de Mujeres Políticas de Honduras (FMPH), que contribuyeron con la generación de reflexiones y propuestas. De manera paralela, se realizó el análisis de legislación comparada. El documento se encuentra dividido en 5 acápites. El primero refleja los principales instrumentos internacionales, regionales y nacionales favorables al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En el segundo se presenta una referencia de la legislación electoral vigente en sus contenidos más relevantes, favorables a la participación de las mujeres. En el capítulo tercero se desarrolla el análisis respecto a la elaboración y aplicación de los principios de la paridad y alternancia, de la Política de Género e Igualdad de Oportunidades, del 15% de la deuda pública asignada para el fortalecimiento de las mujeres, incluyendo, a su vez, la situación de violencia política contra las mujeres, por razón de género. El cuarto acápite se encuentra referido a las principales constataciones y conclusiones del diagnóstico, y en el capítulo quinto se plantea la identificación de ejes centrales para el desarrollo de acciones de incidencia y desafíos que las mujeres enfrentarán a futuro, para abordar las resistencias y brechas expresadas tanto en el interior del sistema político como de la sociedad civil, contribuyendo a profundizar la democracia y el alcance de la igualdad sustantiva.
Impacto de la violencia política hacia las muieres en Honduras | Con enfoque interseccionalidad Estudio de caso en las áreas urbana y rural
Descarga el estudio en PDF aquí. Desde el año 2022, Iris Xiomara Castro Sarmiento tomó posesión de la presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Honduras. Esto significó un gran avance en la participación política de las mujeres. La historia de la participación política de las mujeres es reciente; el reconocimiento del derecho a votar y ser electas fue una conquista de los movimientos sufragistas de las mujeres hace tan solo 69 años. En una sociedad como la hondureña, con un profundo arraigo patriarcal, su ejercicio pleno ha implicado muchos retos y desafíos para las mujeres. Esta cultura, entre otros aspectos, se basa en promover estereotipos que asocian a los hombres con la esfera pública, con acceso a recursos y el poder. A las mujeres, al contrario, con la esfera privada, doméstica, familiar, de servicio y sin acceso a recursos o poder. Cuando las mujeres participan políticamente, para la sociedad, en general, es una ruptura de esos mandatos de género que tienen como consecuencia violencia y discriminación política por ser mujeres. Esta violencia y discriminación se normaliza, se tolera y se promueve socialmente, y tiene el objetivo de «devolver» a las mujeres a su rol tradicional. La violencia política contra las mujeres constituye una de los principales obstáculos para el ejercicio de sus derechos políticos y una violación a sus derechos humanos. Es una de las principales causas del porqué las mujeres se retiran, renuncian o no participan en los procesos electorales o ejercen un cargo público. La participación política en igualdad de condiciones de género, para mujeres y hombres, es un requisito fundamental en el ejercicio de los gobiernos democráticos. La desigualdad y discriminación hacia las mujeres en su participación política, son una barrera estructural que impide el avance para alcanzar una democracia incluyente y el desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de los gobiernos, establecen como unas de las prioridades: 11 reducir significativamente todas las formas de violencia … y garantizar la adopción, en todos los niveles, de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades», (objetivo 16). Para la democracia paritaria, el impacto es negativo porque hay porcentajes bajos de mujeres en los cargos y puestos de gobierno. Para las mujeres y sus familias, las consecuencias psicológicas, económicas, personales y físicas les afectan de forma negativa a corto y a largo plazo. Lamentablemente en Honduras, la violencia contra la mujer en su participación política ha sido visible de forma esporádica, evidenciada enla mayoría de los casos por las organizaciones o espacios de mujeres y feministas. El Estado y los entes que rectoran los partidos y los procesos políticos electorales tienen una deuda con las mujeres que participan en la política partidaria, como: mejora del marco legal, estudio y monitoreo de la problemática, mecanismos de acceso a justicia, así como mecanismos efectivos de resarcimiento y de prevención para el futuro. La presente investigación es esfuerzo de COMUNH, una estructura que refleja las voces y experiencias de las mujeres que participan en la esfera política, y que se desarrolló con el objetivo de conocer el impacto de la violencia política contra las mujeres, con enfoque de interseccionalidad, para la comprensión de las dinámicas en los espacios políticos organizativos del área urbana y rural. Este informe evidencia las voces y experiencias de activistas, lideresas sociales, dirigentas, diputadas, funcionarias, alcaldesas y regidoras sobre la violencia que enfrentan por ser mujeres, cuando participan en los procesos electorales o ejercen un cargo. En el orden de lectura, en el apartado tres del presente informe se hace un resumen de la metodología implementada. En el apartado cuatro se expresan los principales aspectos del marco conceptual que orientaron el estudio. En el apartado cinco se revisa el marco legal a nivel internacional, regional y nacional referente a la violencia política en razón de género. En el apartado seis, los elementos sobre violencia y participación política de las mujeres más relevantes del marco contextual y político. En el apartado siete se describe el estudio de caso urbano, el que contiene las distintas manifestaciones de la violencia política contra las mujeres, su impacto, los agentes y el acceso a la justicia en esta zona. En el apartado ocho se describe el estudio de caso urbano, el que contiene las distintas manifestaciones de la violencia política contra las mujeres, su impacto, los agentes y el acceso a la justicia en esta zona. En el apartado nueve se presenta un resumen comparativo entre los dos estudios de casos, reflejando las principales similitudes, diferencias y desafíos. En el apartado diez se brindan las conclusiones del estudio. En el apartado once las recomendaciones y, por último, en el apartado doce la bibliografía.
