A juicio, el Estado mafioso hondureño
Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo CESPAD Descargue PDF aquí
10 de febrero, 2024
Sin duda, el acontecimiento que marcará la coyuntura hondureña en las próximas semanas será el desarrollo del juicio en contra de Juan Orlando Hernández (JOH), en el Distrito Sur de Nueva York. Este juicio está programado para iniciar el 12 de febrero, pero este análisis no se centra en los pormenores de este acontecimiento que será abordado por la prensa nacional e internacional, sino en los asuntos de fondo relacionados, que atañen al Estado, la política y economía hondureña.
Más que un proceso judicial contra JOH, es un juicio en contra de un Estado mafioso como el hondureño, el que fue rediseñado, pausadamente, en los últimos 14 años. Es un hecho que el Estado hondureño, sin perder su carácter neoliberal, es decir, un aparato que ha actuado en función del interés de la élite tradicional manteniendo la estructura histórica de exclusiones y desigualdades, evolucionó a un Estado mafioso organizado para proteger redes criminales, públicas y privadas, con múltiples intereses afincados en la política y la economía, teniendo graves implicaciones en el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
Ante el reconocimiento de esta realidad, generalmente se tiende a calificar al Estado hondureño como fallido. Sin embargo, es importante destacar que este es un concepto polémico y aún no consolidado en el mundo académico. Se considera que un Estado es fallido si es incapaz de proveer “los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social”, (Patrick, S. 2006). Si es así, el Estado hondureño ha sido fallido históricamente, al igual que en un buen número de países latinoamericanos. En tal sentido, este concepto poco nos sirve para caracterizar y explicar los cambios que se han producido en la estatalidad hondureña en los últimos años.
Lo hechos duros nos indican que, en los últimos años, en Honduras lo que se produjo fue una captura del Estado por parte de redes criminales que transformaron y/o readecuaron la institucionalidad estatal en función de sus intereses. Esta captura fue tan profunda que, probablemente, en la región solamente sea comparable con el régimen de Fujimori.
El Estado se rediseñó, tomando forma en una autocracia que concentró en una sola cabeza todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial – incluyendo el Ministerio Público-), destruyendo el Estado de derecho y su carácter republicano (poderes del Estado independientes y complementarios, con su pesos y contrapesos). El Estado pasó a desempeñar un rol relevante en la economía, mediante la figura de alianzas público-privados (APP), que aseguró la opacidad de la totalidad de la inversión pública, facilitando extendidas prácticas de macro corrupción. Los recursos naturales (el agua, la tierra y los bosques) fueron puestos en subasta al gran capital nacional y extranjero que, mediante tratos corruptos (con amañados licenciamientos ambientales y otros), se apoderaron de territorios ancestrales y comunidades agrarias, con grave infracción en los derechos humanos. En este contexto, la remilitarización del Estado y la sociedad fue un elemento clave de este rediseño.
En síntesis, más que un Estado fallido, lo que surgió fue un Estado fuerte para imponer el orden en los sectores sociales y políticos de oposición, criminalizar y reprimir al liderazgo social, igualmente, con gran capacidad de emplear todos los medios fraudulentos a su alcance (formales e informales) para perpetuarse en el poder. Pero, a la vez, intencionalmente débil para perseguir los delitos de la macro corrupción y del crimen organizado de los integrantes de las redes criminales que formaban parte del nuevo entramado de dominación: funcionarios públicos, empresarios e integrantes de grupos criminales.
Finalmente, también la élite dominante fue reconfigurada y sin excluir a su núcleo principal, otros actores se sumaron: los barones de la droga, con sus múltiples negocios en la construcción, ganadería, madera, agricultura, comercio, transporte y otras actividades. Pero es importante resaltar que algunos sectores de élite tomaron distancia y no participaron en este andamiaje, y vieron en el régimen de JOH y sus aliados una competencia desleal.
Para cerrar esta entrada, es necesario destacar que una economía, en la cual el narcotráfico y sus negocios derivados dinamizan su crecimiento, es imposible imaginársela sin un rol activo del sector financiero en la recepción y blanqueo de cuantiosos capitales.
El sistema político hondureño: el corazón de la macro corrupción
Una reciente publicación internacional, bajo el sugestivo título: “Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras”, caracterizaba a este partido como “una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos”.
Y es que el financiamiento ilícito de las campañas electorales ha sido el eje central o el corazón de la macro corrupción hondureña, en tanto que la disposición y ejercicio del poder político es lo que ha viabilizado el funcionamiento del Estado mafioso. Y esto continuará mientras no se desmonte el entramado de macro corrupción que sigue sustentando la existencia de las redes criminales público-privadas.
