Escrito por Gustavo Irías, director ejecutivo del CESPAD
3 de marzo, 2024 Descargue PDF aquí
Como un hecho extraordinario, por inusual, en una sola sesión y por una única moción nominativa, se realizó la elección de los titulares de cinco organismos de gran importancia en la gestión pública: Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Unidad de Política Limpia (UPL), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Ministerio Público (MP), el 28 de febrero.
Este resultado fue posible luego de intensas negociaciones entre los tres principales partidos políticos que integran el Congreso Nacional: El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL).
En un contexto de intensa polarización y de crisis interna en el Poder Legislativo, este acuerdo allana las condiciones para la gobernabilidad de este poder del Estado para los próximos dos años (2024-2025). Permite, además, bajar temporalmente los niveles de polarización y crea un panorama político de certidumbre en la preparación de las elecciones generales de noviembre del 2025.
En la medida que estos nombramientos fueron realizados por una amplia mayoría (superior a los 86 votos requeridos), es posible afirmar que se trató de una elección democrática, aunque parcialmente violentó algunos preceptos constitucionales en lo referido al tiempo de elección de cada uno de los funcionarios electos. Pero también surge una interrogante: ¿en la compleja correlación de fuerzas en el Congreso Nacional hubiera sido posible otra alternativa?, particularmente porque ninguna fuerza, por sí sola, logra ni siquiera la mayoría simple.
En términos prácticos, este acuerdo evita un mayor deterioro de la situación política hondureña. Aunque no puede desconocerse que el contexto del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, por delitos de narcotráfico, ha favorecido ampliamente al partido de gobierno, ya que este es uno de los factores que ha obligado al Partido Nacional a ceder en una negociación que ha durado 6 meses (la principal posición en conflicto ha sido la cabeza del Ministerio Público).
A pesar de lo dicho anteriormente, esta elección ha sido fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad, los que han impugnado la legitimidad de la representación de la ciudadanía en el Congreso Nacional. Esta elección se ha percibido como una continuación de las prácticas del bipartidismo, ahora tripartidismo, cuestionadas en el pasado por ser negociaciones opacas, hechas en función de los intereses partidarios y de los grupos de poder. Además, porque la ciudadanía nunca sabrá qué intereses y/o cuotas de poder fueron negociadas, en medio de un total desconocimiento de las hojas de vida y, por consiguiente, de las capacidades de los nuevos funcionarios electos.
Por eso se perciben pocos avances en la reconstrucción democrática del Estado de derecho, que asegure la independencia de todos estos organismos y garantice la independencia judicial y una restructuración profunda del Misterio Público, de tal manera que adquiera una real voluntad política por desmontar la impunidad estructural y asuma de manera efectiva la lucha contra el crimen y la macro corrupción.
Todos estos cuestionamientos son válidos, sin embargo, a priori es difícil sostener que todo seguirá igual y que nada cambiará. Probablemente, un factor crítico que ayudaría a un balance menos negativo podría ser un rol más activo de la sociedad civil, en lo referido a la veeduría social sobre la gestión pública.
Pero, ¿cuál es el problema de fondo y en qué consisten los déficits democráticos de la institucionalidad hondureña?
En un texto reciente, Gerardo Munck sostiene que la generalidad de las democracias de América Latina “son de baja calidad, pero duraderas”. Y el factor explicativo es el tipo de Estado que prevalece, un Estado patrimonialista y/o semi patrimonialista, caracterizado por el usufructo del poder para beneficio personal, la infracción de la ley, la corrupción, la utilización de las instituciones de justicia y de seguridad para la protección de intereses particulares y no de la sociedad en su conjunto.
En Honduras, históricamente lo que ha prevalecido es un Estado patrimonialista, llevado a su extremo por los últimos gobiernos del Partido Nacional, especialmente por el de Juan Orlando Hernández. Si no se desmonta este Estado patrimonialista, con su entramado de macro corrupción, no será posible esperar cambios sustanciales en el país, entre ellos, elecciones transparentes y meritocráticas de los altos funcionarios del Estado. En realidad, no basta con un cambio de gobierno porque es fundamental una reforma democrática del Estado hondureño. Pero esta es una frase vacía, si no se entienden las características principales del Estado patrimonialista que nos ha gobernado y que aún está pendiente de una reforma sustancial. Sus características principales son las que siguen:
- La macro corrupción. Un porcentaje importante de los fondos públicos son transferidos ilícitamente para las campañas políticas electorales, igualmente, recursos también públicos son trasladados por contratistas privados del Estado (sobornos) a funcionarios públicos, como un reconocimiento de sus favores. Igualmente, recursos públicos son utilizados para comprar conciencias en la elección de los altos funcionarios. Esto es posible por los débiles e inexistentes controles de órganos como el Tribunal Superior de Cuentas, la inacción del sistema de justicia para procesar judicialmente a altos funcionarios públicos y, no menos importante, el limitado marco jurídico y la falta de voluntad de la institucionalidad para fiscalizar el financiamiento electoral ilícito. Todos los altos funcionarios de estos organismos son electos por el Congreso Nacional.
