Por: Gerzon Padilla (periodista) Es alta y de piel canela. Curtida por las luchas de muchos años en busca de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Es Wendy Cruz, el rostro visible de las mujeres del área rural de Honduras, y esta es parte de la historia de una vida entregada en cuerpo y alma a esa causa. Lo que al inicio iba a ser una entrevista de trabajo se convirtió en una agradable conversación. Llegamos a la Vía Campesina. El ambiente era relajado. Algunas personas cocían frijoles a la entrada; eran hombres de campo que preparaban su almuerzo. Al entrar, en el edificio se escuchaban voces de varias mujeres que se encontraban en el segundo piso. Una de ellas era la de Wendy Cruz. Sonrío y saludó con tal familiaridad que parecía una persona conocida de toda la vida. Así comenzó nuestro encuentro con esta mujer que ha dejado parte de su vida en la lucha para lograr derechos que se les han negado a las mujeres, como las que pertenecen al campo y que suman más de dos millones. Sus inicios en una lucha que va para largo Wendy es madre soltera. Tiene dos hijos que son la razón de su vida. A ellos les ha sabido inculcar su amor y solidaridad hacia las mujeres y la defensa de sus derechos. “Mi primer trabajo fue con el Instituto de Formación Cooperativista” –dijo-. “Allí conocí a Inés Fuentes, uno de los líderes campesinos más reconocidos de ese tiempo. Él me recomendó al Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), en un programa a nivel centroamericano”, rememora, con lo que comenzó su vinculación con el mundo del campo. Posteriormente se le presentó la opción de formarse en el área técnica, un trabajo que realiza, desde entonces, a favor de las mujeres del sector rural, dentro de la organización Vía Campesina, organización donde funge como Coordinadora Técnica del eje de mujeres de la Vía Campesinas y enlace de Credimujer. Fue adquiriendo más responsabilidades debido a su compromiso, por eso no fue fácil. Todo transcurría entre su trabajo, sus hijos y sus estudios universitarios, de los que egresó como Licenciada en Trabajo Social. “Para mí, haberme graduado con la experiencia adquirida en la lucha a favor de las mujeres que se encuentran en el interior del país, me ayudó a reforzar los conocimientos técnicos en la Universidad”, sostiene. Wendy Cruz La solidaridad en la lucha campesina A Wendy, el trabajo con las mujeres del campo le ha brindado una visión más social y solidaria de la vida. Los episodios vividos en luchas diversas le han dejado lecciones inolvidables. Cuenta el ejemplo de lo acontecido en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón. En una de tantas ocasiones, 150 familias fueron desalojadas, rememora. Quienes llegaron a agredir el campamento de recuperación de tierra, le prendieron fuego a la escuela con la que contaban las comunidades. Durante varios meses los alumnos tuvieron que recibir clases a la intemperie. En ese lugar se realizó una campaña encabezada por la Vía Campesina, denominada “Solidaridad con Rigores”, que ayudó a reconstruir la escuela para más de 300 niños y niñas. “Esa fue una satisfacción muy grande, crear mejores condiciones para que las personas de los sectores más vulnerables, especialmente para las mujeres y niños, tuvieran acceso a la educación”, dice. Credimujer: una lucha quijotesca Los procesos en los que Wendy Cruz se ha visto involucrada han sido muy duros y difíciles. Sin embargo, desde el año 2015, una de las férreas luchas de esta defensora de derechos humanos ha sido “dar vida” al programa Credimujer. Aunque en el trabajo de incidencia para la aprobación y funcionamiento de Credimujer, han participado muchas otras organizaciones de mujeres, campesinas y feministas, acompañadas y asesoradas por Oxfam, Wendy se convirtió en uno de los rostros visibles de esa lucha. Con ese trabajo se logró que el pasado 30 de septiembre del 2015, el Congreso Nacional (CN) de Honduras, aprobara la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural «Credimujer», con el cual se beneficiaría a más de dos millones de mujeres del campo hondureño a través del otorgamiento de créditos para la producción agropecuaria. “Esto significó un primer paso para lograr la aprobación de una política pública que permitirá proveer de créditos y asesoría técnica a las mujeres rurales con o sin tierra. Con el este programa se lucha por el acceso a la tierra, el crédito en el sistema financiero para la creación de fuentes de trabajo, la educación y la salud”, sostuvo. Como en la insigne novela “Don Quijote de la Mancha”, Wendy y las mujeres de las demás organizaciones luchan contra esos molinos de viento y la ignorancia de un sistema y sociedad que ha ido abriendo espacio a los derechos de las mujeres pero a punta de bayonetas. “Este programa busca reivindicar los derechos económicos de las mujeres del área rural, un tema muy vinculado a la dependencia económica de las mujeres para que mejoren sus condiciones y que tengan otras formas de salir de la violencia”, sostiene con entereza. “Significa una esperanza de contribuir a que muchas de las mujeres del área rural no vivan en discriminación”, agregó. Una lucha por dentro y por fuera Para lograr la aprobación del programa Credimujer, las mujeres y feministas han tenido que sortear cualquier cantidad de obstáculos, incluyendo los generados en el interior de las propias organizaciones de campesinos y campesinas. “Los hombres en particular, decían que para que van a luchar por un programa de crédito con el gobierno. El liderazgo masculino hizo que generásemos peleas internas. Pero poco a poco fuimos posicionando la agenda, como una demanda válida, muy relacionada con los derechos económicos de las mujeres”, afirma. Y es que yendo en retrospectiva, en el 2015, con la campaña “Cosechemos justicia para las mujeres del campo”, apoyada por Oxfam, comenzó un proceso de “estiras y encoje”, para lograr la aprobación del programa Credimujer. “Ha sido un trabajo