Lideresas rurales del departamento de La Paz fortalecen las capacidades de mujeres en sus redes comunitarias
Escrito por Paula Servellón Sentadas en grupos y con cuestionarios en mano, las mujeres de las redes de Marcala, La Paz y Santa María comenzaron a responder preguntas clave la importancia de sus liderazgos en sus comunidades. Sus respuestas marcaron el inicio de las jornadas de intercambio de conocimientos de la escuela “Tejiendo Liderazgos”, un espacio donde lideresas rurales compartieron reflexiones fundamentales acerca de la importancia de su voz en la defensa de derechos de las mujeres. En este y otros encuentros, diversas lideresas rurales que participaron en la Escuela para Lideresas Rurales “Tejiendo Liderazgos”, impulsada por el proyecto Nosotras Construyendo Democracia, llevaron a cabo jornadas de réplica de conocimientos con redes de mujeres en comunidades de Marcala, La Paz y Santa María. Durante las jornadas, cinco facilitadoras compartieron conocimientos sobre los principios del liderazgo feminista, valores y su aplicación en el trabajo territorial. A través de metodologías participativas, se promovió la reflexión sobre cómo estos principios se manifiestan en la labor comunitaria de las lideresas, permitiéndoles valorar sus acciones de acompañamiento, defensa de derechos y organización colectiva. “Al participar en estos espacios uno aprende que como mujeres tenemos derechos y deberes, y que no debemos ser despreciadas ni desvalorizadas en ningún lugar”, compartió Dunia González, lideresa rural de Marcala, reconociendo así la importancia de su rol dentro de la comunidad. Asimismo, las facilitadoras abordaron la defensa de los derechos de las mujeres, profundizando en uno de los temas que más preocupa a las redes comunitarias: la violencia contra las mujeres. Desde el enfoque del liderazgo femenino, reflexionaron sobre los tipos de violencia existentes y la necesidad urgente de impulsar acciones colectivas y de incidir en los tomadores de decisión para desarrollar iniciativas que prevengan y erradicación esta problemática en los territorios. “Antes muchas mujeres no denunciaban, hoy lo hacen porque conocen sus derechos. Estas capacitaciones ayudan a que pierdan el miedo y puedan defenderse”, afirmó Fidelina Ávila, integrante de la Red de Mujeres de Marcala. En un contexto donde la representación política de las mujeres continúa siendo limitada, con solo 37 diputadas y 19 como alcaldesas[1] (a pesar de que constituyen el 53 % de la población), resulta más que urgente potenciar sus capacidades para una participación político-social plena. Esta realidad se vincula aún más con las demandas de la nueva Agenda de las Mujeres y Feministas de Honduras 2026-2029, que exhorta a las instituciones a reforzar su compromiso con los derechos de las mujeres mediante el fortalecimiento institucional con enfoque de género, la prevención y sanción de la violencia y los femicidios, la promoción de su participación política y el impulso de su autonomía económica y acceso a medios de vida. Las réplicas de estas acciones forman parte del proyecto “Nosotras Construyendo Democracia: Ciudadanía Activa de las Mujeres en Honduras”, impulsado por el Centro de Estudios de la Mujer–Honduras (CEM-H), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y Oxfam Honduras, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta iniciativa busca fortalecer la democracia y promover políticas públicas a favor de la igualdad y la inclusión de las mujeres, creando espacios donde su participación sea reconocida y sus demandas integradas en la agenda municipal y nacional. [1] Basado en datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Lideresas de redes de mujeres fortalecen las capacidades de incidencia política en sus comunidades
