El Tribunal de Sentencia de Nacaome emitió una sentencia altamente injusta que ordena el desalojo y demolición del hogar de Santos Hernández, su esposa María Concepción Hernández y sus hijos. Ambos son destacados defensores de los derechos humanos en la Península de Zacate Grande (Amapala, Valle).
A pesar de que esta familia nació en la Zacate Grande y son hijos de nativos arraigados en la región, se enfrentan a acusaciones de usurpación por parte de terratenientes que, utilizando el derecho penal[1], intentan detener su ejercicio de reivindicación de derechos en su comunidad.
Este núcleo familiar ha sido criminalizado, con acciones emprendidas por los terratenientes de la zona, en contra de Hernández:
- En la primera sentencia: 24 de agosto de 2021
Santos Hernández fue criminalizado por el terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva, a través de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de agosto de 2021. También fue acusado del delito de usurpación y daños, y fue capturado el 23 de abril del 2023[2]. Obtuvo su libertad condicional el 28 de diciembre gracias a la movilización ciudadana de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y las gestiones de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos[3].
- En la segunda sentencia: 23 de enero de 2023
A pocas semanas de obtener su libertad condicional, Santos Hernández fue notificado de su segunda sentencia, en esta ocasión criminalizado por Heriberto Cruz, a través del Tribunal de Sentencias de Nacaome, el 23 de enero de 2024. Esta sentencia lo condena a dos años de prisión y, además, ordena el inmediato desalojo de la propiedad y demolición de la vivienda.
Esta condena repetitiva afecta a Hernández y su familia, y refuerza un antecedente peligroso para otros residentes de la Península de Zacate Grande al legitimar la criminalización de quienes defienden sus derechos territoriales contra los intereses de los terratenientes.
Estos abusos amenazan la seguridad y las formas tradicionales de subsistencia de esta familia, exponiéndolas a un contexto de desplazamiento forzado, y socava la identidad cultural y la estabilidad de toda la comunidad en su conjunto.
Desde el CESPAD:
- Denunciamos que los hechos ocurridos contra Santos Hernández y María Hernández reflejan un patrón preocupante de criminalización, despojo y hostigamiento contra los habitantes nativos de la península de Zacate Grande.
- Exigimos investigaciones claras de las violaciones de derechos humanos contra las y los comunitarios de la Península de Zacate Grande.
- Exigimos a la Secretaría de Derechos Humanos y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tomar un papel más beligerante en la defensa, promoción y protección de los derechos de las comunidades campesinas y pesqueras de Zacate Grande y estar alertas a las posibles violaciones de derechos en el marco de la ejecución del desalojo.
¡No podemos permitir que la injusticia prevalezca
[1] SWISSINFO.CH. (2021, 19 de noviembre). Organizaciones hondureñas presentan recurso contra reforma al Código Penal. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/organizaciones-hondureñas-presentan-recurso-contra-reforma-al-codigo-penal/47125958/
[2] CRITERIO HN. (2023, 29 de marzo). S.O.S: Capturan a defensor del ambiente Santos Hernández y recrudecen amenazas contra pobladores de Zacate Grande. Recuperado de https://conexihon.hn/2023/03/29/s-o-s-capturan-a-defensor-del-ambiente-santos-hernandez-y-recrudecen-amenazas-contra-pobladores-de-zacate-grande/
[3] DEFENSORES EN LÍNEA. (2023, 28 de diciembre). En libertad recibirán el año nuevo los defensores de la Península de Zacate Grande Santos y Abel. Recuperado de https://www.defensoresenlinea.com/en-libertad-recibiran-el-ano-nuevo-los-defensores-de-la-peninsula-de-zacate-grande-santos-y-abel/