Son los rostros de la lucha en los barrios, en las colonias, en las zonas donde la vida no vale nada. Donde hay que pelear hasta para la instalación de una lámpara que alumbre calles o senderos, escenario de una agresión, de una violación sexual o de un asesinato. Son las mujeres y jóvenes de los barrios y colonias, muchas de la periferia de Tegucigalpa, que fueron los atentos y atentas espectadores de la presentación del segundo informe de monitoreo: Gestión Gubernamental de Juan Orlando Hernández y la Agenda Política de mujeres y feministas. También son las personas que con los insumos de sus propias experiencias y vivencias alimentan el trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas que luchan por una Honduras respetuosa de los derechos de las mujeres. Algunas de esas voces, su participación y sus demandas en el evento: María Reyes María Amalia Reyes Red de Mujeres contra la Violencia de la Colonia Ramón Amaya Amador “Es necesario hacer más incidencia con los medios de comunicación porque son base importante para esconder, mentir, medio informar o cambiar los hechos de violencia contra las mujeres. Los medios deben incidir que no se queden en impunidad los crímenes, los asesinatos de tantas mujeres. Aquí en la colonia Ramón Amaya hacemos trabajo. Nos reunimos y hablamos de lo que está pasando, del contexto, de lo que le pasa a las mujeres que viven en estos barrios. Conocemos qué nos pasa y nos ayudamos mutuamente para ayudarnos y a nuestras familias. Luis Aguilar Luis Aguilar Integrante del grupo de jóvenes voluntarios de Polétika-Honduras “Es necesario conocer el perfil del agresor. Un estudio para conocer la personalidad, sus motivaciones y el porqué de la reincidencia en el ciclo de la violencia de los agresores hace falta y es necesario para comenzar a atacar el problema desde la raíz. Se requiere saber por qué golpean y porque reinciden en golpear a las mujeres. Belinda Matamoros integrante de la Red de Mujeres de la Cruz Roja   “Es tiempo que las jóvenes hablen. No callen. Digan, cuenten de lo que han visto, de sus historias, de sus acosos en los barrios. Hablen de sus temores, denuncien sus agresores. No dejemos que este problema continúe”. Andrea Cruz Andrea Cruz Feminista y joven integrante del equipo de voluntarios de Polétika-Honduras. “Los medios de comunicación nos han quitado la sensibilidad. La mayoría de los medios justifica de entrada que las mujeres y jóvenes que son asesinadas es porque pertenecen a las maras, pero no el que somos víctimas de sus agresiones, de situaciones que violentan nuestros derechos como mujeres. Hablan del porqué sin investigar”. Evelyn Cuellar Evelyn Cuellar feminista e integrante de la Red de Mujeres de la Cruz Roja y de la Plataforma 25 de noviembre “Es importante hacer consciencia a nuestras hijas de la violencia, de que esto ocurre y que no deben permitir que los ciclos se repitan. Hay que fomentarles la cultura de la autodefensa y fortalecimiento de su autoestima para que las mujeres que son agredidas no regresen con sus agresores. Recuerden que detrás de la violencia doméstica también está la sexual. Y de esos abusos hay mucho en nuestros barrios”. Ana Joaquina Ana Joaquina Amador Promotora Legal de Red de Mujeres “Yo le pido a la Juventud que se empodere de estas causas. Aquí hay muchas jóvenes que sé que conocen esta realizadas. No hay que callar, deben despertar. Hay que generar consciencia de denunciar hasta papás que abusan de sus niñas y niños, porque muchas veces se calla por miedo y permitimos con eso que hayan abusos. Pongámosle atención al asecho que sufren nuestros niños y niñas en nuestros barrios”. Azalia Mendieta Azalia Mendieta Red de mujeres de la Cruz Roja “Hay una situación en los barrios y colonias y es que los operadores de justicia no funcionan. Desde los barrios se denuncia, y se va a ver si ayudan, pero los casos se quedan olvidados. La mujer o joven que denuncia se queda como burlada porque aun y cuando capturen al agresor, fácilmente sale libre. La que queda ridiculizada es la mujer porque las autoridades no funcionan. El informe se presentó en el marco de la ejecución del Proyecto “Ciudadanía Activa de las Mujeres para Fortalecer la Democracia en Honduras”, co-ejecutado por el Centro de Estudio de la Mujer Honduras (CEM-H), la Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas” y el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).