Escrito por Paula Servellón En un contexto marcado por profundas desigualdades y barreras estructurales que históricamente han limitado el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión[1], el fortalecimiento de sus capacidades políticas y organizativas a nivel local se presenta como una estrategia fundamental para avanzar hacia una democracia más inclusiva. En ese marco, mujeres integrantes de redes feministas organizadas, que participaron en la Escuela para Lideresas Rurales “Tejiendo Liderazgos”, un proceso formativo desarrollado como parte del proyecto Nosotras Construyendo Democracia, han comenzado a replicar estos conocimientos en sus comunidades. Este programa buscaba fortalecer sus habilidades en vocería, comunicación política y construcción de narrativas feministas desde los territorios. Las mujeres participantes reflexionaron sobre las lideresas hondureñas que se han convertido en modelos a seguir y el significado de ejercer liderazgo en sus comunidades. Las cuatro mujeres, procedentes de Intibucá, Ojojona y el Distrito Central, lideraron estos espacios con el objetivo de que más mujeres en sus localidades se reconozcan como sujetas políticas activas, capaces de incidir en la vida comunitaria y promover la agenda de derechos de las mujeres ante tomadores de decisión, tanto a nivel local como nacional. Durante las jornadas de réplica, se promovieron espacios de diálogo colectivo en los cuales las participantes reflexionaron sobre el liderazgo, las mujeres referentes en la historia del país que inspiran su acción política, y las transformaciones que desean hacer en sus comunidades. Como resultado, esta transmisión de conocimientos fortaleció la organización colectiva, promoviendo la participación de las mujeres en espacios de decisión tradicionalmente ocupados por hombres. Las réplicas promovieron el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de redes de sororidad entre las mujeres. Tras la finalización de estas réplicas, se espera que en los próximos meses el proceso de transmisión de conocimiento continúe extendiéndose a más comunidades del país. Las réplicas forman parte del proyecto “Nosotras Construyendo Democracia: Ciudadanía Activa de las Mujeres en Honduras”, impulsado por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y Oxfam Honduras, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la democracia y promover políticas públicas a favor de la igualdad y la inclusión de las mujeres, generando espacios donde su participación sea reconocida y sus demandas integradas en la agenda municipal y nacional. [1] “Primera encuesta nacional sobre la percepción de las mujeres en política | presentación del estudio no°1 sobre los mecanismo que bloquean la participación política”, octubre 2025, https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2025/10/20251015-RESUMEN-ESTUDIO-N.1.pdf
Segundo monitoreo del CESPAD: un compromiso «cosmético» y discursos inconsistentes y superficiales
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presentó el segundo informe de monitoreo, titulado: “Entre la mención y la omisión: presentación del monitoreo N0.2. Nuevos hallazgos y tendencias de cara al cierre electoral”. El hallazgo es doblemente alarmante: existe una brecha fuerte entre lo que prometen y lo que planean la y los candidatos a la presidencia, mientras la violencia política dirigida hacia mujeres candidatas y lideresas ha alcanzado un nivel crítico durante la fase final de la campaña, evidenciando profundas brechas estructurales en la cultura democrática del país.
Mujeres organizadas transforman el arte en demandas políticas y en una reinterpretación de la lucha histórica
Con dos intervenciones artísticas: “La Mariposa” y “Tejiendo Voces”, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), junto a las organizaciones que lideran el proyecto “Nosotras Construyendo Democracia, Ciudadanía Activa de las Mujeres en Honduras”, llevó a cabo una acción que busca resignificar la lucha histórica de las mujeres. Esta iniciativa convierte el arte en una narrativa de exigencia política, y se realizó en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
El TREP y el escrutinio electoral: un análisis desde las dimensiones jurídicas y políticas
A las puertas de las elecciones generales, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha adquirido un protagonismo central en la conversación pública y se ha convertido en uno de los temas de mayor sensibilidad política y social. Esto se debe a que el TREP condensa, en pocas horas, la tensión entre la demanda ciudadana de información inmediata y la obligación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de garantizar la certeza jurídica sobre los resultados.
