Escrito por Kevin Isidro
En el segundo aniversario de la asunción de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras, el cumplimiento de los compromisos de campaña adquiere una importancia crítica, vital, especialmente en lo que respecta a las promesas destinadas a mejorar la situación del campesinado del país. La generación de consensos en el Congreso Nacional, también se torna un aspecto fundamental para traducir los compromisos establecidos en el plan de gobierno en políticas públicas efectivas para los y las campesinas por su importancia para el desarrollo económico de Honduras.
Durante la campaña, Castro delineó un ambicioso plan de gobierno que aborda diversos desafíos, incluida la situación de precariedad y las múltiples desigualdades de las que es víctima el campesinado hondureño[1]. Sin embargo, la materialización de estas propuestas depende, en gran medida, de la capacidad del gobierno para construir consensos en el Congreso Nacional, y el fortalecimiento técnico y presupuestario de las instituciones del gabinete agrario.
La polarización de un congreso marcado por fuertes disensos y las actuales disputas internas, han evidenciado la necesidad del diálogo abierto y la colaboración entre las diferentes fuerzas políticas para superar los obstáculos y avanzar en la implementación de reformas sustantivas.
La reforma agraria, que figura como uno de los compromisos centrales, requiere de un respaldo legislativo y ciudadano contundente. La creación de leyes que faciliten la redistribución equitativa de la tierra y fomenten la participación activa de los campesinos en el proceso de desarrollo agrícola, exige un consenso multipartidista y la demanda permanente de las ciudadanías organizadas (particularmente las ciudadanías rurales). Un Congreso Nacional informado y comprometido puede desempeñar un papel definitorio en el debate y la generación de las leyes necesarias para combatir las grandes brechas de desigualdad en el sector rural.
En el contexto actual, un Congreso capaz de superar las intervenciones externas, particularmente aquellas planificadas, financiadas y llevadas a cabo por personas ligadas a redes de corrupción y del crimen organizado, es esencial para impulsar cambios significativos a favor del desarrollo y la transformación de la democracia y la sociedad hondureña.
Algunos asuntos pendientes orientados a cumplir con las demandas históricas y las necesidades actuales del campesinado hondureño son:
- La discusión y derogación de la Ley de Modernización del Sector Agrícola porque es considerada una normativa que violenta la Constitución de la República, en lo referente a la promoción y la creación de latifundios[2].
- La discusión y aprobación de la ley de traspaso de tierras de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), para el traspaso de las tierras bajo la administración de la OABI (con sentencia firme) al Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de reforma agraria.
- La discusión y aprobación de una nueva Ley de Reforma Agraria Integral con Enfoque de Género.
- La reforma del Decreto 18-2008, para su aplicación como mecanismo para superar la mora agraria.
- El fortalecimiento presupuestario para instituciones estratégicas para la promoción del sector agrícola, como el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Banco Nacional de Desarrollo (BANADESA).
El cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de gobierno en lo relacionado con el campesinado y la reforma agraria constituye un desafío multifacético. Sin embargo, el respaldo sólido tanto a nivel legislativo como ciudadano son factores determinantes.
En este contexto, el papel del Congreso Nacional adquiere una relevancia crucial, ya que es el órgano encargado de legislar y crear las leyes necesarias para materializar la reforma agraria. Asumir la responsabilidad de abordar los asuntos pendientes con el campesinado implica no sólo la derogación de leyes que obstaculizan la equidad en el acceso a la tierra, como la Ley de Modernización del Sector Agrícola, sino también la promulgación de nuevas leyes que impulsen y protejan activamente los derechos de los agricultores.
Un Congreso informado, comprometido y proactivo se convierte, por lo tanto, en el catalizador esencial para el cambio social y económico que se busca alcanzar en el sector agrario hondureño, contribuyendo de manera significativa a la reducción de las brechas de desigualdad y a la construcción de un sistema agrícola más equitativo y sostenible.
- El presupuesto aprobado para el gasto agrario para el 2024 y el fortalecimiento del gabinete agrario.
El 16 de enero del 2024 se aprobó el presupuesto general de la República. Las que siguen, son algunas consideraciones sobre el gasto agrario:
- El 6 de junio de 2023[3] se hizo la presentación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, en la cual el Instituto Nacional Agrario (INA) ostenta el liderazgo. Pese a esa denominación, no se registra un incremento en el presupuesto asignado a esta institución para el año 2024 en comparación con el año 2023 (555.41 millones). Aunque es cierto que el presupuesto del INA ha experimentado un aumento del 86.9% entre 2020 y 2024, este crecimiento resulta insuficiente para cumplir con su mandato constitucional de llevar a cabo una Reforma Agraria[4].
La falta de un incremento sustancial al presupuesto del INA plantea serias dificultades para cumplir con las demandas históricas y necesidades actuales del campesinado hondureño, así como para materializar las promesas de la presidenta de la República, expresadas el 6 de junio de 2023, sobre legalizar y redistribuir la tierra a favor de los campesinos en situación de pobreza. Muy al contrario, durante el 2023 se agudizó la conflictividad agraria, manifestada en el alto índice de ataques contra líderes campesinos y defensores de la tierra, en los desalojos en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria, en el irrespeto a los títulos de propiedad de la reforma agraria, y la falta de agilidad para la legalización de tierras en manos campesinas, constituyen los principales problemas que debe atender la institucionalidad (agraria) del país de cara al 2024.