Al hacer la conversión, los cerca de 600 lempiras que recibirán como aumento salarial, durante cada 5 años, equivalen a cerca de 24 dólares, pero también a una burla y a una intención descarada de continuar empobreciendo a las y los trabajadores de la maquila en Honduras. Con bombos y platillos, el gobierno anunció el que llama “histórico acuerdo”, con el que pone en vigencia el aumento al salario de las y los trabajadores de la maquila en Honduras. Sin embargo, se trata de un aumento de 38% que será distribuido en 5 años, que no es acorde a la inflación y al alto costo de la vida que se registra anualmente en el país. En términos prácticos, se trata de un aumento anual que oscila entre 566 y 600 lempiras, unos 24 dólares, lo que implica una bofetada, dicen quienes defienden derechos de la masa laboral de la maquila. ¿Por qué este aumento está lleno de irregularidades? En principio, sostienen las y los defensores de los derechos de las trabajadoras de la maquila, la Ley del Salario Mínimo establece que ese ajuste debe hacerse en el mes de diciembre de cada año, para que entré en vigencia en enero del siguiente. Sin embargo, en franca violación a la Ley, el gobierno ha violentado en dos oportunidades ese mandato. En el año 2014 se negoció para los subsiguientes 3 años, un acuerdo que expira el 31 de diciembre del 2018. En ese cuatrienio se aumentó de 5 mil 730.45 a 7 mil 085.61, es decir, se hizo un aumento de 1, 355.16 lempiras, y en términos porcentuales implicó un 23.6%, según lo estableció el acuerdo STSS618-2014. María Luisa Regalado. Para María Luisa Regalado, coordinadora general de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), “como Juan Orlando Hernández, manipula la información, dice que el ajuste es de 38% aprobado para entrar en vigencia entre el 2019 y el 2023, es otro abuso y violación de las leyes. “No dicen claramente que ese porcentaje es una proyección distribuida en 5 años. El ajuste es entre el 7 y 8 por ciento por año. ¿Cómo pueden hacer eso? Si la devaluación de la moneda es diariamente al igual que el aumento a la canasta básica”, cuestionó. Algunos medios de comunicación, afines a los lineamientos del gobierno actual, han cubierto la noticia tergiversando los datos, dejando en el escenario público que se trata de un aumento del 38.5% por año, pero al dividirse entre los 5 años aprobados, el aumento es pírrico, agregó la defensora de derechos de la maquila. El ajuste al salario mínimo será distribuido de la siguiente manera: 2019 (8%), 2020 (7.5%), 2021 (7.5%), 2022 (7.5%), 2023 (8%), para un total de 38.5% distribuidos en 5 años. ¿Qué se puede comprar con 566.85 lempiras de aumento? La CODEMUH reprocha la confabulación que existe entre el gobierno, la empresa privada y los representantes del sector trabajador, ya que se empecinan en continuar empobrecimiento de la masa laboral. ¿Cómo contribuirán a mejorar la economía de las familias, los cerca de 24 dólares de aumento que recibirán cada año, las familias hondureñas que viven de la maquila?, se pregunta la Coordinadora de la CODEMUH. De acuerdo con la Asociación hondureña de maquiladores el número de personas laborando en ese sector es de 161, 050, un número de plazas distribuidas en 316 empresas maquilas que operan en Honduras.

Rompieron el silencio. Aún con miedo, las estudiantes universitarias de Honduras han decidido hablar y relatar las bromas sexuales y desagradables que hacen los “mentores” contra ellas; los manoseos, los besos desprevenidos y las propuestas indecorosas. Decidieron denunciar el mundo de acoso sexual que viven, que todos conocen y que todos callan. Los escritos pegados en papel y en murales en los que se leían las diversas maneras en que son abusadas las estudiantes universitarias de Honduras, dejaron a la sociedad con la “boca abierta”. Fue una valiente acción que hicieron las estudiantes de varias carreras que permitió que salieran a luz pública nombres de mentores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que han hecho de esta práctica un estilo de vida dentro del Alma Máter. El mural de las denuncias Licenciados que imparten las clases de inglés, sociología, historia y derecho, encabezaron el listado de los denunciados por las estudiantes. Fue una manera de evidenciar lo que por años ha ocurrido dentro de la UNAH. Algunos reaccionaron violentos, trataron de intimidar a las jóvenes, pero ellas siguen en la lucha para desenmascarar a los abusadores. «Denuncié los abusos y lo primero que me dijeron es que diera las pruebas. A la mayoría no nos creen que somos acosadas, abusadas y por eso nos toca visibilizar lo que está pasando no sólo en la Universidad, sino en otros centros de enseñanza del país. No nos apoyan y lo que hacen es decirnos que tenemos que interponer una denuncia formal, pero cuando llegamos y las interponemos, no hacen nada y lo único que nos ha quedado es evidenciarlos de manera pública», explicó Esther, quien por seguridad nos pidió omitir  su apellido. «Las denuncias de acoso en la Universidad, casi no tienen seguimiento y lo peor que se hace es que se expone a la víctima. A las estudiantes no les ha quedado de otra que visibilizar a