- El servicio civil y el procedimiento de elección de los altos funcionarios. El servicio civil es considerado como un “botín de guerra” del partido triunfador en las elecciones, para colocar a sus simpatizantes. Intencionalmente no se reforma y estructura un servicio civil profesional que asegure la meritocracia, es decir, las capacidades técnicas y la estabilidad laboral de los servidores públicos. Igualmente, los altos funcionarios públicos son nominados y nombrados por su afiliación partidaria y supeditación a los intereses de los caudillos políticos, sin considerar sus capacidades técnicas y experiencia profesional.
- El clientelismo político. En contextos de amplia pobreza, las políticas diseñadas por el Banco Mundial de “transferencias condicionadas y no condicionadas” (bonos), se convierten en poderosos instrumentos de compra de votos para el partido en el gobierno de turno. Intencionalmente, los marcos jurídicos y la institucionalidad creada para fiscalizar el financiamiento electoral ilícito no incluyen mecanismos realmente efectivos para neutralizar el uso de esos fondos para una desleal competencia electoral.
- El sistema de justicia y electoral. El sistema de justicia carece de independencia, tanto por la forma en que son electas sus autoridades por el Congreso Nacional, como por la dinámica de funcionamiento, es decir, subordinados a los órdenes de los políticos de turno. Igualmente ocurre con el poder electoral, que también carece de una independencia partidaria que se convierte en la razón fundamental de las reiteradas denuncias de favoritismo al partido político en el gobierno y las acusaciones de fraude electoral.
- Los aparatos de seguridad y defensa. Están al servicio del partido en el poder, pero sobre todo de los grupos dominantes de la sociedad. La democracia hondureña continúa tutelada por las Fuerzas Armadas porque tienen en sus manos asegurar la alternabilidad en la presidencia, el ejercicio del sufragio y el imperio de la Constitución (situación que en su conjunto les otorga el derecho a decidir la interrupción de un gobierno, por la vía del golpe de Estado). En otras palabras, el poder civil sigue subordinado a los militares. Tanto las Fuerzas Armadas y la policía, continúan siendo una amenaza para el ejercicio de las libertades democráticas, particularmente de los grupos sociales históricamente vulnerables y socialmente excluidos.
Existen otras características, pero por el alcance de este corto texto estas son suficientes para colocar la atención en algunas de las reformas del Estado que son esenciales para revertir su carácter patrimonial y aspirar a un Estado democrático que se aproxime a servir a los intereses de la sociedad. Además, sin entender el carácter patrimonial del Estado hondureño es más difícil comprender las formas de selección y los intereses que marcan las elecciones de los altos funcionarios, tal como ocurrió el recién pasado 28 de febrero.
La experiencia de la elección de la Corte Suprema de Justicia, una oportunidad perdida
Con el fin del largo régimen autoritario del Partido Nacional se abrieron muchas esperanzas, una de ellas fue la de comenzar a desmontar el carácter patrimonialista del Estado en uno de sus puntos más sensibles: la elección de los altos funcionarios (o elecciones de segundo grado a cargo del Congreso Nacional).
En principio, se presentó la iniciativa de una Ley para la elección de los altos funcionarios, la que no alcanzó el respaldo necesario para ser discutida en el pleno del legislativo.
Sin embargo, sí fue posible la aprobación de la nueva “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia” (Decreto 74-2022). Esta Ley fue formulada a partir de los estándares internacionales sobre la independencia judicial y fue agrupada en cuatro (4) categorías:
- Elección con base en el mérito y las capacidades
- Transparencia y publicidad
- Participación ciudadana
- Igualdad y no discriminación
Mediante la aplicación de esta Ley, quedaron fuera de este proceso profesionales que fueron tachados por la ciudadanía y que habían sido nominados, en su mayoría, por los partidos políticos. Por los resultados finales del proceso se valoró como un logro la transparencia, publicidad, participación ciudadana y depuración en la selección de la nómina final. Con alguna resistencia de los partidos políticos, esta misma ley fue aplicada en la elección de la nómina de los y las candidatas a dirigir el Ministerio Público. Aunque los logros de este proceso en transparencia, participación ciudadana y depuración fueron menores a los alcanzados en el proceso de selección de las y los magistrados de la Corte Suprema.
Es bastante probable que el modelo de las “Juntas Nominadoras”, con los cambios significativos introducidos en el 2022, haya sido valorado como una amenaza por los liderazgos de los partidos políticos. Lo cierto, es que los nuevos magistrados del TSC, TJE, UPL y el IAIP no fueron electos con esta normativa, sino que fueron propuestos directamente por los partidos políticos.
Por consiguiente, la reforma por la elección de altos funcionarios con transparencia, acceso a la información y participación ciudadana terminó siendo un fracaso, a pesar de sus logros parciales. Sin embargo, en medio de ese contexto, no debe salir de la agenda ciudadana y debe seguirse considerando un punto clave en las propuestas por las reformas democráticas del Estado hondureño.