Las investigaciones de la fiscalía de Nueva York y las realizadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), nos ayudan a caracterizar el perturbador fenómeno del financiamiento político electoral. En general, en sociedades como la nuestra, la pauta tradicional es que el narcotráfico busca corromper a los funcionarios públicos y eso ha ocurrido en Honduras, pero con el correr del tiempo han sido los políticos hondureños los que han ofrecido proactivamente protección del Estado a los barones de la droga y han establecido sus propios carteles. En todo caso, ha sido una relación simbiótica.
- La sentencia condenatoria emitida a Juan Antonio Hernández -hermano de JOH- (30 marzo, 2021), destaca que A. Hernández “desempeñó un papel de liderazgo en una violenta conspiración de narcotráfico patrocinada por el Estado”. Y describe la operación de un sistema que involucra la negociación y recibo de sobornos por grandes narcotraficantes en beneficio de los principales dirigentes de Partido Nacional (a nivel presidencial, de diputados y gobiernos locales para el financiamiento de sus campañas políticas); el involucramiento de efectivos militares y policiales en la protección armada de los envíos de droga; la venta de armas nacionales a grupos de narcotraficantes; la utilización de la información de inteligencia sobre radares y hasta la operación de laboratorios de cocaína manejada por políticos hondureños.
- Por su parte, la MACCIH en sus investigaciones sobre los casos: “Pandora 1”, “narcopolítica” y “corrupción sobre ruedas” describe con detalle el desvío fraudulento de fondos públicos, originalmente destinados a proyectos sociales, a cuentas de los partidos políticos tradicionales (Nacional y Liberal) y de candidatos a diputados para el financiamiento electoral. La transferencia de estos fondos fue viabilizada mediante una sofisticada red que conectaba a la Secretaría de Estrategia y Comunicación, Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, ONGs fantasmas y los destinarios finales (los partidos políticos y sus liderazgos).
- Finalmente, un tercer componente de este financiamiento político ilícito son las asociaciones público-privadas (APP). Hasta ahora, en Honduras no existen investigaciones que develen las modalidades de corrupción que operaron en el funcionamiento de los fideicomisos amparados en las APP. Sin embargo, la experiencia internacional muestra evidencias que debido a los niveles de opacidad de estos instrumentos es una de las modalidades que facilita las prácticas de macro corrupción: grandes empresarios y transnacionales pagando favores a partidos, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Un caso paradigmático en la región es Odebrecht.
La MACCIH tenía entre sus mandatos promover y asegurar la aprobación de una Ley que regulara el financiamiento político electoral. Esto no fue casual, la MACCIH surgió en el contexto de la protesta ciudadana en contra el fraude del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el cual parte de sus fondos terminó financiando la campaña política del Partido Nacional del 2013.
El proceso de aprobación de esta ley en el Congreso Nacional fue lento y sujeto a muchos ajustes por parte de los diputados y partidos políticos. Aun así, con sus limitaciones, era un instrumento que contenía un marco para transparentar el origen del financiamiento político, asegurando el acceso a la información de los aportes y aportantes financieros. Pero las trabas a este derecho ciudadano que no lograron concretar en el Congreso Nacional, lo obtuvieron por la vía del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El 16 de enero del 2018, la Unidad de Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y sus Candidatos (UFTF), solicitó al IAIP que aprobará como información reservada lo referente a diversos numerales del Artículo 37 de la Ley de Política Limpia, que permitían el acceso a la información ciudadana sobre: los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, los registros y notificación de las aportaciones, y las aportaciones privadas de candidatos. El IAIP falló favorablemente el 12 de abril del 2018 (resolución No 086-2018).
La Coalición Anti Corrupción y otras organizaciones ciudadanas presentaron el 20 de mayo del 2021 un recurso de nulidad administrativa de la resolución arriba indicada, pues impide que la ciudadanía hondureña conozca quiénes están financiando las campañas políticas en Honduras. Este recurso fue resuelto desfavorablemente por el IAIP.
En tal sentido, el sistema aún mantiene intacto este aspecto clave que permite el funcionamiento del Estado mafioso.
¿Cuál es el interés del gobierno de los Estados Unidos?