los agresores; estar señalando a los culpables», sostiene la Directora del Grupo de la Sociedad Civil y miembro de la Coalición Todas, agrupación que defiende derechos de las mujeres en Honduras. Sánchez agrega que se requiere de una respuesta rápida por parte de las autoridades de la UNAH. “Y no la hubo, no han sacado la cara, ni entablado procesos serios de investigación para deducir responsabilidades y castigar a los acosadores”, afirma. Las invisibilizadas estadísticas Informes estadísticos del Ministerio Público (MP), revelan que apenas una o tres mujeres de 10, denuncian haber sido víctimas de un abuso sexual. Otros revelan que sólo en la UNAH, el Comisionado Universitario recibe al menos 10 denuncias de acoso sexual cada año. En el 2014, la universidad regional del Valle de Sula reportó la sanción para cuatro docentes a quienes se les comprobó los abusos sexuales cometidos contra estudiantes. La Unidad de Acoso Sexual ha registrado y orientado 222 casos de denuncias, según ha informado Claudia Bustillo, una de las Comisionada. Entre los casos que se han formalizado se encuentran amonestaciones de estudiantes a otros estudiantes, personal administrativo a estudiantes, docentes a estudiantes y viceversa. «Los estudiantes deben mostrar las respectivas pruebas como mensajes, llamadas telefónicas en horas inadecuadas, por ejemplo. Esos son elementos claves para proceder contra los denunciados y realizar una investigación que luego se traslade a las instancias pertinentes», agregó Bustillo. De las denuncias recibidas en el 2018, 14 casos son de abuso sexual de docentes hacia estudiantes. La Unidad, dependiente del Comisionado Universitario, se fundó en el año 2013. Dayanara Guillén oficial de la Unidad, dice que “hay investigaciones que han culminado, otras que están en proceso. Recibimos las denuncias, se verifican y una vez confirmadas se traslada a la autoridad competente para que sancione al acosador. Son las mujeres las que más denuncian, pero también se conocen casos de hombres abusados». Ciudad Universitaria / UNAH ¡De acoso a ataques! La denuncia es grave: que en el pasillo del edificio D1 de la UNAH, el pasado 13 de noviembre, una estudiante fue violada. El relato de testigos refiere que esa noche cortaron el fluido eléctrico y que cuando la joven esperaba, como siempre, a un compañero para no irse sola, un desconocido se le acercó y la atacó. «Le tapó la boca a la víctima, para que la joven no gritara, prácticamente la inmovilizó hasta que abusó de ella. En ese pasillo sólo había una aula en uso, con cero seguridad y eso facilitó que el hombre abusara de la compañera», relató un estudiante. Ese es un caso al que se suman otros ocurridos en la Universidad Nacional, escenario donde el silencio sigue siendo el arma que blinda a los acosadores y abusadores. Las insinuaciones, invitaciones, manoseos, descrédito y hasta la venganza académica, siguen acosando a las universitarias, a quienes sólo les ha quedado el camino de hacer pública la amenaza que les aqueja en las aulas. «El catedrático siempre me decía que mis notas estaban en sus manos. Me decía que si iba a su casa y lo acompañaba un rato no debía preocuparme por la nota; como no accedí no pasé la clase. Y es algo que no denuncié por miedo, ahora que las compañeras decidieron hablar ya no voy a callar. Mi caso, si lo hubiera denunciado seguro me lo archivan. Aquí callar es la mejor arma que se tienen para no ser expuesta», narró Luisa. Esa es la realidad que por años han ocultado los y las estudiantes. Aseguran que los acosadores están allí, ocultos en las aulas. Para ellas lo más grave no es que un maestro las acose, sino que las instituciones los encubran y por eso muchas consideran que denunciar el acoso que sufrirlo. “Nosotras te creemos” Ante esta situación las estudiantes lanzaron la campaña «Nosotras te creemos», con la que hacen público el nombre de los agresores, una situación que no ha gustado a los docentes, quienes han alegado que esa campaña sólo busca dañar su buen nombre. Las estudiantes decidieron evidenciar a sus agresores y en la Facultad de Filosofía en Tegucigalpa colocaron

La dirigente campesina hondureña Margarita Murillo fue asesinada  hace cuatro años y nadie ha sido acusado, investigado ni castigado por su crimen. Sin embargo, las luchas a favor de las causas sociales hicieron de Margarita una leyenda, que al reescribirse evidencia que su vida estuvo llena de abusos por parte del Estado de Honduras, desde hace 30 años antes de que fuese asesinada. Su muerte… En la mañana del 27 de agosto de 2014 Margarita fue asesinada mientras sembraba una parcela de la Empresa Asociativa Campesina, en El Planón, municipio de Villanueva en el Departamento de Cortés. La base campesina de 23 familias, de la que era su presidenta, había tomado posesión de esas tierras del Estado desde hacía 7 años y estaban en proceso de legalizarlas. Cuatro meses antes del crimen de Margarita, otro miembro de su base campesina fue asesinado.  