En imágenes, así culminó Encuentro de Defensoras de los Bienes Comunes de la Naturaleza
Escrito por: Nancy García Son las cinco de la mañana. Se oyen los pasos, el agua que cae y el canto de los pájaros. Se huele y siente el olor a café y la emoción de las mujeres por encontrarse con el mar. El centro Wagucha, en Trujillo, las recibe para finalizar el Encuentro de Mujeres Defensoras, un espacio que les permitió hablas de sus vidas, intercambiar experiencias y cimentar, con mayor fuerza, la convicción de lucha a favor de los bienes naturales de sus pueblos. Wagucha es una palabra garífuna que significa nuestra raíz. Y su significado es oportuno y conciso para finalizar un encuentro con más de sesenta mujeres que observan y piden permiso al mar para poder navegar sobre sus olas saladas. A la par de ese mar, está el agua dulce, un río tierno y silencioso. Las mujeres comienzan a nadar, disfrutan. Llegan niños y niñas de la comunidad. Transcurridas las horas, la facilitadora, Alexandra Suazo, las invita a formar un círculo para el ejercicio de sanación. Foto: CESPAD. Velas blancas, rosas blancas, papeles, lápices y sentadas en círculo, fue el inicio de un espacio para que las mujeres pudieran escuchar e iniciar el ejercicio de sanación. Foto: CESPAD. Las mujeres escuchan atentas a Alexandra Suazo, quién comienza la reflexión hablando de las cargas que han acumulado a la largo de la historia y que al no expresarse en palabras el cuerpo manifiesta el dolor. Foto: CESPAD. Cierran sus ojos y hacen introspección de lo que han guardado y buscan en sus memorias los dolores, sentires, las historias que han callado a lo largo de sus vidas. Foto: CESPAD. Las mujeres trazan un caracol con sus cuerpos. Desde la mayor a la menor. Y en ese caracol se pide observar cómo las abuelas, madres y todas las ancestras han transmitido sabiduría. Foto: CESPAD. Agarran las velas, las encienden con fósforos y nombran a esa persona que ha sido importante en su andar. Los nombres comienzan a escucharse desde adentro del caracol hasta la última. Foto: CESPAD. Luego se comparte la flor. Está vez, son las más jóvenes las que comienzan. Comparten la flor con la compañera que tienen a su par y le regalen una frase. Algunas se dicen: «que la lucha te dé más fuerza», «que seas feliz, » es bonito haberte conocido». Foto: CESPAD. En una hoja colocan las palabras que no pudieron decirle a una persona en su momento. Esa frase es para ellas. El fuego se las lleva. El mar, el aire, las miradas y los textos se quedan en ese círculo y en ese instante en que las mujeres pudieron reflexionar. Foto: CESPAD. Se abrazan y agradecen. El sonido de los tambores se hace presente y la fiesta arranca con las cargas de sus hombros, hechas cenizas.16
Entre dudas y esperanzas, feministas celebran paridad de género en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras
Escrito por: Aimée Cárcamo La Corte Suprema de Justicia que resulte electa para el período 2023-2030 deberá incluir al menos siete mujeres entre los 15 magistrados que integran el Poder Judicial, según el mandato de la nueva ley orgánica de la Junta Nominadora que ha venido a marcar un avance importante hacia la equidad de género. Desde 2002 a la fecha, los cargos de magistrados han sido ocupados por 28 hombres y 17 mujeres, de allí que el actual proceso de selección es visto con esperanza por el movimiento feminista que desde el siglo pasado ha luchado en las calles por el reconocimiento de sus derechos y capacidades. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que una mayor presencia de mujeres en la Corte no necesariamente implica que los derechos humanos de este segmento de la población, que es mayoritario con 4.9 millones versus los hombres, con 4.6 millones (INE), serán una prioridad. Una Corte masculina Hasta el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones generales de noviembre de 2021, que la convirtieron en la primer mujer presidenta de Honduras, la Corte Suprema de Justicia era el único poder del Estado que había estado presidido por una mujer. En el 2002, después de más de 120 años de un puesto ocupado solo por hombres, Vilma Morales asumió la titularidad en el Poder Judicial. Pero después de ella ninguna mujer ha vuelto a mandar desde esa silla. La disparidad de género ha sido notoria también en los cargos de magistrados porque los hombres