Retornando al juicio en contra el expresidente Hernández, algunas personas se preguntan cuál es el interés del gobierno estadounidense en este caso, por cierto, de su principal aliado político en el triángulo norte por más de 10 años. Es muy difícil afirmar que este interés sea explicado por la alta voluntad política en la lucha contra el narcotráfico, pues existe un amplio cuestionamiento al limitado enfoque de los EEUU en esa lucha, centrado en la oferta (es decir, en las fronteras extraterritoriales, donde se produce la droga) y no en la demanda (en las redes de comercialización y distribución interna, así como en el amplio número de consumidores).
Más bien, como ha sido a la largo de la historia con Centroamérica y Honduras, el interés central estadounidense tiene que ver con su política de seguridad nacional y la geopolítica regional.
En el presente, la preocupación central estadounidense es la conformación en Honduras de un sector de élite relacionado directamente con actividades del narcotráfico, que ha mantenido y puede retomar el control del Estado, asimismo, con la capacidad de desarrollar empresas en diversos sectores de la economía y la facilidad de posicionarse en sectores de la banca y finanzas. Igualmente, disponer del favor de altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En relación con el pasado, este es un sector de élite con intereses propios que defender y con mayor autonomía relativa, respecto a la política estadounidense. A este sector de élite ya no le interesa ser un socio menor del capital transnacional que, por cierto, en la reestructuración de la economía mundial y regional, tiene una menor gravitación en la economía nacional. De ahí el bajo monto de la inversión privada directa estadounidense en el país.
En este contexto, este nuevo sector de élite, a pesar de sus manifestaciones formales de respaldo a la política estadounidense (es un hecho que JOH apoyó activamente esa política), potencialmente es un sector peligroso para la seguridad nacional del gobierno de los EEUU, en una sub región en la cual ha venido perdiendo su influencia política en las últimas décadas, al extremo que de los 5 países que originalmente constituyen Centroamérica, 4 han establecido relaciones con China, con el desagrado de Washington.
Y como siempre lo ha sido a la largo de la historia, en esta especial coyuntura histórica, el juicio contra JOH es un mensaje directo a gobiernos y partidos políticos del triángulo norte y de la región en general, en el sentido que los EE. UU. no tolerará en la conducción del Estado a actores vinculados a grupos criminales sobre los cuales no ejerce control político.
Los desafíos nacionales
Es un hecho que grupos criminales se apoderaron del Estado hondureño en los últimos años, que lo rediseñaron y lo reconfiguraron a la élite dominante. El mandato en las urnas el pasado 28 de noviembre del 2021, fue desmontar ese Estado mafioso; un caudal apreciable del voto de la ciudadanía fue “anti- JOH” y la herencia que representaba.
En tal sentido, el actual gobierno de la transición, así como los diversos sectores del movimiento social y de la sociedad civil hondureña, tienen como desafío un conjunto de tareas que apuntan a recuperar la institucionalidad deteriorada y la decencia nacional. Más allá del resultado del juicio contra JOH, es fundamental transformar el actual Estado hondureño. Algunas de estas tareas son las que siguen:
La primera, desmontar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, núcleo central del Estado mafioso que desarticuló el Estado de derecho, que despojó de independencia a los diferentes poderes del Estado y militarizó la sociedad y la seguridad pública.
La segunda, continuar con la derogación de los pactos de impunidad que protegen a congresistas, otorgan un estatus privilegiado a altos funcionarios para enfrentar la justicia y brindan impunidad a exfuncionarios públicos. Todo ello, juntamente con la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
La tercera, asegurar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), como misión de apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de un sistema nacional de integridad (ejecutivo, judicial y legislativo), y en acompañamiento a la acción penal del Ministerio Público en casos emblemáticos de macro corrupción.
La cuarta, aprobar reformas electorales. A nivel constitucional: Legalizar la reelección presidencial o ratificar su prohibición e incluir la segunda vuelta electoral. A nivel de la ley electoral: ciudadanizar las Juntas Receptoras de Votos, regular con criterios éticos la selección de candidatos/as que aspiren a un cargo de elección popular, separar las fechas para las elecciones presidenciales, municipales y legislativas, establecer sanciones administrativas y penales a quienes fomenten y practiquen el clientelismo político electoral. Finalmente, a nivel de la Ley de Política Limpia: perfeccionar el marco jurídico que regula el financiamiento político electoral.
La quinta, anular la resolución administrativa No 086-2018 del IAIP, que bloquea el acceso a la información de lo contenido en el artículo 37 de la Ley de Política Limpia. La opacidad existente sobre este aspecto es lo que favorece el financiamiento ilícito de los políticos y de los partidos políticos, una de las bases de sustentación del actual Estado mafioso.