Margarita temía por su vida y había denunciado amenazas al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas de protección especial que en la práctica fueron inexistentes y no sirvieron para evitar que le cegaran la vida. Margarita nació en 1958 y comenzó su participación a favor de la lucha agraria en el departamento de Copán desde sus 13 años de edad, cuando la gran Marcha del Hambre en 1975 (que pretendía llegar con 40 mil campesinos a la capital) fue duramente reprimida en todas las regiones donde se llevaban a cabo caminatas. En 1980 se aglutinaron las organizaciones campesinas en el Frente de Unidad Nacional Campesino (FUNACAM), y allí estuvo Margarita, en las acciones de recuperación de tierras que se impulsaron. Después, en 1985, cuando se fundó la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, se convirtió en parte de su directiva nacional en la que ocupó la Secretaría de Actas en un período y Secretaría de la mujer, en otro. Fue capturada, torturada y desaparecida La participación en la lucha por los derechos agrarios hizo que la persiguieran los terratenientes y el Estado de Honduras. En 1987 fue capturada, desaparecida temporal, brutalmente torturada y violada. Después de sus 27 días de secuestro fue presentada por la policía acusándosele de ser terrorista, sin presentar ninguna prueba. Al igual que ella, otros campesinos de Morazán, departamento de Yoro, fueron apresados y torturados. Todos fueron acusados de subversivos ante los medios de comunicación. Las torturas y abusos por parte de la policía contra Margarita y demás campesinos fueron documentados y denunciados por los organismos de derechos humanos, pero ninguno de sus victimarios fue acusado y ni siquiera señalado por las autoridades. Los verdugos siguieron “prestando sus servicios a la patria”, que en esos años significaba cumplir las tareas dentro de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional, que consideraba a cualquier luchador o luchadora social un enemigo al cual debía eliminarse. Margarita pudo ser una más de los casi doscientos desaparecidos políticos o de los casi mil asesinados en la década de los ochenta. Afortunadamente se salvó de las garras de la muerte en aquel entonces. Eso implicó vivir por un tiempo a escondidas, ir al exilio y separarse de su familia. De acuerdo con defensores de derechos humanos, la mayoría de los militares, policías, los miembros del Batallón 3-16 (escuadrón de la Muerte) y demás criminales violadores que persiguieron, torturaron y mataron a miles de personas, fueron arropados con el grueso velo de la impunidad a través de decretos de amnistía, cargos diplomáticos o visas para refugiarse en los Estados Unidos. Hay algunos todavía en puestos dentro de la estructura del Estado y otros que están en el lucrativo negocio de la seguridad privada, en el que emplean a sus antiguos subalternos. Pero el temple alcanzado por Margarita la hizo comprometerse de nuevo al volver del exilio, en las luchas populares y los esfuerzos por impulsar un proceso de trasformación política y social en Honduras. Ansiaba justicia y bienestar para las grandes mayorías. A partir de los años noventa y hasta 2009, Murillo formó parte del Partido Unificación Democrática. Fue parte de la coordinación del Foro Social del Valle de Sula y Participó en la creación de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular -CNRP-, que se constituyó formalmente el 26 de agosto de 2003, en el marco de una toma simultánea de las cuatro entradas a la Capital Tegucigalpa por múltiples demandas, fundamentalmente en contra de una ley que daba paso a la privatización del agua. Después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Margarita Murillo fue designada por el pueblo en oposición al Golpe, como coordinadora departamental en Cortés del  Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP. Estuvo durante meses en las acciones fuertemente reprimidas por la policía y los militares. Un crimen que sigue impune La primera Fiscal que asumió la investigación del crimen de Margarita con mucha dedicación,  fue asesinada en San Pedro Sula. El asesinato de la Fiscal Marlen Banegas, ex coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, se lo achacaron a  David Edgardo Ordoñez, un pandillero conocido como “el Pony”, pero no pudo ir a juicio porque apareció asfixiado en la prisión provisional del Comando de Operaciones Especiales Cobras, en Tegucigalpa, el 7 de julio de 2015. Desde entonces, el crimen de Murillo sigue sin investigarse y sin llevarse a prisión a los responsables intelectuales y materiales. Han pasado cuatro años y las autoridades aún no investigan ni aclaran su asesinato, el que para muchos sectores defensores de derechos humanos, pudo provenir del Estado mismo. En vida, Margarita fue agredida y amenaza a muerte. Siempre señaló a los aparatos policiales y militares como los principales sospechosos y más de una vez los responsabilizó de cualquier atentado que pudiese ocurrirle. El crimen de Margarita es considerado emblemático, pues la lucha contra la impunidad resulta mucho más difícil cuando es el mismo Estado el que ha cometido los crímenes. Y en su caso, Murillo siempre vio y señaló a estas estructuras del Estado, como sus principales atacantes. En la actualidad, protegidos por las estructuras estatales continúan