- Otro elemento de relevancia es la ampliación en el presupuesto, al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 974.7%. Uno de los objetivos es el levantamiento del Censo Agropecuario Nacional (CAN), un proceso que en Honduras no se desarrolla desde 1993. El Censo Agropecuario será una herramienta fundamental para conocer la actual realidad agraria y fundamentar nuevas políticas públicas para enfrentar la pobreza rural y las enormes desigualdades (fracturas sociales) en sus diferentes manifestaciones.
- En lo relacionado con el presupuesto aprobado para el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), es importante resaltar que no se registra ningún incremento para el 2024. Sin embargo, esta institución reporta una tendencia de crecimiento significativo en el período del 2020-2023 (885.5%), debido a los incrementos otorgados por la actual administración. En el 2020-2021, prácticamente el BANADESA había desaparecido[5].
De acuerdo con el Plan de Inversión Pública 2024, parte importante de los recursos están dirigidos a Créditos Agrícolas y al Bono Tecnológico. Sin embargo, la tendencia de aumento al crédito y la asistencia técnica resultará en impactos tenues en la calidad de vida de las familias del sector rural si no se asegura la priorización del destino de estos recursos a la producción campesina de pequeña escala, incluyendo a las mujeres.
- Desafíos para la apertura del espacio cívico en la implementación del Plan Bicentenario en temas agrarios
El Plan Bicentenario y el actual contexto ofrece una serie de desafíos para la apertura del espacio cívico. Convertir estos desafíos en oportunidades es crucial para impulsar el desarrollo del país y abordar las desigualdades en las zonas rurales.
- La apertura de debates en el Congreso Nacional sobre la importancia del sector agrícola es urgente. En los últimos 30 años, el área rural ha experimentado múltiples transformaciones por eso es esencial abrir un espacio para discutir estos cambios. El Congreso, (a través de la Comisión de Asuntos Agrarios) se presenta como un foro idóneo para analizar la evolución del sector agrario, identificar desafíos y proponer soluciones estructurales que contribuyan al desarrollo sostenible del país.
- La creación de la Comisión de Seguridad Agraria, como un espacio amplio de coordinación estratégica, es un paso importante. En esta comisión es urgente garantizar la participación permanente de organizaciones campesinas e indígenas, lo que aseguraría una representación diversa y una toma de decisiones más inclusiva en la atención de asuntos específicos. Recalcamos que sin el adecuado fortalecimiento presupuestario no será posible cumplir con el mandato constitucional del Instituto Nacional Agrario (INA) ni las promesas de la Comisión de Seguridad Agraria.
- El INA y BANADESA deben retomar su función de promover y estimular la organización campesina. Esto puede desarrollarse a través de jornadas coordinadas entre instituciones gubernamentales y organizaciones campesinas e indígenas para proporcionar información, orientación y asistencia legal en diversas regiones del país.
A manera de conclusión
El retorno a las sesiones del pleno y la aprobación del presupuesto general es un paso esencial para mantener la operatividad de las instituciones gubernamentales, asegurando la continuidad de servicios y programas clave. Sin embargo, la urgencia recae en que los legisladores retomen el tema agrario, discutan, logren consensos y se comprometan con la aprobación de reformas fundamentales más allá de la mera asignación de fondos.
Se requiere un enfoque integral que ofrezca espacios de diálogo con las instituciones del gabinete agrario en los cuales las organizaciones campesinas expresen sus preocupaciones sobre la construcción e implementación de programas de gobierno, contribuyendo a la formulación de nuevas políticas públicas que aporten a reducir las brechas de desigualdad en el ámbito rural, fortaleciendo así el tejido social y económico del país.
[1] CEPAL. (2021). Plan de gobierno para la refundación de la patria y la construcción del Estado socialista (pp. 25-35). https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/PLAN-DE-GOBIERNO-XIOMARA-CASTRO_0.pdf
[2] Criterio HN. (20 de noviembre de 2023). Campesinos interponen recurso de inconstitucionalidad contra instrumentos que fomentan el latifundio. https://criterio.hn/campesinos-interponen-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-instrumentos-que-fomentan-el-latifundio/
[3] SWI. (2023, 6 de junio). La presidenta de Honduras crea Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/honduras-agricultura_la-presidenta-de-honduras-crea-comisi%C3%B3n-de-seguridad-agraria-y-acceso-a-la-tierra/48571002
[4] CESPAD. (2023, 15 de noviembre). Valoraciones del CESPAD al Proyecto de Presupuesto Público 2024 [Presentación de PowerPoint]. Audiencia Pública del Congreso Nacional. https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2023/11/Audiencia-publica-Congreso-Nacional-de-Honduras-Valoraciones-del-CESPAD-sobre-proyecto-de-presupuesto-publico-2024-1_compressed_compressed.pdf
[5] CESPAD. (2023, 15 de noviembre). Valoraciones del CESPAD al Proyecto de Presupuesto Público 2024 [Presentación de PowerPoint]. Audiencia Pública del Congreso Nacional. https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2023/11/Audiencia-publica-Congreso-Nacional-de-Honduras-Valoraciones-del-CESPAD-sobre-proyecto-de-presupuesto-publico-2024-1_compressed_compressed.pdf