han sido mayoría. Antes de 2002, el Congreso Nacional elegía a los magistrados sin un proceso de selección previo, como el que empezó a realizar la Junta Nominadora después de su creación, en 2001, mediante una reforma constitucional. Los 15 magistrados electos para el período 2002-2009 eran nueve mujeres (entre ellas Morales) y ocho hombres. Pero desde allí las mujeres no han vuelto a tener tal superioridad numérica y la desventaja a la que se enfrentan ha tenido que ver, en parte, con la escasa participación y también con un proceso de selección en el cual los hombres son mayoría. Para el caso, en el proceso de selección de magistrados del período 2008-2009, de un total de 200 candidatos, tanto los que fueron propuestos por las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora como los autopropuestos, 137 eran hombres y 63 mujeres. Es de mencionar que, entre los propuestos por la JN, 78 eran hombres y 39 mujeres. Proporción de mujeres y hombres en la CSJ 2002-2023 Período Magistrados hombres Magistradas mujeres 2002-2009 6 9 2009-2016 12 3 2016-2023 10 5 En el actual proceso de selección, por mandato de la nueva ley orgánica de la Junta Nominadora, todos los participantes son autopropuestos: se postularon 132 hombres y 53 mujeres. Otro dato que llama la atención es que de los 56 integrantes de las Juntas Nominadoras que se han formado desde el período 2001-2002 al 2022-2023, 43 han sido hombres y solo 13 mujeres, entre propietarios y suplentes. Paridad de género en la nueva ley y la elección de la nueva CSJ En dos sesiones realizadas el 16 y 18 de julio pasado, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidaturas a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, enviada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. Si bien en la ley aprobada se eliminaron o modificaron algunos incisos torales que contenía el proyecto original, se le considera un avance hacia el establecimiento del Estado de derecho y la equidad de género. Mientras la ley de la Junta Nominadora anterior no incluía ninguna disposición relativa a la paridad de género, la normativa actual manda que la nómina, de al menos 45 candidatos que debe ser enviada al Congreso Nacional, esté integrada por las 23 mujeres y los 22 hombres mejor evaluados. “En ningún caso podrá variarse la proporcionalidad entre mujeres y hombres”, señala el artículo 21. Además, obliga a que de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sean elegidos, por mayoría calificada en el Congreso, al menos siete sean mujeres. En el caso de los integrantes de la Junta Nominadora, la nueva ley también manda que al menos uno de los representantes de las siete organizaciones, ya sea el titular o el suplente, debe ser mujer. Candidatos al cargo de magistrados de la CSJ Período JN Hombres Mujeres Total 2008-2009 137 63 200 2022-2023 97 37 134 Lucha feminista “Esta ley que obliga a la inclusión de las mujeres es el resultado de la lucha que históricamente el movimiento feminista ha hecho en el país para visibilizar el papel de las mujeres y su capacidad en todos estos espacios”, dijo la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Merly Eguigure. Uno de los principales logros del movimiento feminista fue el reconocimiento, en 1955, del derecho de las mujeres a ejercer el sufragio, rememoró la entrevistada, quien planteó, además, que “si no fuera a través de ese mecanismo es probable que las mujeres ni siquiera estarían en la Junta Nominadora, porque siempre se han visto estos espacios de toma de decisiones como espacios eminentemente masculinos, donde se cree que las mujeres no tenemos capacidad de aportar”. De su lado, la coordinadora del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) en Honduras, Claudia Hermannsdörfer, declaró que la nueva normativa es parte de un proceso con el que las mujeres “vamos ganando espacios y a la larga van a haber beneficios”. Según su criterio, esos cambios son “correctos” y tienen como objetivo presionar, motivar e impulsar que más mujeres participen en los espacios públicos. Sin garantía Sin embargo, Eguigure y Hermannsdörfer coincidieron en que la presencia de más magistradas en la Corte Suprema no es garantía ni significa que las escogidas van a abogar por los derechos humanos de las mujeres ni que ese tema será tratado con la seriedad que amerita. Para el caso, en la actual