Faltaban cinco minutos para salir de casa. El reloj le recordaba cada segundo el momento de partir. Su corazón latía con más fuerza y su cuerpo temblaba como si afuera estuviera esperándola el mismo demonio. Es que Marcela tenía miedo. Miraba para todos lados, rogando a Dios que no estuviera cerca ninguno de sus agresores. Marcela, como miles de hondureños, vive con la incertidumbre de si podrá regresar viva a su casa durante la noche después de trabajar. Ella es una chica lesbiana y por su orientación sexual ha sufrido maltratos e insultos de parte de los miembros de la pandilla 18 en una colonia de Tegucigalpa, Honduras. Le han golpeado en varias ocasiones, le han insultado y hasta le amenazaron con violarla un “día de estos”, para que sepa lo “rico” que es y para que de una vez por todas se haga mujer. Marcela tiene 24 años. Es de las hondureñas que no tienen tierra, que un día dejaron su vivienda, su comunidad y su gente para huir con su familia porque su vida está en peligro. Algunas preocupantes cifras De acuerdo con cifras oficiales, unas 240 mil personas en Honduras fueron forzadas a desplazarse a otros sitios para proteger su integridad física y su vida. El 51 por ciento son mujeres. Muchas de ellas debieron huir porque son discriminadas por su orientación sexual, tal y como le sucedió a Marcela, otras escapan de las maras, puesto que han sido requeridas para distribuir drogas o porque sus hijos se han metido a problemas dentro de esas organizaciones criminales, afectando a toda su familia. Sandra Zambrano, es abogada y defensora de derechos humanos de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y afectadas por el VIH/SIDA en Honduras –APUVIMEH-. Zambrano trabaja de cerca con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. Conoce la realidad de este grupo poblacional y sabe que muchos y muchas salen de sus casas debido al incremento de la presencia del crimen organizado y sus distintas manifestaciones delictivas como asesinatos, extorsiones, reclutamiento forzado y control de territorios. “El aumento de la criminalidad lleva a que más personas se vean obligadas a dejar su lugar de residencia para proteger su vida, libertad, integridad y seguridad física, ante la falta de mecanismos de protección adecuados”, indicó Zambrano. La respuesta del Gobierno Como respuesta a la presión nacional e internacional ante esta problemática, el gobierno creó a finales del 2013, mediante el Decreto Ejecutivo PCM053-2013, la Comisión Interinstitucional para la Protección de las personas desplazadas por la Violencia (CIPPDV), que tiene como objetivo formular políticas y adoptar medidas para prevenir el desplazamiento forzado debido a la violencia. Sin embargo, desde 2013 hasta la fecha, la cifra de personas desplazadas ha crecido en una proyección anual del 5% aproximadamente, un porcentaje que surge de tomar como base los datos de las ciudades más importantes del país. El Distrito Central es un polo de atracción para los desplazados, seguido de La Esperanza, Juticalpa, Trujillo, Danlí, Siguatepeque, Comayagua, San Pedro Sula, Tela, Santa Bárbara, Olanchito, Choloma, Tocoa y Puerto Cortés. “Muchos y muchas regresan a sus lugares de origen o buscan otra ciudad en la que se sientan más seguros”, de acuerdo con Suyapa Martínez, Coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H). Las autoridades afirman que desde la comisión interinstitucional se trabaja en conjunto con el Ministerio Público para la investigación y judicialización de los casos en los que la mujer se ha visto obligada a salir de su casa debido a la violencia intrafamiliar. Sin embargo, para las organizaciones de mujeres y feministas, el problema es grande. Las mujeres siguen dejando sus hogares por la violencia, incluyendo entre esta, la que sufren por sus parejas. “En realidad quien debería de salir es el esposo (pareja), no la mujer que es en sí la víctima. No existe un mecanismo integral de protección para las mujeres todavía en este país”, cuestionó Martínez. Martínez también criticó la lentitud del sistema de justicia hondureño, el que genera trabas desde nimiedades. “Imagínese que a veces no se sigue una denuncia porque faltan fotocopias –agregó la defensora de derechos de la mujer-, porque tienen que dejar copia del expediente”. Normalmente las mujeres que sufren debido a la violencia intrafamiliar se van directamente a los juzgados especializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula y en las zonas remotas se van a los juzgados de Paz o en las oficinas municipales de la mujer, espacios en los que difícilmente se les resuelven sus demandas. La gama de vicisitudes que viven las mujeres con la violencia en Honduras es amplia. Siguen siendo “carnada de guerra” porque son víctimas de sus parejas, asesinadas por pleitos de terceros, terminan siendo víctimas de extorsión, sufren vejámenes por su orientación sexual y finalmente el sistema judicial de Honduras no responde. Retomando a Marcela, el suyo es uno entre millares de casos en los que una mujer ha tenido que huir y dejar su vivienda por miedo a ser asesinada y violada, porque un grupo de pandilleros que simplemente decidió que así fuera.

