- Presentación
El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) reconoce la importancia estratégica de generar insumos que caractericen y tipifiquen los conflictos ambientales locales en Honduras. Este esfuerzo se considera crucial para fortalecer las capacidades de la sociedad civil, especialmente de las comunidades y poblaciones indígenas, garífunas y campesinas de Honduras. Estos insumos, además de servir de sustento para los procesos de monitoreo ciudadano, proporcionan una base sólida para abogar y tomar decisiones en función de la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de las comunidades.
La disponibilidad de información actualizada y los análisis detallados permiten a las comunidades y a los tomadores de decisiones comprender, de manera más precisa, los conflictos que afectan sus territorios y ecosistemas. La identificación de los actores involucrados, la evaluación de los impactos culturales, sociales y ambientales, el registro de las demandas ciudadanas y las soluciones implementadas por las instituciones competentes, permite una mayor compresión de las dinámicas de la conflictividad en el territorio nacional.
Este informe también aspira a convertirse en una herramienta práctica, con el fin de promover el debate y un abordaje integral de la conflictividad, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión ambiental y a la protección de los derechos de las comunidades rurales.
- Metodología
Este informe se fundamenta en la identificación de 42 conflictos socioambientales en el territorio nacional, que han sido registrados y documentados detalladamente en las que denominamos “fichas de la conflictividad”. La metodología para el desarrollo del análisis se apoya en una revisión exhaustiva de las bases teóricas relevantes para la interpretación de la situación, en términos generales y de cada uno de los conflictos. Este análisis se ha llevado a cabo mediante la recopilación de información obtenida, a través del monitoreo de medios de comunicación, entrevistas con líderes de organizaciones de base comunitaria, y miembros de organizaciones defensoras, promotoras e investigadoras de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Además, se realizó una revisión pormenorizada de la documentación disponible sobre los casos enunciados.
Se le otorgó prioridad a los departamentos que generan mayor interés para las organizaciones que integran el espacio “Mesa Tierra y Territorio de la Coalición Contra la Impunidad”, en el proceso de identificación de conflictos.
Como refuerzo al diseño metodológico del análisis, durante el segundo semestre del 2023, se llevó a cabo un proceso de construcción de 6 fichas de recolección de información según el tipo de conflictividad. El documento abarca conflictos generados por el tema energía, forestal, agrario, minero, infraestructura, más una ficha particular para los conflictos en territorios garífunas. El objetivo de esta tarea fue obtener registros y herramientas de recolección, ajustados a la tipología y a los impactos diferenciados en cada una de las manifestaciones de conflictividad. Además de la información técnica de los conflictos, las fichas están diseñadas para el registro de datos sobre los impactos ambientales, políticos, económicos y culturales, entre otros que resultan relevantes para el análisis desarrollado en el presente informe.
En una primera entrega de este mapeo de conflictividad[1], retomamos los aportes teóricos de Mauricio Folchi sobre los conflictos de contenido ambiental y sus postulados sobre las tensiones, en el marco de las disputas por los bienes comunes de la naturaleza.
Aseguramos, entonces, que los conflictos de contenido ambiental son una:
“Situación sobre la cual se genera un conflicto de contenido ambiental se produce, justamente, cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat. Esto ocurre como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más”.
Para esta segunda entrega, interesa retomar el planteamiento de Bebbington[2], quien indica que los conflictos de este tipo “pueden ser entendidos como confrontaciones entre diferentes modelos de sostenibilidad”. Es decir, que todo tipo de empresa extractiva maneja un concepto de sostenibilidad de recursos que “permite una sustitución sustantiva entre diversas formas de capital, así como cambios significativos en las combinaciones de activos sobre los cuales se construyen los medios de vida rurales (cambios que en esencia forzarían a muchas familias a orientarse a nuevos tipos de vida)”[3].
Por otro lado, se encuentran los pueblos originarios, organizaciones comunitarias y territoriales que operan en distintas escalas y que cuestionan las formas actuales de las distintas modalidades extractivas. La interpretación del modelo de sostenibilidad se da a través de los discursos sobre la cuestión ambiental politizada. En la ecología política se asume que han trascendido de una demanda ambiental porque se constituyen, incluso, nuevos proyectos de vida alrededor de los bienes comunes de la naturaleza. Al final, “diferentes sociedades y grupos sociales dan forma a diferentes perspectivas acerca de qué es lo que debe ser sostenido y qué es lo que debe ser sustituido”[4].