Hace más de diez años, la comunidad de San José del Aguacatal, en el departamento de La Paz, era una zona tranquila. Marcada por la pobreza de las comunidades indígenas que habitan el lugar, pero sin mayores conflictos y amenazas para la subsistencia. Es una población lenca con características de abandono gubernamental, que contrastan con la riqueza de sus bienes naturales. Toda una melodía atrayente para llamar el interés de empresarios nacionales como internacionales. En ese escenario, hace más de seis años, a través del Congreso Nacional, un predio de 102 kilómetros de ese territorio ancestral Lenca, fue otorgado a la ex presidenta de ese poder del Estado y actual diputada nacionalista, Gladys Aurora López. La acción se realizó sin efectuar la correspondiente consulta previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras 1994 y que beneficia a grupos indígenas del país. Desde ese momento y bajo la amenaza no solo de las hidroeléctricas, sino también de la minería, empezó una lucha organizada, dirigida desde diferentes instituciones, pero en especial, el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz, (MILPAH). Como era de esperarse, el poder político de López y su esposo Arnold Sánchez, no tardó en buscar silenciar la lucha de estas comunidades, concentradas en el municipio de Santa Elena, así lo han denunciado en organizaciones defensoras, a nivel nacional e internacional. Ante el fortalecimiento y la persistencia de la comunidad, pronto llegaron algunos mecanismos de intimidación, que posteriormente pasaron a la criminalización y hasta encarcelamiento de quienes se manifestaban públicamente contra la hidroeléctrica. Lo peor que han vivido estas comunidades, es la muerte de algunos de sus líderes comunitarios.  Un asunto de salvación De acuerdo con las y los líderes de la organización MILPAH, el acoso llegó al extremo que hasta los representantes de la Iglesia Católica de la zona tomaron partido en el conflicto. En una de sus homilías, el sacerdote del pueblo se negó a dar la comunión a aquéllas personas que fueran simpatizantes o miembros de MILPAH. Esto fue denunciado públicamente, al igual que los otros abusos cometidos por autoridades locales quienes intimidaban permanentemente a los líderes y lideresas que luchan contra la concesión de los recursos patrimoniales del pueblo Lenca. Son tantos los episodios de los miembros de MILPAH, quienes afirman que los hombres empezaron a ser encarcelados, acusados de daños a la propiedad o de ser incitadores de disturbios. Hubo quemas de viviendas e incluso asesinatos, aún impunes, de no menos de 25 personas. 20 de ellos en el 2010, ejecutados, según testimonios, por una alianza militar, policial y sicarios civiles, fuertemente armados, que son vistos diariamente en las zonas, donde permanece la resistencia indígena. La lucha feminista Pero la situación que enfrentaron los hombres, pronto despertó el interés en las mujeres, quienes empezaron a trabajar por la defensa de los territorios y a apoyar en un trabajo de concientización a los miembros de las familias que habitan la zona. “Al inicio de esta lucha tuve bastante miedo. Cuando nos intimidaban, los policías andaban armados y bien uniformados y yo podía andar un arma para defenderme, pero es más poderoso el poder del Estado que el poder del patriarcado, porque el patriarcado si uno se empodera no se deja dominar, mientras que el poder del Estado es terrible, porque es de plata y uno contra esos poderes no tiene como defenderse”, relata María Felicita López, lideresa de MILPAH. Para María Felicita, a las mujeres indígenas lencas les ha tocado vivir momentos muy difíciles dentro de la lucha por la defensa territorial. Esa violencia de Estado que ella define a través de varios instrumentos de opresión, le han llevado a presenciar el sufrimiento de sus compañeras, como la historia de una de sus amiga, quien murió después de un derrame cerebral. Según relata María Felicita, su amiga se presentó a la audiencia por criminalización contra su esposo y al no haber resolución por parte del juez para dejarlo en libertad, se empezó a complicar hasta que la depresión la llevó a sufrir un fulminante derrame cerebral. “Cuando mi amiga murió, la policía se llevó casi secuestrados a sus dos hijos. Sabíamos que estaban en un refugio y cuando salió en libertad su compañero, por ayuda de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, le regresaron a los niños. Pero él ahora tiene miedo, lo han amenazado intimidándolo de que si siguiera en esto, le quitarán a sus hijos y no los volverá a ver”, agrega la defensora Lenca. María Felicita habla de todas las complicaciones experimentadas pero que pese a eso, sigue tratando de orientar a sus compañeras lencas para que tomen consciencia de lo que representa la construcción de hidroeléctricas y las concesiones mineras. “A nuestro pueblo lo han despojado de casi todo, ahora estamos recuperando lo que es nuestra cultura ancestral, estamos recuperando la lengua, todo lo que nuestros ancestros tenían, por eso a mí, se me traba la lengua, porque lo que tengo es un idioma colonizado, recuperando nuestra lengua y nuestra cultura que nos han robado es que vamos a recuperar todo, también nuestros recursos”, sostiene. Las campañas de desprestigio son más fuertes para las mujeres. Asegura que las señalan de “putas” y a los hombres de “asesinos y violadores”. Con estas acusaciones, que se propagan entre personas civiles que están a favor de la dueña de la hidroeléctrica, buscan restarles credibilidad en un ambiente patriarcal, dice María Felícita, y se les restriega que deben estar vinculadas a los quehaceres domésticos y no a las luchas sociales. A esta lideresa es común verla en todas las comunidades, capacitando a otras mujeres, empoderándolas sobre las leyes que les favorecen, en especial del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, sobre los daños y consecuencias que pueden traer para ellos la operación de las represas y las mineras en sus tierras. La situación sigue hostil en la zona, aunque la mayor parte de la comunidad ha ido tomando consciencia de la importancia de preservar sus

Kelin Jessenia Pérez Carranza sólo tenía 15 años cuando varios mareros que llegaron de El Salvador a la aldea Santa Ana, en el municipio de Colomoncagua, Intíbucá, Honduras, apagaron su vida. El miedo se apoderó de la familia, quienes temiendo represalias no permitieron que el cuerpo fuera autopsiado. Esto ocurrió el pasado 26 de julio. Siete días después, el 2 de agosto, en la aldea Limoncillos, en el municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara, Wendy Xiomara Rodríguez Rivera de 33 años, fue asesinada. La mujer fue interceptada por cuatro hombres que no tuvieron piedad y le dispararon frente de sus menores hijas. Foto: Cooperativa.cl La muerte violenta y con saña se está convirtiendo en una constante en los crímenes de mujeres en Honduras. Sólo en el año 2017, Medicina Forense reportó la autopsia de 741 mujeres y en los primeros seis meses del 2018, la cifra asciende ya a 141. Sin embargo, un importante dato aflora con fuerza entre estos asesinatos: de 141, 81 crímenes fueron a menores de 18 años, una tendencia que está aumentando en el país. Poca o nula judicialización de crímenes contra mujeres «La violencia manifiesta contra las mujeres es una realidad insostenible. Esto es un grave indicador de la descomposición social. Este ha sido un tema de interés de las autoridades e instituciones de investigación científica forense y la sociedad civil, pero vemos que la situación no cambia y los resultados son muy pobres», explicó Julissa Villanueva, directora de Medicina Forense, al consultársele sobre el tema. Y es que los planes, programas, campañas, políticas y estrategias del Estado de Honduras para frenar los asesinatos y femicidios, no están dando los resultados esperados. Las mujeres siguen muriendo y los casos que se judicializan, son muy pocos. «La judicialización de casos es muy limitada y el fenómeno de saña y muerte en las víctimas deja rastros de dolor. Esa saña y tortura se está observando en los cuerpos cuando se pueden realizar las autopsias. La  falta de credibilidad en la investigación genera que muchas familias en el interior del país, no dejen que se les practique la autopsia y se tenga que recurrir a las exhumaciones como último recurso», agregó Villanueva. Un dato importante en el informe de femicidios, elaborado por la Dirección de Medicina Forense, establece que las armas de fuego y golpes directos con objetos contundentes, es la forma con la cual se está asesinando a las mujeres. Mientras esos datos se tornan muy preocupantes, las noticias en los medios de comunicación siguen dando relevancia a números de mujeres asesinadas, algunas a manos de su pareja, otras por delincuencia común u organizada, pero la mayoría de los crímenes se analizan a la ligera, anteponiendo el momento y lugar equivocado en el que estaban las mujeres y casi justificando, se les agrega la hipótesis de los malos pasos en los que andaba las mujeres. Mientras esto ocurre, las cifras van sumando y ya ascienden a 141. Femicidios y asesinatos de mujeres: problemas estructurales y culturales «Esto no está ocurriendo desde este año; desde el 2005 a la fecha ya han ocurrido más de seis mil femicidios. Fallan las estrategias, fallan las políticas porque no contemplan la atención a la violencia que viven las mujeres. Es un asunto estructural y cultural, alimentado por una sociedad machista y un sistema que naturaliza y legitima la violencia en la vida de las mujeres», sostiene Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Mientras la bestialidad intolerable sigue matando a las hondureñas, las intervenciones que se están realizando desde el Estado no han contemplado lo que está ocurriendo con estas muertes. «Por un lado, se habla que se han reducido los homicidios y por otro los femicidios, pero esos no son los indicadores suficientes cuando se mantiene una impunidad del 90%», agregó Alvarado. De acuerdo con las cifras de Visitación Padilla, apenas 4 de 100 casos se judicializan en el país. Es decir, el 96 por ciento están quedando en total impunidad. La estrategia de seguridad que se ha implementado, aseguran las organizaciones feministas, es para atacar el crimen organizado y el narcotráfico y no se está invirtiendo en la prevención, en desarrollar políticas integrales que le apuesten la educación y a otro tipo de inversiones que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en el país. «Es un fenómeno que debe ser atendido desde la prevención, no se resuelve con más policías, ni equipos ni armas, porque no se trabaja la sensibilización y el porqué de esa violencia», explicó la defensora de derechos de mujeres, mientras agrega, “hay un gran reto en el país, se deben homologar los protocolos de actuación en las muertes de mujeres, la investigación es una tarea pendiente, para las organizaciones. Mujeres esperan que con Comisión Interinstitucional se investiguen muertes violentas y Femicidios Uno de los resultados de la lucha de las organizaciones de mujeres es la reciente creación de  la comisión Interinstitucional, que dará seguimiento a las muertes violentas y femicidios en Honduras. La iniciativa se creó mediante el Decreto 106-2016, que reformó la ley del Ministerio Público (MP), debido a la presión de las organizaciones. También, en el marco del trabajo que desarrollan con la Agenda Política que crearon las mujeres en el 2017, en el componente “Violencia contra las Mujeres”, las organizaciones de mujeres y feministas demandan la asignación de fondos etiquetados de género para fortalecer las Unidades adscritas a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). En el mismo sentido, exigen que las unidades se creen dentro de la Dirección Policial de Investigación (DPI), con la estructura y logística necesaria para que funcionen efectivamente. Y no menos importante, demandan la creación y funcionamiento de Unidades Forenses Especializadas en Femicidios, dentro de la Dirección de Medicina Forense. Para las organizaciones, estas demandan son importantes para comenzar a poner un alto en los índices impresionantes que hay de impunidad en los crímenes de mujeres y femicidios. Sin embargo, también le apuestan a acciones de prevención de la