Retomando a Folchi, los conflictos de contenido ambiental ocurren cuando una comunidad nota que algún agente externo está alterando (en su mayoría, de forma negativa) las dinámicas de consumo y relacionamiento con la naturaleza, entonces su entorno se ve amenazado por transformaciones que no estaban previstas. Folchi establece la categoría de tensión ambiental y su relevancia para el estudio de la conflictividad, en tanto, “es un concepto que comprende no sólo los daños sobre el ambiente que son percibidos por una comunidad afectada, sino todo el conjunto de antagonismos que se presentan entre actores cuyos intereses sobre el ambiente se contraponen”[5]. Asimismo, “El hecho que estos conflictos se desarrollen in situ es una señal de que estos surgen del sensible vínculo entre las personas y su hábitat, más que de sus valores e ideas respecto del medio ambiente”[6].
Y para el análisis de conflictividad se establecieron escalas. En ese sentido, se considera:
Escala de conflicto bajo: cuando el impacto ambiental está relacionado con las obras de construcción inicial para habilitar operaciones de las empresas (apertura de carretera y deforestación).
Escala de conflicto medio: cuando el impacto ambiental está relacionado con la instalación del plantel de extracción (identificación de fuentes de agua y los modos de acaparamiento, instalación energética para el desarrollo de las actividades, delimitación del espacio privado para la empresa, el desplazamiento de otras especies y maquinaria en operaciones); el aumento de la articulación de organizaciones comunitarias (que involucra acciones de movilización y denuncia) y, a la vez, el inicio de las disputas entre actores en la dinámica del conflicto; la judicialización de defensores y defensoras, con la fuerza armada y la guardia privada, interviniendo en el problema.
Escala de conflicto alto: la que está asociada a los impactos ambientales producidos por la operación de las empresas (contaminación de fuentes de agua, devastación de especies en el territorio, entre otras); el asesinato de defensores y defensoras del territorio; acciones de incidencia nacional e internacional relacionas con el conflicto y la responsabilidad de las empresas; fuerzas militares, seguridad privada y seguridad pública también interviniendo en el espacio geográfico del conflicto.
Este informe y las fichas estarán disponibles en formato interactivo en el micrositio www.observatorio.cespad.org.hn “Observatorio de la Conflictividad Socioambiental de Honduras”, hospedado en la página institucional del CESPAD: www.cespad.org.hn
En este micrositio, los usuarios tendrán la oportunidad de explorar un mapa nacional interactivo que muestra la ubicación de los conflictos, brindando una visión clara de la distribución geográfica de los problemas socioambientales en Honduras. Además, podrán descargar las fichas individuales como fuente de consulta, porque proporcionan información detallada sobre cada conflicto, incluyendo su origen, los actores involucrados, los impactos sociales y a los ecosistémicos. Asimismo, las demandas ciudadanas realizadas, hasta el momento, por las organizaciones territoriales o bases comunitarias, entre otros aspectos.
Este informe y las fichas, así como el micrositio, en general, se actualizarán periódicamente con el objetivo de mantener un registro de los cambios en la situación de los conflictos existentes e incorporar los nuevos que surjan. Estas actualizaciones incluirán datos y análisis adicionales emergentes en el proceso, así como nuevas fuentes de información, con el fin de enriquecer y mejorar continuamente la calidad de la información disponible para los usuarios.
Lee informe aquí: PDF
[1] CESPAD. 2023. Conflictos ambientales locales en Honduras: un balance de los primeros 6 meses del 2023. Disponible: https://cespad.org.hn/conflictos-ambientales-locales-en-honduras-un-balance-de-los-primeros-6-meses-del-2023/
[2] Bebbington, A. 2009. Industrias extractivas, actores sociales y conflictos. Extractivismo, Política y Sociedad, pp. 131-156. Disponible: http://ambiental.net/wp-content/uploads/2009/11/BebbingtonExtractivismoSociedadDesarrollo09.pdf
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Folchi, M. 2001. Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres ni siempre ecologistas. El ecologismo popular al debate.
[6] Ídem.